4. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ASSEFF

Fundamentos del rechazo del señor diputado a los dictámenes de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia, de Comercio, de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley en revisión sobre regulación de las relaciones de producción y consumo y creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios y Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo

Hace 190 años el gobernador Manuel Dorrego tomó medidas intervencionistas ante el desabastecimiento, el agio y la especulación de los comerciantes. El contexto era grave: los brasileños mantenían el bloqueo en el río de la Plata por la guerra que librábamos para reintegrar la Banda Oriental. Obviamente, las medidas de Dorrego chocaron contra la realidad y la carestía siguió incólume. Saltando en la historia, hace 60 años también el gobierno luchaba contra el agio, la carestía, la escasez, los altos precios, la acaparación y todas las deformaciones propias de una economía desequilibrada. En 1974 se sancionó una ley – 20.680 - para combatir estos recurrentes males otorgando herramientas e instrumentos muy fuertes a la Secretaría de Comercio. Pasando el tiempo, el regulacionismo se profundizó. En los últimos años el señor Guillermo Moreno fue un superfuncionario con inmenso poder intervencionista. Sin embargo, los males no pudieron remediarse. Ahora vamos a tratar un proyecto con un ampuloso nombre: Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, El texto faculta - art.2° - a "establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios"; también dictar "normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y producción"; asimismo se podrá "requerir documentación referida al giro comercial"; pueden aplicarse multas hasta montos millonarios por "elevar artificialmente precios" o por "acaparar materias primas o productos"; inclusive se autoriza a vender la mercadería intervenida.
Se demuele el derecho de propiedad en violación de los artículos 14 y 17 de la Constitución. Se delegan facultades del Congreso en la Secretaría de Comercio en transgresión del artículo 76 de la Constitución que sólo autoriza trasladar prerrogativas por tiempo determinado y a raíz de una emergencia así formalmente declarada.
Se destruye el derecho a reclamar pues la ley impone el "pague (la multa) y luego reclame". En la práctica la multa será un castigo ilevantable.
Se otorgan facultades discrecionales a los funcionarios sin delimitar con claridad qué son "márgenes de utilidad" o "ganancias abusivas". Es peligrosísimo para la salud del sistema económico y ni hablar para las inversiones.
Esta norma está pensada por cerebros viejos, llenos de ideas añejas y de conceptos arcaicos. Están impulsando más de lo mismo y así se obtendrá el mismo resultado: desabastecimiento, menos inversiones, más carestía. Es inconcebible que no se entienda que para combatir la escasez, la especulación, los grupos dominantes, los sectores concentrados y todos los desequilibrios de una economía frágil existe una receta universalmente recomendada: más competencia, más Estado inteligente con mano de artesano o, mejor, de eximio cirujano, que intervenga casi indoloramente y sin dejar secuelas. La competencia es la que mata la carestía y la especulación. No son las regulaciones asfixiantes y ahuyentadoras de la inversión y los negocios los que deparan soluciones. Esto lo sabemos pero siguen persistiendo en mecanismos probadamente fracasados.
Se debió constituir el Tribunal de Defensa de la Competencia con autonomía, imparcialidad y reglas claras. Hace 10 años esta ordenado por una ley incumplida. Esa era la vía para defender a los consumidores y para favorecer la abundancia y relativa accesibilidad de bienes y mercancías. Ese Tribunal hubiera dado confianza; la gran señora y ama de la buena economía, la que promueve muchos y legítimos negocios y que alienta las inversiones. Esas que necesitamos para movilizar nuestros recursos.
Además esta ley no resolverá el grave problema que significa productores famélicos e intermediarios beneficiados. El intervencionismo perjudica a todos y contribuye a hacer más vulnerable y débil a la economía.
Esta ley, por último, es una medida aislada. Como siempre se camina, mal y con vacilaciones, sin plan.
Votaré junto con el Frente Renovador en contra porque ahuyentar inversiones, dar poderes discrecionales a los funcionarios y violar la Constitución jamás dará buen resultado. Es desgraciado que estas normas sigan inspirándose en ideas antiquísimas. El país necesita como el oxígeno ideas frescas y apostar a una gran olvidada: la libertad. Alguna vez se comprenderá que un buen Estado es el que vigila, pero nunca cercena la libertad, el que controla pero no amenaza. Esta ley es más de lo mismo y por eso es mala. Es inútil de inutilidad absoluta.