1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Obligatoriedad de la educación inicial para niños de 4 años

Una vez más el oficialismo trae iniciativas nobles pero bloquean el necesario debate para concretarlas.
Pese a su ropaje progresista, la multiplicidad de Universidades no está contribuyendo a la calidad educativa. Se reproducen gastos, sin un plan ni dentro de un programa de formación de recursos humanos, para un esquema productivo con patrones de especialización definidos.
Tenemos cuarenta Universidades Nacionales, pero ni las carreras ni la cantidad de graduados se corresponde con el gasto. El 44 por ciento de los estudiantes universitarios no aprueba más que una materia por año, y el 29,5, por ciento no aprueba ninguna.
Desde 2007 se han creado nueve universidades y ahora nos traen la creación de otras nueve, sin que conozcamos los correspondientes estudios para habilitarlas. Faltan informes de la CONADU y del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional).
Como el presupuesto es el mismo, estas menguarán el presupuesto de las que están funcionando. En el presupuesto de 2015 se asignan 38.985 millones de pesos a las universidades y el jefe de Gabinete tiene el manejo discrecional de dos mil millones.
El nivel académico de docentes y estudiantes y el perfil de las carreras, parecen no estar entre las prioridades sino la creación de establecimientos con criterios que me gustaría debatir.
Debemos formar en valores y capacitar para el desarrollo del país.
Se puede crecer sin la incorporación de conocimiento y la innovación tecnológica pero ello no nos saca de la pobreza y no acortar las desigualdades.
El desafío del desarrollo armónico, integrado y autosostenido depende de la inversión y del capital humano, de su organización y puesta al servicio del mismo. Por ello la educación es la clave del salto de calidad que supone un proceso de desarrollo continuado en todas las regiones. De cien ingresados al ciclo secundario, se recibe el 30 por ciento y la mitad no comprende textos. Esa es la prioridad que debemos abordar para que la comunidad educativa trabaje en el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje y la sociedad colabore en ese proceso estratégico para el futuro del país y para abrir oportunidades a nuestras jóvenes generaciones.
Hace días, la CTERA pidió 8 por ciento del PBI para el presupuesto educativo por el achicamiento del producto según proyecciones para 2015. En el año 2006 se estipuló el 6 por ciento del PBI con metas de doble escolaridad que están muy lejos se ser cumplidos. En realidad, según especialistas, se invierte 5,4 por ciento del PBI, que es mucho. De ese porcentaje, 4,6 por ciento se destina a salario; 0,4 por ciento a insumos y 0,4 por ciento a capital. El 93,3 por ciento se destina a salarios y queda muy poco para infraestructura escolar No obstante ello el salario docente de un profesor del ciclo secundario, está por debajo del que reciben en Chile, Uruguay y México. El 90 por ciento de las provincias no cumplen con el mínimo de días de clase, entre ellas la mía. Sólo Santiago del Estero y San Luis alcanzarán 190 días de clase, como se resolvió hoy en el Consejo Federal de Educación. Doce provincias ni siquiera cumplirán los 180 días de clase, establecido hace diez años por la ley 25.864.
Los niveles de deserción y la decreciente calidad del aprendizaje, nos obligan a modificar esta pendiente, siguiendo el gasto y monitoreando la calidad educativa. Estamos entre los últimos en las pruebas PISA que evalúan el desempeño que nuestros adolescentes. Descender del lugar 44 al 52, en comprensión de textos, verifica una decadencia que nos obliga a poner manos a la obra y revertir esa tendencia. Discurseando sobre la educación pública, cada vez es mayor la transferencia de alumnos desde esos establecimientos hacia los de gestión privada.
En el caso de la estatización de la denominada Fundación Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, estamos la asunción por parte del Estado de deudas que superan los $ 237 millones, juicios y sospechas sobre una maniobra de encubrimiento de irregularidades. Esa Universidad recibió denuncias de quienes la condujeron. En ella se ofrecen tres carreras tradicionales que se cursan en distintas universidades en la Ciudad de Buenos Aires donde tiene su asiento.
El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, quedará en jurisdicción del Ministerio de Justicia. La cantidad de organismos con los mismos objetivos, la necesidad de poder cumplir con ellos y la escasez de recursos, siempre recomienda evitar superposiciones y no legalizar lo que viene con tantas denuncias, incluidos de funcionarios y docentes que la integraron.
Desafortunadamente, los problemas que hoy afligen a nuestros compatriotas quedan fuera del debate de esta Cámara.
Nada se puede lograr con la ley de abastecimiento, el Código Civil y Comercial, el fraude estadístico, con leyes como el canje soberano o la iniciativa de la reforma del Código Procesal Penal, todas orientadas a desligar de responsabilidad a los funcionarios y a reprimir la realidad. En el último caso, el código de procedimiento rige desde 1992 y significa dejar la acción penal en los fiscales. Coincide con las dificultades oficialistas en el Consejo de la Magistratura para nombrar jueces alineados y con la adscripción kirchnerista de la Procuradora General de la Nación, de quien dependen los fiscales. En estos días se tratan más de treinta pliegos de fiscales en el Senado de la Nación. La Procuradora General presidió el jurado para cubrir fiscalías y fueron seleccionados un subsecretario del Ministerio de Justicia y un director de legales de la ANSES. Hace cinco años se mantiene vacante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Se impone un dispositivo de control sobre la Procuraduría General de la Nación, para seguir el desempeño y la designación transparente de fiscales, para que puedan accionar sin presiones ni adscripción partidaria. Debemos modificar la Ley de Ministerio Público. Nada más dañino para recuperar el servicio de justicia que dejar abiertas condiciones para que las causas penales contra funcionarios queden impunes. Este proyecto permite a la Procuradora General asignar causas sin pasar por el sorteo, decidir el seguimiento de causas o desistir de hacerlo.
Es bueno reformar ese código y el principio acusatorio funciona muy bien para agilizar la tramitación de las causas, pero este apuro tiene que más que ver con la intención gubernamental de colonizar las fiscalías, dado que fracaso en sus intentos para designar jueces adeptos. Hace años, junto a otros diputados presenté un proyecto en la Comisión de Legislación Penal que nunca fue tratado por el oficialismo. Se congeló el trabajo en la Comisión de Legislación Penal en 2007 y ahora traen con celeridad este proyecto, ingresado por el Senado sin que podamos aportar lo elaborado porque no se acepta cambiar una coma. En el fin de su mandato aparecen con esta urgencia que podría incluso impedir la reapertura de sentencias viciadas mediante la aplicación de la cosa juzgada írrita y pasible de anulación.
La Presidenta lo justificó en el reclamo de seguridad y señaló que la inseguridad tiene mucho marketing. En realidad la inseguridad es un grave problema que angustia a todos los sectores sociales y se pierden vidas.
Nuestro país está al tope de robos entre países de Latinoamérica, 973 por cada 100.000 habitantes; por encima de Brasil y México.
Mientras tanto, el Ministro de Justicia confirmó que se extravió legajo en la IGJ y lo justificó en que en todos los poderes del Estado se pierden expedientes. Lo más sospechoso es que en la reconstrucción del mismo constan cuatro páginas y en el original había veintidós, según Silvina Martínez, directora desplazada del Registro Nacional de Sociedades de ese organismo. Se trata del expediente de la empresa que compró la ex Ciccone, donde está implicado el Vice Presidente de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió crear un cuerpo de diez peritos profesionales especializados en derecho, contaduría e ingeniería, para auxiliar técnicamente, en causas de corrupción y los mismos serán designados mediante concurso público y asistirán a jueces federales también en casos de lavado de dinero. Lo hizo en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción y se sumarán al cuerpo de peritos actuales.
El embate, por su edad, contra un Ministro de la Corte Suprema de Justicia por parte de un diputado nacional es inaceptable. El fallecimiento del Ministro Enrique Petracchi y el adelanto del Ministro Eugenio Raúl Zaffaroni de su renuncia, pone a la cabeza del Poder Judicial en el frente de una inconveniente confrontación que no le hace bien al sistema republicano.
En ese sentido se inscribe la embestida contra el grupo Clarín al rechazar la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) la adecuación voluntaria que antes aprobó y con falacias demostradas, en una sesión irregular. La AFSCA debe ser un organismo técnico e independiente. El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, anunció el desguace del grupo y la transferencia de oficio y lo hizo en una conferencia de prensa previo a su tratamiento por el directorio, donde los miembros de la oposición no tuvieron acceso al expediente. El tratamiento discriminatorio se aparta del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 29 de octubre de 2013. Tanto el derecho individual a informarse como la función social de la información están resguardados por ese fallo y la Constitución Nacional.
El gobierno, con el incremento del 32 por ciento, sobre lo pautado, gastará en propaganda $ 3.677 millones este año y presupuestó para el año próximo $ 3.610 millones, sujetos a nuevas modificaciones.
Según el especialista Hernán Reyes, el kirchnerismo destinó, en sus tres administraciones, más de 17.000 millones de pesos a ese objetivo tendiente a imponer agenda, distorsionar la realidad, controlar medios y comunicadores afines al relato, en desmedro de la opinión crítica y los medios independientes.
A cinco años de sancionarse la Ley de Medios, en octubre de 2009, con 2.050 señales de TV y más de 10.000 radios, no se puede insistir con el discurso del monopolio a que alude el Jefe de Gabinete. Lo único que creció fue la cantidad de medios estatales y oficialistas, con discrecional aporte de la pauta publicitaria gubernamental. No obstante controlar contenido del 80 por ciento de los medios, el 20 por ciento restante tiene la mayor audiencia. Esa necesidad del ciudadano se verifica cuando una radio tiene casi la mitad de la audiencia. Amordazar a los medios porque se dice que manipulan la conciencia social es propio del autoritarismo que no soporta la disidencia y quiere esconder lo que pasa en la realidad. Defender este derecho humano, para algún diputado, es ser bufón y empleado de Clarín y los buitres. Yo creo que es una obligación y no retribuyo la calificación, porque cada cual demuestra su compromiso con la libertad y la democracia republicana como mejor lo sienta.
Se trata de acallar las voces disidentes y no de democratizar la palabra y la información con pluralidad de voces, como se repite. No hay democracia sin información independiente, ni periodismo crítico del poder, sin sustentabilidad económica de los medios de comunicación. De ese modo el kirchnerismo pretende avanzar sobre el control de contenidos. En esta ley se afecta la propiedad privada, es un retroceso y no registra a Internet. En esas redes circula lo que acontece en la sociedad y pareciera que el kirchnerismo pretende hegemonizarlo calificando al resto de hegemónicos, poseedores del poder invisible. Es injustificable que un programa de la televisión pública esté dedicado a desacreditar opositores y atacar a periodistas que denuncian actos de corrupción. Se destinan fondos públicos para hacer propaganda y para arremeter contra trabajadores de prensa que implica hacerlo contra la circulación de la información. La AFSCA, tendría que intervenir para evitar las denuncias de censura, hostigamiento, acoso laboral persecución política en Canal 7. Su misión es aplicar y velar por el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Similar descontento se manifiesta en la agencia Télam por las presiones respecto del manejo de la información.
En estos días trasciende una acción de los holdouts, tendiente a identificar movimientos de fondos de argentinos que podrían estar vinculados a la corrupción. Sería muy bueno que el Juez, que sigue esas causas en nuestro país se interese en esta operatoria, dado que mientras a aquellos los impulsa su afán de cobro, a la sociedad le interesa saber el uso de los dineros públicos y la justicia debe velar por su transparencia y la persecución de desvíos. Para Cristina Fernández de Kirchner, en el mundo hablan maravilla de Argentina. El administrador de la AFIP desmintió vínculos entre el empresario, a quien el Estado le adjudicó 54 obras públicas por 24.500 millones de pesos, con la presidenta, pero más tarde se admitió lo demostrado, porque técnicamente no son socios pero tienen relaciones comerciales.
Por ello no puede sorprender las expresiones de la presidenta de la República tendientes a democratizar las neuronas. Lo hizo en su diálogo con el Presidente ruso Vladimir Putin, refiriéndose a la necesidad de tener acceso directo a la información, sin intermediarios que nos quieran mostrar las cosas de manera diferente. O sea, sin periodistas y mucho menos si estos ejercen su derecho de opinar libremente. La novedad fue la incorporación a la grilla de Televisión Digital Argentina del Canal Russia Today. También se presentó el Sifema (Sistema Federal de Medición de Audiencias) para saber el verdadero nivel de audiencias de programas televisivos y radiales. Es una innovación en el sistema público porque no se diferencia de la televisión comercial regida por el rating. Tanto empeño para conocer con exactitud las audiencias y tan poca atención para medir las cifras de pobreza, todas inmersas en manipulaciones y falsificaciones groseras. Es intento inútil para desacreditar a los medios no oficialistas y a los periodistas que ejercen su función crítica, siempre más apreciados que el monocorde discurso propagandístico de los periodistas autodenominados militantes.
El antemencionado Hernán Reyes, detectó que se había informado que la AFIP gastó en publicidad oficial, entre 2010 y 2014, 4.800.000 de pesos, ahora ese organismo dice haber gastado 259.700.000 pesos en ese período.
Reporteros sin Fronteras considera a Putin como un enemigo de la libertad de prensa, y Rusia tiene los peores registros de libertad de expresión en el mundo, ubicándose en el lugar 148º entre 179 en su ranking de Libertad de Prensa 2014.
Como era esperable, el Ministro de Economía criticó los pronósticos del FMI incluidos en el WEO (Perspectivas Económicas Mundiales) y consideró pesimistas, negativos y erróneos sus proyecciones sobre Argentina. El FMI sostuvo que los datos sobre recesión están bien fundamentados y que seguirán escalando los precios.
Lo hizo en la Asamblea Anual del FMI. Allí, Axel Kicillof sostuvo que incrementando el gasto público hará crecer la actividad económica. El Banco Mundial pidió un cambio para superar los impedimentos para acceder al financiamiento. Hoy, por un bono a 10 años, Argentina tendría que pagar entre el 13/14 por ciento. El designado titular del BCRA consideró que el país dio un ejemplo de cómo enfrentar y resolver la crisis. Enumeró la Ley de Mercado de Capitales y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Todo un diagnóstico y una visión que no registra sus resultados. No obstante la retórica, Kicillof elogió el amicus curiae de EEUU, destacando que sigue el manual planteado por ese país y señaló que buscará un acuerdo con los holdouts, para lo que habrá que derogar la ley de pago soberano y arriar algunas consignas. Hasta ahora ningún bonista se presentó a cobrar ante el Nación Fiduciario. Las acciones de empresas nacionales en Wall Street en octubre ya acumulan una caída de 22,4 por ciento. El Ministerio de Economía desautorizó al estudio jurídico que representa al país ante los tribunales de EEUU por un encuentro con el Special Master Daniel Pollack. ¿Cómo puede suceder eso?
La Cámara de Apelaciones de Nueva York falló que no tiene jurisdicción sobre la revisión del dictámen del Juez Griesa sobre los fondos bloqueados en el BoNY. El Juez accedió al pedido del Citibank paa pagar bonos emitidos bajo ley argentina y fijó otra audiencia para diciembre. Hay que tener en cuenta que hay más de un centenar de holdouts que podrían pedir al Juez un fallo similar.
Mientras se agita el dilema tramposo de Patria o Buitres, se conoce el contenido de lo expuesto por Alejandro Vanoli, titular del BCRA, ante fondos de inversión y banqueros en Washington. Según se publicó, la situación financiera del país está pendiente de la solución que se alcance con los holdouts.
El ex Secretario de Finanzas Guillermo Nielsen opinó que advierte actividad de tenedores de bonos Par, que pueden derivar en una reestructuración de la deuda y aceleración de pagos, pese a que en Wall Street no se pronostica un default total porque son poseedores de bonos y acciones en empresas argentinas.
El tema debe ser resuelto porque no nos lleva a ningún lado y el paso del tiempo es muy gravoso para el país. Nadie lo hace.
En 2014, se emitieron 80 emisiones de deuda, por cerca de 100.000 millones de dólares, sometidos a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. La mayoría fueron países emergentes. En la región, Paraguay colocó deuda a 30 años al 6,1 por ciento; Uruguay a 36 años al 2,5 por ciento; El Salvador a 19 años al 6,5 por ciento; república Dominicana a 30 años al 7,4 por ciento y podríamos seguir con Bolivia y Perú al 6 por ciento y países africanos y asiáticos al 8 por ciento, que aprovecharon este aprovecharon la baja del costo del crédito en los mercados de capitales y están modernizando su infraestructura.
Entre tanto artificio, la inflación de setiembre fue del 2,2 por ciento según la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, anualizada en 40,3 por ciento y estimada en 31,1 por ciento para 2014. El INDEC informó que ese índice de setiembre fue de 1,4 por ciento, anualizada 19,8 por ciento y estimativamente calculada en 23/24 por ciento para 2014. Es evidente el dibujo, pero no obstante ello, duplica la inflación admitido por el organismo oficial para 2013. El INDEC no publica las seis canastas regionales. En el interanual de agosto, San Luis midió 44,7 por ciento y Tierra del Fuego 36,9 por ciento.
Los precios de materiales para la construcción desde enero escalaron 52 por ciento y en los últimos doce mes 39 por ciento. En el interanual de agosto, la producción de cemento disminuyó 7,7 por ciento y acumula una caída anual de 4,6 por ciento. La industria de la construcción cayó en agosto 2,6 por ciento y acumula una merma anual de 2,3 por ciento. La producción de acero rudo, en el interanual de setiembre, cayó 0,8 por ciento, según la Cámara Argentina del Acero.
Según la Cámara Inmobiliaria, el sector sufre la peor crisis en treinta años. Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en agosto se concretaron 2,762 operaciones de compraventas; 300 menos que en 2013; 1.000 menos que en 2012 y 3.000 menos que en 2011.
En el país hay dos millones y medio de familias que aspiran a una vivienda digna.
El índice Congreso fue en setiembre del 2,48 por ciento con un aumento interanual del 41,1 por ciento y una estimación de más del 35 por ciento para 2014. Nada castiga más a quienes reciben planes sociales y la AUH que la inflación, más aún en estos niveles.
Según FIEL, en el interanual de setiembre, la canasta básica, que mide la línea de pobreza, aumentó 47,3 por ciento y la canasta básica alimentaria, que marca la indigencia, subió 45,3 por ciento. Según esa consultora para no caer en la pobreza, una familia requiere un ingreso mínimo de 5.367 pesos mensuales y 2.947 pesos para no caer en la indigencia. Según la Defensoría del Pueblo de Córdoba, una familia tipo destina ceca del 80 por ciento de su ingreso de clase media, unos 12.000 pesos mensuales, para sus gastos fijos (impuestos, servicios públicos, transporte, educación, internet y telefonía.)
El Banco Mundial solicitó estadísticas a nuestro país porque, como Libia, Argelia y Afganistán, no provee datos confiables.
Según el FMI, entre 193 países, solo 14 tienen inflación de dos dígitos, entre ellos Argentina que con 35 por ciento se ubica en segundo lugar en esa tabla, después de Venezuela. La inflación promedio en América Latina es 4 por ciento. La inflación en Uruguay es 8 por ciento; en Bolivia 6,75; en Brasil es 6 por ciento; en Paraguay 4,5 por ciento; en Perú 2,5 por ciento.
La inflación acumulada desde 2008/14 en Chile fue de 19,7 por ciento; en Perú 20 por ciento; en Paraguay 32 por ciento; en Brasil 34 por ciento; en Bolivia 40 por ciento; en Uruguay 46,5 por ciento y en Argentina 132,5 por ciento.
En el mundo son muchos quienes advierten sobre los problemas que les acarrea la deflación.
No es una casualidad que se prevea que Argentina sea el país con más bajo crecimiento entre 2012/15. Según proyecciones del FMI, la Universidad Torcuato Di Tella difundió la performance de países sudamericanos. Bolivia crecerá en ese período 24,1 por ciento; Perú 22,1 por ciento; Paraguay 22; Colombia 19,2 por ciento; Ecuador 18,8 por ciento; Uruguay 14,4 por ciento; Brasil 5,3 por ciento; Venezuela 2,7 por ciento y Argentina 0,5 por ciento. Ese promedio de crecimiento argentino, entre 2012/14, está por debajo del promedio de América Latina. Para 2014, se estima que Argentina caerá 1,7 por ciento. En tanto, se prevé que Bolivia crezca al 5,2 por ciento; Paraguay al 4 por ciento; Perú al 3,6 por ciento y Uruguay al 3 por ciento.
En el acumulado entre 2008/14, Perú crece 37,6 por ciento; Uruguay 33,4 por ciento; Paraguay 33 por ciento; Bolivia 31 por ciento; Chile 23,3 por ciento; Brasil 18,7 por ciento y Argentina 16,7 por ciento.
Inflación y contracción económica con default y desacato como resultado del populismo que descree en la inversión y ataca a las empresas.
Los gremios piden un bono de fin de año, para recomponer el aumento salarial del 29 por ciento de promedio de las paritarias. Según Guillermo Oliveto, el poder de compra real mermó 5 por ciento y en los gremios se estima un recorte del 7/9 por ciento en el poder adquisitivo. Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial Argentina, consideró que podrían otorgar un plus navideño El Jefe de Gabinete Jorge Capitanich respondió que los salarios le ganaron a la inflación porque recuperaron poder adquisitivo. El suyo, seguramente. El resto perderá cuanto menos 8 por ciento y más del 11 por ciento si los alcanza el Impuesto a las Ganancias cuyas escalas están congeladas desde hace catorce años.
La OIT (Organización Internacional del trabajo), con datos oficiales de 2013, informó que en nuestro país, el 46,8 por ciento de los ocupados lo hacen en condiciones de informalidad. Cuando se analiza el segmento de los jóvenes, entre 15 y 24 años, ese porcentaje aumenta al 61,6 por ciento. La Presidenta lo calificó de disparate total. El Ministro de Trabajo de la Nación dijo que ese informe genera confusión y asusta. Para el funcionario, la cantidad de trabajo informal abarca al 33,1 por ciento de los asalariados, como si ello fuera poco.
El Ministro Carlos Tomada no puede desconocer que además de trabajadores asalariados que trabajan en negro, también hay cuentapropistas que también son trabajadores no registrados. Su propia Encuesta Nacional de Protección Social, realizada en 2011, verifica que el 47 por ciento de la población activa que no hacen aportes. En Brasil ese porcentaje es 36 por ciento; en Egipto 33 por ciento; en Camerún 31 por ciento; en México, 28 por ciento; en Alemania, 16 por ciento; en Francia, 15 por ciento; en EEUU, 8,6 por ciento; por señalar algunos, de diferentes continentes que fueron publicados en estos días.
Si sumamos los desocupados, el subempleo y quienes desalentados no buscan trabajo (2por ciento de la población económicamente activa) el porcentaje de población activa con problemas laborales llega al 20 por ciento.
La desocupación, sin el fraude estadístico de nuestro INDEC, en Brasil es 4,9 por ciento; en Paraguay 4,6 por ciento; en Perú 4 por ciento; en Bolivia 2,7 por ciento.
La preocupación se extiende porque los pronósticos de caída de actividad para el año varían en el rango de 2/3 por ciento y el temor de despidos se extiende en diferentes ramas.
El índice CPCE de Córdoba informó que la demanda laboral disminuyó 53 por ciento en personal de baja calificación. Recientemente, el propio Ministro de Trabajo Carlos Tomada informó que el desempleo aumentó 0,3 por ciento en el último año. El gobierno dice que la crisis viene de afuera y brinda cátedras de economía en EEUU que, con todos sus problemas no deja de crear 200.000 puestos laborales mensuales.
Según FIEL, la creación promedio de empleo privado, en los últimos tres años, fue tres veces más bajo que entre 2001/10.
El empleo público creció 4 por ciento entre 2003/13, aumentando la plantilla de 2,2 millones a más de 3,9 millones. En nuestro país el 21 por ciento de los puestos laborales son estatales; en Brasil 11 por ciento; en promedio los países de la OCDE 14 por ciento.
En los primeros ocho meses, a inversión real cae al 2 por ciento. Anualmente desciende, del nivel 17/18 por ciento del PBI que tuvimos desde 2009 en promedio y se aproxima al 15 /16por ciento. Durante la década la tasa de inversión bruta estuvo en 20 por ciento muy lejos del piso de 25 por ciento para crecer con regularidad.
Según la Dirección de Estadísticas de la CABA, el PBI disminuyó 0,4 por ciento en el primer trimestre y el 2,1 por ciento en el segundo, acumulando una contracción de 1,3 por ciento en el primer semestre. Su proyección para 2014 es una contracción del 3 por ciento.
El consultor Miguel Bein prevé para este año una caída del 2,5 por ciento. Si midiéramos el PBI con el dólar paralelo está entre los tres más bajos de la región. El PBI/habitante argentino es U$S 15.940; en Uruguay U$S 16.722. En 2001, el ingreso por habitante argentino era U$S 9.137 y Uruguay 8.040.

La consultora Abeceb estima para 2015 una caída de actividad de 1,2 por ciento.
En el primer trimestre, el PBI cayó 1,2 por ciento; en el segundo, 2,3 por ciento; en el tercero 3 por ciento y se prevé una caída de más del 4,5 por ciento para el tercero. Se aceleró la caída y se perdieron 400.000 puestos laborales.
Según la consultora Ecolatina, en los últimos tres años, el PBI disminuyó 2,5 por ciento y pasó a ser el último país en crecimiento en América Latina. Su evaluación sobre el período 2012/14 es que el crecimiento argentino fue del 0,3 por ciento. Entre 2007/14, el PBI argentino creció a la mitad del crecimiento del gasto público.
Según Orlando J.Ferreres y Asociados, en el interanual de setiembre, el PBI se contrajo 4,2 por ciento. Es el séptimo mes consecutivo de caída. Entre enero y julio la merma promedio fue de 1,1 por ciento anual, pero en agosto y setiembre ese promedio de contracción fue de 4,5 por ciento, o sea en nueve meses se acumula un descenso del 2 por ciento. Esa consultora informa que las caídas más pronunciadas se registraron en el transporte, -4,7 por ciento; producción de gas, electricidad y agua -3,1 por ciento, en la industria -5,5 por ciento y en el comercio, 6,5 por ciento.
Según lo informó a la prensa, la CAME le planteó al Ministro de Economía que agosto fue el peor mes en cinco años, con una caída de ventas de 9,3 por ciento. En setiembre las ventas comerciales se desplomó 8,2 por ciento y las Pymes industriales tuvieron un retroceso de 7,8 por ciento, con recortes de horas extras y aumento de capacidad ociosa. Según su titular Osvaldo Cornide, casi la mitad de las Pymes trabajan con quebranto, a pérdida.
En las ventas de maquinaria agrícola, el parate demuestra la pérdida de rentabilidad del campo y ello impactará en rindes de cosechas y en la competitividad externa. Según FACMA (Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola) por falta de créditos, está envejeciendo su parque productivo porque la mitad debe ser renovado cada cinco o seis años para mantener su eficiencia y productividad.
Las ventas de automóviles cayeron 41 por ciento en el interanual de setiembre.
La actividad económica en Córdoba cayó 1,6 en el segundo trimestre.
La Dirección de Estadística y Censos de Córdoba registró, una caída mensual en julio de 5,47 por ciento; en el interanual de ese mes una merma de 9,12 por ciento y en los primeros siete mes -7,38 por ciento. En la actividad comercial, la caída mensual de julio fue de 4,91 por ciento; en el interanual -16,47 por ciento y entre enero-julio -9,27 por ciento.
Si tomamos el empleo, comparando el segundo semestre de 2014 contra ese período del año pasado, se perdieron 9.002 puestos de trabajo en la construcción, 6.268 en la industria y 1.802 en el complejo autopartista.
Tenemos recesión, con inflación y caída de reservas.
Con el pago del Bonar 10 de U$S 257 millones, el viernes pasado, las reservas se encuentran en U$S 27.300, el nivel de comienzos de abril. Pero, como señalé en esta Cámara, en ese stock, hay que descontar más de U$S 10.000 millones correspondientes: U$S 6.980 millones de depósitos dolarizados de privados en el sistema financiero; 2.457 millones de dólares en DEG; 1.160 millones de dólares en swaps de la banca central internacional y los más de U$S 724 millones de los Par y Discount bloqueados.
Entre 2007/13 Uruguay multiplicó por cuatro su stock de reservas; Colombia las triplicó; Perú las multiplicó 2,5 veces y Brasil las duplicó llegando a 376.000 millones de dólares. La Argentina pasó de 46.000 millones de dólares en 2011; a 30.600 millones de dólares a fin del año pasado, a los 27.000 millones de dólares de estos días.
Las reservas del BCRA en Argentina representan el 6 por ciento del PBI; en Brasil el 14,4 por ciento; en Chile 14,6 por ciento; en Paraguay el 19 por ciento; en Uruguay el 30 por ciento; en Perú 31 por ciento y en Bolivia 56 por ciento.
La deuda pública significa 6.000 dólares por habitante; en Paraguay 630 dólares.
Por las inconsistencias macroeconómicas y la desconfianza en el rumbo imprevisible del kirchnerismo, desde 2011 salieron del sistema 88.500 millones de dólares.
Según Daniel Fernández Canedo, las reservas netas y disponibles sería U$S 16.393 millones de los cuales. Solo 4.000 millones serían divisas reales, destaca Marcelo Bonelli. Según este periodista especializado hay que afrontar vencimientos por U$S 9.766 millones hasta el fin del mandato del actual gobierno. En el Presupuesto se prevén $ 12.000 millones para el pago de deuda en 2015. Si se suman los vencimientos de la deuda privada y de las provincias, ese monto superará los U$S 15.500 millones. La cuenta corriente, según la consutora Ecolatina, para 2014 será deficitaria en U$S 5.000 millones
Como se pregunta el ex Secretario de Hacienda de la Nación Mario Brodershon, el ciclo kirchnerista tuvo un superávit externo de U$S 163.000 millones y sólo pudo retener en reservas U$S 16.000 millones en el BCRA. Según ese economista, a fin de 2014 el Tesoro habrá recibido del BCRA U$S 25.000 millones para el pago de deuda y monetizar el déficit fiscal. Eso significa 5 por ciento del PBI.
En los primeros ocho meses el gasto público acumula 650.000 millones de pesos, creció 44,4 por ciento, sin sumar el pago de la deuda. Según el Iaraf, en agosto el gasto primario creció 48,9 por ciento, 21 puntos por encima de los ingresos genuinos. Pasó de representar 25 por ciento del PBI al 44 por ciento del PBI, sumando el nivel nacional y provincial.
El BCRA y la ANSES remitieron al Tesoro, en lo que va del año 78.000 millones de pesos. En los primeros ocho meses de 2014, esas transferencias fueron 206 por ciento superiores a ese período del año pasado. Sin estos aportes el déficit fiscal estaría por encima de 235.000 millones de pesos. El Instituto de Economía de la Bolsa de Córdoba calcula ese rojo en 278.000 millones de pesos.
Para el año 2015, sin esas ayudas, el déficit estará cerca del 7 por ciento del PBI (290.300 millones de pesos.)
La desconfianza hace que en dieciséis días hábiles de octubre hayan salido por dólar-ahorro, U$S 380 millones y superará los 400 dólares en el mes, casi lo mismo que lo que queda de saldo comercial. Desde enero, por esa vía salieron 2.067 millones de dólares de las reservas del BCRA para los ahorristas temerosos de que se pulverice el poder de compra de sus magros ingresos.
La semana pasada, el BCRA redujo a 120 días el plazo para demostrar el ingreso de bienes en operaciones de pago anticipado de importaciones. Dado el tiempo entre la contratación y el viaje, el tiempo necesario siempre es superior a este plazo. La intención es inequívoca, restringir importaciones. Solamente para bienes de capital se mantiene el plazo de 365 días que antes regía para todo. Las trabas para importar partes para motos, según la Cafam (Cámara de Fabricantes de Motovehículos), determina que de mantenerse se podrían fabricar 250.000 unidades, cuando la demanda llega a 700.000. Ello impactará en la actividad industrial porque no hay proceso que se cumpla en ese plazo y ello repercutirá en la actividad y en el empleo. Pensemos que por cada punto de crecimiento del producto industrial crecen tres puntos las importaciones industriales para ponderar los efectos de estas restricciones. Después de una década declamando sobre la industrialización el 75/80por ciento de la industria necesita partes importadas.
La Cámara de Importadores informa que el monto de importaciones impagas por falta de dólares supera los U$S 5.200 millones, pero ello es especialmente en el sector industrial, habría que ver cuando suma el sector servicios.
Ahora trasciende que el gobierno ofrecerá a las compañías de seguro, exportadores y bancos, un título con seguro de cambio o sea atado al tipo de cambio oficial. Para detener la caída de reservas del BCRA se le brindará una cobertura por devaluación al sector privado y lo pagará el que venga. Ya lo vimos. Por su parte el BCRA le entregó U$S 3.200 millones al Tesoro, con una letra intransferible, que no pagará nunca.
Habría que despejar sospechas que hay sobre el manejo del 0,6 por ciento de las pólizas que administra la SSN (Superintendencia de Seguros de la Nación), una caja de aproximadamente $ 40.000 millones, donde han trascendido adquisiciones de bonos con daño patrimonial.
Los préstamos entre bancos tienen una tasa de 34,5 por ciento y los créditos al consumo, en términos reales, disminuyeron 11,6 por ciento en setiembre y 10,3 por ciento en el tercer trimestre.
Por el enfriamiento de la economía en agosto, el consumo de electricidad disminuyó 3,2 por ciento, el de nafta 3,6 por ciento y el de gas oil 5,5 por ciento. La Fundación Pro Tejer informó que las ventas en mostrador de productos de la industria textil, cayeron entre 12/15 por ciento entre enero-setiembre. Según la Asociación Obrera Textil se perdieron 1.000 puestos de trabajo.
Las ventas en los shoppings mermó 3 por ciento y las de alimentos 2 por ciento.
En setiembre, comparado con ese mes de 2013, las ventas de indumentaria disminuyeron 18 por ciento; en electrodomésticos 13 por ciento y en almacenes 8 por ciento.
En el pasado Día de la Madre, las ventas interanuales disminuyeron 3,5 por ciento.
El desembarco de pescado se redujo 20.000 toneladas en agosto, según la Cámara de la Industria Pesquera Argentina.
El consumo de carne vacuna, en los primeros nueve meses, mermó 6 por ciento (58,9 kilos por habitante contra 62,6 k/h de 2013). La producción de carne vacuna, en ese período disminuyó 5,1 por ciento, según la Ciccra) Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina.)
En el campo se advierte sobre el impacto de costos y la caída del precio de la soja. Según la Mesa de Enlace, en el NOA, donde se siembran tres millones de hectáreas, (62 por ciento de soja, 28 por ciento de maíz y 9 por ciento de poroto) para hacer una hectárea de soja en campo arrendado tuvieron que invertir U$S 725 por hectárea y en campo propio unos U$S 565 por ha. Además está el costo de los fletes que significan más el 60 por ciento del precio del maíz y el 30por ciento del valor de la soja.
Ello dejaría muchos campos sin sembrar dado que en la soja se requieren 2.500 kilogramos por hectárea, en campo propio y 2.900 k/ha en campo alquilado, para no perder plata. El rendimiento promedio, fuera de la zona núcleo y alejada de los puertos, es 2.400 k/ha. Lo cierto es que el precio futuro, para la cosecha 2015, está 31 por ciento por debajo que el promedio de cotización de 2011/13. La Bolsa de Comercio de Rosario calcula que se sembrarán poco más de 20 millones de hectáreas de soja y que el rinde de indiferencia, para no perder dinero en esta campaña, aumentó un 15 por ciento en relación con la anterior campaña y que en los campos del NOA y NEA, por los costo de los fletes en camiones, la ecuación es aún mucho más gravosa para los productores.
El FMI estima que China, que consume más de la mitad del comercio mundial del poroto de soja, crecerá 7,1 por ciento en 2015, por debajo del 7,7 por ciento de 2012/13 y del 7,4 por ciento de crecimiento de este año.
La superficie sembrada de maíz se reducirá 20 por ciento.
Según un relevamiento de Aacrea, el 58 por ciento de los productores asociados considera que es un mal momento para invertir en el campo.
Por menor cosecha y precio, se estima que ingresarán entre U$S 7.000/10.000 millones menos por exportaciones de soja, trigo y maíz. Según el Iaraf, al caer 14.300 millones las cosechas de soja, maíz y trigo, las exportaciones descenderán 10.600 millones y el ingreso por retenciones disminuirá 3.200 millones, pasando de 9.200 millones de dólares de este año a 6.000 millones de dólares en 2015. Según distintos estudios hay cerca de dos millones de toneladas de trigo, que sobran y se podrían exportar, porque la nueva cosecha agregará otros diez millones y el consumo no supera las siete millones de toneladas.
La consultora Abeceb estima para 2015, exportaciones totales por 72.000 millones de dólares e importaciones por 66.000 millones de dólares, con un superávit de 6.000 millones de dólares.
Las exportaciones en el interanual de setiembre cayeron 12 por ciento; entre enero-setiembre disminuyeron 10 por ciento. Otro tanto las importaciones, en el interanual de setiembre cayeron 8 por ciento y en los nueve meses acumulan una merma del 10 por ciento. Las estimaciones prevén un crecimiento del 4 por ciento de las exportaciones mundiales.
En el interanual de setiembre, el superávit comercial se achicó 44 por ciento.
En los primeros nueve meses, ese saldo de intercambio cayó 12 por ciento (de 6.606 millones de dólares a 5.790 millones de dólares.)
Según la consultora DNI (Desarrollo de Negocios Internacionales, llevamos ocho caídas por mes interanuales consecutivas en el año.
Exportamos menos carne que Paraguay y Uruguay que las duplicó, mientras nosotros descendimos del tercer al décimo lugar. Nuestros vecinos pasaron en una década a tener a la soja como su principal exportación y dejaron de importar trigo a exportar. Uruguay atrajo inversiones en el sector forestal por 9.800 millones de dólares y es un fuerte exportador de sus derivados. Argentina en 2007 exportó 300 millones de dólares de la cadena maderera, este año apenas llegarán a 100 millones de dólares. No obstante ello le aplica retenciones del 5 por ciento. En este año, la actividad que va de aserraderos a muebles, se redujo 15 por ciento. Según FAIMA (Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines), el sector significa el 5,9 5 de la producción industrial, integrado por 15.200 establecimientos, el 78 por ciento son Pymes.
La Cámara de Comercio Exterior de Córdoba registró en agosto una merma de exportaciones de 20 por ciento y estima un caída de 18 por ciento para 2014.
En los primeros nueve meses, las exportaciones de productos primarios mermaron 24 por ciento (en ello se incluyen frutas, azúcar, hortalizas y cereales.) Disminuyeron por precios y por la contracción de 14 por ciento en volumen.
Las exportaciones industriales, en ese período disminuyeron 13 por ciento (en ello se incluye textiles, automóviles, autopartes, calzado y papel.)
En setiembre, las importaciones, que cayeron 5.690 millones de dólares, disminuyeron 19 por ciento las de partes para máquinas y equipos y 60 por ciento en vehículos.
En los últimos sesenta días, los países de la región devaluaron 10 por ciento por el fortalecimiento del dólar. Todo indica que tras las elecciones Brasil aplicará correcciones cambiarias, aunque no sepamos su ritmo. Las exportaciones brasileñas, en lo que va del año cayeron 1,7 por ciento y las de Colombia 2,7 por ciento. Ninguna cayó tanto como las exportaciones argentinas.
En los primeros nueves meses, Bolivia incrementó sus exportaciones 8,7 por ciento; Paraguay 4 por ciento; Uruguay 2,4 por ciento y Chile 0,3 por ciento.
Nuestro gobierno utiliza el tipo de cambio como ancla, que cada vez resulta menos operativo para ese objetivo pero quita competitividad a las economías regionales que en los primeros ocho meses del año disminuyeron entre 10/27 por ciento. En el caso de la soja, los productores reciben en menor valor desde 2001.
En el interanual de mayo, las exportaciones de las economías regionales cayeron el 15,6por ciento, en junio, el 9,5 por ciento; en julio, el 8,9 por ciento y en agosto, el 3,4 por ciento. La evolución de las exportaciones, entre enero-agosto, de las economías regionales es preocupante. En las ventas externas de aceite de oliva, la caída es del 25 por ciento, en jugos de frutas, del 27 por ciento; conservas y preparados de tomate, el 17,3 por ciento; uvas, el 45 por ciento.; peras, el 10,3 por ciento; aceitunas, el 22,5 por ciento; dulces y mermeladas, el 10 por ciento; manzanas, el 8,8 por ciento; té y derivados, el 7,2 por ciento y conservas de frutas, el 50 por ciento. Según la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), las exportaciones del sector, en los primeros ocho meses, disminuyó entre 10/25 por ciento, comparado con el año pasado. Con este panorama, se mantienen las retenciones a los productos de las economías regionales que significan ingresos fiscales de 200 millones de dólares por año.
En el sector vitivinícola las exportaciones en el 2000 eran de 300 millones de dólares; en 2010, de 1.200 millones de dólares, y para este año se desplomaron a 600 millones de dólares. Según la Confederación Vitivinícola Argentina y la Cooperativa del sector en Mendoza, se inundó la plaza, no se puede comercializar y se abandonan fincas. Se habla de pérdidas de 4.000 dólares por hectárea de uva. El herbicida utilizado, en cinco años, aumentó 590 por ciento, el gasoil 450 por ciento y el precio pagado por quintal se incrementó menos del 30 por ciento.
La inflación enero-setiembre se ubica en 31 por ciento y la devaluación acumulada 21 por ciento. Eso provoca tensión cambiaria, tanto como lo previsto en el Presupuesto para pagar deuda.
Es cierto que devaluar sin plan, como hicieron en enero, traslada a precios pero el atraso distorsiona todas las variables. Cuando se devaluó en enero, el PBI por habitante descendió de 14.052 dólares a 11.361 dólares, todo se trasladó a precios y hoy estamos cerca de otro desfasaje cambiario porque la inflación de costos aumentó. Cada vez es más necesario pensar en un plan integral para atacar la inflación con políticas consistentes.
Ante el inocultable ajuste por recesión y empleo, el kirchnerismo lanza cortinas de humo distractivas, todas encaminadas a generar miedo al cambio. En estos días pasaron muchas cosas y se desataron muchas polémicas altisonantes, pero el objetivo de implantar la opción de continuismo o el caos ocupó la agenda oficial. Por ahora lo que sucedió fueron los exabruptos de dirigentes kirchneristas sobre la eventual falta de medicamentos que sobrevendría con el triunfo opositor, además la interrupción de los planes sociales y la AUH que fue una iniciativa opositora , que desde hace un lustro largo beneficia a tres millones y medio de adolescentes y niños. Ello indica que mucha inclusión no hubo en la década. El kirchnerismo se coloca en el papel de opositor objetando lo que haría el próximo gobierno. En realidad procura paralizar la necesidad de otro modo de gobernar porque en nuestros compatriotas hay miedo en el presente, a no llegar a fin de mes, a perder el empleo o la vida y eso quiere cambiar.
Otro silo-bolsa fue destruido en Cañuelas, casualmente al titular de la Sociedad Rural local, que no estaba reteniendo su cosecha de maíz, sino que estaba vendida y a la espera de poder ser trasladada por el anegamiento de camino por las lluvias, o sea por falta de inversión en caminos. Según el INTA, esa modalidad de almacenaje le produjo U$S 10.000 millones a la agroindustria, desde que se extendió en nuestros campos desde fines de los ’90 y la posterior exportación de componentes, bolsas, extractoras y embolsadoras a cincuenta países. El 40 por ciento de las cosechas argentinas se almacenan en silo bolsas.
El hecho violento, como otros en Ayacucho y Córdoba, acontecieron tras una serie de discursos confrontativos de la Presidenta de la República.
Esa mezquindad para mirar todo en clave electoral llevó a la Presidenta a desaprovechar una oportunidad de convocar a la sociedad a unir voluntades en políticas de Estado. El logro científico tecnológico que significó el lanzamiento del satélite geoestacional Arsat-1, desde la base aeroespacial de la ciudad de Kourou en la Guyana Francesa, demuestra que los recursos humanos con buena aplicación de fondos, resulta en beneficios para todos. Ese logro permitirá avances en las comunicaciones, televisión Internet y la telefonía. Dejaremos de pagar veinticinco millones anuales por alquileres por ese servicio y podrá brindarse a Chile, Paraguay y Uruguay. La Argentina es el primer país latinoamericano que órbita este tipo de satélites y pasa a integrar el lote de países (EEUU, China, Japón, Rusia, India, Israel y los de la Unión Europea) poseedores de esta tecnología. Su inversión de U$S 270 millones y el trabajo del INVAP merecen todo el reconocimiento y es la contracara de otros disparates cometidos. Se dijo que era el primer satélite argentino, según la información que dispongo y se ha publicada, lo anteceden siete u ocho, aunque fuesen de otro tipo y para distintas prestaciones. Desde el lanzamiento del Lusat-1 en 1990, le sucedieron Mu-Sat, Sac-B, Nahuel 1-A, Pade, Sac-A, C y D Se dijo que era el primer satélite argentino, según la información que dispongo y se ha publicado, lo anteceden siete u ocho, aunque fuesen de otro tipo y para distintas prestaciones. Desde el lanzamiento del LuSat-1 en 1990, le sucedieron MuSat, Sac-B, Nahuel 1-A, Pade, Sac-A, C y D. Se dijo que era totalmente argentino, pero como ocurre con todo artefacto de última generación, eso no es cierto y tiene componentes importados. ¿Qué se gana con esas mentiras?
Este gobierno contrató un satélite en Canadá que pronto dejó de emitir señales. Tomó un cuarto del espectro para brindar servicios de telefonía móvil y se creó Libre.ar para telefonía celular pero nunca funcionó. Se instaló una red de fibra óptica que no fue activada. Estamos entre los países con menor inversión en 3G y muchos vecinos ya utilizan el 4G en la telefonía móvil.
Tengamos presente que los 12.000 millones de pesos anuales, asignados a investigadores del Conicet por tres años, recién se concretaron hace pocos días, sin ningún ajuste por la inflación de ese período. Argentina, entre 2003/11 genera poco más de 250 patentes por año; EEUU sobrepasa las 90.000. El vínculo del entramado industrial con el ámbito científico-tecnológico es estratégico para potenciar la productividad y la competitividad, es el más consistente modo de defender nuestro mercado y ganar mercados externos con una oferta diversificada de productos diferenciados con valor-trabajo-innovación incluidos. El intercambio es una avenida y sacan provecho quienes multiplican las ventajas comparativas y sus recursos naturales, con el respaldo tecnológico y el trabajo de su operación y técnicos.
Cristina Fernández de Kirchner prefirió sembrar la duda sobre la continuidad de ese proyecto satelital si ella no fuera presidente y hablar de buitres externos e internos. En su discurso desde el Salón de los Científicos dijo algo cierto, porque si los que ganan las elecciones reciben un mandato de cambio, es para modificar leyes que conspiran contra el progreso, afectan la propiedad y rozan la Constitución Nacional. No se trata de derogar sino de revisar todo aquello que traba el desarrollo del país, las inversiones y lastima la seguridad jurídica.
Otra cosa distinta es mantener proyectos viables con políticas de estado, que no son muchos.
Argentina es el país más caro para el acceso a la informática. Si comparamos en la región, para adquirir una notebook intermedia, se requiere 2,2 salarios. Según el Indice Marco de Brecha Digital, elaborado por la consultora Marco, en México se necesita 2,1 salarios; en Perú 1,6; en Brasil 1,4; en Colombia 1,03 y en Chile 0,9.
Comparto lo dicho por el economista Dante Sica, tendríamos que estar debatiendo instrumentos para consolidar proyectos de software, procesamiento de minerales que poseemos en cantidad como el litio, potasio y cobre, nuevas variedades de herbicidas y fertilizantes, derivados de la industria petroquímica y todo el abanico de biocombustibles. En Argentina funcionan más de 135 empresas biotecnológicas, en gran parte Pymes que fabrican biodiesel, fertilizan semillas e inoculantes y abarcan desde la salud humana a la animal.
Nuestro país tiene un mercado de agroquímicos de 2.500 millones de dólares; cinco veces mayor que en 2003. El país exporta aproximadamente 6.000 dólares en el rubro servicios y genera 115.000 puestos de trabajo, básicamente estudiantes, técnicos y graduados, pero se podrían incorporar muchos miles más si se estimula a los emprendedores y las Pymes.
En Tecnópolis se imputó a la oposición de asustar para ajustar, pero resulta que el kirchnerismo asusta con dichos y hechos y ejecuta el ajuste más injusto, sobre los que menos tienen.
El feroz ajuste lo hace el sector privado asfixiado por el dispendioso gasto improductivo que extraer recursos y no devuelve en la prestación de servicios imprescindibles ni en infraestructura para optimizar las actividades productivas en todas las regiones de la Nación. El peso del ajuste lo padecen los ingresos fijos, trabajadores no registrados, los receptores de planes sociales y los jubilados.
La AGN (Auditoría General de la Nación), informó que en la Anses se detectaron graves problemas de sustentabilidad, todavía no dimensionados por la omisión de un pasivo que supera el billón de pesos contra un patrimonio neto de $ 230.000 millones. La Auditoría informó que no se previsionan de manera cabal los juicios en su contra. Según información de ese organismo previsional el Fondo de Garantía de Sustentabilidad suma $ 409.955 millones, el 64,2 por ciento compuesto por Títulos públicos; el 13 por ciento en proyectos productivos e infraestructura; el 10,2 por ciento en acciones de empresas; el 3,7 por ciento en depósitos a plazo fijo y el 8,9 por ciento en otras disponibilidades. Mediante ocho letras, el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES transfirió al Tesoro $ 23.503 millones. Parece que la semana pasada fue la primera en mucho tiempo en que la ANSES no vendió bonos dolarizados.
El Jefe de Gabinete descalificó a la AGN al considerarla una usina opositora, pero no responde a lo señalado por ese prestigioso cuerpo técnico de auditores, el único que, pese a tener mayoría oficialista, ejerce una prolija tarea de control. Su informe sobre construcción de obras viales no puede pasar como si nada.
Es inaceptable que el oficialismo acuse a dos jueces, denunciados penalmente por los fallos de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Seguridad Social, que protegió a un jubilado que mantenía un pleito durante ocho años. Cabe recordar que la ANSES se comprometió ante la CIDH (Comisión Internacional de Derechos Humanos) de la OEA a no apelar juicios de reajuste iniciados por jubilados. El 75 por ciento de los jubilados percibe un haber que apenas cubre la mitad de la canasta básica. En el país hay cerca de 40.000 personas con 30 años de aporte pero que por no cumplir los 65 años, no reciben jubilación ni pueden acceder a la moratoria jubilatoria que rige para quienes tengan 65/60 (varón/mujer) que no cumplimentaron 30 años de aportes.
En el PAMI abundan denuncias y quejas. La obra social de los jubilados es el sexto presupuesto del país (45.000 millones de pesos). La calidad de las prestaciones se deteriora pero aporta recursos para paliar el déficit fiscal de un gasto público que creció más de diez veces entre 2003/12, mientras los ingresos crecieron menos de nueve veces. Lo que aumentó la plantilla de personal de PAMI que pasó de 10.700 a 20.000 en siete años.
Es imperioso que los ciudadanos tengamos acceso a la información pública y estadísticas oficiales creíbles. De ese modo podríamos debatir sobre los mismos datos. Mientras esto no ocurra, todos seguiremos recurriendo a fuentes distintas, en mi caso especialistas, consultoras, informes periodísticos, entidades intermedias e investigaciones que hacemos, pero que impiden trabajar mancomunadamente sobre la realidad.
El gasto público parece ser un tabú con que el gobierno acicatea a los opositores para que digan que harán y que se recortará. Es evidente que en corrupción, en los subsidios indiscriminados y en decisiones discrecionales para obras sin planificación coordinada ni orden de prioridades, son los primeros lugares donde se puede disminuir el dispendio improductivo y clientelar. Pero lo importante es cambiar el concepto sobre el impacto de su financiamiento y los efectos que genera sobre la actividad privada. El otro aspecto es la calidad y el control que debe hacerse sobre la ejecución del gasto y el cumplimiento de lo sancionado en el Presupuesto Nacional. El amplio margen para distribuir recursos discrecionalmente, constituye una violación al federalismo y una manera impropia de disciplinar gobernadores. Según la AGN, en la última década cada cordobés recibió 2.671 pesos y cada santacruceño 33.011 pesos (3.094 pesos de forma discrecional a partir de la transferencia de 9.044 millones de pesos.) En concepto de obra pública, según el presupuesto 2015, en valores nominales, Córdoba recibirá 42 por ciento menos que en 2013 Los recursos coparticipables destinados a las provincias no llegan al piso del 34 por ciento establecido sino que están en 25 por ciento. De esas finanzas depende la seguridad, la salud y la educación. La semana pasada aprobamos una partida de 60.696 millones de pesos para educación, con un incremento por debajo de la inflación real. La brecha de aprendizaje, entre distintos niveles socioeconómicos, es de un año y medio, entre los niños y adolescentes más pobres y los de sectores más acomodados. En materia de ciencias, la brecha ente alumnos de regiones más adelantadas y postergadas del país, es de cuatro años. Ese se llama exclusión por grado de conocimiento y pesará en su futuro.
Un reciente informe del Ministerio de Economía señala que el 58 por ciento de los jóvenes, entre 18 y 24 años, tiene dificultades para incorporarse al mercado laboral. Estamos hablando de 2,6 millones sobre 4,4 millones de jóvenes. En ese universo, 1.197.501 trabajan en la informalidad, no terminaron el secundario, no estudian ni trabajan, pero buscan trabajo. Otros 593.000 están desocupados y no busca trabajo. Además hay 787.938 que con estudios secundarios, trabajan en la informalidad. Tres de cada cinco están en la informalidad y reciben un ingreso que representa el 56 por ciento de lo que percibe un adulto.
Paradojas del populismo, nacional y popular, que proclama haber reingresado a los jóvenes a la política, pero les niega la formación para su futuro.
Al kirchnerismo, después de la voltereta en su relación con Cardenal Jorge Bergoglio, le gusta citar al Papa Francisco. Olvidan su mensaje respecto de la cultura del trabajo y el mandato moral de impedir el descarte de los viejos y los niños, estos últimos, los únicos privilegiados en las consignas del peronismo histórico.
Como radical creo en la Unidad Nacional, porque el “vamos por todo” y el amigo/enemigo fractura a la sociedad y nos debilita como Nación.