45. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA SIMONCINI

Obligatoriedad de la educación inicial para niños de 4 años

Desde hace más de una década, estamos construyendo una Argentina diferente, con más trabajo, más inclusión, más sueños.
Este proyecto de ley enviado al Congreso por nuestra presidenta declara obligatoria la Educación Inicial para niños y niñas de 4 años, para ello modifica el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional, 26.206, y establece que la obligatoriedad escolar en todo el país, se extiende desde esa edad hasta la finalización del nivel de la educación secundaria.
Asimismo, el proyecto modifica los artículos 18 y 19 de la ley, al fijar que la Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños y niñas desde los cuarenta y cinco días de vida hasta los cinco años, siendo obligatorios los dos últimos y que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar el acceso a la educación desde tres años de edad, priorizando a los sectores más vulnerados de la población.
El Estado nacional, que ha recuperado su rol de garante de las políticas públicas, defiende, sustenta y protege el derecho de los niños a acceder al conocimiento mediante una educación libre, gratuita y obligatoria desde los cuatro años y tender a la universalización de la sala de tres, ya que no podrá existir una sociedad democrática y libre sin educación, con acceso igualitario para todos los niños y niñas.
Los cinco primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo infantil. El estímulo y la atención que reciben los niños en esta etapa influyen notablemente en el éxito de la trayectoria escolar. Desde esta concepción, ya no se considera al jardín de infantes como una institución “preescolar”, hablamos de escuela de nivel inicial, con objetivos educativos propios y una propuesta de formación integral que favorece el desarrollo cognitivo, afectivo, lúdico, corporal y social.
La escolarización temprana representa el ingreso de los niños y de las madres en la esfera pública y las instituciones de nivel inicial cumplen un rol fundamental de cara a la incorporación, cada vez más marcada, de las mujeres en el mercado laboral.
Durante la última década, el nivel inicial experimentó una significativa expansión de la matrícula, como resultado de un conjunto de políticas activas que ha llevado adelante este gobierno nacional como la asignación universal por hijo.
Tras diez años de transformación sostenida, hemos logrado la cobertura plena con una fuerte inversión en infraestructura y recursos materiales. Se distribuyeron 52.227 colecciones literarias para bibliotecas del nivel y 66.800 colecciones de aula, por un monto de 123.700.000 pesos y se entregaron 32.640 ludotecas por un valor de 133 millones de pesos.
Asimismo, el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016, aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación, establece entre las metas para el Segundo Bicentenario de la Patria, la puesta en funcionamiento de 750 jardines maternales completamente equipados y la construcción de 3.000 nuevas salas en todo el territorio nacional, que recibirán a 160.000 niños y niñas, con una inversión de 2.500 millones de pesos.
El propósito de la educación infantil es acompañar el desarrollo y la inserción social, propiciando un proceso de construcción de la identidad en los niños y niñas, por medio de aprendizajes diversificados, realizados en situaciones de interacción, que permitan la apropiación de los elementos de la cultura, a fin de permitirles su participación en la vida social.
La educación sistemática de la primera infancia es responsabilidad de la educación inicial. Esta concepción educativa fue una conquista social muy lenta que se inició a fin del siglo XIX. Aunque los jardines de infantes ya se encontraban incluidos en la ley 1.420, hubo que esperar más de un siglo para que se estableciera el derecho de los niños a gozar de educación desde su primera infancia. Este recorrido se inició con una marca de nacimiento que estableció una fractura entre los servicios para los niños de los diferentes sectores sociales. Para los hijos de las familias más pobres, guarderías, instituciones asistenciales o filantrópicas y para los niños de los sectores medios y altos, jardines de infantes. Esta característica fundacional permaneció hasta hace diez años, a pesar de los cambios en el tiempo.
El jardín de infantes nació como servicio urbano, con una escasa preocupación por los sectores populares y por los niños que habitan las zonas rurales. Situación que se mantuvo hasta mediados de los años 90.
Esta exclusión de la primera infancia, de los sectores populares, de su escolaridad, está relacionado, por un lado porque el Estado solo intentó ofrecer, ni siquiera asegurar, la escuela primaria para todos sus habitantes, pero también por la idea de que un niño debía ser educado en el seno de la familia con objetivos más básicos y evitar situaciones de abandono que terminaran forjando futuros delincuentes.
Esta concepción estuvo presente hasta casi los finales del siglo XX cuando la Declaración de los Derechos del Niño modificó la representación de la infancia reivindicando su carácter de sujeto de derecho, el reconocimiento de la existencia de nuevas configuraciones familiares y en particular sobre los cambios en el rol de la mujer.
En la concepción neoliberal imperante en nuestro País hasta 2003, el Estado poco hizo en procurar la inclusión y la calidad de la educación, ya que fueron los mecanismos de la oferta y la demanda del mercado los que tuvieron y tendrán la capacidad de ofertar servicios a la medida de lo que soliciten los consumidores. Fueron estos años de Néstor y Cristina, en los cuales hemos revertido las consecuencias de las políticas implementadas en décadas pasadas, por eso es preciso insistir en que el sistema educativo debe centrar su preocupación en las condiciones en las que se desenvuelve la vida de los niños en las instituciones, ya que esta etapa de la niñez crea marcas en la subjetividad de los sujetos que son decisivas para el futuro.
Las características de las instituciones para la infancia no son ajenas al proyecto de país y a sus expectativas en relación con las oportunidades vitales que proyecta para todos sus habitantes. La educación siempre supone un proyecto de futuro, que como tal supera los límites de una gestión política. Nos compromete a todos los ciudadanos y en particular al Estado, asumir la responsabilidad en un proceso de transformación que reubique a la educación como un derecho social ineludible.