7. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CARRIÓ

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el cual se ratifica el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación celebrado entre la República Argentina y Repsol S.A.

1. Consideraciones preliminares

En esta oportunidad la Cámara de Diputados de la Nación debe tratar el acuerdo llevado a cabo entre el Estado argentino y Repsol en virtud del cual se pactó el pago de una indemnización —de más de 5. 000 millones de dólares— por la expropiación de YPF.

A nuestro juicio, la aprobación de tal acuerdo sería la culminación del “vaciamiento” de la empresa llevado a cabo a través de maniobras tendientes a descapitalizar la compañía por parte de Repsol, con la imprescindible complicidad del gobierno argentino. Por ello, desde el 2006 hemos hecho las correspondientes presentaciones judiciales en las que constan los hechos que en esta oportunidad venimos a manifestar.

Por lo tanto, creo conveniente relatar la historia de YPF a los efectos de que conste que los funcionarios que en los años noventa privatizaron la compañía, en claro perjuicio de nuestro país, son los mismos que en la actualidad están siendo parte de la culminación del vaciamiento de la compañía que se concretó con la expropiación y el consecuente pago de una indemnización a aquellos que fueron cómplices del vaciamiento. Es decir, los dos grandes actos de entrega de nuestros recursos naturales —la privatización, en los noventa, y el vaciamiento que culminó en la expropiación, en los dos mil— tuvieron como protagonistas a las mismas personas y al mismo partido político: el Partido Justicialista.

En conclusión, frente a la falsedad de los hechos manifestados por el gobierno nacional —que tuvieron por finalidad “justificar” el vaciamiento de la empresa— creo necesario repasar brevemente los hechos históricos a los efectos de evidenciar la realidad sobre las diferentes etapas de YPF y las respectivas complicidades políticas. A continuación detallaremos con precisión la historia de YPF, la cual hemos dividido en tres etapas.

2. Etapa pre revolucionaria: Privatización Menem - Kirchner

La creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales se remonta al año 1922 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen en un contexto de incipiente desarrollo de la industria hidrocarburífera, siendo dirigida en aquel entonces por el general Enrique Mosconi.

YPF fue el principal activo estratégico y económicamente viable del Estado argentino entre 1922 y 1992, logrando expandir la oferta y la producción de energía en todas sus formas —combustibles derivados del crudo, gas natural y electricidad—, diversificando el suministro eléctrico y permitiendo una configuración de la estructura socioeconómica del país basada en la industrialización.

Sin embargo, en el año 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, YPF fue privatizada. Para el año 1998, el sector privado poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro.

En 1999, el gobierno nacional vendió el restante 24% de acciones estatales y provinciales a la española Repsol por un valor de 9.000 millones de dólares. De este modo, la empresa española acumuló el 97,81% de la petrolera con una inversión nominal de más de 15 mil millones de dólares.

Cabe recordar que dicha venta fue realizada con el apoyo de Néstor Kirchner — entonces gobernador de la Provincia de Santa Cruz— y de funcionarios y legisladores que hoy en día pertenecen al partido de gobierno.

En ese contexto encontramos la intervención del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en la histórica sesión de septiembre de 1992 donde se iniciaba el proceso privatizador de YPF. En aquella ocasión, como miembro informante del Bloque Justicialista argumentaba: “…no venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas de lo que estamos haciendo. Nos hacemos presentes en esta sesión con la firme convicción de que estamos dando los pasos que la sociedad argentina y el mundo nos está exigiendo para lograr la transformación del país”. “(…) el proyecto de ley de transformación de YPF y de transferencia de recursos naturales a las provincias, va a oxigenar a nuestro gobierno y va a representar una bocanada de aire puro que fortalecerá al presidente Menem”.

No podemos desconocer que —como anteriormente mencionamos— fue determinante el apoyo del entonces gobernador Néstor Kirchner a la privatización de YPF. En ese proceso escandaloso, el rol de Néstor Kirchner, artífice de la OFHEPI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) fue indispensable, no sólo por la activa participación de sus legisladores en el debate, sino además por el respaldo político a la decisión privatizadora de Menem. Entre otros legisladores del Partido Justicialista se destacan el voto de Fellner y Gioja (actuales gobernadores kirchneristas), y de Felipe Solá (actual diputado de Frente Renovador), entre otros.

Finalmente, cabe destacar que los fondos obtenidos por la privatización de YPF son los llamados “fondos de Santa Cruz”, cuya gestión, colocación y disposición irregular sufrió el cuestionamiento de diputados opositores, medios de opinión y hasta del entonces gobernador Acevedo.

En conclusión, en los años noventa se privatizó YPF en claro perjuicio de los intereses económicos y ambientales de nuestro país, con la necesaria participación de los mismos actores políticos —entre los que se encuentran el presidente Néstor Kirchner y la actual presidente Cristina Kirchner— que en la actualidad promueven fervientemente la estatización, como culminación del vaciamiento de la compañía.

Así como en los años noventa fue negocio venderla, en los dos mil lo fue comprarla. El único perjudicado fue y sigue siendo el pueblo argentino, que debió y deberá pagar estos acuerdos.

3. Etapa revolucionaria: “vaciamiento” y estatización
a. Vaciamiento, desinversión y endeudamiento de la empresa
A fines de 1998, a partir del desarrollo del plan estratégico delineado por José A. Estenssoro, YPF se posicionaba como una de las principales empresas petroleras en América Latina, participando en los mercados de Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, y con inversiones en Estados Unidos, Rusia e Indonesia, alcanzando presencia en 12 países en tres continentes, convirtiéndose en una compañía internacional con alrededor de 1.800 empleados en el exterior.
Este cuadro comienza a cambiar con la adquisición de la empresa por parte de Repsol, llevando adelante un proceso de vaciamiento de la empresa recientemente privatizada, tal como lo manifestó el ministro de Economía, Axel Kicillof, en varias oportunidades, y según se verá más adelante en el desarrollo del presente. En primer lugar, dada la necesidad de afrontar sus deudas se desprende de activos considerados estratégicos hasta ese momento, como los de Crescendo en Texas e Indonesia, perdiendo así su acceso al mercado norteamericano y la experiencia en exploración off shore en Indonesia.
Paralelamente Repsol comenzó un proceso de transferencia de los principales activos internacionales de YPF hacia Repsol. Sorprendentemente, como si hubiesen tomado conocimiento del descalabro que realizó Repsol con YPF, recién en 2012, el Informe Mosconi, realizado por los interventores de YPF, Julio de Vido y Axel Kicillof, confirma que desde su adquisición hasta 2005 se realizaron ventas y transferencias por más de 3.000 millones de dólares, activos líquidos que luego fueron girados por YPF a Repsol como retiro extraordinario de dividendos, tal como lo analizaremos más adelante.
La cantidad de pozos perforados por año en el quinquenio 2005-2010 fue de 13, lo que significó una reducción del 84% con respecto al quinquenio 1993-1998. Al finalizar la gestión de Repsol en YPF en 2012, el 54% de los tanques no se encontraban en condiciones óptimas de uso y el 76% de los ductos requerían inversiones para adecuarlos a la normativa en la materia. La desinversión estaba a la vista.
En el año 2004 a nivel nacional Repsol YPF era el principal titular de concesiones de explotación gasífera, concentrando el 46,3%, considerando las de su controlada Pluspetrol. En relación con las reservas petroleras se replica una situación similar de liderazgo, ya que esta empresa petrolera concentraba el 39,4% del crudo que se encuentra en el subsuelo argentino.
Repsol YPF obtuvo muy buenos resultados cuando anunció en forma pública el nivel de reservas de su propiedad durante esos años. Sin embargo, en 2005 la empresa informó públicamente la baja en las reservas totales de la empresa en un 25%, indicando haber declarado ante la Security Exchange Commission (SEC) reservas de petróleo y gas probadas y probables, cuando en realidad debían haberlo hecho sólo de sus reservas probadas. Ese 25% comprendió una baja de 52% en las reservas probadas de Bolivia y de 42% en las de la Argentina junto con menores cantidades en Venezuela y otras áreas, lo que provocó un gran impacto en los mercados de capital. Las acciones, por entonces, subieron a partir de las expectativas creadas con información falsa.
Con esta manipulación de la información sus acciones en la Bolsa de Valores de NY subieron de US$ 10 a US$ 30 por acción, una ganancia financiera del 300%. Resultaba evidente que Repsol tenía mucho más interés en el negocio financiero que en la exploración y la explotación.
b. Tratamiento de la ley 26.154.
En el año 2006, durante el tratamiento de la ley 26.154 que estableció regímenes promocionales por plazos de 15 años para la exploración y explotación de hidrocarburos a empresas que se asociasen con ENERGIA ARGENTINA S A (ENARSA), advertí en esta Cámara de Diputados sobre varias cuestiones vinculadas al tema que nos convoca.

La crisis energética, el cambio climático, la crisis mundial que se avizoraba para el año 2010 y su implicancia en materia energética, fueron objeto de mi intervención en el recinto.

En esa oportunidad, hice referencia especial al rol de REPSOL-YPF en nuestro país explayándome respecto de circunstancias graves y preocupantes que debían ser de conocimiento de todos, pero de las que, sin embargo, no se hablaba. Advertí sobre la desinversión que REPSOL realizaba en su filial Argentina; que su actividad en nuestro país se trataba de un negocio financiero y no petrolero; sobre sus engaños al declarar reservas probadas cuando en realidad, eran probables; y sobre la utilización de la renta extraordinaria obtenida en nuestro país, para invertirla en sus exploraciones en el exterior. Todas estas cuestiones, como lo señalé por entonces, ya habían sido denunciadas en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, en marzo de ese mismo año.

A continuación, me permito transcribir la citada intervención, correspondiente a la sesión ordinaria del 13 de septiembre de 2006, que resulta reveladora de lo que se anunciaba más que como probable, como inevitable, si no se tomaban medidas que permitieran desandar el camino que se había emprendido con la privatización de nuestra petrolera de bandera.

SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA.- Señora presidenta: ojalá pudiéramos analizar y saber lo que va a suceder en el mundo en los próximos diez o quince años, sobre todo si tenemos en cuenta las tres crisis que se están desarrollando: la crisis por el cambio climático, que tendrá consecuencias ecológicas impensadas para el planeta; la crisis energética, que no es sólo un problema de la Argentina sino mundial y que va a vivir esta generación -porque está previsto que en 2010 la crisis estará en su plenitud-, crisis que además en este momento está desencadenando el mayor conflicto geopolítico mundial en Medio Oriente, porque es el lugar donde está la mayor cantidad de reservas; y la crisis de confianza en la moneda mundial, que es el dólar.
De modo tal que no estamos en una situación de franca estabilidad, de civilización; no estamos en un momento de petróleo barato. Por el contrario, estamos en un momento de crisis mundial enorme, y en este contexto la Argentina forma parte quizás del único continente que puede ser el emergente de un panorama estable en los próximos veinte años -depende de cómo actúe-, que es precisamente Sudamérica.
Pero Sudamérica va a poder estar alejada de ese conflicto estratégico mundial y va a poder resolver algunos temas energéticos centrales y de cambio climático si resuelve en conjunto y en el continente tres cuestiones centrales: la reserva de los recursos naturales, la reserva de los recursos energéticos y una política conservadora -diría yo- en esta materia. Cuando se tiene tan cerca una crisis de escasez, los países que no son exportadores -porque no tienen sobreabundancia- sino sólo productores, deben regular sus recursos, porque justamente conservar lo que se tiene es la política estratégica correcta de cara al futuro.
La Argentina -ya se sabía en la década del noventa, y de allí la diferencia entre nuestro país y Brasil- actúa exactamente al revés que los países más serios del mundo que tienen estrategias. Brasil, sin petróleo, tiene a Petrobras y se extiende por América del Sur. Los mismos actores que entregaron YPF ahora entregan la exploración de la plataforma. Entendemos para qué se creó ENARSA, y por eso nosotros votamos en contra. ENARSA es el instrumento jurídico al servicio de esta nueva entrega. Tomemos el gran problema del campo energético argentino. Nosotros hemos entregado la petrolera estatal mientras ningún otro país de la región lo hizo, y Chile tampoco entregó el cobre. Nuestro país hoy padece un problema aún mayor: en materia de energía el mercado es monopólico. El 60 por ciento del gas y el 45 por ciento de los hidrocarburos pertenecen a una sola empresa: Repsol. Entonces, nos preguntamos: si esa empresa obtuvo la mayor renta petrolera en los últimos años, ¿por qué no invirtió en exploración?
Recordarán los señores diputados que en enero tomamos conocimiento de que Repsol había notificado a la Bolsa de Nueva York la disminución, en un 25 por ciento, de sus reservas en la Argentina y en el resto de América Latina, y tal cuestión dio lugar a una demanda de parte de todos los que habían invertido en esas acciones. Al leer esa demanda queda en claro qué es lo que hizo Repsol. Es cierto que determinó como reservas comprobadas las que eran probables, pero el gran problema que se planteó -que hicimos constar en nuestra denuncia penal- se refiere a qué había hecho Repsol, para qué vino a la Argentina y cuál es su objetivo final. Queda claramente establecido que Repsol hizo de la petrolera argentina un negocio financiero que incluso le permitió subir las acciones de una manera extraordinaria en el corto plazo. Explotó lo que había explorado YPF, y como sigue siendo una empresa mediana en términos de la concentración mundial producto de la crisis energética, la renta petrolera debía desligarse de su posición dominante en la Argentina para mostrar que desarrollaba exploración en Europa.
La renta petrolera obtenida por Repsol en la Argentina está financiando la exploración en Rusia y en África, y de esta manera equilibra sus activos para la venta a otras grandes empresas. Como ella tiene que usar esa renta petrolera para salir de la posición dominante en un solo país, nosotros sancionamos este proyecto de ley para eximirla del pago de impuestos. Esto significa que el pueblo de nuestro país está financiando las actividades de exploración de una empresa que en nuestro país tuvo una rentabilidad escandalosa, para que luego pueda ser vendida mejor.
Esta información no es secreta; consta en el diario "El país", y además, en las denuncias de los inversores en Nueva York. La coherencia es absoluta y la entrega es formidable. Todos entendemos que estamos frente a una crisis energética local y mundial, pero prácticamente se desarrolla la misma política de saqueo, que está llevándose a cabo en minería. En este país hay impunidad pero no hay responsables; esto lo tengo en claro. Quienes votaron por la entrega de YPF gobiernan la Argentina con enorme popularidad; esto también es clarísimo.
Es cierto que hoy vamos a votar con mucho mayor silencio la entrega pública respecto de lo que fue la privatización de YPF. Algo así como si ya no nos importara cuánto se entregó, y entregamos el resto. Es más, comprendo a los diputados nuevos en la Cámara, en cuanto a su ira e indignación. Algunos hemos visto tantas cosas que ni siquiera nos queda la indignación. No sé si algún día habrá responsables, aunque no importa; lo que sí sé es que esta entrega es igual, por el resto, a la de YPF. (Aplausos.)…

c. Denuncia ante la Comisión Nacional de Valores

En el mismo año 2006, unos meses antes, junto a otros diputados nacionales, solicitamos ante la Comisión Nacional de Valores que se iniciara una investigación respecto de la firma Repsol YPF en relación a que se había informado públicamente la baja en las reservas totales de la empresa en un 25%, indicando haber declarado ante la Security Exchange Commission (SEC) reservas de petróleo y gas probadas y probables, cuando en realidad debían haberlo hecho sólo de sus reservas probadas.

Ese 25% comprendió una baja del 52% en las reservas probadas de Bolivia y de 42% en las de Argentina junto con menores cantidades en Venezuela y otras áreas. Lo que provocó un gran impacto en los mercados de capital.

El antecedente de todo ello fue claramente retratado en el artículo publicado en Resource Investor el 27/01/06, escrito por Agencia Periodística del Mercosur, publicado en http://www.finanzas.com/id.8984587/noticias/noticias.htm, que dice: “El mercado bursátil se maneja en base a informaciones concretas y a expectativas. Una información concreta es la presentación pública del balance de una empresa, una expectativa es el anuncio de la salida al mercado de un nuevo producto, por ejemplo. Repsol YPF obtuvo muy buenos resultados cuando anunció en forma pública el nivel de reservas de gas de su propiedad. Las acciones, por entonces, subieron. Es decir, trabajó sobre las expectativas.

Sin embargo, también anunció a los accionistas la posesión de un recurso del cual no era dueño. El Directorio de esta compañía, según reflejó la prensa internacional, inscribió como propias las reservas de gas que explota en Bolivia, cuando en ningún momento ese estado se las entregó.

Las autoridades de Repsol YPF estaban urgidas para que se firme el contrato con la empresa energética LNG Pacific, en sociedad con British Petroleum y British Gas, sin importar que se ejecute en 50 años, debido a que el objetivo era asegurarse la anotación de las reservas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero como el contrato finalmente no se suscribió, esa anotación en Estados Unidos constituiría un fraude fiscal y en Bolivia un posible delito de estelionato, es decir, vender una propiedad que no es suya.

Es por ello que el engaño del proyecto Pacific-LNG consistía en lograr que las acciones en la bolsa de Madrid subiesen de 11 a 18 euros. Ello, en base a “….la complicidad de una mañosa conversión de reservas probadas en probables…” (www.biodiversidadla.org/content/view/full. Info 21923)”.

En el artículo escrito por Víctor Ego Ducrot, el 30/01/06 y publicado en Cuyo Noticias, diario digital de Mendoza, titulado ¿Quién le puede creer a Repsol YPF? se mencionó que: “…Las afirmaciones avaladas por el titular de la compañía, Antonio Brufau, no pasan de ser estimaciones capciosas, cuando no directamente falsas. Porque su posesión del 20 al 25 por ciento de las reservas de gas de Bolivia siempre contradijo la legislación específica de ese país y porque en Argentina, como consecuencia del carácter cuasi delictual de la privatización de la petrolera estatal YPF, a principios de la pasada década del ’90, Repsol YPF jamás informó fehacientemente acerca de las reservas petroleras y gasíferas de este país...”

Esta falta de información le valió al Estado argentino el desconocimiento acerca de su actualidad y potencial energético y, además, el sometimiento a una realidad comercial y financiera inédita en el sector petrolero mundial, cual es aceptar que una operadora privada —en este caso Repsol YPF— deje de liquidar en el país hasta el 70% de lo obtenido por sus exportaciones.

Este sistema hizo que Argentina —un país no petrolero— exportase petróleo a expensas de su capacidad de desarrollo y sólo para permitirle a Repsol YPF la obtención de una renta preferencial fuera de casi todo contralor fiscal.

Desde entonces se ha hecho evidente que Repsol tiene mucho más interés en el negocio financiero que en la exploración. Así, consiguió con la declaración incorrecta de reservas probadas (donde incluía las probables) que sus acciones en la Bolsa de Valores de NY subieran de USD 10 a USD 30 por acción, una ganancia financiera del 300%.

d. Denuncia penal ante la justicia federal

En el año 2006 realizamos una denuncia penal contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales, la que dio origen al inicio de la causa N° 3518/2006, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 7, para que se investigara si la compañía petrolera había cometido los delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, entre otros, además de solicitar se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la ausencia del Estado en su ejercicio de poder de policía.

En dicha presentación judicial hemos advertido que, de acuerdo a información que ya había tomado estado público, se podía concluir que a través de los años, las reservas de la República Argentina habían sufrido una importante disminución, sin que esto respondiera a ningún parámetro objetivo de medición que lo justifique.

Sostuvimos entonces que en nuestro país, anualmente, se perdían importantes volúmenes de gas y petróleo sin que eso llamara la atención de la Secretaría de Energía ni de la Aduana y que esta circunstancia ponía de manifiesto la total ausencia del Estado en el control de toda la cadena hidrocarburífera, como así también de las exportaciones que de dichos productos se realizan.

Luego de hacer un recorrido cronológico de los disímiles valores de las reservas de petróleo y gas natural —consignados sucesivamente— señalamos que existía un claro indicio de la existencia de manipulación de datos en la producción estadística concerniente a las reservas certificadas de hidrocarburos, en particular, por la evidente caída sin causas racionales de tales reservas.

Al respecto denunciamos el siguiente cuadro de situación:

El remanente de las reservas comprobadas de petróleo al 31 de diciembre de 2004 alcanzaba los 368,9 millones de metros cúbicos, y el correspondiente a las de gas natural, para igual fecha, alrededor de 534 mil millones de metros cúbicos.

Comparación de los Horizontes de Vida de Petróleo y Gas Natural según clasificación de reservas, al 31/Dic/2004 (en millones de metros cúbicos y años)

HIDROCARBURO Reservas
en millones de m3 Extracción en millones de m3 Relación
R/E
(años)
PETROLEO Certificadas = 368,923 9,1
Certificadas + 50% de Probables =
444,357 40,415 11,0
GAS NATURAL Certificadas = 534.217 10,2
Certificadas + 50% de Probables =
648.798 52.317 12,4

Fuente: elaboración propia en base a datos de Boletín Anual de Hidrocarburos 2004, de la Secretaría de Energía de la Nación

En igual orden, para el quinquenio 2000-2004 el promedio de extracción alcanzado fue de 43 millones de m3, un 10% superior al registrado durante la década del ´90 y un 12% inferior al registrado en 1998; incluso si se compara el nivel de extracción de 2004 con el de 1998, la disminución corresponde al 18 %. No obstante, el horizonte de vida de reservas petroleras disminuyó de 14 años en 1988 (año previo a las reformas estructurales ) a 9 años en 2004.

La situación se reitera cuando se analiza la evolución de las reservas certificadas de petróleo, en este caso se observa que en 1989, tales reservas eran de 344,6 millones de m3 y al año siguiente habían disminuido casi un 28%, registrándose 249,6 millones de m3 al 31/Dic/1990. Considerando el nivel de extracción de 1990, equivalente a 28 millones de m3, no se encuentra acreditado cómo es posible que el remanente de reservas para ese año haya caído muy por debajo de los 316 millones de m3.

En el caso del gas natural, durante el período 1980-1989 el nivel de extracción promedio correspondió a 18 mil millones de m3. Durante el período 1990-1999 el promedio anual de extracción gasífera alcanzó los 31 mil millones de m3, es decir, un 72% superior al registrado durante la década anterior. Asimismo, cabe señalar que entre 1980 y 1989 la extracción gasífera se había incrementado un 79%, debido principalmente al ingreso del NEUBA II a la red de gasoductos troncales que abastecen al mercado interno. Este incremento registrado durante los años ´80 explica por qué había descendido el nivel de extracción petrolera durante igual período, ya que la política energética de entonces estaba orientada a otorgar mayor participación al gas natural en la matriz de consumo energético, en particular en el suministro a las centrales térmicas y abastecimiento a las grandes industrias.

También puede observarse que, a diferencia del petróleo que alcanzó su pico de extracción en 1998, en el caso del gas natural, la extracción todavía no ha alcanzado su "pico" y su posterior declinación durante el quinquenio 2000-2004; más bien se trataron de niveles récord (más de 52 mil millones de m3 en 2004, un 3% superior al de 2003 y casi 17% más que el de 2000). Ello, se explica por las exportaciones, las cuales se incrementaron significativamente.

Es por esto que cuando se analiza la evolución de las reservas certificadas de gas natural, se observa que en 1989 tales reservas eran de 743.900 millones de m3 y al año siguiente habían disminuido más de un 22%, registrándose 579.100 millones de m3 al 31/Dic/1990. Considerando el nivel de extracción de 1990, equivalente a 23 mil millones de m3, aquí, como en el caso de las reservas petroleras, tampoco se encuentra acreditado cómo es posible que el remanente de reservas para ese año haya caído muy por debajo de los 720 mil millones de m3. No obstante, al año siguiente aumentaron a 592 mil millones de m3 y volvieron a disminuir drásticamente en 1993 a 516 mil millones de m3. A partir de 1994 el nivel de reservas certificadas se fue incrementando hasta alcanzar un registro récord en el año 2000, con un remanente de 777 mil millones de m3, similar al registrado en 1988: 773 mil millones de m3. De 34 años de reservas certificadas en 1988 se pasó a apenas 10 años en 2004.

Por ello, entendimos que la presente información era un indicio claro de la existencia de manipulación de datos en la producción estadística concerniente a las reservas certificadas de hidrocarburos, en particular, por la evidente caída sin causas racionales de tales reservas.

En esta misma línea de pensamiento, otro indicador que nos permitió sustentar lo dicho es lo concerniente al consumo nacional de gas natural registrado en 2004. Según el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) la demanda interna fue equivalente a 33.472 millones de m3, representando un incremento del 8,6% respecto al consumo nacional de 2003 (30.830 millones de m3), y casi un 7,2% de aumento en relación a 2000 (31.238 millones de m3), año en que se había registrado la mayor demanda interna. De esos 33.472 millones de m3 de gas natural consumidos en el mercado interno durante 2004:

- El 20,7% correspondió a usuarios Residenciales,
- El 3,3% a Comercios,
- El 1,1% a Entes Oficiales,
- El 33,5% a las Industrias (incluye RTP-Cerri),
- 30,9% a las Usinas Eléctricas (incluye consumo de gas en "boca de pozo"), apenas 9,1% al Transporte Automotor (GNC) y el 1,4% a Subdistribuidores.

Ante esto, cabe señalar que al analizar la extracción total de gas natural de 2004, equivalente a 52.318 millones de m3, considerando un consumo nacional y exportaciones de este fluido equivalentes a 33.472 millones de m3 y 7.299 millones de m3, respectivamente, en base a datos del ENARGAS, no queda muy claro cuál fue el destino de los 11.547 millones de m3 restantes. En igual forma, en 2003 quedaron sin resolver el destino de 13.082 millones de m3.

Sostuvimos que luego del análisis del total de gas entregado por tipo de usuario durante el año 2004, la evolución de la extracción total, demanda interna, exportación y volúmenes con destino desconocido entre 1996 y 2004, y el discriminado de destino desconocido emerge los siguientes interrogantes: Las exportaciones no fiscalizadas, el venteo excesivo y la manipulación de datos por parte de las productoras para incrementar el valor de las acciones que cotizan en bolsa.

Asimismo, de dicho análisis surge que el Estado se había divorciado de sus funciones básicas en el sector energético. A saber, aquellas vinculadas a la gestión, planificación, control y regulación de la cadena energética. Todo ello, como resultado de las reformas estructurales neoliberales iniciadas en los años 90.

Total gas natural entregado por tipo de usuario, año 2004 (en millones de
metros cúbicos de 9.300 kcal y porcentajes de participación) (1)
residencial comercial Entes
oficiales Industria
(2) Centrales
Eléctricas
(3) SDB GNC TOTAL
6.910
20,6% 1.119
3,3% 369
1,1% 11.226
33,5% 10.344
30,9% 10.344
30,9% 3.044
9,1% 33.472
100,0%

Notas:
(1) Total gas entregado a usuarios finales (incluye usuarios de distribución, by pass comercial, by pass físicos, RTP Cerri y usuarios en boca de pozo).
(2) Incluye RTP-Cerri (ver Cuadro II.02.02).

(3) Incluye consumos de gas en boca de pozo.

Fuente: ENARGAS, 2005 (http://www.enargas.gov.ar), en base a datos de las
Licenciatarias de Gas y Usuarios en boca de pozo.

Respecto de la evolución de la extracción gasífera para el período 1996-2004 (en 1996 se realizó por primera vez la exportación de gas natural), que incluye la demanda interna, la exportación y el volumen de extracción con destino desconocido, se destacó que en 2004 la demanda interna representó casi el 64% de la extracción, las exportaciones casi un 14% y los volúmenes con destino desconocido más del 22%.

Ahora bien, observándose los valores de volúmenes con destino desconocido, y conforme estudios de la Universidad del Salvador, los mismos no pueden atribuirse a pérdidas del sistema de transporte y/o venteo, ya que en conjunto ambos representaron históricamente menos del 2% de la producción nacional.

Ante esto, no resultaban confiables los datos que ofrecía la Secretaría de Energía de la Nación en relación al "consumo en yacimiento" por parte de las compañías petroleras extractoras, ya que los niveles registrados por el organismo estatal mencionado, resultaban poco probables técnicamente, al decir de investigadores de la misma Casa de Estudios (¿cómo puede ser que en 2004 el consumo en yacimiento haya sido similar al consumo gasífero de los usuarios residenciales, o incluso que en 2002 el consumo en yacimiento de las petroleras haya superado holgadamente al consumo de los usuarios residenciales?).

La Resolución 143/98 de la Secretaría de Energía estableció normas y límites para el control de gas aventado, pero también excepciones para la misma, determinándose por otro lado, la responsabilidad de parte de la Secretaría de Energía de inspeccionar por sí o a través de las provincias productoras la verificación de la correcta aplicación de la norma de marras.

Por otro lado, el Estado obtiene parte de las ganancias de la industria petrolera mediante regalías, impuestos a las ganancias y retenciones a la exportación.

La Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (véase art. 124) confiere la propiedad original de los recursos naturales a las provincias productoras, las que reciben regalías, que representan un 12% del valor del hidrocarburo en boca de pozo, en dólares (como lo estipula la Ley Nº 17.319 de Hidrocarburos).

El Estado recauda impuestos sobre las ganancias (35%) y sobre las exportaciones (entre un 25% y un 45%, dependiendo del precio internacional).

Los ingresos totales del Estado se habían incrementado considerablemente en términos absolutos en esos últimos años, debido a la expansión de la renta total y a la introducción de impuestos a las exportaciones; entre 2002 y 2004, se exportó en promedio 30,5% de la extracción.

Sin embargo, según un estudio de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2005), la participación del Estado decreció de un 44,6% en 2001 a un 36% en 2004, mientras el resto fue acumulado por firmas privadas.

Por otra parte, se destacó que la Secretaría de Energía de la Nación, la AFIP y los organismos provinciales pertinentes, no controlaron cuánto ni cómo se extrajo, simplemente se limitan a "aceptar" las declaraciones "juradas" de los agentes productores, lo cual sugiere que la mayor porción de ese volumen de la producción con destino desconocido (11.547 millones de m3) se deben a exportaciones no fiscalizadas y consumo propio no fiscalizado de productores y transportistas.

Advertimos que el acumulado para el período 1996-2004 de estos volúmenes con destinos desconocidos (o "blanqueados" vía "gas aventado" o "consumido en yacimiento") asciende a 93.062 millones de m3; es decir, el equivalente a más de 2 años y medio de satisfacción de la demanda del aparato productivo nacional.

Asimismo señalamos que, con la privatización de YPF, el Estado había perdido su instrumento clave para explotar racionalmente los yacimientos de hidrocarburos y captar su renta para financiar el desarrollo de fuentes alternativas de energía.

Repsol YPF era el principal titular de concesiones de explotación gasífera, concentrando en forma directa el 39,4% de las reservas, y un 46,3% considerando las de su controlada Pluspetrol. En relación a las reservas petroleras se replica una situación similar de liderazgo, ya que esta Petrolera concentraba en forma directa casi el 38% del crudo que se encuentra en el subsuelo argentino, o 39,4% incluyendo las reservas petroleras de su controlada Pluspetrol respecto a la extracción gasífera, Repsol YPF concentraba el 32,6% en forma directa, y el 41,3% incluyendo la participación de Pluspetrol. Mientras que en la extracción petrolera concentraba en forma directa el 42,7%; incluyendo la participación de Pluspetrol el 44,8%.

Como resultado de tal concentración económica de reservas de hidrocarburos, del precio promedio internacional del barril de petróleo durante el ejercicio anual 2004 (superior a los U$S 36), del costo total de producción de un barril de petróleo situado en apenas U$S 6,1 y de los resultados operativos acumulados en igual fecha equivalentes a U$S 2.638 millones, de los cuales el 64% provino de Argentina (Repsol YPF, 2005), se observa que las inversiones resultantes de tales ganancias extraordinarias realizadas en el país se orientaron más precisamente al desarrollo de pozos existentes, siendo las inversiones de capital de riesgo fueron casi nulas: sólo 6 pozos de exploración (1 de gas natural y 5 de petróleo), mientras que los pozos de hidrocarburos en desarrollo totalizaron 308 (284 de petróleo y 24 de gas natural) y los de avanzada 65 (2 de gas natural y 63 de petróleo).

Con relación al contrabando denunciado por Bolivia, advertimos que si bien los hechos descriptos no constituían en sí prueba que acreditara el contrabando de REPSOL en nuestro país, a nuestro entender constituía un indicio que evidenciaba el comportamiento comercial de la petrolera en los países donde opera.

Este indicio sumado al evidente déficit en los controles estructurales, observados y señalados entonces por la Auditoría General de la Nación (Informe A.G.N. Nro. 195/05), constituían el escenario propicio para el accionar contrario a las normas.

Es por esto que entendimos que ameritaba que el Estado Argentino, a través de su Poder Judicial, dispusiera una investigación tendiente a esclarecer el accionar de la empresa en nuestro país.

Dicha petición encontraba sus antecedentes en Bolivia: Repsol concentraba en Bolivia el 31.5% de los bloques de exportación de gas a través de Andina (50% de Repsol) y de Maxus Bolivia (100% de Repsol con sede en las Islas Caimán).

El gobierno de Bolivia estaba investigando a una subsidiaria de Repsol, Andina, por contrabando de petróleo a la Argentina.

Al respecto, la nota de AP del 08/02/06, publicada en Madrid, dice: "El gobierno de Bolivia está investigando un supuesto contrabando de petróleo por parte de la compañía petrolera hispano argentina Repsol YPF, dijo el nuevo directivo de la empresa estatal del país sudamericano YPFB, en una entrevista publicada el miércoles. "El petróleo ha sido sacado sin autorización, y para ello se ha alterado documentación", cita a Jorge Alvarado el Diario El Mundo. "Existen signos, de acuerdo a la Aduana, que Repsol YPF ha alterado documentos para sacar petróleo de Bolivia sin autorización." Alvarado dijo que le había pedido a Repsol presentar pruebas de que la alegación es mentirosa.

El 20/02/06 en relación a la denuncia sobre la filial de Repsol Andina, se publicaron distintos artículos entre los que citamos el de finanzas.com que decía: "Bolivia investigará a Repsol YPF por indicios de contrabando de petróleo. Es por ello, que la Aduana Nacional (AN) de Bolivia pedirá a la Fiscalía del distrito de Santa Cruz de la Sierra la apertura de un proceso de investigación a la petrolera española Repsol YPF, sospechosa de contrabandear crudo y de incurrir en el delito de falsedad ideológica. Nosotros vamos a denunciar a Andina (filial boliviana de Repsol YPF) por un contrabando de 230.400 barriles (de petróleo), por un monto de 9.215.000 dólares"´

La Aduana Nacional se constituirá en parte civil, es decir ayudará al fiscal a tener una visión clara y al final de período de investigación el fiscal decidirá si es el caso de acusar formalmente a la empresa Andina (Repsol YPF, llevarla a una instancia ulterior que consiste en acusarla mediante un juez´, anunció el presidente de la AN, Ricardo Alba.

El titular de la AN dijo haber encontrado “indicios de presunta comisión de delito de contrabando” en las operaciones de la Repsol YPF en Bolivia, entre junio de 2004 y julio de 2005.

Como corolario de lo expuesto, el 26 de febrero de 2006 se informó el pedido de captura al presidente de la filial boliviana de Repsol en la causa por donde se tramitan los hechos enunciados precedentemente.

Por otro lado, continuando con las circunstancias preocupantes respecto de nuestro país, también denunciamos la debilidad de los controles y la utilización irregular de las declaraciones juradas, en tanto la ausencia de control estatal sobre los datos de producción, exploración y exportación, era tan evidente como la pérdida injustificada de reservas.

Al respecto, denunciamos que aunque parecía increíble en la fase de desarrollo tecnológico de entonces, en la que se podían obtener a bajo costo una variada gama de instrumentos de medición efectiva, tanto de los volúmenes extraídos como de los posteriormente exportados, que la información con que trabaja el Estado, a través de su Secretaría de Energía, tanto para el cobro de regalías como para la evaluación del funcionamiento del sistema, proviniera de las declaraciones juradas que presentan las mismas controladas.

Esta ausencia total del control, a mi entender, se exponía cruelmente al afirmarse que la información con que cuenta el sector público se basa en aceptar como fidedignos y dar por ciertos los datos suministrados unilateralmente por aquellos a quienes debería controlar.

La “justificación” del esquema se basa en que las declaraciones juradas son a su vez auditadas por firmas de control externo, que son contratadas por las mismas petroleras. Esta autorización legal se encontraba regulada en la Resolución N° 482/98 aprobada durante la gestión de Menem, abrogada recién en 2006 por la Resolución N° 324/06, que crea un registro de certificadores pero mantiene el esquema de presentación de declaraciones juradas.

En los considerandos de esta última resolución, el Estado nacional al hacer referencia a “las diferencias observadas entre las reservas declaradas directamente por las compañías del sector y las certificadas por auditores externos” acepta pasivamente la presunción de que se estaban alterando los datos por parte de las petroleras, reconociendo implícitamente que parecía desconocer no sólo el volumen de reservas de petróleo y gas, lo cual resultaba aún más grave ya que tampoco tenía control alguno sobre el tránsito y la renta final del fluido que atraviesa su territorio.

Sumado a que el Estado no objetó en ningún caso la información proporcionada por las empresas, aún en los casos en que los datos proporcionados por éstas eran absolutamente inverosímiles e improbables desde el punto de vista técnico.

El Estado Argentino parece desconocer no sólo el volumen de reservas gasíferas sino que además tampoco tiene control alguno sobre el tránsito y la renta final del fluido que atraviesa su territorio. También se muestra ineficiente para establecer un control sobre las ganancias por exportaciones que perciben las petroleras, ni para develar la verdadera ingeniería financiera y societaria que ostentan las compañías del sector.

Esta descripción de la privatización del control estatal encuentra su basamento jurídico en la Resolución N° 2057/05 del Secretario de Energía Daniel Cameron, que delega en el empresariado misiones y funciones que por ley les son propias. En dicha norma se establece el siguiente procedimiento:

1. La información estadística y la documentación técnica es suministrada con carácter de declaración jurada.
2. La responsabilidad de la remisión en tiempo y forma de la misma estará en cabeza de las petroleras.

Asimismo, delega en las Compañías el deber de proporcionar el pronóstico de producción de petróleo y gas natural. En este sentido, lo define “...un informe consustanciado con las hipótesis asumidas para la determinación de dichos pronósticos, haciendo expresa referencia a las inversiones y/o eventos relacionados, de cuya consecuencia se deducen los pronósticos respectivos...”.

La ausencia del Estado en el control aduanero, y su consecuencia lógica de contrabando, fue descripto detalladamente en el Informe de la Auditoría General de la Nación que tuvo por objeto la "Gestión y procedimientos de control aduanero a través de canales de selectividad, aplicados sobre la importación y exportación de mercaderías...".

En el acápite 4.1.9.4 "Aduana de Neuquen" se observan irregularidades y debilidades en los controles, a saber:

En esta Aduana, la problemática central en la materia surge de diferencias en la valoración de las exportaciones de petróleo. De los controles en campo realizados por dicho Organismo de Control Externo surge que se han "... verificado operaciones con cambio de canal originadas en la misma, nos encontramos con una situación repetida y de magnitud significativa, que se encuentra sometida a una investigación desde julio de 2001. En ella, se investiga una eventual subvaluación de precio en las exportaciones de petróleo crudo, originadas en contratos a largo plazo, llevadas a cabo por Repsol YPF.

El valor del barril fue exportado, como consecuencia de contratos FOS (Forward Oil Sales) a un promedio aproximado de U$S 13,50 cuando el precio del mercado, expresado en los WTI (West Texas Intermediate), lo duplica, lo cual da lugar a un reclamo por subfacturación .

El expediente administrativo de la Dirección General de Aduana Nº 416972/02, consiste en una investigación por cambio de canal de selectividad, que benefició a determinadas empresas, y que conforme lo informa la AGN del análisis del mismo surge que: Los contratos acompañados pertenecientes a las compañías petroleras se encuentran en copia simple, con firmas incompletas y sin identificación del firmante.

Todos se refieren a la venta de petróleo crudo de Repsol YPF a: contrato 1- OIL TRADING CORP (Islas Caimán); contrato 2- OIL ENTERPRISES LTD (Islas Caimán) y contrato 3- Repsol YPF (España) .

La modalidad operativa es idéntica: contrato 1- Compra prepagada con depósito del 95.14% en cuenta de Repsol YPF, sin sede ni banco; contrato 2- compra prepagada con depósito mediante transferencia electrónica de fondos (96.58%) desde la cuenta comprador; contrato 3- Compra prepagada mediante la transferencia electrónica de fondos (95.67%) a la cuenta del vendedor (innominada en el contrato).

El monto de los tres contratos ascendió a la suma de U$S 1.109.491.409. El total de los barriles comprometidos en el contrato fueron más de 75 millones. Sin embargo, la Auditoría General destaca que como no hay seguimiento de volúmenes exportados por parte de la Aduana, no hay evidencia de la cantidad de barriles efectivamente exportados bajo esta modalidad contractual, y tampoco del control de los contratos aludidos.

La Aduana ha incurrido en largos y recurrentes períodos de inactividad en la investigación enunciada. Asimismo, la AGN ha verificado anormalidades en el expediente, a saber:
a) faltante de fojas;
b) refoliaturas diversas;
c)alteración de fechas acorde a desarrollo de foliatura;
d) hojas agregadas sin foliatura ni sellos;
e) faltante de sello aclaratorio de firma del funcionario actuante;
f) en general, del expediente surge una significativa dilación y falta de interés.

Realizada por la AGN una compulsa en el SIM ( Sistema Informático María) sobre exportaciones de petróleo crudo y sus valores, encuentra casos similares a los expuestos con una marcada dispersión de precios entre los valores de mercado y aquellos declarados por las empresas petroleras en las Aduanas de Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, y Rio Gallegos.

La ausencia del Estado en la verificación de pago de cánones de permisionarios de áreas de exploración y de concesionarios de áreas de explotación está absolutamente clara en el informe de la AGN N° 195/05, actuación 39/04 resuelto en fecha 28/12/05 .

En dicho informe se auditó el período 2001 a 2003. Como resultado de la investigación se describen entre otros los siguientes hechos:

1. El valor del canon de explotación no refleja las variaciones que registró el precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno.
El artículo 102 de la Ley N° 17.319 establece que "Los valores en pesos moneda nacional que esta ley asigna al canon de exploración y explotación, podrán ser actualizados con carácter general por el Poder Ejecutivo Nacional sobre la base de las variaciones que registre el precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno"
A través de este mecanismo, los valores del canon habían sido actualizados por el Decreto N° 1037/90 y por el Decreto N° 2057/91. En el marco de la facultad conferida, la Secretaría de Energía no propuso la modificación del valor actual sino hasta fines del mandato de Néstor Kirchner, que lo hace en 2007 mediante el Decreto N°1454/07.
Durante el período auditado y en la actualidad, el valor precedentemente detallado es el que se aplica y resulta de la conversión del monto de Australes a Pesos (1=10.000), toda vez que el Decreto N° 820/98 no modifica valor alguno.
En el marco de la facultad conferida, la Secretaría de Energía no propuso la modificación del valor actual, existiendo dos proyectos de ajuste del valor del canon, elevados por la Dirección Nacional de Economía de Hidrocarburos, tramitados por Expedientes CUDAP 751-001704/2001, recaratulado CUDAP S01:0048464/2003 y N° S01:0186904/03.
Es importante aclarar que las áreas de exploración se reconvirtieron en áreas de explotación y áreas de superficie remanente a partir del Decreto Nº 820/98 y su Acta Acuerdo aprobada por Resolución SE Nº 588/98. En consecuencia, se calculó el valor anual que hubiera alcanzado el canon de explotación (CE) de haberse aplicado el mecanismo de actualización regulado.
Con fecha 29/12/05, El Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 1770/05 a través del cual modificó la fecha del pago de canon, pero no hace referencia alguna a modificación de monto, teniendo conocimiento de las observaciones emitidas por la AGN.
Ante la falta de actualización del valor del canon, el Estado, durante el período auditado (años 2001 a 2003) y respecto de las 61 áreas analizadas, dejó de percibir un 71% en concepto de canon.
La facultad delegada en el Poder Ejecutivo por el artículo 102 de la Ley N° 17.319 según lo entiende la doctrina administrativista, es de las denominadas discrecionales.
Ello, por cuanto la norma mencionada le da la facultad de adecuar el valor del canon a la evolución del precio del crudo en el mercado interno.

2. La metodología aplicada por la Secretaría de Energía para el cálculo de los intereses en caso de mora es incorrecta.

3. La Secretaría de Energía (SE) no actúa como un buen administrador al imputar los pagos parciales, primero al capital. Ello genera una menor recaudación.

4. La SE no realiza un control eficiente en materia de deslinde y mensura de las áreas adjudicadas, debilitando significativamente el poder de policía que le compete en la recaudación del canon.

5. La SE no ha reglamentado la forma para la presentación de las DDJJ, por lo que los datos expuestos por los permisionarios y/o concesionarios son incompletos.

6. La Secretaría de Energía no aplica la potestad sancionatoria conforme a los alcances del régimen regulado.

El artículo 80 determina que: “Las concesiones o permisos caducan a) Por falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres meses después de vencido elplazo para abonarla”.

En su parte final el artículo especifica: "...Previamente a la declaración de caducidad por las causas previstas en los incisos a)....del presente artículo, la Autoridad de Aplicación intimará a los permisionarios y concesionarios para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que fije”.

Constituyen casos extremos las Áreas Río Cullen, Las Violetas y Angostura en que si bien se verificaron pagos parciales, la cancelación definitiva de las deudas fue realizada luego de 11,12 y 10 anualidades, respectivamente.

Según surge de los registros proporcionados por la Secretaría de Energía, los pagos que las adjudicatarias realizan son imputados al capital, en tanto que los intereses se tienen por abonados al momento de la cancelación total de la deuda.

Este criterio de imputación no condice con la práctica, generando una menor recaudación al disminuir la base de cálculo de los intereses.

A su vez, como debilidad en el buen orden administrativo, surge que 35 áreas no figuran en el soporte magnético remitido por la SE, aunque existen DDJJ y pagos remitidos por esa Secretaría en fotocopia certificada.

Finalmente la AGN brinda algunas recomendaciones:

1. La Secretaría de Energía deberá crear, administrar, mantener, operar y gestionar una base de datos integral que refleje el estado de cada una de las adjudicaciones respecto a los aspectos técnicos y contables. Ello a fin de observar mecanismos de transparencia que garanticen el control que le es atribuido por el marco regulatorio y ejercer las políticas definidas para el sector, máxime cuando se está frente a adjudicaciones de importante envergadura económica (Cde. Obs. 4.1.,4.2., 4.3., 4.4., 4.5. y 4.6.).

2. En el marco de la facultad establecida por el artículo 102 de la Ley Nº 17.319, corresponde que la Secretaría de Energía impulse las actuaciones iniciadas con relación a la actualización del valor del canon (Expte. CUDAP N° S01:0186904/03), teniendo en cuenta la evolución del precio del crudo en el mercado interno. (Cde. Obs. 4.1.).

3. Y concluye: Durante el período auditado, de las 61 áreas adjudicadas comprendidas en la muestra, se verificó que en el año 2001, 2002 y 2003, pagaron fuera de término 60, 54 y 51 áreas respectivamente, representando un 98,36% en el año 2001, un 88,52% en el año 2002 y un 86,61 % en el año 2003.

A su vez, surgió que 35 áreas no figuran en el soporte magnético remitido por la SE, aunque existen DDJJ y pagos remitidos por esa Secretaría en fotocopia certificada.
En materia de deslinde y mensura, la Secretaría de Energía no realiza un control eficiente, debilitando significativamente el poder de policía que le compete en la recaudación del canon. Constituye este tema un claro indicio de la falta de ordenamiento sistemático en la emisión de los Actos Administrativos que el Marco Regulatorio exige.

Respecto a las declaraciones juradas, la Secretaría de Energía no ha emitido un formulario normalizado, y tratándose las mismas de una autoliquidación de los importes a ingresar en concepto de canon e intereses por mora, la SE no ejerce controles sobre las adjudicatarias al no validar la información aportada por aquellas.

A su vez la Secretaría de Energía no aplica su potestad sancionatoria conforme los alcances del régimen regulado. Resultan casos extremos las Áreas Río Cullen, Las Violetas y Angostura, que declaran y pagan el canon e intereses desde el otorgamiento del área y luego de 11 anualidades en el primer caso, de 12 y 10 anualidades en los otros dos casos citados. Ante este importante incumplimiento, la SE demuestra una ausencia de control al no intimar y disponer la caducidad que dispone la Ley.

Finalmente se concluye que al 24 de noviembre de 2005, la Secretaría de Energía no poseía una base de datos integral y actualizada para administrar y operar el estado de cada una de las adjudicaciones respecto de sus aspecto técnicos y contables, a fin de observar mecanismos de transparencia que garanticen el control que le es atribuido por el Marco regulatorio.

e. “Informe Repsol” de mayo de 2006.

A través del Centro para la Transparencia para la Gestión Pública y Privada Lisandro de la Torre, junto a diputados nacionales de mi partido, elaboramos un informe en el cual, tras el anuncio extraoficial de Repsol YPF sobre sus intenciones de vender hasta un 20% de las acciones, se escondía la modalidad más pura de patrimonialismo corrupto inserta en la nueva matriz de saqueo que adoptada el Gobierno de Néstor Kirchner.

Allí explicamos quienes podían ser los nuevos compradores de YPF: empresarios con importante cercanía al ex Presidente Néstor Kirchner que intentaban llegar a la empresa con un nuevo engaño a la sociedad a través del anuncio de la “nacionalización” del petróleo. Dicha situación se concretó tiempo después con el acuerdo entre el Grupo Petersen de la familia Eskenazi y REPSOL para la venta del 25% del paquete accionario de dicha empresa.

Dimos cuenta de quién era REPSOL YPF, como estaba constituido su capital accionario, cuál era su magnitud y rol en el mercado argentino. Pero también explicamos que la firma constituía un gran conglomerado financiero con inversiones en Europa, Medio Oriente, Lejano Oriente, África y América Latina.

Explicamos que era una refinería española, privatizada en 1996, y que en 1999, tras una operación del Rey de España y del entonces Presidente de la Nación, Carlos S. Menem, se adquirió mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) el 98,23% de las acciones de YPF S.A. (logrando alcanzar —y mantener— el 99,04% de las acciones tiempo más tarde).

Con la adquisición de YPF en 1999, Repsol se había convertido rápidamente en uno de los conglomerados energético-financieros más rentables a nivel mundial y que representaba el conglomerado energético más importante de Argentina.

Y la estructura de su capital social se conformaba con un 16.2% de inversionistas estadounidenses, 27.9% de inversionistas españoles y 31.6% de accionistas del resto del mundo, accionistas estables 24.3%, entre los que se destacan: La Caixa 9.1% y su vinculada Repinves 5%; BBVA 5.4% y PMI Holdings (Grupo PEMEX) 4.8%. La Argentina sólo conserva la acción de oro.

Señalamos que este consorcio era, en ese momento, el propietario más importante de las reservas probadas de petróleo y gas natural de Argentina, así como también el principal productor y exportador de gas y petróleo, constituyéndose con esto en un factor importante en la economía de nuestro país, capaz de regular y establecer los precios y condiciones del mercado.

f. La venta de acciones de Repsol YPF al Grupo Petersen. Proyecto de resolución para la creación de una Comisión Especial Investigadora. Intimación por cartas documentos.

Luego de dichos sucesos, ante el anuncio de Repsol YPF sobre el avance en las negociaciones para la venta del 25% de las acciones de la filial local, los diputados de mi partido presentaron un proyecto de resolución ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Expte. N° 5812-D-2007).

Mediante dicho proyecto se promovió la creación en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, de una Comisión Especial Investigadora que tendría como objeto el análisis, evaluación e investigación de hechos referentes a irregularidades y posibles ilícitos cometidos en el ámbito del sector privado o público y la relación de complicidad y/o falta de control por parte de los diferentes organismos competentes del Estado en lo relativo al tratamiento de la matriz energética, especialmente respecto de la venta de parte de YPF S.A. recientemente ocurrida.

En especial la Comisión debía avocarse a “…b) Analizar si hubo violaciones u omisiones de un actuar diligente en cuanto a los mecanismos de control de reservas de hidrocarburos y en cuanto al proceso de la venta de parte de la empresa YPF S.A., y cómo esto repercute en la economía del país. También se deberán estudiar, analizar y evaluar los distintos procedimientos y mecanismos que permitieron eludir tales controles”. Así como “c) Proponer modificaciones a los mecanismos de control utilizados por los distintos entes que ejercen o deben ejercer funciones de control sobre las reservas de hidrocarburos, y sobre el proceso de venta de YPF S.A., si estos fueran considerados ineficientes o poco efectivos. d) Examinar el origen del dinero para la adquisición del porcentaje de la petrolera. e) Proponer modificaciones a la legislación que propendan a combatir más eficazmente cualquier tipo de posibles irregularidades en las materias en cuestión”. Lamentablemente, el oficialismo no acompañó la propuesta y la comisión nunca fue constituida.

Tal como fuera expresado en los fundamentos del proyecto de resolución, “Detrás del anuncio de Repsol YPF sobre el avance en las negociaciones para la venta del 25% de las acciones de la filial local, aparece una modalidad en donde el Estado abandona su rol tradicional de garante de igualdad de oportunidades, como de generador del crecimiento y del desarrollo del país, para pasar a ser garantía de un proceso de concentración donde se benefician determinadas empresas cuyos titulares se encuentran relacionados con las máximas autoridades del gobierno”.

Fue entonces que advertimos sobre la inacción y silencio del Estado, con participación en el Directorio de YPF, respecto de la operación de venta de la petrolera cuya negociación se sustentó en un "pacto de confidencialidad" que interfiere e impide el conocimiento de la o las empresas interesadas. Señalando que de ese modo, desde el gobierno se avaló esta forma de operatoria en un campo tan sensible como el energético, poniendo en juego los propios intereses del Estado argentino, facilitando el ocultamiento de la procedencia y antecedentes de aquellos capitales que hubieran querido integrar la Compañía, así como los planes de financiación e inversiones que proponían los interesados en la operación.

En particular, se indicó que la forma en que se realizó la operatoria de venta era sumamente llamativa y demostraba la flexibilidad de la vendedora en las condiciones de la operación, altamente beneficiosas para el comprador, Enrique Eskenazi.

También referimos a que la entrada de su grupo empresario "Petersen" se haría en dos tramos. En el primero, Repsol se desprenderá del 14,9% ,éste es el límite que fija el estatuto de la empresa para no obligar a lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), evitando así someterse al cumplimiento de un régimen legal estricto, con importantes controles por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por otro lado, se denunció también que el grupo Eskenazi, pagaría 2.235 millones de dólares por ese porcentaje y tiene opción para adquirir el 10,1% restante en un plazo máximo de cuatro años y al mismo precio por acción. El valor tasado para YPF es de unos 15.000 millones de dólares. Los Eskenazi pagarán el 55% del primer tramo con financiación propia y de un grupo de bancos entre los que figuran Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP-Paribas e Itaú. Para el restante 45%, recibirá un préstamo de la propia Repsol que tiene como garantía las acciones de YPF.

En el mismo sentido señalamos que “El gobierno nacional, en consonancia con Repsol, no hace públicas las condiciones en que se negocia la venta de la compañía y su plan de negocios”.

Finalmente, pusimos la atención en que el grupo accionista argentino de los Eskenazi, controlaba el mayor conjunto de bancos regionales de Argentina, entre los que se destacaban el Banco San Juan, el Nuevo Banco de Entre Ríos, el Nuevo Banco Santa Fe y el Banco de Santa Cruz.

Además, recordamos que la relación con el ex presidente Kirchner se remontaba al año 1996, cuando comenzaba las negociaciones para adquirir el Banco de Santa Cruz, en épocas en que Lázaro Báez participaba del proceso privatizador. En el Banco de Santa Cruz, Enrique Eskenazi era socio de la provincia que gobernaba ex presidente Néstor Kirchner. Y fue a través de esta entidad bancaria que se produjo las oscura operación a través de la cual se depositaron los u$s 594,13 millones que Santa Cruz colocó en el exterior antes de la crisis de 2001. Coincidentemente, fue el Crédit Suisse, -donde se depositaron parte de dichos fondos- quien, entre otros, financió la compra de las acciones a REPSOL.

Por ello, lo que desde el gobierno argentino se presentaba como “un paso hacia la nacionalización” del petróleo, no fue otra cosa que una ayuda a la salida de Repsol- YPF de un escenario altamente desfavorable, que se remontaba desde hace años atrás con el proceso de desinversión del grupo español en Argentina junto con los altos niveles de retención a la exportación del crudo y precios máximos en la venta de combustibles al mercado interno, donde Repsol-YPF era el líder.

Por aquella época, Cristina Kirchner elogiaba públicamente a Sebastián Eskenazi en los siguientes términos “…quiero agradecer al ingeniero y a su empresa, el creer y seguir aportando como siempre lo hizo en el país…”

Por supuesto, el bloque de legisladores del Frente para la Victoria se negó a acompañar y a tratar ese proyecto.

Es de destacar, por otro lado, que en mayo de 2007, tanto el Director Titular de YPF S.A., Lic. Roberto Baratta, como el Secretario de Energía de la Nación, Ing. Daniel Omar Cámeron, fueron intimados mediante sendas cartas documentos, por parte del diputado nacional Fernando Sánchez, para que ambos funcionarios informaran el nombre de las empresas que habían suscripto entonces el acuerdo para la compra del 25% de la filial local de REPSOL-YFP, rechazando en tal sentido la oponibilidad de “pacto de confidencialidad” alguno que pudiera ser invocado con el fin de denegar la información solicitada, y en tanto el mismo “…protege el secreto del origen de los capitales y su procedencia, en desmedro de los intereses del Estado Argentino…”, haciéndolos responsables civil y penalmente si capitales de dudoso origen integran finalmente la composición accionaria de la mencionada empresa.

Como era de esperar, dichas intimaciones no fueron contestadas más que con evasivas, negándole toda posibilidad de control republicano, al Sr. Diputado Nacional.

g. Informe del año 2008: “La kirchnerización del petróleo”.

Atento la gravedad del tema, en el año 2008 profundizamos la investigación del tema, elaborado conjuntamente con diputados de mí bloque, un informe en cuyo capítulo 1° advertimos “Qué se esconde tras la venta de Repsol”.

En ese entonces denunciábamos lo siguiente:

Detrás del anuncio de Repsol YPF sobre el avance en las negociaciones para la venta del 25% de las acciones de la filial local, se esconde la modalidad más pura de patrimonialismo corrupto que se inserta en la nueva matriz de saqueo adoptada por el Gobierno de Néstor Kirchner y que parece continuar en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Tal como lo describiéramos en el informe publicado en el mes de marzo de 2006, este accionar se caracteriza por el ascenso de quienes detentan posiciones de poder a ocupar roles de gobierno apropiándose de los derechos y bienes del Estado, transformándolos en propios.

La “patrimonialización del Estado” supone, por tanto, un conjunto de patrones o prácticas políticas vigentes que borran o confunden convenientemente, como regla general, la diferencia de lo público y lo privado, permitiendo la disposición de lo primero con total omisión de las reglas y leyes establecidas para el manejo de los bienes públicos.

Así, la venta del 25% de las acciones de YPF, pone al descubierto —palmariamente— que es está la ejecución de la nueva matriz de saqueo. El Estado abandona su rol tradicional de garante de igualdad de oportunidades, como de generador del crecimiento y del desarrollo del país, para pasar a ser garantía de un proceso de concentración donde se benefician algunas empresas “amigas” e íntimamente relacionadas con el gobierno.

Por eso, no resulta un dato menor que tanto Enrique Eskenazi como su hijo Sebastián pertenezcan al círculo privilegiado de personas con acceso al despacho presidencial contando con el “...beneplácito del mandatario para presentar ofertas de compra en diversas operaciones que tenían pretendidamente como objetivo evitar que las empresas en liza terminaran en manos de capitales extranjeros. Es decir, el Grupo Petersen ganaba en influencia y al mismo tiempo servía a la política de argentinización impulsada por Kirchner (... )Pocos meses después era el nombre propuesto por Kirchner para la entrada de un socio argentino en YPF...” (Diario El País de España – Sección Economía. 20/12/07).

En ese contexto, se inscriben cuestiones tales como:
1. La inacción y silencio del Estado, con participación en el Directorio de YPF, respecto de la operación de venta de la petrolera cuya negociación se sustentó en un “pacto de confidencialidad” que interfiere e impide el conocimiento de la o las empresas interesadas. Así, desde el gobierno se avaló esta forma de operatoria en un campo tan sensible como el energético, poniendo en juego los propios intereses del Estado argentino, facilitando el ocultamiento de la procedencia y antecedentes de aquellos capitales que hubieran querido integrar la Compañía, así como los planes de financiación e inversiones que proponían los interesados en la operación.
2. Se pone en juego irresponsablemente el desarrollo económico de nuestro país teniendo en cuenta que Repsol YPF es en la actualidad el propietario más importante de las reservas probadas de petróleo y gas natural de Argentina, así como también, su principal productor y exportador, constituyéndose en un factor importante en la economía de nuestro país, capaz de regular y establecer los precios y condiciones del mercado.
3. La forma en que se realizó la operatoria de venta es sumamente llamativa y demuestra la flexibilidad de la vendedora en las condiciones de la operación, altamente beneficiosas para Ezkenazi, a saber: La entrada del Grupo Petersen se hará en dos tramos. En el primero, Repsol se desprenderá del 14,9% ,éste es el límite que fija el estatuto de la empresa para no obligar a lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), evitando así someterse al cumplimiento de un régimen legal estricto, con importantes controles por parte la Comisión Nacional de Valores (CNV) . El grupo Ezkenazi, pagará 1.563 millones de euros (2.235 millones de dólares) por ese porcentaje y se compromete a adquirir el 10,1% restante en un plazo máximo de cuatro años y al mismo precio por acción. El valor tasado para YPF es de unos 10.500 millones de euros (15.000 millones de dólares). Adicionalmente, Repsol colocará en Bolsa el 20% del capital de su filial argentina en el primer semestre de 2008. La compañía española mantendrá la mayoría con el 55% del capital. Los Eskenazi pagarán el 55% del primer tramo con financiación propia y de un grupo de bancos entre los que figuran Crédit Suisse (banco donde se encontrarían depositados los fondos de la Provincia de Santa Cruz), Goldman Sachs (antes del 2002, cuando los fondos de la provincia eran administrados por Mercado Abierto, se hicieron inversiones en este banco), BNP-Paribas e Itaú. Para el restante 45%, recibirá un préstamo de la propia Repsol que tiene como garantía las acciones de YPF.
4. Tal como en la década del 90, lo que se pretende presentar como una nacionalización de la empresa no es más que otra acción de Kirchner para satisfacer las necesidades de Repsol, omitiendo de manera gravosa, la falta de inversión y el saqueo de las reservas. “...Para Repsol, se trata de una operación clave para iniciar el Plan Estratégico 2008-2012, y en la que quiere mantener su presencia en Argentina, al permanecer como accionista de control de YPF. Repsol, además de lograr la argentinización del grupo y que dejen de atizarla con adjetivos y actitudes poco amigables en aquel país, logra unos ingresos interesantes” (Diario El País de España – Sección Economía. 20/12/07).
5. Adviértase que según los últimos balances, en los primeros meses del 2007, YPF redujo sus ganancias en un 20% en comparación con igual período de 2006.
Por ello, denunciamos públicamente la inacción y silencio del Estado, con participación en el Directorio de YPF, respecto de la operación de venta de la petrolera cuya negociación se sustentó en un “pacto de confidencialidad”.

En el mismo informe, llamamos la atención respecto del rol que debía tener el Estado Argentino, mediante el ejercicio efectivo de sus facultades de contralor, al señalar:

h. El rol del Estado Argentino

El rol del Estado Argentino en YPF lo encontramos en el ejercicio de la acción de oro. “...Se conoce como Acción de Oro a la potestad que han conservado algunos Estados en ciertas sociedades privatizadas, -especialmente las petroleras y prestadoras de servicios públicos esenciales- consistente en la participación obligatoria y aceptante en determinadas e importantes decisiones empresarias...”

La Ley N° 24.145 y su modificatoria N° 24.474 establecen que "Mientras el Estado Nacional conserve al menos una (1) acción de la Clase A, se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para: 1. Decidir su fusión con otra u otras sociedades; 2. Aceptar que YPF SA sufriera una situación de copamiento accionario consentido u hostil que represente la posesión del 51 % del capital social; 3. Transferir a terceros, la totalidad de los derechos de explotación concedidos en el marco de la Ley N° 17.319..de modo que ello determine el cese total de la actividad exploratoria y de explotación de YPF SA.; 4. La disolución voluntaria de YPF SA” .

"Para tomar las decisiones referidas en los incisos 3 y 4 se requerirá además del voto afirmativo de las acciones Clase A, la previa aprobación por ley".

“Desde el inicio de la privatización el Estado designó un Director y Síndico con sus respectivos suplentes, siendo los síndicos propuestos por la SIGEN. En la gestión de copamiento hostil realizada por Repsol, gracias a la Ley N° 24.474, el gobierno de Menem le vendió el 20 % del capital accionario que poseía el Estado, conservando sólo 1.000 acciones, con lo cual el Estado perdió la potestad de designar a sus directores y síndicos. Pero tal situación fue subsanada de inmediato mediante la modificación del Estatuto Social que, no solamente le permite mantener los cargos directivos y de control, sino que agregó una potestad limitativa más a las cuatro ya mencionadas, referida al acuerdo de las acciones Clase A para mudar el domicilio fiscal o legal de la Sociedad. No se conocen casos donde los representantes del Estado hayan planteado en las reuniones del Directorio de YPF SA y en las Asambleas sus discrepancia con medidas violatorias de las leyes de la Nación, como la indexación del precio de los combustibles según las variaciones del precio internacional , expresamente prohibida por las Leyes de Convertibilidad y la Emergencia Pública vigentes; ni tampoco se conoce impugnación alguna sobre la prórroga de la concesión de Loma de La Lata con 17 años de anticipación, cuando Bielsa era el Presidente de la SIGEN; ni de la vigencia de decretos menemistas que permiten la acumulación de más de 5 áreas por persona jurídica, transgrediendo explícitas limitaciones de la Ley de Hidrocarburos... . No es cierto, en consecuencia, que al Estado le quede solamente la presión política para "apretar" a Repsol y que carezca de otros mecanismos, pues además de sus directores y síndicos, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes de la Nación, que son la fuerza de todos. No es que el gobierno no pueda, la realidad es que no quiere” (InfoMoreno, por Gustavo Callejas).

En igual sentido, agrega Mariano Ramirez, Profesor Emérito de la Universidad en Mendoza: “... Considero que es legítimo que los organismos estatales correspondientes se informen sobre el particular y procedan como corresponda. Como el Estado nacional, al día de la fecha, todavía continúa siendo propietario de la acción de oro de YPF SA, ello le permite designar en esta petrolera a funcionarios que representan al PEN con cargos de director o síndicos, para defenderlo. Sin embargo, las facultades especiales que le otorga al Estado nacional la acción de oro, no han sido aplicadas por los directores nombrados en cada gobierno de turno entre 1999 y 2004, faltando así a su obligación pública y profesional, de la que deberán rendir cuenta, ya que está de por medio el patrimonio nacional...”(adviértase que esta nota se publicó el 10/08/2005).“...Esas facultades, cuyo cumplimiento no se exigieron, le permitían al Estado nacional nada menos que: 1) pedir explicaciones a YPF SA de por qué se indexan los precios de los combustibles cuando se viola la Ley de Emergencia Nacional (Ley 25.561); 2) analizar los balances y pedir rendición de cuenta de los impuestos (35% de impuesto a las ganancias, 12% de regalías, 21% de impuesto al valor agregado y menos del 2% de ingresos brutos, no se perciben ingresos brutos por exportación); 3) controlar dónde y cuánto se invierte por cada una de las cuencas sedimentarias del país, pues se está evadiendo un porcentaje significativo de las regalías provinciales, porque tanto el Estado nacional como las provincias desconocen cuánto es lo que se extrae, se desperdicia y se contamina; 4) en relación a las exportaciones, exigir a las empresas que respeten las obligaciones impuestas por las leyes (17.319 y 24.076) ya que primero deben satisfacerse las necesidades energéticas del mercado interno y únicamente exportar el excedente de producción; 5) revisar todos los contratos firmados en calidad de concesiones de explotación y permisos de exploración de yacimientos hidrocarburíferos (petróleo y gas natural), ya que la gran mayoría son violatorios de la Ley Nº 17.319...” .

Así, en virtud de las competencias enunciadas precedentemente, el Estado Nacional ha nombrado a Roberto Baratta como miembro del directorio de YPF el 26 de abril de 2006, quien es vuelto a poner en funciones en el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre los antecedentes más destacados de Baratta se encuentra ser un hombre de extrema confianza del Ministro Julio De Vido quien ya -con anterioridad- lo había designado Subsecretario de Coordinación y Gestión de Planificación Federal.

No debe soslayarse que Julio De Vido es quien ejerce un rol importante en las operaciones llevadas a cabo por Repsol YPF y que no han trascendido a la opinión pública, y mucho menos se han puesto en conocimiento del Congreso de la Nación.

Asimismo, en dicho informe nos referimos a la estrecha relación Kirchner-Repsol:

Alguna vez el actual ministro de hidrocarburos de Bolivia describió al presidente argentino como “el vocero de Repsol”. En esa ocasión y en su rol de periodista Andrés Soliz Rada daba cuenta de la relación entre REPSOL y Néstor Kirchner desde la escandalosa privatización hasta alguna de sus medidas más recientes en su rol de primer mandatario.

Como prueba de ello, basta enumerar:
• El gobierno de Néstor Kirchner, en consonancia con Repsol no hace públicas las condiciones en que se negocia la venta de la compañía y su plan de negocios.
• El Ministro de Planificación Julio De Vido, quien a principios de año puso a un hombre de su confianza en el directorio de la empresa, acompaña la operatoria impulsada por Repsol.
• Desde la presidencia, Néstor Kirchner no sólo no modificó sino que agravó la ausencia del Estado en el control de las reservas, hoy en cabeza de las propias empresas que son las que informan cuanto extraen por medio de simples declaraciones juradas
• La matriz anteriormente indicada, se extiende a las importaciones y exportaciones de los hidrocarburos, donde tanto la AFIP como la Aduana han debilitado los controles en detrimento de su Poder de Policía.
• La Administración de los Kirchner todavía no ha tomado cartas respecto del control y la sanción a Repsol en atención a su comportamiento en nuestro país, a diferencia de la investigación y denuncias penales que sí está realizando la Administración Morales en Bolivia, y no sólo por el fraude en la contabilización de reservas probadas (del 52,5% en Bolivia), sino también por el contrabando de hidrocarburos y derivados, evasión fiscal y manipulación de datos.
• A esta situación se le deben sumar los importantes beneficios obtenidos por las petroleras al no tener que liquidar en el mercado interno el 70% de los dividendos conseguidos por exportación.
• La Administración Kirchner y sus diputados promovieron y sancionaron una Ley que establece cargos específicos a solventarse por los usuarios de gas y electricidad, con el objetivo de financiar obras de infraestructura, beneficiando una vez más a Repsol, empresa concentradora de la cadena gasífera. En igual orden, este gobierno ha promovido la Ley de Promoción de las Obras en Infraestructura, hecha a medida de Techint, Repsol y Petrobras, actualmente investigada por sobreprecios.
Por otro lado, informamos respecto a ¿Quién es Enrique Eskenazi?, señalando que resultaba difícil, leyendo los antecedentes de Enrique Eskenazi, creer que su empresa familiar fuera capaz por sí de adquirir el 25% de la petrolera más importante de la Argentina.
Enrique Eskenazi es un industrial argentino cuya carrera empresarial se remite a un puesto ejecutivo en el grupo Bunge y Born.

En 1980, ingresó como directivo en el grupo Petersen, Thiele y Cruz (empresa familiar), una de las empresas constructoras más consolidadas y con mayor trayectoria en el país. En 1981 Eskenazi se convierte en el accionista mayoritario del Grupo. Como parte la expansión funda Petersen Inversora SA (PISA), con la que participa en cuestionados proyectos de obra pública, tales como la central hidroeléctrica Yaciretá y la planta nuclear Atucha II.

El grupo del ahora accionista argentino de YPF, controla el mayor conjunto de bancos regionales de Argentina, entre los que se destacan: Banco San Juan, Nuevo Banco de Entre Ríos, Nuevo Banco Santa Fe y el Banco de Santa Cruz.

La relación con los Kirchner se remonta a 1996 cuando comenzaba las negociaciones para adquirir el Banco de Santa Cruz, en épocas en que Lázaro Báez participaba del proceso privativador. En el Banco de Santa Cruz, Enrique Eskenazi es socio de la provincia del ex presidente Néstor Kirchner. Fue a través de esta entidad, que se depositaron los u$s 594,13 millones que esta provincia colocó en el exterior antes de la crisis de 2001, operación desarrollada con el financista Aldo Ducler de Mercado Abierto.

Coincidentemente, es el Crédit Suisse, —donde se depositaron parte de dichos fondos— quien, entre otros, financió la compra de las acciones a REPSOL.

Es decir que, con el mismo doble discurso de la década del 90, lo que se presentó como una “nacionalización” de la empresa no fue más que otra acción del gobierno de Néstor Kirchner para satisfacer las necesidades de Repsol, omitiendo de manera gravosa, la falta de inversión y el saqueo de las reservas. (Adviértase que en la referida época la Provincia de Santa Cruz poseía el 5 % de las acciones de YPF que Kirchner, en calidad de gobernador, vendió a Repsol, siendo los fondos generados por esa venta invertidos en el exterior con la participación del ya mencionado Banco de Santa Cruz).

De dicha operatoria resultó que “los Eskenazi” se convirtieron en dueños del 25% de YPF sin tener ninguna experiencia en la industria petrolera y sin invertir dinero propio, ya que pagó a Repsol mediante una “operación contable” a través de la adjudicación de un crédito.

Además, el contrato societario firmado por Repsol y el Grupo Eskenazi con fecha 21 de febrero de 2008, obliga a los accionistas a distribuir el 90% de las utilidades anuales, cuando lo usual es el 25%, coyuntura que le permitió pagar su parte en la empresa con los dividendos de la propia compañía.
En este sentido, la cláusula 7.3 del acuerdo societario determina que "Las partes acuerdan distribuir en forma de dividendo el noventa por ciento (90%) de las utilidades de la compañía; que serán satisfechos en dos (2) pagos cada año. Las partes votarán a favor de los acuerdos sociales necesarios para que la compañía acuerde la distribución de un dividendo extraordinario de ochocientos cincuenta millones de dólares estadounidenses (US$ 850.000.000) que será pagado: (i) un 50% durante 2008 (25% durante el primer semestre y 25% durante el segundo semestre); y (ii) el otro 50% durante 2009 (25% durante el primer semestre y 25% durante el segundo semestre)".
Tanto Repsol como el Gobierno promovieron el acuerdo, que era ventajoso para la empresa española ya que podía emprender el desapoderamiento de activos - hay que recordar que los medios españoles informaban de la voluntad de retirada - en medio de una buena operatoria financiera.

i. El “vaciamiento” de YPF. La ampliación de la denuncia penal

Como bien analiza María Eugenia Estenssoro, Repsol se aseguró los yacimientos que YPF había comprado previamente en Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia y Rusia, cuando era una multinacional argentina controlada por el Estado nacional. Esos yacimientos hoy tienen valores millonarios, porque los compró a US$ 20 el barril de crudo, que hoy está a US$ 100.

Esta política de reparto de dividendos, conocida y consentida desde el Gobierno Nacional —en efecto, Roberto Baratta era miembro del Directorio— fue agresiva y absolutamente contraria a la realización de una política de inversiones posible y sustentable. El Cash Flow de la empresa está condicionado por el esfuerzo en la política de dividendos.

Abona lo dicho, el Informe de Estados Contables ejercicio 2010 de Repsol YPF S.A. que indicó que “Conforme lo dispone la LSC, la fijación de la política de dividendos es tema que corresponde a la Asamblea de Accionistas; el Directorio sólo propone su pago de acuerdo con las facultades que le confieren el Estatuto de la Sociedad y la LSC. Adicionalmente, se informa que los accionistas principales de la Sociedad han hecho público sus acuerdos sobre política de dividendos consistentes en potenciar una política que contribuya a la caracterización de las acciones de la Sociedad en los mercados como potencialmente atractivas por su pay out”.

De acuerdo a lo reseñado la "argentinización" de Repsol YPF S.A. fue una puesta en escena para ocultar una gran estafa. Los accionistas de YPF distribuyeron casi US$ 5000 millones en ganancias, endeudaron a la empresa en US$ 2300 millones, mientras las reservas y la producción cayeron en un pozo sin fondo. En cuatro años los Eskenazi recibieron cerca de US$ 1000 millones y con eso repagaron gran parte de los US$ 2235 millones que Repsol y un consorcio de bancos europeos les prestaron para financiar el 25% de la petrolera (María Eugenia Estenssoro- “El vaciamiento de YPF”).

Para resumir el estado de situación podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que si el Estado Argentino en la actualidad le adquiriese a los Eskenazi su participación accionaria en Repsol, esta operación sería un negocio perfecto para el grupo, que ingresó a la explotación de hidrocarburos sin poner dinero; que en lugar de reinvertir las utilidades para una mejor producción las usó para pagar la deuda que contrajo para adquirir sus acciones. Como se puede apreciar, ganancia absoluta y una muestra cabal del capitalismo de amigos que enriquece a grupos vinculados con el poder en desmedro de las arcas públicas y los recursos naturales, sin que el estado ejerza el rol de contralor que le es conferido por la normativa vigente.

Como dijimos, Repsol consintió el acuerdo porque incrementaba sideralmente su patrimonio, a costa de la notoria descapitalización de YPF. De hecho, según consta en sus balances, en el período 2003 y 2007 repatrió el 97% de las utilidades de la empresa al amparo de la inacción y complicidad del Gobierno argentino.

Tanto es así que a pesar de la contención de precios impuesta por el Gobierno de Cristina Kirchner y a los altos niveles de importación, YPF ha tenido en estos años ganancias anuales cercanas al 20% de sus activos y superando el 40% sobre el patrimonio neto. En igual periodo contrajo deudas por aproximadamente u$s.4.000.000.000 situación ésta avalada por el mencionado representante del Gobierno en el Directorio. Desde 2008 las deudas crecieron más que los activos configurándose el vaciamiento. No puede soslayarse además que Repsol YPF paga dividendos superiores a su utilidad neta.

Tampoco debe escaparse del análisis que fue el Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner el que aprobó el acuerdo societario de vaciamiento y el que convalidó mediante el representante del Estado Roberto Baratta todas las actas de directorio donde se aprobaron los balances retirando utilidades, que implicaban la ejecución del ya descripto vaciamiento. En consecuencia, es inconcebible e impúdico que el gobierno pretenda asumir el rol de víctima en esta situación, ya que de acuerdo a todo lo expresado no caben dudas que se ha constituido en el victimario de YPF.

Si comprarla no significaba una erogación que comprometía el erario público, si tanto les interesaba la crisis energética y si ya se sabía de la baja de producción y la desinversión, ¿por qué no se estatizó el 25% de la compañía para que el Estado pasara a manejar la empresa, como finalmente lo hizo el Grupo Eskenazi vinculado desde los aciagos días de la década del 90 a todas las administraciones kirchneristas?

En relación al modelo de gestión de Repsol en YPF, se puede observar que se ha caracterizado en todos estos años, por extraer todo el volumen de hidrocarburos posible, es decir, sobreexplotación de los yacimientos, sin realizar inversiones de capital de riesgo para mantener un horizonte estratégico de reservas (alrededor de 7 pozos anuales de exploración entre 1999 y 2005) y sin preocuparse por el daño al medio ambiente que la misma pudiera provocar (como ocurrió catastróficamente en Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Neuquén).

Es preciso recordar que la compra de YPF en el año 1999 convirtió a Repsol en una empresa petrolera mediana para los cánones del mercado internacional. Esta, como señalamos, más que interés en la exploración, ha mostrado gran habilidad en el negocio de la especulación financiera, a través del cual consiguió, por ejemplo, que sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York subieran de U$S 10 a U$S 30 por acción, una ganancia financiera del 300%, todo ello en base a una la declaración incorrecta de sus reservas probadas, donde como expresamos precedentemente, incluía las probables.

En el mediano plazo era evidente que por el tamaño de Repsol le sería difícil sobrevivir y debería afrontar ser comprada, por lo que la declaración de la baja de reservas podría considerarse “una operación de limpieza”; o como menciona el periódico digital español Hispanidad en un artículo del 24 de abril de 2006: “… Puede ser la empresa que haga subir a los gigantes mundiales un puesto en el ranking. No es lo suficientemente grande para comer, pero sí para ser comida. Este es el problema.”

Por ello, no se explica ahora el supuesto “enojo” del Gobierno que, invocando la pérdida del autoabastecimiento energético del país, dice pretender “correr” a los Eskenazi y a los españoles de Repsol de YPF. Es verdad que en los últimos tiempos se desplomaron las reservas y la producción de gas y petróleo de YPF, pero es de destacar que en los casi nueve años que lleva este gobierno en el poder –en las sucesivas presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner-, las reservas de gas cayeron 55% y las de petróleo, 15%, cuando en el mundo y la región hubo una importante expansión. Una prueba acabada de ello es que las importaciones de petróleo, realizadas por la estatal ENARSA, crecieron 20 veces desde el 2003.

En síntesis, es el Directorio el que aprueba el plan estratégico o de negocios, así como los objetivos de gestión y presupuestos anuales, para lo cual analiza la política de inversiones y financiación al momento de considerar y aprobar el presupuesto anual, teniendo en cuenta el periodo que se trate. Salvo el correspondiente al balance y memoria 2011 el resto han contado con el aval de los representantes del Estado en el Directorio y en la Sindicatura.

En virtud de esta sucesión de irregularidades, que venían dando cuenta del “vaciamiento” de la petrolera, es que el pasado 13 de abril decidí ampliar la denuncia penal que promoviéramos en el año 2006, y que aún se encontraba en pleno trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

En la cual, a modo de colofón, abordamos la cuestión del valor de las acciones en la actualidad y sus consecuencias, así como la forma en que evolucionó el retiro de áreas petroleras por parte de las provincias productoras y el viraje de 180 grados de la actitud asumida por el Estado a este respecto, mediante una ilustrativa cronología de los hechos. A saber:

• En diciembre de 2007 se firmó el acuerdo para la compra del 14.9% de las acciones con una opción a 4 años para totalizar el 25% a u$s.3.750.000.000 Por los 14.9% se pagaron u$s.2.235M. El precio de toda la compañía fue fijado en u$s.15.000M.

• En enero de 2008, como lo hicieron recientemente, las provincias petroleras informaron su intención de comprar un 10% del paquete accionario a u$s.2.000.000.000. Chubut, Sta. Cruz, Mendoza, Neuquén y Formosa, tras un encuentro con Brufau en Madrid, informaron que se acordó la posible compra del 10% del paquete accionario a igual precio que el pagado por Eskenazi (aprox. u$s. 2.000M), pero sin financiación, situación que nunca se efectivizó. Adviértase que los estados provinciales, poder concedente de las reservas, se encontraban en una posición desfavorable en relación a las condiciones de contratación obtenidas por ESKENAZI.

• En marzo de 2008 Cristian Folgar, Subsecretario de Combustibles de la Nación comenzó a exigirle a REPSOL y a otras petroleras mayores inversiones por la baja en la provisión de combustibles.

• El 16 de abril de 2008 distintos diarios locales informaron sobre la caída de reservas por más del 20.3%, respecto a DIC/05. A esta fecha las reservas probadas eran de 8.1%. (Reproducen un comunicado de la compañía a la Bolsa). Esto produjo una baja en el valor de las acciones.

• El 8 de mayo de 2008 Eskenazi compró el 0.1% a través de una OPA (Oferta Pública Abierta) con lo que completó el 15% de las acciones.

• En julio de 2008 cambia status en Bolivia para convertirse en sociedad mixta y en Ecuador cambia sus contratos, situación que no se produce en nuestro país.

• En agosto de 2008 se anunciaron perforaciones productivas en conjunto con Enarsa y Enap –Sipetrol, en las costas del Golfo San Jorge que serían iniciadas en SEP. La concesión es por 30 años. Usaron la plataforma “Ocean Scepter” y se inauguró en OCT/08. En septiembre del mismo año pasó a llamarse sólo YPF cambiando el color, logo, etc. para lucir “más argentina”.

• En septiembre de 2008 la provincia de Neuquén le extendío a Repsol YPF los contratos de explotación hasta el año 2027.

• El 6 de noviembre de 2008 Brufau visitó a Cristina Fernández de Kirchner y ratificó plan de inversiones, que contaba con el aval del gobierno argentino.

• El 13 de junio de 2009 Cristina Fernández de Kirchner viajó a Suiza en avión de REPSOL.

• El 16 de Junio de 2009 se mencionó que además del 10% de la opción de compra de Petersen, otro 30% podría comprarlo el Estado a través de ENARSA. “Repsol se quiere ir” titulaba el periódico on line TERRA en España. El 1 de julio del mismo año, el diario Crítica informó que Repsol criticó en Wall Streel al gobierno argentino. En esa nota voceros de la empresa afirmaron que recibieron distintas propuestas pero ninguna en firme luego de la pérdida en las elecciones legislativas celebradas en junio de 2009.

• REPSOL encargó a Goldman Sachs buscar compradores para YPF. Mientras tanto diarios españoles dicen que “sería ventajoso que REPSOL saliera de Argentina (El País- 5/JUL09 “El último tango de REPSOL”).

• El 6 de julio de 2009 las petroleras chinas afirmaron que lo que quieren son acuerdos de participación no la compra del 75% del paquete accionario. El gobierno argentino informó que prefiere a REPSOL como interlocutor y no a los chinos.

• En octubre de 2009 Enrique Eskenazi sigue interesado en su opción del 10% de la Compañía. El 8 de ese mes, REPSOL retomó su plan de colocar el 20% en la Bosa para ofrecerlo en MAR/10.

• 12 de noviembre de 2009 los principales accionistas de Repsol quieren la venta de la filial argentina (SACYR 20%, La Caixa con Criteria y la Caixa de Catalunya 14%).- Caída del 30.6% de los beneficios en los tres primeros trimestres del ’09.

• A principios de 2010 CNOOC compró parte Bridas Holding porque no pudo llegar a un acuerdo por YPF. Les interesa Bridas por su gasoducto en Turkmenistán. CNOOC vuelve a interesarse en REPSOL a través de C. Bulgheroni (que había vendido en u$s.3.000M el 50% de Bridas). Este último dijo estar interesado en un 20% de YPF y convertirse en su presidente (Finazas.com.es). .

• El 26 de noviembre de 2010 REPSOL registró en la SEC (Security Exchange Commission, New York) folleto para la venta del 15% de las acciones de YPF Argentina por u$s.2.360.000.000 (€.1.792, 8M).La SEC analiza la venta de YPF tras una denuncia que le presentaron los trabajadores con PPP acusando a la cía. de información falsa en el prospecto. Finalmente en diciembre de ese año vendió el 3.3% de YPF a 2 fondos de inversión por u$s.50M. Son Eton Park y Capital Guardián. Aquí el Grupo Repsol tiene el 79.84%, Petersen el 15.4% y 4.69% “free float”.

• El 31 de enero de 2011 el Citi informó que manejará la venta del 20% de YPF durante el primer trimestre del ’11.

• En febrero de 2011, durante la presentación de los resultados anuales de 2010, Repsol dijo haber "adelantado significativamente el cumplimiento de los objetivos de su Plan Estratégico" hasta 2014, que incluyen la venta de una parte de YPF hasta reducir su posición al 50.1%.

• El 8 de abril de 2011 Mendoza prorrogó hasta el año 2027 (10 años) la concesión a REPSOL de 16 zonas. Adviértase que alguna de ellas fueron retiradas al año siguiendo aduciendo incumplimientos que paradójicamente no fueron tenidos en cuenta por el ejecutivo provincial un año antes, cuando la relación entre el gobierno y la empresa era optima y nada hacía presagiar la ruptura.

• El 5 de junio de 2011 Eskenazi Petersen) ejerció su opción con 9 meses de anticipación y compró el 10% por u$.s. 1.304.000.000, por lo que su posición ascendió al 25.46%.

• El 10 de julio de 2011 el CEO de la empresa Brufau dijo que le venderá a 4 provincias el 10% de acciones por €.1.022.000.000 y que las mismas son Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.

• El 12 de julio de 2011 la cía. asumió el compromiso de mantener el 50.1% de YPF hasta FEB de 2013. (Publicado en diarios españoles).

• El 22 de enero de 2012 el gobierno argentino expresó su malestar por la gestión de REPSOL YPF. Una de las razones seria el retiro y giro al exterior de utilidades en DIC/11, cuando afrontaban una corrida cambiaria; también habría molestado verse forzados a mayor importación de combustibles por la falta de inversión.

• El 4 de febrero de 2012 el Gobierno argentino suprimió estímulos a las petroleras coincidentemente con la nueva visita de Brufau. Los estímulos eran Petróleo Plus y Refino Plus. Petróleo Plus beneficiaba a PAE, YPF, Occident-Sinopec Pluspetro Total Austral, Enap Sipetrol y Petrobras por $a.1.752M. Refino Plus subsidió a YPF, ESSO Y Petrobrás con $a. 351M. La primera beneficiaria era PAE que la controla British Petroleum con el 60%.El 8 de mismo mes los ministros Lorenzino y De Vido se reunieron con Brufau y negociaron la reinversión de utilidades para exploración y producción.

• El 29 de febrero del 2012 Repsol informó una baja del 90% en ganancias del 4º trimestre atribuyéndolo a la suspensión del programa Petróleo Plus y a las huelgas en la argentina, así como al conflicto en Libia. . El neto anual se redujo en un 53.3% en comparación a 2010. - Las acciones cayeron de YPF cayeron 7.55% en la bolsa de Bs. As. y las de Repsol YPF en Wall Street un 5.61% acumulando -22%.

• En la apertura de las sesiones ordinarias se esperaban anuncios de medidas que afectarían el futuro de la empresa. Al no producirse este supuesto el 2 de marzo subieron las acciones en Nueva York a u$s.29, 71 (13.3%) y en Baires a $a.146.- (16.8%).

• El 3 de marzo del corriente la provincia de Chubut intimó por decreto con un plazo de 7 días a que presenten un plan de producción sustentable e inversión para los yacimientos de: El Trébol-Escalante y Campamento Central-Bella Vista Este-Cañadón. En esa región es fuerte Pan American Energy de los Bulgheroni. (Chubut produce el 37% del petróleo del país).
En el mismo sentido, Santa Cruz le otorgó 5 días a YPF para justificar la falta de inversión amenazando sacarle concesiones en 20 yacimientos. (Santa Cruz produce el 20% del petróleo del país).

• El 6 de marzo de 2012 Mendoza emplazó a YPF a invertir en un mes los fondos acordados para 2 áreas (Malargüe y Rivadavia) bajo apercibimiento de retirarle las concesiones. La Cía. tiene el 80% de la explotación de crudo de la Pcia. que produce el 15% del total del país. En este sentido, no se tiene constancia alguna de igual comportamiento por parte del estado provincial ante los incumplimientos históricos de la Compañía en esa Provincia.

• El 7 de marzo Repsol YPF denunció una “persecución sistemática” en Argentina y advirtió que defenderá sus derechos en la Justicia, al rechazar en un comunicado las acusaciones de 3 gobiernos provinciales (Chubut, Sta. Cruz y Mendoza)

• El 8 de marzo YPF apeló en la Justicia la Resolución de la CNV que había impugnado la reunión de Directorio del 23/FEB/12. La CNV había declarado “irregulares e ineficaces” las conclusiones decisiones que se adoptaron en dicha reunión y dijo que no “aparece justificada” la decisión de impedir la participación en la reunión de directorio de los representantes del Gobierno que no ocupan formalmente sillas en el mismo. La CNV había abierto un expediente en contra de la petrolera por la denuncia de Baratta. Ante esto, la empresa retrocedió y celebró una nueva reunión de Directorio debido a la suspensión de la del 23/FEB. Participaron además de Baratta, Kiciloff y Cameron. En la misma el PE se opuso, a diferencia de otras veces que avalaba, a la memoria y el balance presentados por la empresa correspondientes al último ejercicio anual. Los representantes del Estado también habrían sugerido, por primera vez, que los dividendos aún no distribuidos sean utilizados para crear un fondo de reserva para importaciones, explotación e inversión, con el objetivo de revertir las pérdidas anunciadas.

• El 9 de marzo la Provincia de Neuquén (mayor productora de gas natural del país) solicitó a Repsol un plan de acción para mayor producción en 3 áreas: Don Ruíz, Chihuido de la Salina y Rincón del Mangrullo.

• El 10 de marzo el representante de la Compañía por el Estado Nacional Baratta declaró al diario Página 12 que “Hasta que la producción o la performance de la empresa, tanto en petróleo como en gas o en combustible no mejore, hasta que no cambie la tendencia, sí o ´si (las utilidades) tienen que ir a inversiones.” Este comportamiento, es contrario a toda su gestión al frente de la representación estatal en el directorio.

• El 14 de marzo las provincias de Chubut y Santa Cruz le retiraron a YPF las licencias de explotación de 4 áreas debido al “incumplimiento de los compromisos de inversión y las metas de producción”. En Chubut, el Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido, que vencían en 2017. En Sta. Cruz, Los Monos y Cerro Piedras (0,003%). YPF anunció que emprenderá "las medidas legales oportunas para garantizar la defensa de sus derechos y para la exigencia, en su caso, de responsabilidades públicas". Aseguró que ha realizado "las inversiones necesarias para una explotación racional y adecuada de los yacimientos" con "un crecimiento ininterrumpido" de las mismas hasta llegar a los 350 millones de dólares en 2011 lo cual "representa un incremento del 236%" desde 2009 a la fecha…
El ministro de Gobierno de Chubut, Javier Touriñan, afirmó que la compañía "no puede abandonar los yacimientos ni dañarlos, el retiro no será inmediato. El proceso de reversión puede llevar entre 60 y 90 días. En ese lapso se garantiza la continuidad del pago de salarios a los agentes". Según los analistas del sector, la caducidad no supone un golpe fuerte pues sólo posee el 16% de la explotación petrolera en Chubut. Y, sobre todo, porque hasta entonces, conservaba otro yacimiento, Manantial Behr, en donde lleva invertidos seis millones de euros en la construcción de la primera etapa de una planta deshidratadora.

• Contrariamente a lo esperable el 16 de marzo las acciones de Repsol subieron un 1.08% en la Bolsa de Madrid a pesar de la pérdida de concesiones, cerrando a Eu.19, 18.

• El 21 y 22 de marzo Repsol YPF por un comunicado informó que invertirá sus beneficios en capitalizar la empresa en lugar de lo que quería el Estado que era crear una reserva de inversiones con las ganancias de 2010 y 2011. Esto fue rechazado por el Estado argentino mediante el ejercicio de su rol en el Directorio de la Cía. Adviértase que el acuerdo avalado por el Gobierno Argentino le permitían repartir utilidades por el 90%, como advirtiéramos “supa”.Brufau se compromete a invertir $a.15.000.000.000 (€.2.600.000.000) sólo en 2012, lo que representaría un record histórico para la petrolera.

• El 23 de marzo Fitch, la calificadora de riesgo, baja la calificación de Repsol de BBB+ (nota alta de calidad aceptable) a BBB (nota media de calidad aceptable) siguiendo lo que había hecho Moody’s la semana anterior. Fitch también decidió desconsolidar a YPF del flujo de capital y deuda de Repsol, es decir que separa las cuentas de ambas Cías.

• En un análisis del periódico El País de España se informó que los inversores han rebajado el valor de mercado de Repsol en €.2.700.000.000 mientras que el valor del 57% de YPF sólo ha caído €.2.000.000.000. En la misma nota se informa además que el mayor causante de esta baja es que la exposición de Repsol en YPF es más cercana al 82% dado que financió directa o indirectamente la compra del 25% por parte del Grupo Petersen que sin no puede pagar el préstamo Repsol “cargará con el muerto”.

• El 24 de marzo Mendoza le revirtió los contratos de concesión de los yacimientos de Ceferino, en Rivadavia, y Cerro Molar 3, en Malagüe.- CFomo consecuencia de ello, Repsol anunció que iniciará acciones legales contra la provincia.

• El 26 de marzo Salta canceló concesiones a Repsol YPF. El yacimiento es Tartagal Oeste.

• El 27 de marzo el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, anunció que en 60 días creará la Empresa Provincial de Energía que tomaría la posta de la exploración petrolera incluyendo las explotaciones que se le quitaron a Repsol YPF.
• El 28 de marzo Rio Negro retiró la licencia de explotación que vencía en el 2026. Es la sexta provincia en tomar esta medida. El anuncio fue hecho luego de finalizar la reunión de la OFEPHI con Julio De Vido.

• 29 de marzo el diario ibérico ABC publicó que el Gobierno argentino estudia comprar un 33% de Repsol YPF para conseguir más peso en su consejo con 4 miembros, que declararía a la petrolera de interés público y que un 25% se lo compraría a Petersen y un 8% a Repsol. El Estado argentino destinaría un $a.18.718.000.000 (€.3.222.000.000) y Repsol mantendría un 50%. Existe una complicación para esta operación dado que según los estatutos de YPF quien realiza una oferta por más de un 14.9% debe lanzar de forma automática una oferta por el 100%, por lo que se estudia una vía alternativa. Las acciones suben 1%a $.145 por acción pero pareciera que es por el interés de Exxon de explotar Vaca Muerta junto a Repsol. Desde la privatización en 1999 el Gobierno argentino se quedó con el 0.02% de activos de YPF pero tiene el derecho a participar en las decisiones del consejo y poder de veto gracias a la “acción de oro” que mantiene.

• Repsol YPF anunció el hallazgo de petróleo convencional y de esquisto en Mendoza. El Secretario de Energía Cameron calificó de irrisorio al hallazgo y que sólo perseguía un fin mediático.

• El 31 de marzo Neuquén canceló otro contrato, siendo ahora 3 los yacimientos que les quitaron. Es el yacimiento de shale gas “Don Ruíz”. Ahora son 11 las áreas perdidas por la petrolera.

• El 2 de abril Chubut le canceló la concesión del principal yacimiento de YPF que corresponde al 10% de la producción nacional: Manantiales Behr. Las acciones se derrumbaron en 15% en la Bolsa y tocaron su mínimo en 32 meses.

• El 3 de abril el diario La Nación informó que el Gobierno estudia las vías legales para entrar en YPF. Según la información referida, tiene 2 caminos, sentarse a negociar con los dueños o expropiarla. En ninguno de los dos casos estaría a salvo de obstáculos. Las acciones de Repsol-YPF se derrumbaron 17,5% una hora y media antes del cierre en la Bolsa de Buenos Aires, en medio de versiones de una intervención gubernamental en la compañía. El valor de la petrolera bajó u$s.6.980 M y el precio de mercado quedó en torno a u$s.9.070 M, según la prensa.

• El 5 de abril Rio Negro quitó la concesión del yacimiento de Ñirihuau. Esta medida no tiene impacto en la producción ya que el área está en sociedad con Pluspetrol y es sólo de exploración.

• En los últimos tres meses la acción cayó €.5, 14 en la Bolsa de Madrid. Pasó de €.23,4 a €.18,26.

De la cronología enunciada precedentemente se desprenden las siguientes conclusiones:

- Que era voluntad de REPSOL salirse del negocio en la Argentina, situación que habría sido informada a los accionistas en ocasión de la presentación del Balance de Gestión 2010 . En igual sentido y abonando esta tesis, información que como prueba documental se acompaña a la presente que indica que en 12 de julio de 2011 la compañìa asumió el compromiso de mantener el 50.1% de YPF hasta FEB de 2013.

- Que REPSOL fue desprendiéndose de manera paulatina de sus acciones. Adviértase que el 31 de enero de 2011 el Citi informó que manejará la venta del 20% de YPF durante el primer trimestre del ’11.

- Que el Estado Argentino y las provincias concedentes avalaron el plan de inversiones de la empresa, a saber:

• Tanto el representante del Estado Argentino en el Directorio Roberto Baratta, como los Síndicos por el Estado (SIGEN) avalaron los estados contables, memorias y plan de inversiones por unanimidad hasta el ejercicio 2011 .
• Las provincias productoras ofrecieron en más de una oportunidad asociarse a Repsol, aun en condiciones menos ventajosas que las obtenidas por los Eskenazi. El 10 de julio de 2011 el CEO de la empresa Brufau anunció que le venderá a 4 provincias el 10% de acciones por €.1.022M. Son: Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.
• Durante 2010 y 2011 las provincias de Neuquén y Mendoza renovaron por 10 años las concesiones, sin alegar incumplimiento alguno por parte de la empresa.
• Tanto con el ingreso de capitales chinos como en relación a PEMEX, el gobierno argentino informó su voluntad de que REPSOL siga teniendo la posesión dominante en la Compañía.

- Que el Estado Argentino avaló un reparto de utilidades del 90% y que deje de liquidar en el país hasta el 70% de lo obtenido por sus exportaciones lo que produjo el vaciamiento de la Empresa. Asimismo, no sancionó la manipulación de las reservas los que provocó una maniobra financiera denunciada y sancionada por distintos países y por la SEC.

- Que el gobierno argentino nunca uso la Acción de Oro avalando de este modo todas las maniobras denunciadas y enumeradas en la presente.

- Que la estatal ENARSA por su Ley de creación tiene la titularidad de los permisos de exploración y concesión de la explotación de todos los bloques ubicados en la plataforma continental que no estaban adjudicados al momento de la concesión. El 27 de agosto 2008 ENARSA, YPF y ENAP SIPETROl junto con funcionarios del Ministerio de Planificación (De Vido-Baratta) anuncian un proyecto de exploración en el mar Argentino por 150 millones de dólares. Asociándose, como en otras oportunidades, el Estado Argentino con REPSOL YPF. El 9 de agosto de 2011 ENARSA suspende la licitación de 32 áreas de exploración petrolera por la crisis. La falta de exploración es una constante en el desarrollo de la matriz energética durante los 10 años de kirchnerismo. Desde el 2003 Argentina aumento en 20 veces las importaciones en petróleo.

Destacando, que a través de su director y su síndico, el Estado puede plantear objeciones a decisiones de la empresa, como el reparto de dividendos entre accionistas en lugar de incrementar sus inversiones. No obstante, quienes ocuparon ese lugar desde la privatización a la fecha en ningún momento objetaron la política general de la compañía hasta principios del 2012.

Según los Estados Contables al 31 de diciembre de 2011, el capital suscripto es de 3.933 millones de pesos y está representado por 393.312.793 acciones ordinarias, escriturales, divididas en cuatro clases de acciones (A, B, C y D) de valor nominal $ 10 con derecho a un voto por acción que se encuentra totalmente suscripto, integrado y autorizado a la oferta pública.

Al 31 de diciembre de 2011, Repsol YPF S.A. (“Repsol YPF”) controla la Sociedad, mediante una participación directa e indirecta de aproximadamente 57,43%, mientras que Petersen Energía S.A. (“PESA”) y sus sociedades afiliadas ejercen influencia significativa mediante una tenencia del 25,46% del capital de la Sociedad. Adicionalmente, Repsol YPF había otorgado una opción para adquirir hasta un 1,6% del capital accionario de YPF a otros accionistas minoritarios, la cual ha vencido sin haberla ejercido a la fecha de emisión de estos estados contables.
Según el Diario de España “La Vanguardia” el Gobierno argentino de Cristina Fernández indico en septiembre de 2011 que si ingresara la Petrolera Mejicana PEMEX usaría la acción de oro que tiene en la petrolera argentina YPF...
El diario indica que el 9 de septiembre de 2011, se celebró en Buenos Aires, en la sede de la petrolera YPF, una reunión extraordinaria del directorio (que viene a ser el homólogo del consejo de administración en las empresas españolas), que duró una hora, para solicitar explicaciones sobre los últimos cambios acontecidos en la petrolera. Tras la misma, YPF envió un comunicado en el que queda plasmado que no se admitirán cambios en el actual plan estratégico, lo que supone un respaldo total al actual equipo de Repsol.
La nota concreta que "las autoridades de Repsol ratificaron los planes de inversión en el país comprendidos en el periodo 2010-2019 y descartan cualquier modificación en los proyectos que tienen para su filial en la Argentina”. El consejo extraordinario fue solicitado por Roberto Baratta, actual subsecretario de coordinación y control de gestión del Ministerio de Planificación y que representa al gobierno en la petrolera argentina.
En aquella oportunidad el Gobierno Argentino se mostró plenamente conforme con el accionar de la compañía, tal es así que solicitó "ser informado en tiempo y forma de cualquier circunstancia que pueda implicar una modificación en el actual funcionamiento de la empresa". Pidió también "garantizar formalmente el plan de inversión 2010-2019".Además de Baratta, representante de la Casa Rosada, acudió al encuentro Antonio Brufau, presidente de Repsol. Según fuentes cercanas al Gobierno argentino, ambos ejecutivos próximos al nuevo tándem Sacyr-Pemex (Font y Morales- Gil) han tratado, a lo largo de la última semana, lograr un encuentro con el Ministro de Planificación, Julio De Vido, o en su defecto con la propia presidenta Fernández, para explicar los planes de Sacyr y Pemex (29,51% del capital en Repsol), pero se les ha negado el encuentro. El gobierno argentino tiene claro que el interlocutor español en YPF de Repsol es el propio presidente, Antonio Brufau. Así pues, Argentina deja patente que no quiere que Pemex gane peso en Repsol ( La vanguardia – Economia-10/9/11).
Con motivo de lo reseñado he sostenido en la ampliación de denuncia, que resultan evidentes las conductas delictivas desplegadas por las autoridades de YPF S.A., particularmente el Presidente Antonio Brufau Niubó, el Vicepresidente Enrique Eskenazi, los integrantes del Directorio, sus actuales Directores, los miembros de la Comisión Fiscalizadora, y toda aquella persona que en virtud del cargo ocupado en YPF, hubiera participado y/o avalado los sucesos descriptos precedentemente.
Entendiendo que a esta altura es posible presumir que han sido cometidos crímenes en contra del orden económico y financiero (Título XIII de Libro Segundo del Código Penal –arts. 307, 309 y concordantes-), así como eventuales delitos de evasión fiscal, lavado de activos -Ley 25.246-, y administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 C.P.), fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 C.P.), entre otros, por parte de los directivos de la empresa petrolera. En virtud de las acciones desplegadas en las operatorias ut supra relatadas.

Todos ellos, cometidos en pleno conocimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que al menos, ha omitido fiscalizar y tomar las medidas de cuidado que le eran exigibles por su rol de control.

Destacando que Roberto Baratta fue designado como miembro del directorio de YPF el 26 de abril de 2006 (Director Titular de las acciones clase “A” por el Estado Nacional en YPF S.A.), y que el gobierno renovó el apoyo a dicho funcionario y lo ratificó como Director Titular de la petrolera YPF en representación de las acciones clase "A" propiedad del Estado Nacional, a partir del 26 de abril de 2011, a través del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1215/11.

Entre los antecedentes más destacados de Baratta se encuentra ser un hombre de extrema confianza del Ministro Julio De Vido quien ya -con anterioridad- lo había designado Subsecretario de Coordinación y Gestión de Planificación Federal.

Pero lo cierto es que el funcionario, al igual que el Lic. Santiago Carnero, fueron partícipes directos de los procesos señalados, como lo dijéramos, ha avalado con su intervención de todos estos años, las conductas perjudiciales al interés del Estado y eventualmente delictivas, relatadas precedentemente.

Por lo que solicité se investigue especialmente, la posible comisión de conductas típicas por su parte, en tanto, su conducta configuraría al menos, una violación de deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 C.P.), una posible administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública (art. 174, inc. 5), y una presumible participación en los delitos en contra del orden económico y financiero (Título XIII de Libro Segundo del Código Penal), y de evasión y lavado de activos, que habrían sido cometidos por el resto de las autoridades de YPF; y/o en el encubrimiento de los mismos, al menos, en virtud del art. 277, inciso 1.d, con la agravante prevista por el inciso 3. D.

j. Expropiación de YPF. La autoincriminación del PEN. El reconocimiento de los ilícitos denunciados y la nueva ampliación de la denuncia penal
El 16 de abril de 2012, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio una conferencia de prensa a fin de anunciar la elevación del proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF SA.
El proyecto de ley expropiación de YPF, elevado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Mensaje del PEN N° 529/12, y la intervención dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 530/2012, son prueba que el vaciamiento de YPF ha sido avalado por el gobierno.
En los fundamentos del proyecto de ley se consignan hechos que hemos venido denunciando públicamente y en las presentes actuaciones, que dan cuenta del conocimiento cierto que tienen y han tenido la mandataria y los funcionarios competentes del más alto rango, de la grave situación en la que se sumiera a YPF S.A. en estos últimos años, bajo el propio gobierno del matrimonio Kirchner.

Entre otros reconocimientos pueden leerse: “Como se verá a continuación, la estrategia de carácter predatorio ejercida por parte de REPSOL como controlante de YPF tuvo serias consecuencias para la economía nacional y, seguramente, se profundizarán si el Estado no toma intervención en el funcionamiento de la empresa.

En primer lugar, la estrategia de reducción de la producción por parte de la compañía implicó la progresiva pérdida de soberanía energética de Argentina, puesto que las cantidades importadas de combustibles superaron a partir de mediados de 2010 a las exportadas (…)”.

Lo que llama la atención de los suscriptos, en cuanto si bien coincidimos en calificar como “predatoria” la conducta observada por las autoridades a cargo de YPF S.A., insistimos en preguntarnos por qué motivos el Estado no ha tomado intervención mucho antes, cuando pudieron haberse evitado muchas de las consecuencias nefastas del accionar orquestado por REPSOL, que terminaron con el vaciamiento de la petrolera.

La respuesta surge como evidente: los funcionarios mencionados, a pesar de conocer las distintas maniobras realizadas por dicha empresa, avalaron las mismas, al menos, “dejando hacer”; no utilizaron la Acción de Oro que está en sus manos, el Director que debía representar los intereses del Estado —salvo el último— suscribió siempre de acuerdo, los balances de la empresa.

Por eso, es que en su momento denunciamos que lo que desde el gobierno argentino se presentaba como “un paso hacia la nacionalización” del petróleo, no fue otra cosa que una ayuda a la salida de Repsol- YPF de un escenario altamente desfavorable, que se remontaba desde hace años atrás con el proceso de desinversión del grupo español en Argentina junto con los altos niveles de retención a la exportación del crudo y precios máximos en la venta de combustibles al mercado interno, donde Repsol-YPF era el líder.

Es decir, hoy vuelve a pasar aquello que ocurriera cuando la venta del 25% de la acciones al Grupo Petersen de los Eskenazi, durante el gobierno de Néstor Kirchner: con el mismo doble discurso de la década del 90, lo que se pretende presentar como una “nacionalización” de la empresa, no es otra cosa más que otra acción del gobierno –esta vez de Cristina Fernández de Kirchner- que -más allá de la “pelea” por el precio de las acciones-, en definitiva, termina beneficiando a Repsol –para quien YPF S.A. ha dejado de resultar rentable como negocio financiero-, y perjudica a los intereses de la Nación, en tanto se ha permitido, escandalosamente, la descapitalización y el saqueo de las reservas de la petrolera.

Sigue diciendo el proyecto de ley en sus fundamentos:

“Así, la política de virtual vaciamiento, al aplicar una lógica operativa más cercana al mundo financiero que al productivo, ejecutada por REPSOL -YPF multiplicó las importaciones de combustibles por 11 veces entre los años 1995 y 2011. Para este último año, el nivel de importaciones de combustibles alcanzaba los US$ 9.397 millones, prácticamente equivalente al saldo comercial total del país, que para ese mismo año ascendía a los US$ 10.347 millones.

El análisis de la información de producción de petróleo y de gas, por su parte, muestra a las claras la responsabilidad que le cabe a REPSOL -YPF en este proceso. Entre los años 1998 y 2011 la producción total de petróleo de Argentina se redujo en 15,9 millones de m3, de los cuales 8,6 millones de m3 fueron responsabilidad de REPSOL -YPF. En el mismo sentido, la producción total de gas se redujo entre 2004 y 2011 en 6,6 miles de millones de m3, de los cuales 6,4 miles de millones correspondieron a REPSOL -YPF. Vale decir que esta compañía fue responsable del 54% de la caída de la producción de petróleo y del 97% de la caída de la producción de gas. De hecho, si YPF hubiera logrado mantener los niveles de producción de petróleo del año 1999 y los niveles de producción de gas del año 2004, la caída en el primero de estos hidrocarburos se habría reducido a la mitad, mientras que en el caso del gas la producción no habría registrado reducción alguna. Es por eso que el país debió importar combustible para satisfacer las necesidades de su crecimiento.

El accionar de REPSOL -YPF a lo largo de los últimos años demuestra que los intereses del accionista mayoritario y controlante no han coincidido con las necesidades de la República Argentina, en tanto ha determinado una caída de la producción y una reducción en el horizonte de reservas que compromete la soberanía energética del país. Como se verá a continuación, queda en evidencia que el proceder de la empresa se encontró guiado por una lógica cortoplacista encaminada a la expansión mundial y lindera con la actividad especulativa, que se tradujo en el vaciamiento progresivo de la principal empresa de nuestro país.

El actual déficit energético de Argentina se encuentra estrechamente asociado con las políticas llevadas adelante por parte del accionista mayoritario, REPSOL, a lo largo de la última década. Dicho comportamiento implicó un nivel de inversiones que resultó insuficiente para garantizar la expansión de la producción que requiere una demanda doméstica en continuo crecimiento, en el marco del proceso de expansión económica más significativo en la historia de nuestro país”.

Insistimos en que no debe olvidarse que esa política de reparto de dividendos, agresiva y absolutamente contraria a la realización de una política de inversiones posible y sustentable, fue conocida y consentida desde el Gobierno Nacional.

Es así que nos volvimos a presentar ante la Justicia Federal, el pasado 17 de abril, a fin de ampliar nuevamente nuestra denuncia, destacando que el reconocimiento por parte del PEN del actual déficit energético de Argentina, y de que el accionar de REPSOL -YPF a lo largo de los últimos años demuestra que los intereses del accionista mayoritario y controlante no han coincidido con las necesidades de la República Argentina, no se erige a estas alturas como un fundamento o causa de un acto de gobierno, sino más bien como una “confesión” de las propias violaciones a los deberes de funcionario público, y hasta de eventuales participaciones en los ilícitos señalados, que deben ser investigados.

Asimismo, la Jefa de Estado hizo público el dictado del DNU 530/2012, publicado en el Boletín Oficial, en el Suplemento correspondiente a la edición N° 32.378 del 16/04/2012. Mediante el cual dispone la intervención transitoria de YPF SA. por un plazo de TREINTA (30) días, designando para el cargo de interventor, nada menos que al Ministro Julio de Vido y luego también al Viceministro de Economía, Axel Kicillof, para el mismo cargo.

En la misma línea que el proyecto de ley, se señala en los considerandos del Decreto:

“Que si bien YPF S.A. es la mayor empresa del sector petrolero de nuestro país, su accionar a lo largo de los últimos años demuestra que los intereses del accionista mayoritario han sido distintos a los de la República Argentina, en tanto ha determinado la disminución de las inversiones, la caída de la producción y la reducción en el horizonte de reservas que compromete la soberanía energética del país, quedando en evidencia que el proceder de la empresa se encontró guiado por una lógica cortoplacista encaminada a la expansión mundial y lindero con la especulación y que se tradujo en el vaciamiento progresivo de la principal empresa de nuestro país, la cual repercutió negativamente en la producción y en el nivel de reservas (…)se ha asistido a una profundización de la estrategia de virtual vaciamiento de la empresa, proceso que se ha plasmado en un sensible aumento en la remisión de utilidades y dividendos al exterior.

Que, la política depredatoria llevada adelante por el principal accionista desde el año 1999 condujo a una sistemática pérdida de la relevancia de YPF S.A. en el mercado hidrocarburífero local. Mientras numerosas empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, expandieron sus inversiones, y con ello su producción, se verificó una disminución progresiva de la relevancia de YPF S.A. en la producción de hidrocarburos. Así en el año 1997 YPF representaba el 42% de la producción petrolera y el 35% de la gasífera en nuestro país, participación que se redujo en el año 2011 al 34% y 23%, respectivamente (…).

Que esta misma estrategia se verifica en la producción de gas. Una vez agotados todos los yacimientos descubiertos en las etapas previas, la falta de inversiones condujo a una contracción en la producción gasífera por parte de Repsol-YPF. Así, mientras que entre 1997 y 2004 la producción de gas de la compañía aumentó un 33%, entre 2004 y 2011 se redujo un 38%.

Que al igual que lo que ocurrió con la producción de petróleo, la política de inversiones en materia de gas determinó la caída de la producción y de la participación en el mercado por parte de la compañía: Repsol-YPF redujo su cuota de mercado entre 1997 y 2011 en más de 11 puntos porcentuales (…)

Que, la sistemática falta de inversiones por parte de la compañía condujo a una significativa caída en las reservas de petróleo en las áreas de concesión de Repsol-YPF. Así, las reservas de petróleo de Repsol-YPF se redujeron entre 2001 y 2011 un 50%.(…)

En el caso de las reservas de gas, la reducción del horizonte de reservas ha obligado a la importación de este combustible, con la consecuente necesidad de financiar esas compras con divisas. De hecho, desde 1999 las reservas de gas de Repsol-YPF se redujeron en más de un 55%.

Que esta reducción ha sido tan drástica que determina una caída del horizonte de reservas de gas de los casi 17 años que se registraban en 1997 a solo 7 años en 2011.(…)el comportamiento de Repsol-YPF implicó para Argentina un fuerte deterioro en términos de la capacidad de autoabastecimiento en materia de combustibles. El resultado de este movimiento produjo una creciente necesidad de importaciones de combustibles que implica una mayor vulnerabilidad externa…

Que la estrategia predatoria por parte de Repsol-YPF tuvo serias derivaciones para la economía nacional, puesto que como consecuencia, las cantidades importadas de combustibles superaron a partir de mediados de 2010 a las exportadas.(…)

Que en conclusión, la política predatoria ejecutada por Repsol-YPF implicó que por primera vez en 17 años Argentina experimentara un saldo comercial deficitario en materia de combustibles, que alcanzó en 2011 los US$ 3.029 millones.(…)

Que en consecuencia resulta imperioso asegurar el abastecimiento de combustibles, con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades del país, siendo para ello necesario disponer medidas concretas en tal sentido”.

Cabe realizar otra consideración: la propia Jefa del Poder Ejecutivo Nacional está confirmando con sus propios actos el alto nivel de conocimiento que ostenta de la grave situación que, por otro lado, ha convalidado hasta la fecha.

Lo mínimo que uno podría preguntarse es si no ha habido de su parte una conducta constitutiva de encubrimiento de los delitos que aquí se investigan por cuanto no los ha denunciado ni ha actuado a tiempo para impedirlos o para que cese la comisión de aquellos.

Por ello, recurrimos a la Justicia para ampliar las denuncias presentadas a fin de solicitar que se investigue la participación de la titular del Poder Ejecutivo Nacional — Cristina Fernández de Kirchner—, del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios —Julio De Vido—, del Viceministro de Economía —Axel Kicillof— y de todo otro funcionario que hubiera avalado con su conducta y/o suscripto el dictado de las normas de referencia, tal como los Ministros que suscribieran el Decreto N° 530, en acuerdo de Ministros, en las maniobras ya denunciadas de “vaciamiento” de la empresa YPF S.A. que se han provocado, mediante su descapitalización, así como en las conductas “predatorias” en perjuicio de las reservas de gas y petróleo.

4. Etapa post revolucionaria: pago de la indemnización a los responsables del vaciamiento. Irregularidades sobre la determinación del precio a pagar

a. Expropiación

El mismo 17 de abril de 2012, se celebró reunión plenaria de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y de Minería, energía y combustibles, del H. Senado de la Nación, con motivo del tratamiento del proyecto de ley de expropiación de YPF.

En aquella expusieron los interventores designados de YPF, el Viceministro de Economía y Finanzas, Axel Kicillof, y Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, quienes fueran invitados para informar sobre el proyecto a tratarse.

Lo destacable ha sido la actitud adoptada por el Viceministro de Economía y Finanzas, quien en consonancia con el tenor de los fundamentos del proyecto, así como de los considerandos del DNU que dispusiera la intervención, ha reafirmado en reiteradas oportunidades la existencia y el conocimiento que tiene el PEN del vaciamiento de YPF, de la conducta predatoria de REPSOL respecto de las reservas de la petrolera, de las conductas de especulación y manipulación de las acciones que ha hecho REPSOL y de la “beneficiosa” operación de compra-venta celebrada con el grupo Petersen de los Eskenazi.

En tal sentido, es posible leer en la versión taquigráfica de dicha reunión plenaria cómo Axel Kicillof se jacta de conocer “el paño” de empresarios como el Presidente de la compañía, al decir: “... Estos empresarios como Brufau, ¿qué van a entender lo que estamos haciendo? Ellos están pensando en la expansión trasnacional de un grupo, cosa que han hecho en buena medida a expensas de los dividendos girados por nuestra compañía petrolera”.

Y tal como lo viniéramos sosteniendo, aseguró:

“… pero lo decían los propios diarios españoles y lo leyó la propia presidenta: Repsol, antes de apropiarse de YPF, era una empresa muy pequeña que prácticamente no tenía producción de hidrocarburos, y ahora se ha convertido en lo que es”.

Siguió diciendo el Viceministro de Economía: “La remisión de utilidades. Porque la remisión de utilidades se acentuó en los últimos años. Porque estaban en la consumación de una política.

Entonces, baja la producción, y si YPF hoy es poco en el mercado doméstico es porque YPF quiso ser poco en este segmento porque no era el segmento donde tenía mejores precios desde su punto de vista”.

De ahí que sus palabras resulten contradictorias con un eventual desconocimiento respecto de quién fue siempre REPSOL. Por ello resulta una burda mentira que el estado de situación que hoy utilizan como fundamento para la expropiación, les fuera desconocido.

Asimismo, señaló: “Este gráfico es el que mostró Cristina, la presidenta, con respecto a la evolución del nivel de reservas de petróleo. Una caída del 50 por ciento de la reserva. Hemos hablado estos días con muchos petroleros que nos decían: una empresa petrolera que pierde reservas de un año al otro, toda la industria petrolera la mira con desconfianza, porque el día que baja 1 por ciento el nivel de reservas, la empresa sabe que está poniendo en cuestión su supervivencia. Pero esto es un grupo, que habrá puesto sus recursos para producir en otro lado, o porque los costos eran menores o porque los precios eran mayores, y le daba más rentabilidad de corto plazo.

Sigamos. Otro tanto con la reserva de gas: 55 por ciento se redujeron”.

El Grupo Repsol se estaba desprendiendo de propiedad accionaria de YPF voluntariamente; y estaba, además, lo de no comprometerse tanto con el país.

Acá estamos en presencia de un grupo que retiró ─Repsol sola─ como dividendos cerca de 16 mil millones de dólares. Así que, en términos estrictos, podría decirse que ya recuperó lo que puso en dividendos, no en títulos. En dólares contantes y sonantes, que se llevó al extranjero. Pero no sólo eso, porque, además, vendió al Grupo Petersen el 25 por ciento de la compañía por 3.539 millones de dólares. Lo vendió al Grupo Petersen y el Grupo Petersen no disponía de este efectivo; por lo tanto, se endeudó y decidió pagar a través de los dividendos. Esto es un acuerdo privado de accionistas. Con lo que reconoce expresamente el exitoso “negocio” con el cual el gobierno, a través de su aval y cobertura, benefició a los Eskenazi.

Pareciera desconocer el señor Viceministro que lo ocurrido antes de su asunción en el cargo para el que fuera designado en el PEN, le es imputable al mismo gobierno que integra; al menos lo ocurrido nueve años a esta parte. Que los mismos que hoy se “rasgan las vestiduras” son quienes avalaron o al menos consintieron o “dejaron hacer”. Como fuera explicado.

Incluso, Kicillof, a pesar de las valoraciones que realiza, reconoce la existencia de la denominada “acción de oro”. A continuación transcribimos sus palabras:

Sr. Viceministro de Economía:

…Ese director que tenemos es porque la acción de oro desapareció, porque ahora tenemos una acción de oro boba. ¿Cuánto tenemos? 0,9 por ciento…
Sr. Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios. – No, una acción.
Sr. Viceministro de Economía. – Una acción. Y por eso tenemos un director de diecisiete. Ese director ha acompañado todas las políticas de este gobierno, en términos de que hubo momentos en que parecía que esos señores, y nunca si no me equivoco… Bueno, el año pasado Barata votó en contra… ¿de?…
Sr. Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios. – La remisión…
Sr. Viceministro de Economía. – La remisión de utilidades. Porque la remisión de utilidades se acentuó en los últimos años. Porque estaban en la consumación de una política.

Por otro lado, el propio Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios –quien quizás por su activa participación en todo el proceso, prefirió no hacer mucha “alharaca”- termina por reconocer el estado de emergencia del sector: “…tuvimos que importar hidrocarburos por las falencias, muy graves, que tuvo Repsol en toda esta historia, desde 1999 en adelante; y no desde 2003; aunque desde 2003 en adelante también, porque fue una constante”.

En el mismo sentido, con fecha 25/04/2012, en la página web de la petrolera se ha publicado un comunicado suscripto por “Intervención YPF”, como respuesta a Repsol, por la solicitada que publicara el día anterior en los diarios de mayor circulación del país.

Así, esa intervención señala que, contrariamente a lo que sostiene Repsol, el nivel de inversión de la compañía fue "insuficiente".

Al respecto, afirma la intervención, sin hesitaciones: "Entre 1999 y 2011, las reservas de petróleo de YPF se redujeron en un 40,5% y las de gas en un 47,1%, mientras la producción de petróleo caía un 38,3% y la de gas un 25,4%. Se trata de una conducta depredatoria (sic). Una compañía petrolera que cada vez produce menos al tiempo que sus reservas decrecen, está siendo vaciada".

Asimismo señalaron: "las inversiones no se dirigieron hacia las actividades de exploración que conducen a nuevos descubrimientos". "El grupo Repsol se dedicó a buscar petróleo en otros países como Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argelia, Libia, Estados Unidos, Brasil, Angola, Rusia, Irlanda, Irak, Túnez y Portugal. Así lo reconoce en su página de internet donde afirma que "los pilares de su estrategia son el aumento de la producción y las reservas, la diversificación geográfica de la actividad con el incremento de su presencia en países de la OCDE".

Concluyendo el comunicado sosteniendo: “La inversión de Repsol fue insuficiente porque provocó una reducción en la producción y las reservas de YPF ocasionando un enorme perjuicio para la empresa y para el país”.

Por otro lado el Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, también reconoció públicamente lo evidente del vaciamiento de la empresa al señalar: "si uno considera que una compañía, en cualquier rubro, tenía el 43 por ciento de un mercado y al cabo de unos años tiene el 34 por ciento, eso quiere decir que algo pasó, que algo no hizo".

Al respecto, el jefe de la cartera económica destacó que el comportamiento de YPF en manos de Repsol "explica el 54 por ciento de la caída de la producción de petróleo y el 97 por ciento de la caída de producción de gas".

Tras recordar que "gran parte de nuestra energía eléctrica se abastece de gas", el ministro sostuvo que la política de Repsol de remitir utilidades, endeudar a la compañía y no producir implicó un perjuicio para la economía, que se tradujo en un perjuicio para la gente".

"El concesionario tiene la obligación de no bastardear el recurso que le están otorgando", enfatizó el funcionario, quien cargó contra Repsol por haber distribuido entre 1999 y 2011 "15.728 millones de dólares" de utilidades de YPF, mientras que todo el grupo, a nivel global "distribuyó 13.370 millones de dólares" (“YPF acusó a Repsol de aplicar una política "depredatoria" de los recursos naturales”, lanación.com, 25/04/2012).

Todas declaraciones de indiscutible tenor auto-incriminatorio, por parte del Poder Ejecutivo.

Sumado a ello, el ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, luego de que una publicación del diario Tiempo Argentino, del 22/04/2012, lo apuntara como "lobbista" de la empresa Repsol, salió a aclarar que había sido contratado por la compañía española como "consultor en temas coyunturales", por gestiones que realizó el propio ex Presidente Néstor Kirchner.

El ex funcionario aseguró que su puesto era de “consultor externo” y que lo consiguió en 2008 gracias a una “gauchada” del propio ex presidente Néstor Kirchner.
"Cuando dejé la Jefatura de Gabinete tuve un problema de salud que me dejó fuera de circuito durante veinte días. Cuando volví, me reuní con Kirchner, que se preocupó por mi situación laboral y para ayudarme le propuso a la gente de YPF que me contrate", contó el ex jefe de gabinete kirchnerista”. (ver nota “Alberto Fernández confesó que Néstor Kirchner le consiguió trabajo en YPF”, diario Perfil.com del 23/04/2012), dijo.
b. Irregularidades sobre la fijación del precio a pagar por la expropiación
El Ministro de Economía, Axel Kicillof, había asegurado que una vez que el Tribunal de Tasaciones de la Nación interviniera el Estado Argentino no debería pagarle nada a la empresa española. En consecuencia, desde el estado argentino dieron a entender, en reiteradas oportunidades, que nuestro país no iba a indemnizar a Repsol.
Sin embargo, —como anteriormente lo expresamos— en el año 2013 el gobierno nacional anunció un preacuerdo —sin ajustarse a las prescripciones legales que deben observarse para ver si corresponde o no realizar el pago— por el que el Estado Argentino indemnizaría a Repsol.
Como consecuencia de ello, en diciembre de aquel año hemos presentado una nueva ampliación de la denuncia realizada en el 2006 a través de la cual manifestamos que el preacuerdo entre el Estado Argentino y Repsol evidenciaba la complicidad del gobierno argentino en la descapitalización y vaciamiento de la empresa.
Asimismo, en aquella presentación describimos las falencias del proceso para determinar el monto con el que se indemnizaría a Repsol.
Así las cosas, el 25 de febrero de 2014 el Ministro de Economía, Axel Kiciloff, anunció el acuerdo del gobierno argentino con Repsol para el pago de una “compensación” por la expropiación de YPF por el que ambas empresas renuncian a toda acción o reclamo legal recíproco como consecuencia de la expropiación de la compañía.
Finalmente, el 27de febrero de 2014 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en representación del Estado Nacional, por una parte, y Repsol S.A., Repsol Capital S.L. y Repsol Butano S.A., por la otra, suscribieron el “convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación”. Dicho acuerdo —que fue presentado en el Congreso Nacional para ser ratificado— prevé que el estado argentino le pagará a Repsol la suma de USD 5000 millones.
El precio constituyó el punto central de las negociaciones entre las partes firmantes del Convenio. Antes de arribar a la cifra consensuada de forma amigable, la relación entre REPSOL y el gobierno argentino fue más bien conflictiva. Al inicio del proceso expropiatorio, los funcionarios del gobierno argentino denunciaron que REPSOL “había subestimado los pasivos ambientales”, “ocultado información financiera” y “licuado activos” y que “existían pasivos por 9.000 millones de dólares”, y afirmaron que la compañía sería denunciada por ello. Luego, REPSOL denunció al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En el último tiempo el Ministro de Economía argentino, cambiando radicalmente su posición inicial, sostuvo que YPF era una empresa exitosa, que estaba ganando dinero, que gozaba de un patrimonio neto positivo, y que su valor en bolsa era muy elevado. Según el Ministro, el problema simplemente residía en que las decisiones empresariales de YPF no coincidían con los intereses del país.
El proceso que llevó del enfrentamiento inicial a la solución amigable fue confuso y enmarañado. Algunas declaraciones parecían hacer subir el valor de la compañía, y por lo tanto el monto que la Argentina debía pagar, mientras otras lo reducían. En el ínterin, durante estos dos años trascendieron distintas cifras, algunas más altas, otras más bajas.
El monto que finalmente se cristalizó en el Convenio de Solución Amigable emergió, entonces, de un proceso poco claro. Las negociaciones se mantuvieron en un ámbito estrictamente confidencial (tal como lo explicitó el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación –el Dr. Zannini– en la reunión plenaria del Honorable Senado de la Nación, al señalar que “…conformamos un equipo reducido que lo trabajó con un mecanismo confidencial de ambas partes…”).
Ahora bien, el problema radicó en que el Tribunal de Tasaciones de la Nación no ha emitido el informe sobra la valuación de la compañía sino que, simplemente, se ha limitado a decir que el acuerdo le parece justo y razonable. Dicha situación viola de manera manifiesta las leyes 26.741 y 21.499 que expresamente prevén su intervención en dicho procedimiento.
Por lo tanto, el Tribunal de Tasaciones de la Nación no emitió un informe en el que detalladamente evalúe los bienes de la compañía, sus activos, sus pasivos y sus deudas contingentes con el fin de determinar el valor de las acciones expropiadas.
Reiteramos, el tribunal se limitó a señalar que el acuerdo fue justo y razonable. Sin embargo, el procedimiento es muy claro al respecto: El Tribunal de Tasaciones de la Nación debe emitir un informe sobre la valuación de la empresa.
En suma, nos encontramos frente a un acuerdo con Repsol —por el que el Estado Argentino le pagaría la suma de U$S 5.000, más intereses— pero, sin embargo, no existía el debido informe —completo y detallado— sobre la valuación de la compañía. Solamente había un primer informe parcial —presentado luego de que en diciembre de 2013 denunciáramos que, frente al anuncio del preacuerdo, no se había cumplido con el procedimiento de valuación de la empresa— y un segundo informe —presentado dos días antes de la celebración del acuerdo— que escuetamente menciona que el precio acordado era justo y razonable.
Como consecuencia de ello, el día 13 de marzo de 2014 —junto con los Diputados Nacionales Fernando Sánchez y Pablo Javkin, y la Diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Paula Oliveto Lago— hemos presentado una denuncia penal contra Daniel Eduardo MARTIN —Presidente de la sala Ad Hoc YPF del Tribunal de Tasaciones de la Nación, creada por la resolución TTN 9/13— y Galdino Alberto CATTANEO —Presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación— por la posible comisión de los delitos de fraude en perjuicio de alguna administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, contemplados en los artículos 174 inc. 5°, 248 y 249 del Código Penal.
Sin embargo, posteriormente apareció un segundo informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación sobre la valuación de la compañía, con fecha 17 de febrero de 2014.
Por lo tanto, de los dos informes efectuados por el tribunal —el 12 de diciembre y el 17 de febrero— surge que la compañía está valuada en U$S 4.992.449.745.
A nuestro juicio resultó altamente sospechoso que el resultado de la suma las dos valuaciones sea casi idéntico al valor que previó el acuerdo arribado entre el Estado Argentino y Repsol YPF.
Por ello, hemos presentado una ampliación de la denuncia contra los miembros del Tribunal de Tasaciones de la Nación efectuada el 13 de marzo de 2014. Dicha ampliación tuvo el siguiente fundamento: el informe con fecha 17 de febrero de 2014 no fue realizado con el rigor profesional exigido por la normativa vigente —para que realmente se conozca el valor de la compañía— sino que, simplemente, fue efectuado con la sola finalidad de cumplir con un requisito de “formalidad”. Ello así, pues, no nos resulta razonable ni creíble que un informe llevado a cabo con posterioridad al acuerdo —sobre esto, es decir, sobre el momento en que a nuestro juicio fue elaborado el informe nos referiremos a continuación— arroje como resultado de la valuación una suma casi idéntica a la allí prevista.
A nuestro entender, el informe, si bien contiene como fecha 17 de febrero de 2014, fue realizado mucho tiempo después toda vez que aquel no se encontraba en el proyecto del acuerdo enviado al Congreso Nacional. Reiteramos, en aquel solo había un informe que simplemente mencionaba que el acuerdo era “justo y razonable”. Por lo tanto, no hay razones para comprender porque si aquel informe ya existía no fue presentado oportunamente en el Congreso de la Nación. Es evidente, entonces, que frente a dicha situación hay elementos más que suficientes para sospechar que aquel informe no existía y, en consecuencia, fue elaborado tiempo después.

La ausencia de un parámetro objetivo se reflejó en las contradictorias exposiciones acaecidas en los plenarios de comisiones, correspondientes tanto a Senadores como en Diputados. En ellas, sin ninguna rigurosidad técnica, el Ministro Kicillof sostuvo que el valor para Argentina de YPF era “infinitamente mayor” al estipulado en el convenio debido a lo que denominó “impactos secundarios”. Esta defensa del precio por parte de uno de los negociadores del Acuerdo con Repsol es inconsistente, inverosímil y falaz, puesto que lo que se debió evaluar es el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación, sin que se tomen “en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse”, como tampoco “se pagará lucro cesante” (art. 10º de la Ley 21.499.).

Por lo expuesto, podemos concluir que el precio acordado emerge de un proceso irregular por cuanto el monto a pagar como capital es engañoso ya que no contabiliza los intereses ya capitalizados del bono Discount 2033 ni los pasivos ambientales y contingentes.

En consecuencia, la cifra que el Estado argentino estaría pagando en caso de aprobarse el Convenio sería injustificablemente alta, consumando definitivamente el vaciamiento de la compañía —llevado a cabo por Repsol en connivencia con los funcionarios del gobierno argentino— así como también el encubrimiento de sus ejecutores, quienes no solamente no estarían siendo debidamente sancionados por dichas conductas sino que, además, se enriquecerían injustificadamente a costa del pueblo argentino.