1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Ley de Hidrocarburos

Una ley petrolera debe dar certidumbre a una política energética, dentro de una política económica y un proyecto de Nación compartido. Esta iniciativa no despeja la tan poco recomendable incertidumbre, porque se mantienen restricciones y la discrecionalidad imperantes.
Una ley para recuperar el autoabastecimiento hidrocarburífero requiere acuerdo político, lo más extendido posible, porque tendrá vigencia durante décadas dado las características de estas actividades. Estamos hablando de 25 años para recursos convencionales, 30 años para off shore y 35 años para no convencionales.
Aquí estamos discutiendo un marco legal, sin consenso y ello será ponderado por las empresas que tienen que enterrar miles de millones de dólares. Esa es su principal debilidad, porque podría modificarse cuando cambie el gobierno y las mayorías en el Congreso. Para resolver el desorden regulatorio hace falta una ley completa, no un parche y debemos atraer nuevos jugadores.
No se puede legislar con improvisaciones, mucho menos con la certeza que los que vengan la modificarán para adecuarla a su política. En este caso, mucho más que en otros, no es la coyuntura lo que importa sino el largo plazo.
Por ello se impone un Plan Estratégico Nacional de Hidrocarburos, con metas plurianuales, elaborado y firmado por todas las fuerzas políticas o cuanto menos con la mayor parte de los partidos con representación parlamentaria y los sectores empresarios, laborales y científicos.
Para no ser inoficiosa con su objetivo, requiere un contexto macroeconómico a la que le ponga el marco jurídico adecuado. La vieja ley 17.319 es obsoleta, tras la reforma constitucional de 1994, deber ser actualizada porque entre otras cosas, no está contemplada la explotación del shale. Pero con esa ley se obtuvo el autoabastecimiento y se lo perdió, por la imprevisibilidad y la política de precios, por el populismo tarifario y el subsidio de importaciones, por el cepo y la brecha cambiaria, por la imposibilidad de remesar utilidades y por el clima anti-inversión de esta década.
Llevamos doce años de caída ininterrumpida en la producción de gas y petróleo, consumimos sin reponer la mitad de las reservas de gas y el 20 % las reservas de petróleo. Las reservas de gas alcanzan para seis años y las de petróleo para once. Tenemos el mar inexplorado y una cuenta de U$S 12.000 millones de importaciones. Pagamos el millón de BTU de gas mucho más caro a Bolivia y los barcos de GNL, que lo pagado en boca de pozo a las operadoras locales. En 2008 ingresaron siete barcos; en 2009, 13; en 2010, 25; en 2011 78; en 2012, 80. Ahora no sabemos esa cantidad como tampoco sobre los pliegos, licitaciones ni precio. Hay una denuncia sobre Enarsa por posibles irregularidades en la importación de gas. Enarsa, creada hace diez años y con la titularidad de los derechos de explotación marítima, no logró concretar las asociaciones que intentó con Petrobras y Ancap. Su modelo fue asociarse sin compromiso de inversión en la etapa exploratoria. Ahora se anuncia una licitación mediante YPF, tras la sanción de esta ley.
Tenemos una Comisión de Soberanía Energética con un decreto intervencionista que controla todo, menos la caída en la extracción de hidrocarburos, que no se interrumpió pese a tomar el control accionario del 51 % de YPF. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner destinó U$S 22.000 millones en tres años a importar lo que tenemos debajo de la tierra y el agua.
En esta materia se impone una investigación muy seria, en la importación de GNL, porque a la impericia e imprevisión debe haber mucha corrupción para insistir en tantos errores. Pagamos U$S 10 el millón de BTU de gas que importamos a Bolivia y U$S 16/17 a Trinidad y Tobago, Qatar y Egipto, y con esas importaciones se abastece casi el 30 % de la demanda doméstica. A los locales les pagamos poco más de U$S 2 el millón de BTU y U$S 7,5 si se trata de gas nuevo. Desde que YPF sustituyó a Enarsa para esas importaciones no se conoce el precio de las mismas y ello además de impedir su control impide la competencia.
Desde su estatización YPF es el gran importador y sus ganancias se nutren de ese negocio. También participan las petroleras autorizadas para importar nafta y gas oil, exentas del 40 % de impuestos a los combustibles y al Fondo Hídrico de Infraestructura. Esas ventajas se mantienen aunque haya caído el precio internacional del petróleo y se sigue comprando aunque haya descendido más del 5 % en consumo de naftas en el primer semestre. Es impostergable que este Congreso conozca cuantos millones de dólares se gastan en estas importaciones.
No sería extraño suponer que con este proyecto se pretende proteger a los funcionarios involucrados en las operaciones de esta área del gobierno. Me comentaron que habría una demanda contra la Corporación Financiera Internacional y una investigación interna en el Banco Mundial, que podría poner luz sobre lo que debiera ser materia de nuestra justicia.
Vaca Muerta significaría cerca de la mitad del shale gas, pero hay que explorar para conocer cuánto de esos recursos se transformen en reservas certificadas. Tengamos presente que un pozo de shale tiene un costo de U$S 8/9 millones, cuatro veces más que el costo de un pozo de convencionales
Es razonable tener un modelo único, evitando las asimetrías entre provincias, pero se debe estimular las licitaciones competitivas de las áreas. Tengamos presente que las provincias, por la Constitución Nacional, tienen jurisdicción sobre la exploración y explotación de yacimientos. También que hay pozos de diferente productividad. Como lo apuntó el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, un yacimiento puede pagar 5 % y otro 50 % y además no se sabe cuánto de regalías podría pagar la explotación off shore. Ello debe ser tenido en cuenta para la fijación de regalías que se unifican en el 12 % con 3 % más en caso de extensión de concesiones y 3 % por segunda prórroga.
Es razonable que se establezca un régimen especial para importar bienes y equipos no fabricados en el país, pero hay que complementarlo con incentivos para desarrollar la industria proveedora de partes, máquinas y servicios. Con la experiencia de estos años, no tiene porque limitarse el giro de ganancias solamente para las explotaciones off shore. Es bueno que se unifiquen criterios para los pliegos e impuestos, pero queda abierta una enorme discrecionalidad para concesiones, plazos y beneficios cambiarios. En el caso de los contratos, avasalla la Constitución Nacional al eludir el tratamiento legislativo provincial. Las provincias tienen el poder concedente. Según Montamat, ello también debe tenerse presente para el otorgamiento del bonus, por renovación, mediante una fórmula polinómica y no uniformado en el 2 %.
Es cierto que los petroleros se instalan en países inestables, pero ese riesgo se compensa con rentabilidad y reglas de juego. Se observan especialmente las leyes vigentes, el resguardo de la propiedad privada, las regulaciones, la posibilidad de giro de dólares, la inflación, el costo del endeudamiento del país donde se radican, la proyección de flujos de caja descontados y otras variables, según señala el consultor Mauricio Roitman. El riesgo país, el cepo y la brecha cambiaria del 72 %, las trabas para remesar dividendos, las expectativas devaluatorias y las regulaciones intempestivas, conspiran contra las nuevas inversiones y desvalorizan a nuestras empresas.
YPF reemplazaría el acarreo de asociatividad con las empresas estatales creadas por las provincias. Además cual sería la utilidad para una gran empresa petrolera asociarse. Todo pasará por YPF, dueña de más del 35 % del negocio petrolero y que pasará a poseer el 50 % del yacimiento de no convencional.
Será la Secretaría de Energía la autoridad de aplicación para extender permisos para explotar shale en áreas donde extraen hidrocarburos convencionales; para renovar concesiones sin licitación y para autorizar prórrogas automáticas, en algunos casos hasta 2065; a perpetuidad, como señaló el ex Secretario de Energía Daniel Montamat. El proyecto prevé la extensión sin nuevos pagos cuando se venzan los contratos. Debería establecerse que la autoridad de aplicación puede negar la extensión, si hubiera otra oferta que mejora el plan de inversiones presentado. Como sostiene Juan José Aranguren, al cabo del período de concesión y/o prórroga, al hacerse la licitación de su extensión, se podría habilitar al concesionario para igualar la mejor oferta.
Se requiere un mecanismo transparente y un organismo técnico para auditar reservas y observar el cumplimiento de los planes de inversión, a efectos de revertir áreas y cancelar permisos, cuando no se cumplan las metas y se incumplan los contratos que originaron la adjudicación de áreas. Se determina una opción exclusiva y sin licitación para los convencionales. Para las áreas libres hay competencia, pero para las áreas explotadas no se abre la entrada de nuevos operadores. Con esta iniciativa se beneficia a las que actualmente poseen áreas y más aún a aquellas con permisos de exploración pero que no consiguieron concesiones de explotación ni han invertido un dólar. Ahora podrán vender esos kilómetros cuadrados, revalorizados sin haber asumido ningún riesgo financiero.
Según este proyecto, ya no rige el límite de cinco concesiones de explotación y cinco permisos de exploración para cualquier persona o empresa.
Es bueno evitar la dispersión impositiva y reducir las regalías para crudos pesados y para recuperación secundaria.
Es irrazonable suponer que esta ley vendrá a lograr lo que la política impide. La realidad siempre se impone. Podría constituirse en un escollo para el próximo gobierno porque siempre es costoso reformarla.
En ese marco, con un acuerdo surgido con presiones a las provincias petroleras y sin escuchar a especialistas, no se puede desconocer que, aun preservando lo establecido por la Constitución Nacional, la política energética es un objetivo de la Nación. Parece un trueque de prórrogas por porcentaje de regalías, cuando aquellas deben ser evaluadas por parámetros de producción e inversión y expuestas a ofertas en competencia. La virtud del instrumento a sancionar debe conciliar todos los intereses en juego con realismo y estar inspirada en una mirada de largo plazo. Hoy tratamos este proyecto urgido por la emergencia, impulsado por YPF, pero que para aplicarse requerirá de excepciones financieras y de cesión de jurisdicción, como las que se presumen se otorgaron a Chevron. Aquel decreto 929/13 se constituye ahora en ley. Esta discrecionalidad es lo menos conveniente para generar confianza y seguridad, requeridas por los elevados montos que se demandan. Se habla de U$S 20.000 millones anuales para Vaca Muerta.
En el mundo, por diferentes razones sobran dólares y pueden captarse mediante fuentes de financiamiento o el de las grandes empresas que lo consiguen, porque ni el ahorro interno, ni el estado, ni YPF tienen ese volumen. El costo de las inversiones tiene ver con el riesgo del país y mientras más elevado sea menor atractivo de rentabilidad generan. Tendríamos que resignar impuestos y salarios para compensar y tampoco alcanzaría. Por ello una política económica consistente, marcos regulatorios estables, una fiscal ordenada y un sistema judicial imparcial, son esenciales para atraer inversiones cuantiosas con tecnología avanzada.
Dado la importancia de las I+D desarrolladas por las grandes empresas petroleras, lo más conveniente para aprovechar esos adelantos, en la productividad y cuidado del medio ambiente, se impone una licitación abierta donde se otorguen áreas según esos parámetros. En ese proyecto se baja el monto de inversiones necesarias para acceder a diversos beneficios. Antes se requerían inversiones por encima de U$S 1.000 millones en cinco años, ahora se exigirán U$S 250 millones en tres años, con ello podrán acceder otras empresas a beneficios de exportación.
Los precios internacionales del barril disminuyeron 20 %, por mayor oferta y menos crecimiento de la economía mundial. Perdimos los años de altos precios y tanto EEUU, como México y Colombia tomaron la delantera, con un marco de política económica estable, sin inflación, sin precios distorsionados y sin restricciones cambiarias. En 2008 el precio del barril llegó a U$S 145 y nosotros perdimos el autoabastecimiento por falta de inversiones, cuando ese valor las hacía muy atractivas y rentables. Los especialistas estiman que el costo de shale es U$S 55/60 por barril y aquí entran a jugar varios factores. Los países de la OPEP mantienen su ritmo de producción con un costo de U$S 12/25 por barril, para que la baja de los precios contenga la producción de shale de EEUU que pasó de importar U$S 243.000 millones en 2008 a la mitad en 2009 y siguió bajando esa cuenta en los años posteriores.
En EEUU hay 2.500 equipos de perforación en funcionamiento. En Argentina tenemos funcionando 110 equipos de perforación, 75 de ellos de YPF. Adquirir esos equipos para YPF, duplican el precio que EEUU, lo mismo que el costo de sus servicios. Tres de los más poderosos petroleros del mundo (Royal Dutch Shell, Exxon Mobil y Chevron) registran ganancias menores que hace ocho años y archivan planes de expansión en diferentes partes del mundo. El costo de extracción de extracción hace que se retraiga el negocio por disminución de rentabilidad. El petróleo siempre será un negocio, pero hay que aprovechar ciclos, precios y costos para poner a nuestro servicio, a esas empresas globales. Se trata de colocar al gas y petróleo al servicio del desarrollo del país y hay que atraer capitales a ese empeño.
También dejamos pasar el largo ciclo de bajas tasas de interés internacionales, fruto de la inyección de 3,4 billones de dólares al mercado por parte de EEUU para salir de la crisis desatada en 2008. El anuncio de la Reserva Federal que en noviembre no comprará deuda, tendrá impacto en los topes del costo del dinero, que no se mueven desde hace seis años y los capitales tenderán a regresar desde los países emergentes a EEUU. Otro aspecto a contemplar y ya es visible es que también se reflejará en la cotización de las commodities, alimentarios, minerales y energéticos. Algunas consultoras globales que los precios de cereales y la soja, petróleo y minerales pueden disminuir entre 5/10 % hasta fin de 2014.
Argentina paga el crudo Medanito, U$S 75 por barril. Desde la estatización de YPF el precio de ese crudo se incrementó 12,4 % en dólares.
La semana pasada el gobierno redujo los derechos de exportación de petróleo. Las retenciones desde noviembre 2007, eran 45 % para el barril a U$S 95. Ahora si se mantiene en U$S 80, paga 14 %; si baja de ese precio serán del 13 %; si cae debajo de U$S 75 el barril, será de 11,5 % y si desciende de U$S 70 será 10 %.
Ahora, en este proyecto, se elimina el tope de permisos de exploración y explotación en beneficio de YPF, pero la misma no tiene como financiar la magnitud y calidad de inversiones necesarias. Toma fondos de la Anses y seca la plaza financiera local, aumenta 60 % el precio de las naftas, pero está muy lejos de poder contar con el flujo de capital y tecnología necesarios. Desde la estatización el precio de las naftas aumentó 12,1 % en dólares. Cada litro de nafta tiene un 48 % de Impuesto de Transferencia de Combustibles.)
Producimos menos petróleo que en 1999 y menos gas que en 2004 y según Montamat más del 90 % de los yacimientos convencionales están subexplotados.
Explotamos el 30 % de las áreas sedimentarias y este proyecto no incorpora incentivos para impulsar la exploración del resto. Le vamos a dar el derecho a quienes no extraen convencional a obtener concesiones para shale, más onerosas y explotables en plazos más extendidos. Son los mismos operadores y la misma política que nos llevó al desabastecimiento, los que serán dueños por 45 años de Vaca Muerta. Como vengo señalando, la caída de reservas y caída de producción desde 2003 ocurrió con el barril de petróleo por encima de U$S 100, cuando era mucho más atractivo explorar y explotar en nuestro territorio y en el mar. Ahora, con una caída de más del 28 % desde junio, el barril WTI (West Texas Intermediate) se ubica en U$S 81,78 y el Brent de Mar del Norte U$S 83,78. Según Morgan Stanley, para que sea rentable el precio del crudo debe estar en U$S 82/85 el barril. Habrá que ver si ese descenso es circunstancial o se prolonga. Por ahora se gastará menos en importar y en subsidios, pero también afectará la exploración y explotación de los hidrocarburos no convencionales. Es cierto que todavía la mayoría de esos emprendimiento se encuentra en etapa de exploración y esas inversiones se proyectan mirando el largo plazo y no la coyuntura. Del medio millón de barriles de hidrocarburos que se producen diariamente en el país, gran parte son convencionales. La explotación más avanzada es la de YPF y produce 32.000 barriles en Loma Campana, no cuenta los U$S 37.000 millones que su CEO considera necesarios. En Vaca muerta se encontraría el 42 % del reservorio no convencional. Otro 31 % estaría en los Molles; 18 % en Inoceramus Cuenca Austral y 9% en la Cuenca San Jorge.
Brasil buscó en el mar y halló el presal. Hace días se conoció que una empresa británica encontró promisorias yacimientos en el chaco paraguayo. Hace unos meses, desde el puerto de Galveston, Texas, partió el primer barco, desde los años cincuenta, rumbo a Corea del Sur, exportando crudo. Las técnicas de fractura hidráulica, hicieron aumentar 70 % la producción de hidrocarburos de EEUU que llega a 8,6 millones de barriles diarios, con un aumento anual de 1,3 millones de barriles diarios desde 2011.
En agosto, hubo una caída promedio de 2,5 % en la extracción de petróleo. Petrobras disminuyo 36 % y acumula una caída en el año de 24 %. YPF y PAE incrementaron su producción, pero Sinopec, en el interanual de agosto mermó 29 % y Chevron 24,6 %. En la producción de gas, la merma fue del 0,4 %. Petrobras registra una caída acumulada en 2014 de 7 % y Total 6,1 %. En el primer semestre, la importación de gas y combustibles significó U$S 7.300 millones según el BCRA, un incremento de 36 % comparado con ese período de 2013. En los primeros ocho meses, según la Secretaría de Energía se importó U$S 6.475 millones; según el Indec U$S 8.266 millones y según Aduana U$S 8.720 millones.
Ese es el panorama del sector, como resultante de una política que no se piensa modificar.
El petróleo y el gas, como otras fuentes de energía que debemos promover, constituyen la palanca para el desarrollo industrial, para configurar una cadena de subproductos derivados, que agreguen valor y creen trabajo para nuestros técnicos y profesionales con la incorporación de ciencia y tecnología. Debemos tener un programa para ello, para no caer en un sistema rentístico primario en otro sector. Ya vemos que Venezuela, quinto productor mundial de petróleo, depende de importaciones para su canasta básica, tiene la más alta inflación del mundo y ahora tiene que importar crudo liviano desde Argelia. No es ese el modelo a imitar, en ningún aspecto. No se trata de ideología, sino de resultados para que un pueblo tenga mejor nivel de vida.
Lo gastado para subsidios en el transporte aéreo y terrestre, para que las petroleras produzcan gas y para importación de combustibles, supera los $ 132.150 millones, 127 % por encima de lo gastado el año pasado y 113 % más que lo presupuestado. Para importar combustibles para las usinas se gastó en el año $ 78.840 millones, el doble que el año pasado y 130 % por arriba de lo autorizado en el Presupuesto 2014. En esa ley, aprobada hace una semana, se destinan $ 106.944 millones para energía, casi lo mismo que el año pasado pero por la inflación anticipa un recorte. Ayer se importaron 580 MW desde Uruguay. En pocas horas de calor tuvimos que importar el equivalente al 2 % de la oferta total del país. En esa vulnerabilidad estamos.
Se anuncian cortes de subsidios, pero las empresas de electricidad desfinanciadas seguirán necesitando fondos públicos, más aún con los pronósticos de temperatura para el verano. Nada garantiza que no vuelvan los cortes de electricidad, pese a que el Ministro De Vido repite que el abastecimiento es normal. Lo cierto es que en los últimos años, los cortes aumentan y cantidad y en duración. Las empresas eléctricas requieren fondos públicos para pagar sueldos. Nada para la inversión en redes de distribución, que es la mitad que en 1998. Desde entonces la demanda aumentó 30 % y hay un millón de usuarios y muchos más aparatos de aire acondicionado en sus viviendas.
Esto ocurre en setiembre, cuando según Fundelec, la demanda de electricidad disminuyó 6,9 % respecto de agosto y 4 % comparado con setiembre de 2013.
Entre enero-agosto, la inversión disminuyó 2 %, comparado con ese período de 2013. Representa el 17 % del PBI. Entre enero-octubre, la inversión cae 13 %. Según el IERAL, la inversión privada en los últimos tres años se ubica en 13,5 % del PBI, tres puntos por debajo promedio del período 2004/08.
En el primer semestre, según la CEPAL, las Inversiones Extranjeras Directas cayeron más del 20 %, comparado en ese período de 2013, apenas U$S 4.289. Según ese informe, la comparación con 2013 es negativa en U$S 55 millones si se contabiliza la desinversión de Repsol e YPF. En ese tramo de 2014, Brasil recibió U$S 42.001 millones; Chile U$S 10.367 millones y Colombia U$S 8.452 millones.
Nuestro país está en default y en desacato judicial, lo que complica a todo que se asocie con el Estado, como lo prevé este proyecto. La acción de YPF perdió 18 % del valor de marzo.
La semana pasada, otro fondo de inversión reclamó U$S 835 millones, ante el juez Griesa solicitando igual tratamiento. Cabe recordar que todavía hay más de un centenar holdouts en default, con bonos bajo legislación Nueva York por U$S 9.000 millones y con otras jurisdicciones por U$S 7.000 millones.
Se sabe que un fondo de inversión, tenedor de varios miles de millones en bonos Par está muy activo para sumar bonistas a pedir acelerar pagos. Si se alcanza el 25 % se disparará la aceleración del reclamo de pago de capital e intereses que vencen hasta 2038. Si llegan al 50 % podrían bloquear cualquier iniciativa argentina para revertir la aceleración, que es compleja, pero no improbable, dada nuestra pasividad montada en consignas anacrónicas. Cada vez se suman más inconvenientes y el arreglo será más oneroso con el tiempo. Además hemos sancionado leyes que lo impiden.
Nadie se presentó en el Nación Fideicomiso y tendremos otro default por U$S 154 millones de intereses de bonos Par reestructurados con legislación EEUU. Los títulos Par cayeron 10 % su valor en un mes. El Boden 15 perdió 15,3 % su valor; el Bonax cayó 14,3 %; el Discount 12,9 %. Las fuentes de financiamiento cada vez están más cerradas.
En la desesperación por conseguir dólares, lanzan estas iniciativas, tanto en hidrocarburos como en el área de comunicaciones, que comprometen décadas y condicionan el futuro.
El patrimonio neto del BCRA sería negativo en más del 13 % del PBI; hace ocho años era tres veces menor, según distintos especialistas. El Presupuesto para el año próximo prevé una asistencia de $ 400.000 millones al Tesoro, deteriorándolo aún más.
Para mantener la situación actual, sin grandes cambios, se requiere obtener créditos por un monto cercano a los U$S 15.000 millones. En el tercer trimestre el balance cambiario del BCRA fue negativo en U$S 982 millones y arrastra una merma de U$S 2.530 millones en los nueve meses del año. La cuenta capital fue deficitaria en U$S 1.136 millones. Lo ingresado por la cuenta comercial no cubre los vencimientos de la deuda pública y privada. Están incorporando lo que ingrese por el swap chino, el crédito de corto plazo del Banco de Francia, los DEG, los encajes privados y los U$S 2.000 millones que se esperar ingresen por la subasta de espectro para telefonía 3G y por 4G, para mostrar reservas que en realidad no tenemos. En este sector el atraso es significativo, somos el único país en la región que no cuenta con red 4G y en esta licitación no hay reserva de espectro para cableros, cooperativas y empresas de provincias. Durante mucho tiempo, el kirchnerismo se negó a ofrecer nuevas frecuencias y no se hicieron inversiones para instalar nuevas radio antenas, para ampliar la capacidad de la red inalámbrica. El espectro es el mismo que a fines de los '90, el más bajo de Latinoamérica, mientras siguió creciendo la cantidad de servicios y abonados; hace dos años anunciaron un nuevo operador; ahora, como no tienen recursos para ello, hacen una licitación cerrada para los operadores que dominan el mercado. Tampoco se habilitó la competencia para que ingresen centenares de empresas nacionales. Se trata de un mejor servicio o de capturar dólares para la urgencia.
Necesitamos cambiar el rumbo, reinsertarnos provechosamente en el mundo, reconstruir la confianza y credibilidad con las empresas, acceder al mercado de capitales para bajar la tasa de riesgo, diseñar una política económica, consistente con el objetivo del desarrollo auto sostenido e integrador y plasmar en una política energética con acuerdos duraderos.
Ello impone compromisos entre partidos y sincerar la realidad.
El Estado no tiene recursos y con su desprecio por la seguridad jurídica, alejan a las empresas de gran porte, porque con inflación y ley de abastecimiento, todas quedan expuestas a la discrecionalidad de un gobierno, que modifica reglas de juego y descarga sobre los empresarios responsabilidad de sus dislates macroeconómicos.
En agosto, el déficit fiscal llegó a $ 1.876 millones, pero tomando en cuenta los aportes del BCRA y la Anses suman $ 18.400 millones, 264 % por encima que en agosto del año pasado. Entre enero-agosto ese rojo es de $ 40.345 millones, pero agregando los giros del BCRA y la Anses ($ 79.200 millones) alcanza los $ 119.500 millones; casi el 300 % que en ese tramo del año pasado.
Según Ismael Bermúdez el déficit fiscal real de 2014 cerrará en $ 275.000 millones, casi tres veces el registrado el año pasado ($ 100.000 millones).
El gasto total creció 49,3 % y los ingresos 28,3 %. El desfasaje fue de 13 puntos.
En el acumulado de enero-agosto, los ingresos crecieron 33,6 % y los gastos subieron 46,5 %. La diferencia se saldó con los aportes del BCRA y la Anses que crecieron 201,8 % comparado con igual período de año pasado.
Tengamos presente que muchas de las utilidades giradas por el BCRA al Tesoro, son asientos contables porque surgen de la devaluación de la moneda y de ese modo se aumenta en pesos los activos en moneda extranjera del BCRA, sean reservas o letras. Por otra parte los anticipos son préstamos que a su vencimiento se refinancian con otros anticipos y nunca se saldan. Por esas utilidades ficticias y los Adelantos Transitorios el Tesoro, recibió alrededor de $ 96.000 millones, desde enero y suma un total $ 220.000 millones. En el mismo informe, Maximiliano Castillo de la consultora ACM, señala que como la utilización de los Adelantos Transitorios están en el 95 % del tope de la carta orgánica del BCRA, se utilizará el Fondo de desendeudamiento para pagar deuda pública y para gastos internos.
Hace días se giraron al tesoro $ 12.000 millones, desde el Fondo de Desendeudamiento, aumentando en más de U$S 3.300 millones la deuda del gobierno con el BCRA, calculada en U$S 48.582 millones, según Ismael Bermúdez. El periodista especializado concluye que sumando esa deuda y dolarizando aquella que surge de los Adelantos transitorios (U$26.000 millones), la deuda del Tesoro nacional con el BCRA supera los U$S 74.500 millones.
Referido al uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es evidente que se descapitaliza ese fondo previsional.
Según el Iaraf, el gasto público se incrementó en agosto 48,9 % por el aumento de 60,7 5 de los subsidios, mientras que o destinado a Seguridad Social y gasto de personal solo aumentó 37,5 % y 32,9 % respectivamente.
Esa consultora analiza que se destinaron $ 3.509,4 millones para paliar el rojo de las empresas públicas, un 224 % por encima de los $ 1.082,2 millones girados en ese mes de 2013.
La consultora ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) informó que el año pasado, las empresas públicas tuvieron gastos corrientes por $ 58.394 millones e ingresos por $ 22.078 millones, su resultado negativo fue de $ 36.316 millones.
Según ASAP, hasta setiembre se dirigieron $ 135.000 millones para subsidios económicos, un 72 % superior a lo gastado en los primeros nueves meses del año pasado. El sector energético receptó $ 101.300 millones (Cammesa $ 56.160 millones; Enarsa $ 35.600 millones; el Plan Gas plus $ 6.400 millones y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio $ 1.400 millones.) Al tipo de cambio oficial se estima en U$S 13.000 millones el monto de los subsidios energéticos ($120.000 millones que en 2005 eran $ 2.000 millones.)
YCRT, que explota la mina de Río Turbio, gasta más de mitad de su presupuesto en salarios cuya planta se triplicó desde su intervención en 2003 (pasó de 994 operarios a 2.941.) ¿Cuál es el déficit diario de ese emprendimiento?
Por falta de planificación no se contará con carbón para abastecer la superusina de Río Turbio que lleva dos años de atraso para entrar en funcionamiento y donde se invirtieron (U$S 1.500 millones), más del doble de lo presupuestado.
En ese período, su producción se redujo 3 % y solo produce 19.008 toneladas de carbón por mes, el 16 % del carbón que demandará la central termoeléctrica de Río Turbio que requerirá 112.320 toneladas mensuales.
El Ministro Julio De Vido, principal responsable del desastre en materia energética, de infraestructura, viviendas y caminos, manejó desde 2003 U$S 145.000 millones ($ 1,2 billón.)
La ideología impide analizar con realismo lo que sucede con la inversión en infraestructura.
Entre 2004/14, fue 2,9 % del PBI (2,1 correspondiente la inversión pública y 0,8 privada); entre 2000/03, fue 2 % del PBI (0,4 inversión pública y 1,6 privada); entre 1990/99 fue 5,7 % del PBI (0,7 inversión pública y 5 privada); entre 1980/89 la inversión en infraestructura fue 2,9 % del PBI.
El sistema de transporte percibió subsidios por $ 29.400 millones, un 49 % por encima de lo recibido en 2013.
El gasto público representa el 44,2 % del PBI, contra el promedio latinoamericano de 34,7 % y el promedio de los países de la OCDE de 41,3 %. El gasto en personal estatal llega a $ 600.000 millones, según lo estima Orlando J.Ferreres, a partir de 3.960.000 empleados públicos en los niveles nacional, provincial y municipios; 1.600.000 por encima de 2003. El empleo público pasó de representar, en 2003, el 16,6 % del empleo total, al 23 % de 2014, según publica Natalia Muscatelli, sobre un informe que anticipa para el año una destrucción de empleo del 1 % (caída del 2,6 % de empleo privado y aumento de 2,4 % del empleo público.)
Se cumplen tres años de la aplicación del cepo cambiario con consecuencias muy costosas y sin embargo el Jefe de Gabinete lo justificó ayer porque preservó la equidad distributiva. El PBI Industrial crecía entonces al 5 % anual, ahora cae al 1,2 %. Había entonces U$S 47.600 millones de reservas del BCRA, ahora U$S 27.200 millones. Mientras se perdían más del 40 % de las reservas, se duplicó la cantidad de pesos en circulación que pasó de $ 190.000 millones a $ 390.000 millones. El dólar oficial se cotizaba a $ 4,28 con 4,5 % de brecha. Ahora el dólar oficial cotiza 8,50 % y el paralelo $ 14,40 con una brecha de 72 %.
Implantaron el cepo para no devaluar y para defender las reservas. La devaluación en el tipo de cambio oficial fue del 10 % y en el paralelo 225%.
La sangría de reservas (se perdieron U$S 3.196 millones desde enero), lleva al gobierno a emitir un bono atado al dólar oficial por U$S 1.000 millones. Se han intensificado las dolarizaciones de carteras de inversores y rigen cada vez más restricciones para operaciones de moneda extranjera mediante títulos públicos. Por otra parte procura que las cereales ingresen U$s 1.200 millones antes de diciembre, para sumar unos U$S 5.700 millones de liquidaciones en el cuarto trimestre. Por ello aprobó Roe para soja y derivados por dos millones de toneladas. También autorizan exportaciones de 100.000 toneladas de harina de trigo; 400.000 toneladas de trigo y 500.000 toneladas de maíz. El consumo de fertilizantes, en el primer semestre, disminuyó 5,3 %.
En el acumulado enero-setiembre, las exportaciones agrícolas disminuyeron en volumen 17 % comparado con ese período de 2013. Según datos del Senasa (servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), se pasó de exportar 52,63 millones a 43,77 millones. El informe publicado por el periodista especializado Matías Longoni, la merma en las exportaciones de azúcar fue 76 %. En el caso del sorgo -62 %; uva de mesa-61%; limón -45 %; trigo -41%; cebolla y maíz -40 %; papa -37; garbanzos -36 %; tabaco -30; cebada -18 %; naranjas -10; manzanas -9%; peras -8%; mandarina -2 %. También disminuyeron las exportaciones de carne de pollo y pescado -13%; huevos -11%; miel -18%; mariscos -7 %.
Pasamos de exportar 750.000 toneladas de carne vacuna en 2005, a 186.000 toneladas el año pasada. De tercer exportador mundial a noveno, detrás de Brasil, India, EEUU, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Paraguay y Canadá. Eso ocurre mientras las exportaciones mundiales de ese rubro, pasaron de 5,9 millones de toneladas a comienzos de la década a 9,4 millones en 2014.
La Cámara de Exportadores prevé para 2015 exportaciones por U$S 68.000 millones, un 8,5 % inferior 2014; 20 5 por debajo de 2011 y bien alejado de los U$S 82.240 millones estimados en el Presupuesto. En la estimación para 2014, la previsión pasó de U$S 94.034 millones a U$S 76.695 millones; tuvieron que admitir un desvío de U$S 17.339 millones.
El problema es que en todos los sectores se manifiesta la recesión.
La actividad económica, según el Indec cayó en agosto 1,2 %. La consultora Ledesma ubica esa merma interanual en 2,8 % y en los ocho meses un acumulado negativo de 1,8 %. También disminuyó 1,3 % respecto de julio 2014. Hace ocho meses que caemos.
Para la consultora Orlando J. Ferreres, en setiembre la actividad cayó 4,2 %; en los dos últimos mes -4,5 %; previendo para el tercer trimestre una baja de 3,7 % y para el cuarto -4,2 %. Según ese informe, en setiembre la actividad industrial retrocedió 5,5 %. El acumulado del Índice General de Actividad, de esa consultora, exhibe una caída en la industria de 3,8 %, una merma en actividad comercial de 4,1 %; en transportes y comunicaciones una disminución de 3,3 %; en la construcción -2 % y en la intermediación financiera -1,9 %. Llevamos 14 meses de caída en la industria; 6 meses en la construcción y 18 meses negativos en la actividad comercial.
Según la consultora Finsoport, la merma anual de la actividad será de 1,9 %, duplicando ese porcentaje entre octubre-diciembre.
La consultora Abeceb estima una caída de 4 % en la producción industrial; una disminución de 3,4 % en la construcción y una merma del 25 % en el sector automotriz. Cada automóvil tiene un 52,5 % de su precio constituido por impuestos, según el Iaraf.
Para Ecolatina, este año terminará con una caída de 2,2 %.
El consultor Miguel Bein anticipa una caída de 2,2 % en el cuarto trimestre y para 2015 prevé una caída de 3 % si no se logra un acuerdo con los holdouts para reabrir la cuenta financiera.
Mientras tanto estamos perdiendo la oportunidad de ingresar dólares por la exportación de carne, cuyos precios aumentan con una demanda creciente. En la década la producción de carne vacuna disminuyó 12,5 %, aplicando una retención del 15 %.
Para la consultora FIEL, en el interanual de setiembre, la actividad industrial cayó 4,3 % y acumula una caída entre enero-setiembre de 4,6 %, tendencia negativa que se prolonga desde abril 2013. Las importaciones de bienes y piezas de capital caen al 8,3 % anual.
Según el Indec, la industria acumula una merma del 2,8 % en los primeros ocho meses del año. La industria automotriz acumula una merma de 23,2 % entre enero-setiembre; el 6,7 % cayó la industria del neumático; 1,5 % la del vidrio; 4,6 % la metalmecánica; 4,1 % la del cemento; 1,8 % papel y celulosa; 0,2 % alimentos y bebidas 0,2 %. La construcción suma un retroceso de 2,3 % en los primeros ocho meses.
El titular de la UIA, Héctor Méndez dijo que en su empresa de productos plásticos, las ventas disminuyeron 45 %. Por ahora se evitan despidos, pero se prolongan suspensiones y recorte de turnos y horas extras. La disminución de horas trabajadas, según el Indec en el interanual del tercer trimestre, mermó 4,3 %.
Según el Indec, en setiembre la industria retrocedió 1,8 % con un acumulado anual de caída del 2,7 %. Las consultoras privadas señalan hasta setiembre una caída acumulada de 5,5 %. La actividad industrial, que ocupa cerca de 1,2 millones de trabajadores, registró en el tercer trimestre una caída del 2,2 %, más de 24.000 personas.
Mientras tanto la inflación recortó el 10 % del poder de compra de los ingresos más bajos. Según la consultora Ecolatina, en los salarios más altos, esa pérdida adquisitiva es del 7 %. En los salarios del sector público el recorte fue de 3,5 % en el interanual del primer semestre y en el sector privado disminuyó 5,6 %. Según ese estudio, en la primera mitad del año, el poder de compra de las jubilaciones disminuyó 7 % y en las AUH se recortó 5,6 %.
Según Isepci, el ingreso para no caer bajo la línea de pobreza se requiere un ingreso de $ 6.357 mensuales.
La inflación de octubre no bajará de 2 %, con aumentos de 2,9 % en equipamiento del hogar; 2,5 % en gastos de salud y medicina y más de 10 % en los prepagos de la telefonía celular.
Las ventas en supermercados y comercios en setiembre disminuyeron 1,8 % y más aún en almacenes de barrio. En artículos de informática, la caída de ventas en los primeros ocho meses mermó 25,8 %, en electrodomésticos -14,1 % (heladeras y lavarropas -12,3 %, televisores -11,7 %; batidoras y planchas -17,5%)
Sobre una población de poco más de 40 millones de habitantes, menos de 16 millones trabajan, pero entre ellos más del 30 % lo hace en la informalidad. Hace dos años que no se crea empleo genuino ni se abre oportunidades a los 300.000 jóvenes que anualmente pugnan por ingresar al mercado laboral.
Esa es la realidad que molesta al kirchnerismo que en su impotencia agrava rasgos autoritarios con falsas premisas, todas tendientes a desviar la atención a trasladar responsabilidades y eludir las consecuencias de sus actos. Con fiscales militantes y la Procuración General partidizada, sin control de la Bicameral, las garantías de los ciudadanos no están resguardadas por la justicia imparcial. Esta Cámara deliberó en sesiones especiales, con una sola excepción el año pasado y una única vez este año. Con ese Cámara funcionamiento, sujeto al excluyente mandato del PEN el pueblo pierde su derecho a ser representado. Estamos lejos de la democracia republicana y representativa y ese daño impacta dentro y fuera del país.
Mientras todo esto sucede, siguen los embates contra los medios de comunicación. Ahora se informa sobre ataques a una planta transmisora de radio Mitre en el partido de Hurlingham.
En este momento, mientras vemos las inundaciones bonaerenses por falta de obras de infraestructura, dos ministros nacionales están anunciando otra iniciativa peligrosa contra los derechos de los ciudadanos y contra la propiedad privada. Se modifica el marco normativo para telecomunicaciones e Internet, con un cambio imprevisto de reglas de juego.
Con el proyecto Argentina Digital, se modifica la Ley de Telecomunicaciones de 1972 y el decreto 764/2000. En su artículo 9°, deroga parcialmente el artículo 25 de la Ley 26.522, conocida como Ley de Medios Audiovisuales que impide a las compañías telefónicas, como prestadoras de un servicio público, brindar servicios audiovisuales. Ahora quedarían exceptuadas de esa disposición. Este proyecto de Ley de Tecnología de la Información y la Comunicación, declara a estos servicios como servicio público esencial y estratégico. Las redes de los cableros serán obligadas a dar paso a quienes no invirtieron en ellas, para prestar el cuádruple play.
La convergencia es imparable y en pocos años recibiremos información que hoy leemos en los diarios en nuestro celular, pero aquí se produce una asimetría, porque el principal cable operador argentino factura menos de la quinta parte de las telefónicas trasnacionales. Una es monopólica, la otra fue adquirida por el fondo de un ejecutivo mejicano amigo del kirchnerismo. Ambas utilizan redes monopólicas, creadas por el estado durante décadas, cuando ese servicio era estatal.
Otra ley que conspira contra el desarrollo y no facilita las afluencia de cuantiosas inversiones que el país necesita y existen en el mundo. Esta proyecto, como la ley de Abastecimiento, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, la unificación de los Códigos Civil y Comercial y la posibilidad de intervenir desplazar directorios de empresas mediante la aplicación de la ley de mercado de capitales, constituyen vallas para que empresas nacionales y extranjeras vengan al país para participar de un proyecto de desarrollo de largo plazo. Eso traba cualquier aspiración de salir del subdesarrollo y brindar posibilidades para que millones de compatriotas emerjan de la pobreza y la exclusión