24. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RIESTRA

Ley de Hidrocarburos

Sr. Presidente: Hace ya dos años, durante el tratamiento de la denominada ley de soberanía hidrocarburífera exponíamos como puntos centrales que sirvieron para fundamentar el acompañamiento en general de dicha ley que nos permitía dar los primeros pasos en pos de la recuperación de una herramienta fundamental para la reconfiguración de nuestro deficitario sistema energético, poniendo en blanco sobre negro los objetivos de interés público que revisten la recuperación del autoabastecimiento sostenido en el tiempo y la planificación de una matriz de generación de energía mucho más sostenible, más diversificada y menos dependiente de los hidrocarburos en pos de un desarrollo económico y social más justo y equilibrado.
En ese contexto, la recuperación de YPF por parte del Estado nacional y las provincias, constituía un primer paso necesario pero en ningún modo suficiente entonces, no sólo teníamos que proceder a la derogación sin más de los decretos desreguladores del menemismo- cuestión que expusimos en nuestro dictamen de minoría en ocasión del tratamiento de la ley de expropiación en abril de 2012- sino que debíamos habilitar un enfoque mucho más agresivo, que fuera por la recuperación del control del 100% de las acciones de YPF.
Entre 1999 y 2013, habiamos perdido casi el 60% de la reservas probadas de gas natural y un 25% de las reservas de petróleo, si no reformulábamos el esquema, con YPF sólo no alcanzaba; de hecho, al momento de la expropiación, YPF controlaba sólo el 34% de la producción de petróleo y el 23% de la extracción de gas, cuando vemos las políticas que se han tomado en estos dos años, lo que observamos es una continuidad de un tipo de intervención del Estado que es totalmente funcional al interés corporativo de estas grandes empresas, ya que sigue transfiriendo recursos públicos para financiar recomposición de precios.
YPF, más que actuar como la empresa testigo que imponga nuevas reglas de juego al resto de los actores en función de la acumulación creciente de capital nacional y de recuperación de control de activos estratégicos, no sólo no recupera inversión ni desempeño productivo, sino que sigue haciendo negocios jugosos con un Estado bobo que subsidia a través de la convalidación de precios al alza en toda la cadena. La situación del sistema energético nacional se sigue deteriorando, lo cual queda expuesto en el déficit energético de 2013, que superó los 6.500 millones de dólares, un 120% mayor al déficit de 2012.
El otro aspecto que nos parece relevante y que tiene que ver con el contexto general de la política energética nacional en un país federal como la Argentina, es el vinculado a la compleja y estratégica relación Nación-provincias en la planificación, formulación e implementación de una política hidrocarburífera que esté en línea con el proclamado objetivo de recuperar el autoabastecimiento.
Por medio de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, tanto el Estado nacional como las provincias, son los nuevos propietarios del 51% de las acciones expropiadas a Repsol, ostentando el Estado nacional el control del 51% de ese paquete, y el restante 49% en manos de las provincias.
Fue en ese marco, en el que surgió una puja en torno a un proyecto de ley, que, entre junio y septiembre, tuvo idas y venidas, con propuestas diversas que se “debatieron” de manera oficiosa entre la Nación y las provincias petroleras, y que tuvo un “cierre”, que se cristalizó en el proyecto que está en consideración y que, en líneas generales, patea hacia adelante gravísimas definiciones vinculadas a las cuestiones fiscales, ambientales y licitatorias.
En este escenario, el 85% de la población que habita en las 14 provincias consumidoras de la Argentina, no sólo no fue convocada para habilitar un debate amplio y serio sobre la problemática de los hidrocarburos, sino que tampoco, desde las administraciones provinciales se ha buscado participar de manera concreta, lo cual no sólo es esperable sino decisivo e inevitable en un país cuya forma de gobierno federal así lo determina.
Según nuestra Constitución reformada en 1994, las provincias son detentoras del dominio originario de los recursos naturales que están en su subsuelo, aunque ello no implica que tengan la propiedad.
De hecho, en estos últimos dos años, como habia pasado en la década de los 2000 y al compás de la Ley 26.197 de 2006- la llamada Ley corta, por la que el kirchnerismo acentuó el esquema de provincialización del recurso-, las provincias han acentuado su rol autónomo a través de la creación y/o fortalecimiento de empresas provinciales de hidrocarburos que, incluso, han intervenido en las renegociaciones de otorgamiento y prórroga de concesiones, compitiendo, en los hechos, con la empresa YPF.
Resulta imprescindible contar con una planificación nacional que señale los criterios bajo los cuales se va a encarar la actividad hidrocarburífera en el futuro, aunque no en los términos en los que se proponen en proyectos de ley como el que se discute.
Los argentinos necesitamos discutir una ley de hidrocarburos de una democracia federal y participativa, ya que, la única ley nacional vigente- la 17.319, que tiene más de 200 modificaciones- es la que se estableció en 1967, a través de un Decreto-Ley del gobierno militar de Onganía, hace ya 47 años, y que hoy se modifica parcialmente en función de objetivos totalmente ligados a la maximización de los beneficios de los actores del sector.
Otro aspecto del debate sobre la pertinencia de este proyecto, son los condicionamientos jurídicos resultado del endeudamiento con organismos internacionales, que se han erigido en salvaguarda concreta de los intereses inversores de los Estados Unidos y de Europa Occidental, que son los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y las jurisdicciones especiales como el CIADI, el UNCITRAL u otros, que son tribunales ad hoc en los que se han ventilado las controversias jurídicas, comerciales y patrimoniales que surgieron al compás de la crisis de 2001.
Nuestro país no sólo no revisó las nefastas consecuencias que este tipo de políticas han tenido y aún conservan sobre nuestro margen de maniobra soberano como Estado, sino que ni siquiera ha planteado un horizonte de reversión de la vigencia de este tipo de instrumentos En este marco, entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 , se “cocinaron” las condiciones del Acuerdo por el que la República Argentina presentó como un logro un convenio por el que se le reconoció a Repsol un valor de 5.000 millones de dólares por el 51% de las acciones expropiadas y a través del cual se reafirmó, explícitamente, la pertinencia y vigencia de legislación internacional.
En julio de 2014, YPF S.A. emitió un sugestivo comunicado destinado a la agencia Bloomberg en Nueva York y, por extensión, a la comunidad inversora de los Estados Unidos, en el que manifestó, con rotunda claridad que “…YPF es una compañía independiente y así es gestionada (…) Los activos de YPF no pertenecen a la República Argentina, por lo tanto no pueden ser embargados por una deuda soberana.”
Hace algunos días con motivo del tratamiento de la ley de creación de la Universidad de las Madres advertia la necesidad de separar la dependencia de la misma del ámbito del Poder Ejecutivo, decía entonces que la vigencia de los derechos humanos resguarda a los pueblos de las violaciones que el propio estado pueda cometer, incluia en esa lista los derechos ambientales, los de los Pueblos Originarios y las represiones que ejecutare el mismo por el reclamo de estos derechos y otros derechos colectivos. Hoy mismo señor Presidente hemos votado una cuestión de privilegios por la agresión sufrida al Diputado Del Caño, semanas atrás lo hicimos en igual sentido por lo ocurrido al Diputado Pietragalla.
Decimos esto porque hacia comienzos de 2011, una de estas acciones centrales en los procesos de reclamo por remediación a partir de daño ambiental, fue la causa iniciada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA), a partir de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que, sobre la base de una investigación previa en tres áreas específicas de la cuenca neuquina, había llegado a la conclusión que, entre los años 1991 y 1997, la contaminación en la región era relevante y que se calculaba el costo total del daño en el orden de los 545 millones de dólares. La Corte Suprema llamó a conciliación a las partes, a resultas de lo cual, la empresa Repsol, que fue la única que reconoció, a través de sus letrados patrocinantes, la presencia de daño ambiental a partir de su accionar en la cuenca neuquina y, por extensión, en todo el país en los tiempos pos desregulación del sector hidrocarburífero. A resultas de esto fueron muchas las provincias que argumentaron daños ambientales por cifras varias veces multimillonarias.
¿Por qué traemos esto a consideración?
La comunidad Campo Maripe vive, trabaja y cría sus animales en Loma Campana (Añelo), donde las petroleras YPF y Chevron comenzaron en 2013 a explotar petróleo con la cuestionada técnica de fractura hidráulica (“fracking”). Loma Campana es parte de la formación hidrocarburífera Vaca Muerta, señalada como una de las mayores reservas mundiales de petróleo no convencional.
El Estado Nacional y Neuquino vulneraron los derechos de la comunidad (vigentes en legislación nacional e internacional) al no realizar el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado a la comunidad.
Las estadísticas dicen que en los últimos cinco años hubo diez mil derrames de petróleo.
¿Cómo se hace para controlar? ¿Quién controla acá?
La autoridad de aplicación ha sido absolutamente cómplice de todas estas barbaridades.
¿Cuál será el tratamiento de las aguas residuales de los pozos de fracking? Se inyectan 30 millones de litros de agua mezclados con un cóctel de químicos y, ¿a dónde van a esas aguas residuales y quién hará el muestreo y el control de todo ello.
Cristina Lincopan, a pocos kilómetros del primer pozo apache en la Argentina, el llamado pozo anticlinal, murió de un problema cardíaco pulmonar. Los médicos dicen que no hay en zona de petróleo ningún programa de salud que tuviera la hipótesis de cuáles eran las consecuencias de tener mucho más metales en sangre de los que puede tolerar un organismo. Y, por otro lado, cuáles eran las consecuencias de la contaminación hidrocarburífera.
Con respecto al método de fractura hidráulica que se utlizará para extraer los hidrocarburos no convencionales, solo aplicando el principio precautorio establecido por la ley general del ambiente 25.675, en su artículo cuatro, cumpliendo esa ley que sancionó este Congreso Nacional en 2002, este método no podría aplicarse en ninguna parte del país.
Sr. Presidente, no voy a abundar con cuestiones ya expuestas en nuestro bloque por los diputados Lozano y De Genaro, quiero si insertar la versión taquigráfica de la Audiencia Pública sobre Hidrocarburos que relizara la Unidad Popular el 7 de octubre pasado, de donde surgieran los elementos para el dictamen que hemos presentado.

Audiencia Pública sobre ley de hidrocarburos. Unidad Popular. 07/10/2014.

Sr. Presidente (Lozano).- Damos comienzo a esta audiencia pública que desde el bloque Unidad Popular hemos organizado junto con los compañeros diputados nacionales Víctor De Gennaro y Antonio Riestra, con el objeto de tocar un tema que nos resulta sumamente importante y significativo. Me refiero a un proyecto de ley que ya recibió dictamen en el Senado de la Nación y que, luego de la Sesión del 8 de octubre en el Senado, será girado am Diputados para su aprobación.

A tal efecto, hemos querido agrupar distintas voces del mundo académico, de pensadores del sector hidrocarburífero, de referentes de luchas ambientales y de representantes políticos y de los trabajadores para intentar hilvanar una serie de argumentos con el fin de exhibirlos oportunamente durante el debate sobre la Ley de Hidrocarburos, que realmente se presenta de una manera bastante limitada en términos públicos.

En gran medida, la discusión se presenta como una disputa entre Nación y provincias, básicamente las hidrocarburíferas. Desde nuestro punto de vista, es una forma demasiado limitada de interpretar y de pensar la cuestión federal. Detrás de esta discusión, donde hay una suerte de toma y daca entre Nación y provincias, aparecen disposiciones, figuras para las nuevas concesiones, plazos e incentivos promocionales que prefiguran una masiva entrega de nuestros recursos naturales al capital trasnacional, con costos ambientales realmente serios.
Por otra parte, el proyecto de ley presenta no solo varios interrogantes sino también cuestiones a definir, porque mucho de lo que se establece en su texto está sujeto a un acuerdo de carácter fiscal y ambiental, vinculado también con el armado de los pliegos licitatorios que se supone existirán entre Nación y provincias, que si bien permitirá sortear los controles institucionales no está expresado en la iniciativa. O sea que es un acuerdo que se establecerá y ejecutará, pero cuyas condiciones no tendremos en el momento de la discusión.

En el marco de este federalismo mentiroso, que deja afuera cuestiones fundamentales y donde las catorce provincias que representan el 85 por ciento de la población del país no participan del debate, damos esta discusión. Queremos nutrirnos como bloque de las diferentes argumentaciones que expongan los compañeros presentes, para luego tratar de expresarlas en la posición que Unidad Popular –junto con aquellos bloques con los que
podamos coincidir‑ sostenga en la discusión que se dará en la Cámara de Diputados.

Hechas estas consideraciones, celebramos la presencia de los compañeros de nuestro bloque y también que estén con nosotros la compañera diputada Graciela Villata, del Frente Cívico del juecismo cordobés; el compañero Julio Fuentes, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado; el compañero Jorge Cardelli, secretario de Cultura de la CTA Nacional ; el compañero Hugo “Cachorro” Godoy, secretario adjunto de ATE Nacional; el compañero Mariano Sánchez Toranzo, director de Cultura y Bienes Comunes de la CTA Nacional; el compañero Isaac Gurovich, del grupo MORENO y la compañera Beverly Keene.

Como tenemos un tiempo acotado para disponer de esta sala, en primer lugar daré el uso de la palabra al amigo Gustavo Calleja ‑hombre del grupo MORENO, pensador y trabajador del área energética e hidrocarburífera‑ para que empiece con el análisis sobre el
proyecto de ley en debate.

Sr. De Gennaro.- Si se me permite, pido a los expositores que expresen sus nombres y apellidos, como asimismo a qué sector representan, para que quede constancia en la versión taquigráfica.

Sr. Calleja.- Primero, agradezco esta invitación. Como dijo el señor diputado Lozano soy Gustavo Calleja, fundador e integrante del grupo MORENO y presidente de la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz.

En segundo término, creo que este debate no se puede hacer de la forma en que se lo está haciendo ‑es decir, a las corridas‑, ya que estamos hablando de las riquezas
más importantes de los argentinos. Siempre digo que el primer presidente que se preocupó en profundidad de los hidrocarburos fue Yrigoyen, quien no quería que a la segunda riqueza nativa
le pasara lo mismo que a la primera ‑los campos‑, que se la llevaron.

Hay que tener presentes varias cuestiones. La primera es que se ha despertado toda la derecha. Ha aparecido un grupo de exsecretarios de Energía, que por supuesto yo no integro, unidos por un común denominador que es el liberalismo menemista.

Como parte de ese menemismo declarado está Alieto Guadagni, el último secretario de Energía del Proceso, que estuvo con Bignone casi nueve meses y renegoció los contratos del llamado “empresariado petrolero nacional”. Recuerdo que me tocó acompañar a Conrado Storani, primer secretario de Energía de Alfonsín, cuando Guadagni le entregó la secretaría. Storani le preguntaba: ¿YPF cómo está, cuánto debe? Guadagni le contestaba: 6.000 millones de dólares. ¿Gas del Estado cuánto debe? La respuesta de Guadagni fue: 2.500 millones. ¿Agua y Energía? 2.000 millones. ¿Hidronor? 2.000 y pico de millones. ¿Qué pasa con las tarifas de YPF? La contestación de Guadagni fue: están atrasadas.

Así estaba el sector. El único impuesto que se cobraba –lo puede ver cualquiera‑ era el ITC, que no tenía evasión; pero las tarifas estaban muy retrasadas. La provincia de Buenos Aires cedió su coparticipación para salvar al Estado nacional e YPF cedió la suya. Ahora Guadagni anda por ahí y hasta escribió un libro: La nueva frontera petrolera. Opina, sabe y se presenta como un salvador.

Por su parte, Julio César Aráoz fue quien firmó con Dromi los tres decretos desreguladores de Menem. También ganó el juicio que se le inició acusándolo de vender muebles de desaparecidos. ¡Lo ganó!

Otro secretario de Energía fue Lapeña, un afiliado radical que aparece desde hace diez años y lo único que pide es aumento de tarifas. Con eso soluciona todo.

Montamat, como suelo decir, es el único liberal que se negó a firmar la prórroga de la concesión de Loma de la Lata en momentos en que también querían modificar el mercado mayorista eléctrico. Finalmente lo echaron, pero después aparece firmando esa prórroga Débora Giorgi.
Devoto fue el que más ventas de gas al exterior autorizó; pero sin gas, a pesar de los informes que había. ¡Sin gas! O sea que lo que pasó con Chile ya se sabía. Pero él firmaba igual. Ya va a aparecer, decía. Era un irresponsable.

Estos son los que ahora afirman que todos los males empezaron en el año 2000. Cuando dicen que la década del 90 fue fabulosa, están mintiendo. Apud, que fue secretario de Energía por quince días cuando López Murphy era ministro, tenía la habilidad de mezclar los términos: para él, los gastos de funcionamiento eran inversiones. Pero no es así; no son inversiones.

Defienden los intereses de las privatizadas, y cuando algún periodista reaccionario anda dando vueltas por ahí aparecen e incluso nos quitan algunas ideas. ¿Quién de nosotros puede estar en contra de una aerolínea estatal? Ninguno, pero ésta no es la aerolínea que todos soñamos. Menos aún podemos estar en contra de YPF; pero ésta es una YPF que nos corre con el autoabastecimiento y que apenas maneja el 30 por ciento del mercado, ya que el otro 70

por ciento está en manos de otros concesionarios. El 49 por ciento es de los amigotes, de los fondos buitres buenos; aquí tengo que mencionar a Soros y tantos otros. Tenemos que escuchar discursos terribles, porque nos hablan de soberanía y no es así.

Vemos que este proyecto de ley, que termina limitándose a poner en caja a los gobernadores, es una derivación de la llamada “ley corta”, que fue un disparate. El grupo MORENO elaboró muchos documentos sobre el tema. Siempre digo que debemos tener
presente que desde Figueroa Alcorta –mejor dicho, desde la Revolución de Mayo‑ hasta
Alfonsín, el subsuelo era nacional. Nunca supe –como sabe Lapeña, quien sostiene una posición contraria y debe haber leído un libro de historia de Pacho O’Donnell pero no los buenos libros
de historia‑ que aquel 25 de Mayo hubiera provincias. El subsuelo era del rey; las provincias
fueron inventadas por Moreno y Castelli porque algo tenían que inventar; se habían peleado con el imperio más grande del mundo y entonces decidieron inventar las provincias. Pero antes no existían; era un territorio nacional.

Roca empezó a entregar el subsuelo y eso causó muchos problemas. Desde Figueroa Alcorta hasta Alfonsín todo está mezclado; hubo tipos que se odiaron y se pelearon, pero todos suponían que el petróleo era un bien estratégico. Los dirigentes argentinos entendían de petróleo; los conservadores entendían de petróleo y los marinos entendían de petróleo. El primer presidente de YPF fue un marino, Fliess; no Mosconi.

La política petrolera era una cuestión de Estado. Como dicen los presidentes yanquis cuando asumen, “es una cuestión de Estado”, y quien se meta con dichas
cuestiones ‑como por ejemplo tocar Arabia Saudita‑ lo matan. Le aplican la doctrina Carter.

Llegamos así hasta Alfonsín. ¿Cuál era la herramienta? YPF y sus compañías adjuntas. Los conservadores, como Justo, descubrieron que no sólo se trataba del petróleo: comenzaron a aparecer los autos y había que construir caminos. Entonces inventaron el impuesto a las naftas y se creó la Dirección Nacional de Vialidad.

Más adelante vino Perón. Por supuesto que Mosconi hizo una gestión brillante, pero la de Perón también lo fue porque llevado de la mano de Canessa, que era un “ypefiano”, descubre gas en la Argentina. Con Gas del Estado hicieron el tercer gasoducto del mundo en aquel momento, de 1.300 kilómetros, con tecnología propia. Así fue como llegamos a tener la primera empresa del mundo, por delante de British Gas y Gaz de France. Justo creó los fondos viales; Perón, los fondos energéticos para hacer represas y descubrir gas. Para la creación de Agua y Energía Eléctrica buscó, como en su momento lo había hecho con Gas del Estado, a otro yrigoyenista: el ingeniero Maggi.

Más adelante Illia, junto con Conrado Storani, toma todo lo que había dejado Perón y crea el Plan Nacional de Grandes Represas Hidroeléctricas, además del impuesto al crudo procesado.

Con Menem, todo esto desaparece. El tema vital de los hidrocarburos deja de ser una cuestión de Estado para transformarse en un asunto de mercado. Entonces, no nos engañemos cuando viene Montamat y dice: vamos a diseñar una política de Estado, porque en realidad es una política de ellos. No es la política de Estado que queremos nosotros; es la de ellos. La que pretendemos nosotros es distinta.

Raúl Alfonsín se va del gobierno con reservas de gas por treinta años, de petróleo por dieciocho, cinco represas en construcción y 5 millones de usuarios; antes, eran 2,5 millones. Defiendo esto porque además me toca en parte.

El gasoducto del NEA debería haber quedado terminado en 1991. Hace poco, cuando me tocó ir a Goya, visité la región con Nito Artaza. Recuerdo que estaba todo el pueblo y que

el gasoducto, las represas y los caminos. Pero a ustedes no les tocó nada. Es decir que son los hijos de la pavota del sector energético, porque les robaron.

También les dije que el cuento del gasoducto del NEA viene desde la época de Kirchner, cuando se sancionó la llamada “ley Techint”. Viene de antes, de acá y de allá, pero el gasoducto no está. Les expliqué que tampoco tienen la electricidad barata de Yacyretá. Sí los posadeños, que se avivaron y tuvieron mejoras en su ciudad; pero a ellos nunca les tocó nada; eso es así. La gente del NEA no recibió nada porque se rompió el sistema nacional, popular, centralizado y solidario.
Señores como Apud hablan de la “década ganada”. Exsecretario de Energía de vasta experiencia –trabajó quince días como secretario- afirma que hubo grandes inversiones en la década del 90. Inversiones nada; se llevaron todo la convertibilidad y la libre disponibilidad de divisas. Se fueron 100.000 millones de dólares, y aunque Apud diga que se trató de inversiones, en verdad fueron gastos de mantenimiento y de funcionamiento.

Ahora, estas personas critican y descubren de golpe qué pasó con la ley de privatización de YPF sancionada durante el gobierno de Menem con el apoyo de la UCEDE, partido de crianza de Massa y de Boudou. Se trataba de privatizar YPF y de federalizar el subsuelo, es decir, de provincializarlo.

Yrigoyen decía que la soberanía de las provincias reside en los pueblos, no en los gobernadores. Si a Perón le hablaban de aprovechar el subsuelo, los torturaba; recordemos lo que decía el artículo 40 de la Constitución Nacional de aquella época. Illia, te mataba. A ninguno de esos presidentes –salvo Galtieri, que de todas formas no llegó a hacer nada-, se le hubiese ocurrido privatizar el subsuelo. Además, ¿alguna vez se vio al gobernador de Río de Janeiro o de Texas hablar de petróleo? No, porque de eso hablan los presidentes. El petróleo es un bien estratégico; sobre él hablan Carter o Clinton, pero no los gobernadores porque no pueden manejar nada.

Cuando se sanciona la famosa ley, YPF es vendida ‑o regalada- a 19 dólares la acción sin que exista una tasación oficial previa. El proceso quedó en manos del First Boston y del Merril Lynch y fue Mulford, luego condecorado en la Casa de Gobierno con la Orden del Libertador General San Martín, quien la tasó.

Así se vendió YPF. Recordemos también a Estenssoro, quien siempre digo que fue fantástico porque dejó a 50.000 personas en la calle. Echó a los técnicos que desde que se creó la empresa en 1922 había formado Mosconi, llevando argentinos al sur –donde no había, de la mano de Baldrich y de Fliess- y tomando las áreas a punta de pistola para echar a la Texaco, la Shell y la Esso. Así se tomó la Patagonia; así se desarrolló YPF. No fue broma. No mataron a nadie, pero hubo presos. Algunos muchachos kirchneristas dicen que los llevaban y no tenían dónde vivir; ocurre que no había llegado el Sheraton a Comodoro Rivadavia, pero iban en carpa y la peleaban.
A todos los descendientes de esta lucha los echaron. Dejaron en la calle a 50.000 trabajadores pero luego generaron el mismo costo. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación donde consta: contratar consultoras, costaba lo mismo.

Estenssoro trabajaba con Ricardo Zinn –que murió con él en aquel accidente de avión‑ y Arthur Andersen, de Deloitte, quien le firmaba los balances. Es decir que esta banda de
consultores de Estenssoro es la misma que estuvo implicada en el caso Enron; algunos de ellos están en prisión. Cualquiera puede meterse en Youtube y ver la estafa fabulosa que llevaron adelante; hasta mataron la ecuación patrimonial de Luca Pacioli. Es fantástico, mortal lo que hicieron. Sin embargo, algunos siguen por ahí. ¿Pero quién va a invertir si se llevaron las reservas, si se llevaron todo?

de arriba para abajo sino de abajo para arriba. El que no podía pagar no pagaba, y si había que indexar por la inflación de Estados Unidos, se indexaba. Así se vació la Argentina. Todo lo realizado por Gas del Estado y lo logrado por Alfonsín con una buena gestión, se acabó. El que no tiene plata, no tiene gas; el que no tiene plata, no tiene luz. Mala suerte. Le tocó al mercado, y éste decidió que el NEA no cuente con su gasoducto y que las tarifas se dolaricen.

Entonces, cuando se lo regalaron a los gobernadores, estos hicieron lo que quisieron. En un país fiscalmente unitario donde todos tienen que ir a pedir recursos a Balcarce
50, los gobernadores también van. Si no, piden a los petroleros.

Una de las cláusulas más brutales de esta modificación a la ley es que la regalía se pagará sobre el valor del crudo que determinen los concesionarios. Esto es fantástico. Es como si alguien va al banco y pregunta: ¿cuánto me va a cobrar? 30 por ciento. Entonces contesta: no, que sea el 15 por ciento. Así no va. Como dice José Rigane, aunque afirmen que son las declaraciones juradas lo que mandan a Chile, en verdad nadie sabe lo que son. Y para saberlo, ¡Dios mío!

Así llegamos a la iniciativa de la que estamos hablando. Cuando yo era chico, se comentaba que la Ley de Hidrocarburos había sido elaborada por un estadounidense, Walter James Levy, traído por Onganía para modificar aquella norma sancionada durante el gobierno de Frondizi. De esta manera, se terminó dictando una norma que hoy permite anular todo lo hecho. El yanqui diseñó la ley haciendo equilibrio entre los miitares y Krieger Vasena; es decir, hizo una norma para los Estados Unidos. Pero en ese país con el petróleo no se improvisa; el que mete la pata, pierde. Si alguien no cumple con la ley, en términos jurídicamente muy graves se le dice que su acto es “nulo de nulidad absoluta”. Si firmó con el concesionario un contrato como los que hizo Aráoz, el procedimiento termina siendo nulo de nulidad absoluta. No hay solución de ninguna naturaleza. Adolfo Silenzi afirmaba que aquella ley era una canallada, el estatuto del vasallaje, porque servía para recuperar el petróleo sin pagar un peso. Eso está, pero ahora lo irán eliminando.

Otro tema que quiero citar porque considero importante es el siguiente. Hay un gran libro sobre petróleo titulado La historia del petróleo, escrito por Daniel Yergin, el consultor más importante en la actualidad. En él, Yergin afirma que el contrato de concesión muere en 1980. Sostiene que la concesión siempre significó en la Argentina una traición, porque se traducía en otorgar a la empresa privada la decisión de cuánto sacar, a quién vender, cuánto esperar y a cuánto vender. La concesión murió en la Argentina; no se hizo más. Después, hasta
1989 se celebraron contratos de operaciones. Hablando con algunos muchachos, comentábamos que el Plan Houston era de inversiones, pero todo el crudo era de YPF. Trabajaban para la empresa, no para ellos; en cambio, ahora sí.

Desaparecen las concesiones. El Plan Houston no sirve y queda anulado. Luego, los gobernadores reciben el paquete y se dedican a robar. ¿Qué hacen si no tienen plata para pagar los sueldos? Les piden a las petroleras, que les prestan la plata pero dicen: no nos van a mirar ni hacer el control, ¿verdad? Ni aparezcan. Los gobernadores tenían que verificar el nivel de reservas, pero no lo hicieron. Entonces, las reservas se acabaron y ahora no tenemos nada. ¡Las reservas se acabaron!

Ahora aparece remarcado el contrato de concesión. La acumulación de área, que estaba prohibida pero que sin embargo hacían violando la norma, se acabó. Los contratos son más largos; con veinticinco años sobra para tener un contrato. A esto debemos agregar que surge una definición profunda: “Fracking sí”. Esto es grave, porque el fracking hay que discutirlo aparte. ¿Por qué Francia dice “no” al fracking en su territorio? El único caso de desarrollo masivo de fracking, es el de Estados Unidos, pero allí nunca se preocuparon mucho por el Protocolo de Kyoto. Obama, como estaba liquidado económicamente, desarrolló el fracking haciéndolo convivir con la agricultura y la ganadería y destruyó el noroeste de Estados

Unidos. Ahora tienen la mitad de las importaciones que antes, lo que significa una cantidad de plata infernal para ellos. Con esa cantidad de dinero, el único lugar que trabaja en condiciones totalmente distintas es Estados Unidos. En Canadá, por ejemplo, hay un lío bárbaro en la zona de Alberta, donde el petróleo dejó de convivir con la agricultura y la ganadería. Allá convivían; acá, en la provincia del Neuquén, no.

Aunque se impone una definición política profunda, acá no hay nada; lo que tiene Galuccio son unos informes de YPF a los que nadie les cree. No estamos ante los técnicos de la YPF estatal a los que todos creían. Galuccio va para adelante y no se sabe cuánto cobra ni cuánto cuesta aumentar la producción. El presidente de YPF es un ser misterioso en este país y está trayendo lo peor, porque Chevron es lo peor. Es Condoleezza Rice, y Condoleezza Rice es la Guerra del Golfo, que dejó un millón de muertos entre los cuales había dos mil chicos. Podríamos contratar a Chevron, por ejemplo, para que nos alquile tropas que cuiden las fronteras; recordemos que hicieron la guerra privada. Gallucio también trajo a Schlumberger y a Halliburton. ¿Quién es Halliburton? Es Cheney, la figura petrolera internacional más importante de los Estados Unidos. Es quien manejó el tema México para liquidar PEMEX; es el que puso a los dos últimos presidentes de México; es el de la Guerra del Golfo, la mano derecha de Bush. Un millón de muertos, medio millón de chicos desaparecidos, museos robados. Eso es lo que está trayendo Galuccio. A esos tipos no hay que traerlos. Alonso Baldrich decía siempre: “Maldita la hora en que llegaron, bendita mil veces la hora en que se van”. No los traigamos. Si quieren traer a alguien, traigan a alguien más serio. Pero de los serios no viene nadie; viene lo peor, como Chevron. Miremos qué ocurrió en Ecuador: un desastre. La Guerra del Golfo, otro desastre. También debemos recordar el contrato de Perón con la California, que prácticamente le costó la presidencia porque puso a todos los peronistas interesados en el sector energético en su contra.
Las modificaciones que se quieren introducir, por todas las cuestiones que implican, deberían ser llevadas a una mesa de discusión. Los argentinos, que nos pusimos de acuerdo muchas veces en estos temas, en ocasiones traemos todo lo malo: las concesiones, el fracking, las peores empresas y la resignación ante la imposibilidad de contar con una política de Estado nacional. Es él quien tiene que cuidarnos; no las provincias. No un señor como Sapag, que vive de nosotros cuando pretende que se le cobre el gas más barato con un subsidio que pagamos todos. De esa manera quiere aumentar las regalías.
Pese a ello, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ‑que entregó todo y nunca nos
defendió‑ va y lo felicita. En el Gran Buenos Aires –no solo en el NEA‑ hay muchos argentinos
muy pobres que no tienen participación en esto. Tampoco la tiene el 40 por ciento del país, como decía recién el señor diputado Claudio Lozano.

Hay que seguir en esta pelea siempre, presentando proyectos y manteniendo la discusión en las comisiones, porque no van a arreglar nada. No lograrán el autoabastecimiento y estaremos cada vez peor.

Este es un acto muy lindo donde podemos intercambiar ideas, pero tenemos que seguir con la discusión de los distintos proyectos presentados en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Sr. Presidente (Lozano).- Antes de dar la palabra al próximo orador, agradezco la presencia de las asesoras del diputado Cuccovillo Susana Gelber y Mónica Bustos, del amigo Juan Gabriel Lavaké y del compañero Víctor Mendivil.

Tiene la palabra el señor Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur, a quien pido que en lo posible su exposición no exceda los diez minutos.

Sr. Di Risio.- En primer lugar, agradezco esta invitación. Como dijera el señor diputado Lozano, mi nombre es Diego Di Risio y trabajo como asesor en el Observatorio Petrolero Sur, una organización dedicada al estudio de temas energéticos que lleva adelante acciones para alcanzar el desafío de lograr una producción sustentable, democrática y en beneficio del pueblo.

En segundo término, quiero hacer algunas observaciones puntuales sobre el proyecto de ley. Trataré de no repetir conceptos y de mencionar algunos aspectos más generales sobre los hidrocarburos, especialmente los no convencionales.

Para nosotros, el objetivo de esta iniciativa es bien explícito: la dinamización del sector y la atracción de inversiones extranjeras. Como recién decía el compañero Calleja, ha quedado demostrado que el famoso autoabastecimiento que se iba a lograr con Vaca Muerta fue un fracaso. La oleada de inversiones que el gobierno nacional fijó como prioridad tampoco se ha dado. En cambio, lo que se hizo visible en los
últimos tiempos ‑y que es lo que se está poniendo sobre la mesa con este proyecto de ley‑ es
que como punta de lanza aparecen no solamente los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta –recordemos que hay otras cuencas que involucran el Acuífero Guaraní, el Golfo San Jorge y amplias zonas del territorio nacional consideradas potenciales
productoras de hidrocarburos‑ sino también la introducción de los crudos ultrapesados y
los beneficios impositivos sobre la recuperación terciaria.

En este sentido, se amplía el abanico de ofertas de hidrocarburos y como último ingrediente se incorpora la exploración y explotación offshore, a través de los decretos 929 y 927 lanzados justo un día antes del convenio entre YPF y Chevron.

Si bien se plantea un discurso de autoabastecimiento, a través de la dirección y gestión de Galuccio la Argentina será convertida en una exportadora neta de energía; el presidente de YPF lo dejó muy claro en la presentación de su plan quinquenal. Ya hay una clara señal en ese sentido, como así también una negación a discutir primero a quién estará dirigido el autoabastecimiento; es decir, qué modelo de desarrollo se busca y qué prioridades tendrá ese autoabastecimiento.

El acceso a la energía y la pobreza energética son problemas acuciantes que, como dijo el compañero Calleja, no fueron superados en todos estos años. ¿Cuáles soy hoy en día los grandes consumidores? ¿A quiénes se quiere garantizar el autoabastecimiento? El horizonte de exportación neta de la Argentina a partir de la explotación de Vaca Muerta es un tema muy preocupante por todos los problemas de soberanía, ambientales, sociales, etcétera.

Entonces, en este discurso de autoabastecimiento y exportación -que retoma los principales bastiones de los 90 de considerar los hidrocarburos como un commodity- se hacen también modificaciones en aras de la competitividad. En esta contradicción constante en la cual entra el kirchnerismo se apunta hacia tres ejes: los beneficios, la uniformización y estandarización del marco jurídico y fiscal, y finalmente la seguridad jurídica, que garantiza mejores condiciones para los operadores transnacionales.

En cuanto a la mejora de la competitividad, su fin es quitar todo beneficio que puedan llegar a tener las empresas estatales provinciales; no es para defender ese sistema sino una captura de renta que evidentemente YPF ha bloqueado y que, si bien no logró retroactivamente, logrará a futuro.

Por otro lado, se llevan a nivel de ley dos decretos ‑el 929 y el 927, que ya he mencionado‑ que fueron firmados un día antes de que se suscribiera el acuerdo con
Chevron y que, entre otras cuestiones, incorporan la libre disponibilidad sobre ciertos porcentajes. Esta iniciativa introduce la universalización; el corte para acceder a los proyectos de inversión ya no se ubica en los 1.000 millones de dólares sino que pasa a ser de 250 millones. O sea que casi todas las inversiones tendrán libre disponibilidad y aumento de precios, y no habrá retención a la hora de exportar.

Por otro lado, se incursiona en las áreas no convencionales de hidrocarburos con el establecimiento de prórrogas; una concesión no convencional tendría

hasta 45 años de plazo, lo que dificultará mucho la introducción de cualquier cambio en la política energética. Se fija un techo a las regalías ‑las provincias podrán cobrar hasta el 18 por ciento‑ y a partir de la uniformización del marco fiscal se establecen techos a los
cánones.

preocupantes.

Por último, quiero señalar dos aspectos que a nosotros nos parecen muy

El primero tiene que ver con la responsabilidad social empresaria, es decir,

con dotar a las operadoras para que puedan regular el conflicto territorial y la vida en la región. Si no me equivoco, las operadoras estarán obligadas a convertir el 2,5 por ciento del monto inicial de inversión en responsabilidad social empresaria. Esto implica apartar al Estado de la asignación de beneficios y de la distribución de la renta, ya que serán las empresas las encargadas de fijar prioridades y de decidir en qué sentido se desarrollará el territorio.

El segundo se vincula con la infraestructura, que de acuerdo con el proyecto de ley será financiada con recursos nacionales. Recordemos que la inversión en infraestructura que se está haciendo en Añelo, el corazón de Vaca Muerta, proviene de una deuda contraída por el Estado nacional con el BID.

Por otro lado, advertimos que se blanquean ciertos componentes que no aparecían en los contratos; el de YPF‑Neuquén es un caso, pero también los decretos 929 y
927. Se sincera una situación que ya se venía dando, dotándose de seguridad jurídica a los nuevos inversores. Además, estos cambios no son motorizados por intereses populares o una matriz alternativa de desarrollo sino por la competencia de las propias empresas, lo que nos muestra quién marca la cancha.

Asimismo, notamos que se trata de una reforma puntual -muy acotada, si se quiere- donde no se discuten todos los puntos y aristas que tienen que ver con la energía sino que lo único que busca es garantizar rentabilidad.

En esa búsqueda existe, por un lado, un marco general que no se toca ‑el marco regulatorio completamente neoliberal que tenemos‑ y, por el otro, baja transparencia por
parte de todos los actores. Los contratos, las regalías y los numerosos instrumentos jurídicos que servirían para un mejor control no están siendo discutidos. Esto ha quedado muy bien puesto sobre la mesa con el contrato entre YPF y Chevron, no solamente por la falta de información sino también por la represión que hubo después, que tuvo como saldo un docente con un tiro en el pecho, gente presa y casas de las comunidades mapuches prendidas fuego.

A esto debemos sumar los tratados bilaterales de inversión y el antecedente que significó el juicio que Repsol inició ante el CIADI. Esta empresa no fue la única: Total, Pan American Energy y Wintershall también demandaron a la Argentina.

Ese marco no se está tocando en pos de garantizar mejores condiciones y la famosa seguridad jurídica.

Por otro lado, el rol ambiguo de YPF es para nosotros extremadamente preocupante. Por un lado es bandera de los intereses del conjunto de la población
argentina ‑por ello se le entregan subsidios, se establecen fideicomisos y mejores precios de
combustible‑ pero, por el otro, cuando se le exigen niveles de control o de información es
una sociedad anónima que reporta ante sus accionistas. La asociación que YPF hace continuamente con Chevron ya ha sido mencionada, pero cabe señalar que lo mismo ocurre con Petronas y Dow Chemical. Es una constante que este proyecto busca perpetuar.

Por último, esta garantía de rentabilidad se logra no sólo con las transferencias directas e indirectas sino también con el aumento de precios que todos afrontamos. La reducción de subsidios y el incremento en el valor de los combustibles, que impactan en la canasta popular, no solamente financian esto sino que además cercenan derechos. Como señaló un compañero, al no considerarse las consultas no se respeta el derecho indígena de acceder a los recursos naturales y tampoco los derechos ambientales.

Los pasivos ambientales dejados históricamente por la industria petrolera, que se acentuaron gravemente con las reformas neoliberales y con la dotación de autogobierno directamente a las empresas, han sido escandalosos. Esta cuestión fue mencionada utilitariamente durante la discusión sobre la expropiación de YPF, afirmándose que los gobernadores tenían en sus provincias pasivos ambientales de miles de millones de dólares. Sin embargo, después de ese día nada pasó y ninguna auditoría se llevó adelante. Esto lo observamos, por ejemplo, en el Parque Nacional Calilegua: pese a que la explotación petrolera convive con un parque nacional, no se ha tomado la decisión de terminar con ella.

En suma, vemos que este autogobierno de la industria va en detrimento de diversos derechos y de la población en general.

Sr. Presidente (Lozano).- Tiene la palabra el señor José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina y secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina.

Sr. Rigane.- En primer lugar, agradezco al bloque Unidad Popular por esta iniciativa y por invitarme a participar de ella.

Quiero mencionar en particular –va a parecer un chivo, pero ustedes me entenderán‑ que el sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, al cual pertenezco y represento,
está a pocas horas de cumplir 71 años. Por eso, en nombre de mis compañeros de Luz y Fuerza agradezco la posibilidad de estar presente en este encuentro. Es cierto que también voy a intervenir en nombre de los compañeros de la conducción nacional de la CTA, pero no podía dejar de mencionar el aniversario que se cumple mañana, 8 de octubre.

Lo primero que me sale decir ‑más allá de que luego haré una lectura para tratar de ser preciso con el tiempo‑ es que este proyecto es una vergüenza. Es una entrega, una pérdida
de soberanía que puede extenderse cincuenta o cien años más. Mientras en la calle nos dicen “patria o buitre”, o que hay que defender la patria y la soberanía, con este proyecto de ley nos regalan. Esto no lo hizo ningún gobierno liberal ni neoliberal ni ninguna dictadura militar en la Argentina de los últimos cincuenta años. Sé que lo que estoy diciendo suena grave, pero la
verdad es que con solo leer el contenido del proyecto ‑aunque no se entienda demasiado de
petróleo, es posible interpretar lo que dispone‑ queda muy claro. Es el remate de nuestro
patrimonio, de nuestra soberanía y de nuestra riqueza, que es precisamente lo que está en discusión desde la década del 90.

Para nosotros, la prueba más evidente de esto es que la iniciativa en cuestión ratifica y profundiza la política de Menem y, sobre todo, mantiene intactos los conceptos que nos llevaron al fracaso de este modelo energético basado en la privatización y fundamentalmente en la extranjerización: considerar la energía como un commodity, como una mercancía; interpretar que solo accede a ella quien tiene dinero, como decía Calleja, y no que es un derecho humano, y creer que es un problema de los que saben. No es un problema de los que supuestamente saben: es un problema del pueblo. Bolivia lo demuestra todos los días.

Estas son cuestiones que me parece necesario mencionar. No es que haya querido sacarme las ganas de decirlas; para nosotros, que pensamos que son importantes y significativas, la discusión pasa por qué hacer y cómo para lograr que esto no siga sucediendo y dejen de tomarnos por estúpidos. No se animan a llamar a un plebiscito para consultar al pueblo, que es el que va a padecer las consecuencias o a gozar -como dice mi compañero y amigo
Víctor De Gennaro‑ de los supuestos beneficios del proyecto. No se animan porque saben que
pierden rotundamente, a pesar de que quizás hay cierto porcentaje de desconocimiento sobre estas cuestiones que aparecen como muy específicas.

Como dije al inicio de mi exposición, quiero dar lectura de un texto para ser preciso con el tiempo.

Dice así: “El gobierno nacional y los gobernadores de las provincias que forman parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos –OFEPHI‑ acordaron
una serie de reformas a la Ley de Hidrocarburos. Son modificaciones hechas a la medida de las multinacionales para explotar mediante la fractura hidráulica –fracking‑ los pozos de
hidrocarburos no convencionales. Lo que se está debatiendo es la dependencia de la Argentina por cincuenta o cien años”.

“La modificación a la Ley de Hidrocarburos, en el contexto de las expectativas que genera Vaca Muerta y Los Molles…” ‑Los Molles es una formación
geológica que está por debajo de Vaca Muerta, y es lo que realmente interesa a Estados
Unidos porque es petróleo convencional y sirve a sus objetivos de desarrollo estratégico militar y energético‑ “…puede terminar solidificando lo que comenzó en la década de los
90. Se está por aprobar una ley que permite una nueva apertura para la instalación de los grupos multinacionales privilegiados en el manejo de nuestros recursos naturales sin generar ningún tipo de instancia de participación popular, cuando se habla de temas vinculados a la soberanía sobre los recursos estratégicos de la Nación”.

“Esa es la importancia de esta audiencia: no solo para discutir las reformas a la legislación de hidrocarburos sino también para remitir al problema energético en la Argentina y en el mundo. En mayo pasado en Montreal, Canadá, afirmábamos: ‘El problema es el sistema capitalista y el orden capitalista de la energía, que toma a la misma como una mercancía. Las grandes empresas energéticas obtienen las mayores ganancias al dominar la tecnología y comercialmente el mercado energético, aun sin contar con la propiedad de los recursos. El problema no es la gobernabilidad ni la seguridad jurídica. El problema no es la energía, sino el capitalismo.’ Hay que reconocer que la energía es un bien social, un derecho humano y no una mercancía. Por eso, mientras rija el orden capitalista, la energía no será un derecho de los pueblos”.

“Por ello, en nuestra apreciación hay que discutir los cambios a la legislación, como el modelo energético, en el marco de la crisis energética que es parte sustancial de la crisis mundial del capitalismo. Los trabajadores tenemos opinión al respecto y es lo que pretendo compartir con ustedes, agradeciendo la posibilidad de expresarnos y, sobre todo, de poder comentar algunas opiniones. Son opiniones que compartimos con compañeros de otras latitudes, especialmente en la organización mundial Derecho a la Energía y con sindicatos y organizaciones de trabajadores de la energía de la región y del mundo.” Justamente, durante el viernes y sábado próximos celebraremos un encuentro internacional precisamente para discutir sobre estos temas y en particular respecto del fracking”.

“En el campo energético no hay nadie que pueda afirmar que hemos tenido en nuestro país una década ganada. No solo perdimos el autoabastecimiento y tenemos
que importar energía por más de 15.000 millones de dólares anuales ‑nos referimos
fundamentalmente a la importación de gas y de otros combustibles‑…” –en los últimos

tiempos tenemos que hablar también del petróleo crudo‑ “…sino que además la dimensión
de la crisis lleva a que la Argentina tenga alrededor de 1.400 megavatios instalados a base de energía delivery –motogeneradores‑, que son equipos que además de ser caros para su
mantenimiento, generan contaminación y son un parche a un problema estructural.” Concretamente, consumen de 300 a 500 litros de diesel oil por hora”.

“Otro de los problemas en el ámbito energético, además de ser un modelo basado en la privatización y extranjerización, es el sostenimiento de la matriz energética que depende casi en su totalidad de los hidrocarburos. Si bien es cierto que aún no se ha descubierto una fuente capaz de sustituir al petróleo y sus tres mil derivados, la matriz energética podría ser diversificada para bajar tremenda dependencia”.

“El gobierno nacional decidió avanzar en la dirección contraria a lo que se ha anunciado desde el discurso durante una década: acuerda con los organismos multinacionales de crédito, paga a Repsol por las acciones de YPF, acuerda con el Club de París, seguir pagando deuda ilegítima al CIADI, enredarse en la cuestión de la demanda de los fondos buitre y ratificar con la ‘ley de pago soberano’ la voluntad serial de cancelación a acreedores de la deuda antes que cancelar la deuda social con millones de argentinos”.

“En este marco es que ahora pretende reformar la Ley de Hidrocarburos, no para conquistar mayor soberanía, sino para jugar al compás del mercado y de las transnacionales”.

“Desde la modificación de la Constitución Nacional en 1994, y en 2006 con la promulgación de la ley corta, el kirchnerismo puso en manos de las provincias los recursos naturales de la Nación. En ese contexto, el debate entre el gobierno nacional y
los ‘jeques’ provinciales…” ‑los gobernadores argentinos‑ “…es quién se queda con la
mayor tajada de la renta energética”.

“Lo que discuten es el modelo de negocios para esta nueva etapa, en la que no quieren perder el negocio y tratan de hacer más atractivo aún el desembarco de los grupos
transnacionales bajo el pretexto de que vendrán con inversiones y capitales ‑que nunca
aparecieron‑ desde 1990 a la fecha, a pesar de la privatización.”

En 1990 teníamos al alcance de la mano el paraíso, pero había que privatizar. Ahora, tenemos la solución al alcance de la mano pero debemos entregar Vaca Muerta. Ya sabemos cómo nos fue en la década del 90. Entonces me pregunto: ¿por qué ahora nos va a ir distinto si la ley privilegia precisamente a las multinacionales?”.

“Vemos, en definitiva, que la discusión sobre la ‘autonomía’ de las provincias respecto del manejo de los recursos energéticos del Estado nacional termina siendo un debate que facilita la dependencia y la entrega de nuestros recursos y riqueza a manos extranjeras”.

“Recientemente, el especialista Jorge Ferioli, en una nota publicada en el diario La Nación el 3 de mayo de 2014, dijo: ‘Se necesitan diez pozos de shale gas para producir lo que genera uno convencional y además se triplica el costo por pozo. Para no importar petróleo crudo y sustituir las importaciones de gas licuado hacia el año 2030 habría que perforar dentro de los próximos quince años 7.042 pozos de shale oil y 7.505 pozos de shale gas.’

“Como podemos ver, la explotación de los hidrocarburos no convencionales implica un problema de inversión muy alto. Además, trae consigo complejas consecuencias ambientales en relación al uso de agua y arena que se inyecta a alta presión y mezclada con quinientos productos químicos tóxicos, muchos de los cuales no se conocen.” Tampoco se sabe

cómo están compuestos”.

“Apreciaciones similares formula el académico mexicano John Saxe Fernández en la revista Periferias Nº 21 de la FISYP, denunciando el costoso y aun secreto gasto estatal para financiar a las transnacionales petroleras, sin asegurar la resolución del abastecimiento vía ‘no convencionales’.

“Recientemente, el periodista Nuño Domínguez publicó una nota, en la revista Esmateria.com que afirma: ‘…un estudio científico en Estados Unidos (en la que participó el Servicio Geológico de EEUU) culpa a varias explotaciones de fracking de causar más de 2.000 terremotos en Oklahoma. Este Estado se destaca entre los que más operaciones tienen de fractura hidráulica en todo el país y ha experimentado un espectacular aumento de los sismos en los últimos cinco años. Los geólogos han bautizado a la serie de terremotos como el ‘enjambre de Jones’, por el nombre de la pequeña localidad cercana a la capital del Estado donde, desde 2008, se han registrado 2.547 terremotos de magnitud 3 o superior, casi uno por cada uno de sus 2.692 habitantes, según recalca la revista Science que ha publicado el estudio.’

“En la misma nota, Domínguez cita a Luis González Vallejo, catedrático especialista en ingeniería geológica de la Universidad Complutense de Madrid, quien sostiene que ‘este es un tema equiparable al cáncer, sabemos mucho, pero es mucho más lo que desconocemos, por eso es muy difícil predecir qué sucederá hasta que las explotaciones ya estén en marcha’ y considera que los estudios para abrir una explotación de fracking ‘deberían ser más estrictos’ y ‘ser encargados a un organismo independiente, y no a la empresa que quiere la concesión como hasta ahora.”

En la Argentina no hay ninguna legislación al respecto, y tampoco este proyecto de ley considera reglamentar o establecer criterios para el desarrollo de la fractura hidráulica.

“Justamente, las reformas que se pretenden aplicar a la Ley de Hidrocarburos están pensadas para que las provincias petroleras tengan más autonomía para atraer las inversiones necesarias para explotar los pozos de hidrocarburos no convencionales”.

“Entre los puntos de la reforma está el de bajar la base de la inversión. A Chevron se le exigió una base de 1.000 millones de dólares, los gobernadores y el gobierno nacional pretenden que baje a 250 millones, como mínimo”.

“La propuesta establece que ‘se procurará que los municipios no graven a la industria ni adopten normas que interfieran con dicha actividad.’

“Este punto no es menor si tenemos en cuenta que ya existen más de cuarenta y cuatro municipios en la Argentina que le dijeron no al fracking…” –esto viene de abajo, desde el pueblo- “…y que existen muchos focos de resistencia en pequeñas localidades de todo el país que no quieren que este tipo de explotaciones se instalen en los lugares donde viven”.

“Cuando hablamos de supeditación, nos referimos al mecanismo de concesión. Acá se sigue hablando de concesiones, cuando en el mundo no se aplica este método de explotación entre los Estados y las multinacionales y lo peor es que, para la nueva ley, los plazos de explotación para los no convencionales serán de 35 años, con 10 años más prorrogables, cuando para los convencionales está establecida en 25 años la concesión de inicio”.

“A fines de mayo de este año, visitó la Argentina el secretario adjunto de Energía de Estados Unidos, Daniel Poneman. Junto a Julio De Vido recorrieron Vaca Muerta y establecieron acuerdos de cooperación”.

“En la reciente visita de los jefes de gobierno de China y de Rusia se manifestó el interés por Vaca Muerta y la explotación de los no convencionales”.
“Las discusiones sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos no pueden desvincularse de estas visitas. Todo apunta a la entrega de nuestra soberanía. En una nota reciente del director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Julio Gambina, se afirma: ‘Por ello es que el Senado de la Nación dio media sanción a una ley de inmunidad a las inversiones de otros países vía acuerdos de reciprocidad con bancos centrales. Un proyecto empujado por el Poder Ejecutivo con amplio acuerdo parlamentario y que se transformará en ley en la Cámara de Diputados en los próximos días.”.

“Todo se hace a medida de los inversores internacionales y en lo que nos toca, a medida de las transnacionales petroleras”.

“¿Y el pueblo dónde está? La nueva Ley de Hidrocarburos, por lo que se conoce, tiene el mismo nivel de secretismo que los acuerdos con las multinacionales. Entonces nos preguntamos: ¿se está discutiendo la nueva ley para resolver el acceso a la energía del pueblo argentino? ¿Se está resolviendo y estableciendo que la energía es estratégica, hace a la soberanía y a la seguridad nacional? ¿Se está definiendo a la energía como un bien social? ¿O la falta de debate y de consulta al pueblo y a las instituciones democráticas tiene que ver con que otra vez entregamos todo a los grupos multinacionales? ¿Se estará superando la antinomia entre las provincias petroleras ricas, por un recurso de todos los argentinos, con las provincias pobres por no ser petroleras y que el mercado margina por siempre?”.

“Está claro que esta reforma se hace en función de los intereses de los grupos multinacionales. Argentina es el único país en la región que en este terreno no ha transitado ninguna iniciativa con seriedad hacia la independencia”.

“Resulta imprescindible romper con la trampa del poder del sistema actual, hay que transitar por el camino de la soberanía, la justicia y la independencia. Para ello es necesario comprometerse, participar y ganar las calles con pleno protagonismo consciente, que nos habilite a una transformación de fondo, sepultando las iniciativas posibilistas y poniendo fin a un modelo económico depredador, contaminante y exportador”.

“Al mismo tiempo, quiero enfatizar que no alcanza con debates como éste, que aun con la importancia que tienen no conmueven al conjunto de nuestro pueblo. Por eso, desde la FETERA y la CTA venimos sosteniendo una Campaña Popular en Defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes…” –que integra una iniciativa vinculada con una consulta popular. “Es parte de un debate mayor en que el pueblo, tiene que discutir el país que tenemos y el que necesitamos. En ese marco hay que discutir el proyecto energético de un modelo productivo y de desarrollo con el centro en la satisfacción de las necesidades y no la obtención de la ganancia que se deriva de la mercantilización de la energía”.

“La energía es un derecho y para eso nos organizamos y luchamos los trabajadores.”

Sr. Presidente (Lozano).- Tiene la palabra Martín Carcione, miembro de la Multisectorial contra la Hidrofractura ‑fracking-, quien presentará sus planteos.

Sr. Carcione.- Como dijo el señor diputado, mi nombre es Martín Carcione y he venido en representación de la Multisectorial contra la hidrofractura, conocida como fracking. Agradezco esta invitación y la posibilidad de participar de tan importante evento.

La primera intención de la multisectorial es transmitir lo más claramente posible que lo que se pretende legalizar con la sanción de este proyecto sucede desde hace más de un año en nuestra provincia, que en este momento se encuentra en una situación muy

compleja.

También iba a venir, pero no pudo, un representante de la Confederación Mapuche de Neuquén en nombre de los compañeros que viven en los territorios que están siendo arrasados por las multinacionales. En Loma Campana, en Vaca Muerta, hay una comunidad que se llama Campo Maripe que está siendo desplazada de sus territorios y que empieza a convivir con casi quinientas torres de fracking levantadas en los últimos meses.

Lo principal para nosotros es, entonces, intervenir en este debate para que se sepa que el pueblo mapuche y el de la provincia del Neuquén en su conjunto están siendo recolonizados; luego de haber soportado más de quinientos años de postergación y ocultamiento, ahora deben sufrir nuevamente en sus territorios comunitarios la avanzada de estas empresas multinacionales con topadoras, torres de perforación, camiones, camionetas y todo tipo de violaciones a sus derechos, como bien explicaba Diego Di Risio. No hubo ninguna consulta previa a los pueblos originarios, a pesar de que así lo establecen los acuerdos a los que la Argentina adhirió y que con la reforma de 1994 adquirieron rango constitucional.

Transmitir esta situación en este espacio constituye nuestra primera necesidad. La otra, muy importante, es decir que todo lo que acá se discute ya empezó a manifestarse en la provincia. Más allá de los discursos sobre soberanía energética, lo que sucede en Neuquén es que ésta es entregada a las multinacionales mediante una asociación lícita, por decirlo de alguna manera. Con la sanción de este proyecto quedarán legalizados todos los negocios que hacen los funcionarios provinciales del gobierno de Jorge Sapag con las empresas. Ellos son los que permiten negociar todo lo que tiene que ver con la industria de la contaminación que genera esta actividad. Son los que, por ejemplo, dan los permisos para que las empresas de remediación zarandeen la tierra y digan que de esa forma la están remediando. Son, además, los mismos que después figuran como parte de las empresas de remediación ambiental.

Por otra parte, durante los últimos dos meses, en la zona donde están haciendo la explotación YPF‑Chevron –la más avanzada en nuestro país en materia de hidrocarburos no convencionales‑ se produjeron cuatro derrames en cuatro pozos, uno de
ellos muy importante. Hubo que desalojar siete u ocho torres de los alrededores. También hubo dos accidentes viales, solamente durante el último domingo 5 de octubre, donde murieron tres trabajadores: dos en un camión que transportaba productos químicos para
la explotación petrolera y el otro ‑un soldador‑ aplastado por una máquina en uno de los
yacimientos. Esto ocurre porque el nivel de trabajo al que están siendo sometidos es infernal. Me refiero concretamente a los tiempos que se les imponen para generar ese avance en la explotación hidrocarburífera.

Si se me permite, quiero mostrar la imagen de un piloto de explotaciones no convencionales en el área natural protegida de Auca Mahuida que muestra un derrame de petróleo. El gobierno de la provincia de Neuquén permite y habilita a la empresa Total Austral a perforar en un área natural protegida utilizando la técnica del fracking. Aprobó un estudio de impacto ambiental que presentó la empresa, copiado y pegado, donde figuran especies animales a las que no les va a pasar nada porque ni siquiera son de la zona; por eso no les va a pasar nada.

Esta es la situación que enfrentamos desde la multisectorial de la cual formo parte junto con trabajadores, estudiantes y jóvenes de distintas organizaciones. Sentimos la necesidad de venir a alertarlos porque creemos que entre todos podemos unificar la mayor cantidad de esfuerzos para impedir lo que esta ley va a generar: extender y garantizar por la vía legal el avance no sólo de Chevron sino del conjunto de las empresas multinacionales. Recién José Rigane mencionaba la cantidad de pozos que serían necesarios. En Loma Campana solamente hay quinientos, y las proyecciones indican que se harán dos mil quinientos, cinco mil

y hasta siete mil pozos. No va a quedar nada.

Igual que Diego Di Risio, nosotros trabajamos con el criterio de área de sacrificio porque entendemos que en la provincia de Neuquén se están produciendo: es un área de sacrificio la Cuenca Chacoparanaense, que está debajo del Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua potable más grandes del mundo. No en vano se ha quitado el acceso al agua potable como derecho fundamental del nuevo Código Civil y Comercial. Lo han hecho pensando justamente en este tipo de avances.

Además, se están desarrollando una serie de actividades en nuestra provincia, fundamentalmente en la zona de Añelo ‑la cabecera desde la que empiezan a avanzar hacia Vaca Muerta‑, vinculadas con el crecimiento de la trata de personas y de la droga. Hay una ruta
con un tráfico de más de seis mil vehículos por día y se ha duplicado la población de la ciudad, que cuenta solo con una sala sanitaria que tiene tres camillas pero, al mismo tiempo, posee un casino gigante.

Nuestra intención es responder al discurso mentiroso del gobierno nacional mostrando lo que ya están haciendo y lo que pretenden generalizar con esta ley. Previo a que se llegara al acuerdo con los gobernadores de las provincias petroleras, hubo una disputa por algunas migajas y pequeñas partes del recurso; pero ahora coinciden en avanzar en esta ley
escandalosa, en esta verdadera vergüenza ‑suscribo las palabras de José Rigane‑, en esta
barbaridad tan difícil de dimensionar para cualquiera de nosotros.

Incluso han incorporado todo tipo de beneficios, por ejemplo en relación con la exploración y explotación offshore. Todo lo que esté en el mar será considerado offshore. A último momento, por pedido de Pan American Energy, el hijo de Bulgheroni viajó exclusivamente para sentarse con el senador Marcelo Guinle y pedirle que sacaran la restricción, estableciendo como offshore todo lo que está en el mar. Así fue como se favoreció claramente a las multinacionales.

Simplemente quería acercarles esta situación que estamos atravesando a nivel territorial y social. Está presente el diputado provincial Raúl Dobrusin, uno de los pocos que colaboró activamente con la tarea de la multisectorial. Es una verdadera excepción en el marco de una Legislatura provincial que facilitó la entrega de Vaca Muerta, como así también el pacto celebrado hace un año en medio de una represión policial que garantizó a los tiros ese escándalo en nuestra provincia y que esperemos no sea un anticipo del futuro de nuestro país.

Para finalizar, también suscribo las palabras de José Rigane, en el sentido de que necesitamos todo el apoyo posible para coordinar acciones a lo largo y ancho de nuestro país.
Este sábado 11 de octubre estaremos junto a los compañeros mapuches de la comunidad de Campo Maripe participando de la caravana hasta Vaca Muerta; es el Ultimo Día de Libertad de los Pueblos Originarios y no queremos que pase a la historia como una nueva colonización de todos nuestros recursos.

Agradezco a todos por brindarnos su tiempo y pido que sigamos intentando organizar todas las actividades que podamos para frenar la sanción de esta ley que es una verdadera estafa al pueblo argentino.

Sr. Presidente (Lozano).- Tiene la palabra el compañero Hugo Palamidessi, quien ha concurrido en representación del grupo MORENO.

Sr. Palamidessi.- Creo que se ha dicho prácticamente todo lo que había que decir respecto de este proyecto de ley. En el grupo MORENO venimos anatematizando la política energética de la década infame de Menem desde hace doce años. Ya estamos un poco pasados de

argumentos, pero sin embargo vivimos con mucha preocupación lo que está ocurriendo porque las previsiones sobre lo que pasaría si no había un cambio de política en el tema han superado todas las expectativas.
Estamos en una situación muy crítica; dado el grado de desabastecimiento de energía y la carga económica que trae aparejado, esto se ha convertido en un problema de todo el mundo. Como decía José Rigane, la energía nunca fue sólo un problema de especialistas. Hoy, más que nunca, tenemos que lograr que el pueblo entienda que no es cuestión nada más de quienes nos ocupamos de la energía, porque la situación realmente está afectando
a todo el país y pagaremos muy caro ‑sobre todo quienes menos tienen, como siempre‑ el
desarrollo de esta política.

Debemos transmitir de todas las formas posibles lo que ocurre con la energía a la gente que está menos involucrada, o lo está indirectamente, con el problema, para que empiece a entender que va a perjudicar cada vez más la vida de todos los argentinos. Tal como mencionaba uno de los compañeros, hay pueblos afectados directamente por el desarrollo de la propia actividad, que pasa por encima de todas las condiciones de vida y no respeta sus derechos ni el ambiente en el cual se lleva a cabo. Es preciso que no sólo ellos sino todos comiencen a sentir en qué medida estas decisiones influirán cada vez más en sus vidas.

Siguiendo las palabras de Gustavo Calleja, la energía será nada más que para quienes puedan pagarla; esto lo vemos todos los días. Como señalaba Diego Di Risio, con el precio de los combustibles estamos pagando esta política que nos condena y llegaremos a una situación tal en la que este problema se va a resolver solamente con mucho sacrificio, mucho dolor y mucha pobreza para el pueblo argentino.

Por eso entendemos que debemos apuntar a hacer público este tema y difundir de todas las formas posibles esta política que además, con el cuento del autoabastecimiento, ha vendido la soberanía. Es decir, nos pusieron ante el dilema de poner el autoabastecimiento como meta y en el camino entregar todo lo demás: la soberanía, el poder y las condiciones de vida de todo el pueblo para lograr que el país se autoabastezca energéticamente. ¿Pero a quiénes está dirigido ese objetivo? A los que pueden pagar, a las grandes empresas.

La situación es tan grave que se ha llegado al ridículo de que la política energética –en función de los intereses de las grandes multinacionales- se dé de patadas con la política económica que se pretende difundir.

Lloramos y hacemos todo lo posible por no perder dólares, pero por otro lado entregamos las pocas riquezas que tenemos y afectamos los medios de pagos de los que podríamos disponer con la libre disponibilidad de los hidrocarburos y las divisas que obtendrían las multinacionales.

Debemos pensar en argumentos que nos permitan involucrar a todos, para lograr que el pueblo sea consciente de que la energía es un problema del conjunto. Sentimos que esto ha comenzado a ocurrir, pero hay que calar mucho más hondo. Debemos ser muy claros ante la gente para unir más voluntades y frenar, como ocurrió con tantas otras decisiones tomadas hoy en día, este aspecto de la política energética que llevará a la ruina el nivel de vida de los argentinos.

Sr. Presidente (Lozano).- Tiene la palabra el señor Raúl Dobrusin, diputado de Unidad Popular de la provincia del Neuquén, que sin duda es estratégica en esta discusión.

Sr. Dobrusin.- Es para mí un gusto participar en esta conferencia. Supongo que entre los presentes no hay muchos que estén a favor de esta norma, así que podríamos decir que estamos en un ambiente de “no acuerdo”.

Como bien decía Martín Carcione, en la provincia del Neuquén se están practicando nuevas técnicas e introduciendo distintas tecnologías. Se está cambiando el vivir de los neuquinos por el vivir de los petroleros.
Con respecto al proyecto de ley -creo que todos lo dijeron-, no es una norma de hidrocarburos ni de política energética: es una norma de negocios, o sea con quién se arreglan y cómo se paga. Además, a veces pasamos de largo algunas de las palabras que se dicen: estamos hablando de treinta y cinco años más diez, es decir, de cuarenta y cinco años. Esto significa que de acá a cuarenta y cinco años no se podrá cambiar por métodos legales lo que firmen estos gobernantes, tanto nacionales como provinciales.

En la provincia de Neuquén hay funcionarios de los dos tipos. Uno de ellos es un señor llamado Oscar Parrilli, quien fuera privatizador de YPF y de Gas del Estado, y que ahora tiene a su cargo la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. No podemos esperar nada de él, aunque ahora está tratando de blanquearse; parece que no privatizó, que fue un voto más, que no fue algo importante.

Otro es Jaime de Nevares, quien se retiró de la Convención Constituyente de 1994 por suerte para los neuquinos que lo votamos; no somos responsables de lo resuelto sobre el subsuelo del país.

Hay una discusión que en Neuquén todavía no se da: quién fija las políticas y cómo se implementa, si nacionalmente o a través de cada una de las “republiquetas” que el menemismo armó en nuestro país. Cuando en mi provincia discutimos estas cuestiones, generalmente nos dicen que no somos nacidos y criados allí, que no entendemos nada de la energía o que somos increíblemente porteños y no neuquinos. Es una discusión difícil, porque todo el tiempo hay que rebatir idioteces y no se puede llegar a la cuestión de fondo: qué ocurre con el petróleo.

Estos días tuve la posibilidad de estar en Misiones, donde se llevó a cabo una audiencia pública porque los compañeros están tratando de frenar la construcción de represas sobre el río Uruguay. Recordemos que cuando fue el tema de Corpus Christi, la gente ganó una consulta popular y se prohibió la construcción de la represa.

En aquella época, Ramón Puerta dictó una norma que prohibía las represas sobre el río Paraná. Pero prohibió un poquito, como para dejar el río Uruguay limpio. También tienen Yacyretá, que no les solucionó nada; estas represas, tampoco. No es que no lo digan; por el contrario, afirman que la energía es para otro lado, no para Misiones. Además hablan del derrame; pero como decía un compañero misionero debe tratarse de un derrame para arriba, de un problema de “antigravedad”, porque para abajo nunca hay derrame. Cuando vemos a los de arriba, advertimos que realmente están mucho mejor; será entonces que existe una ley de “antigravedad” que provoca que los derrames siempre sean hacia arriba.

Respecto del petróleo, aunque ya bastante dijo Martín Carcione, para que quede claro agregaré que tanto YPF como Gas y Petróleo de Neuquén están aprovechando la situación para hacer un negocio inmobiliario. El gobernador cedió a esta empresa neuquina todas las áreas de la provincia para que las maneje. Incluso, se constituyó una sociedad anónima con una cláusula específica que dice que no puede ser controlada por el Estado: solo puede auditarla la Comisión Nacional de Valores. Es decir que el Estado neuquino no puede controlar una empresa que tiene el ciento por ciento de las acciones de la provincia. El secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible que tenemos en Neuquén, que es el responsable de controlar, es a su vez el representante de nuestra provincia en YPF. O sea que no sabemos cómo controla a su propia empresa.

En un esfuerzo muy grande, la provincia ha comprado seis camionetas para inspeccionar los pozos. Martín Carcione habló de 500; 362 se hicieron durante el último año. Reitero que estamos hablando de seis camionetas; nada de pensar en satélites

o cosas por el estilo porque es demasiado difícil. El gobierno de la provincia hizo una campaña diciendo que había asignado un inspector de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para Loma Campana. ¡Uno solo! Y hay 362 pozos.
Además de la vida nos están robando el futuro. No es solo una cuestión de plata; hay negocios que no conocemos o que parecen no existir.

El diario zonal Río Negro le hizo una entrevista al ministro de Energía y Servicios Públicos de la provincia de Neuquén. Resulta que la empresa Gas y Petróleo concesionó áreas pero no puso ni un peso; su socio en esas áreas, tampoco. Dijo que iban a abrir la potencialidad de la explotación a las pequeñas y medianas empresas, ¿pero qué sucedió? Por ejemplo, una de las áreas se la dan a un señor llamado Schvartzbaum; a pesar de que no hizo la oferta más alta, ganó la licitación para la concesión de esa área. Extrañamente, ninguno de los dos puso un peso.

¿Qué pasó luego? Parece que ellos no sabían que en Vaca Muerta había petróleo. Como tuvieron la suerte que lo hubiera, YPF compró la parte de Schvartzbaum en 40 millones de dólares. ¡40 millones de dólares! Si habláramos de un dólar equivalente a 10 pesos, serían 400 millones de pesos. Un tipo que no puso un peso ni hizo nada, se llevó esa cifra. No sé cuáles serán los porcentajes en el reparto, pero con que sea el 1 por ciento es mucho dinero. Quizás estoy calculando por lo bajo; quienes conocen mejor que yo el negocio petrolero sabrán qué porcentajes de comisión se manejan, pero pienso que se habrá llevado más del 1 por ciento. En resumen, poniendo cero pesos el Señor se llevó 40 millones de dólares.

Cuando el periodista hace ese comentario para que el ministro explique cómo Gas y Petróleo no se dio cuenta de lo que ocurría, dice lo siguiente. Si se me permite, leeré algunos párrafos del reportaje.

“-¿Schvartzbaum cuánto recibió?
“-Creo que debe haber recibido no menos de 150 millones verdes, verdes, a fondo perdido”. O sea que le dieron varios créditos y demás. “Te puedo asegurar que cuando recibió el refino…” –el refino tiene lugar cuando se produce un gas nuevo, que tiene otro precio
y se paga más que el gas común‑ “…no lo podía creer.” Es decir que estaban sorprendidos.
“-¿Qué hizo Schvartzbaum con ese dinero?”
“-No. Está todo invertido (…) Pero lo que pasa es que para mover eso necesitás un capital de trabajo de por lo menos 45 millones de dólares.” Claro, se necesita más plata porque Schvartzbaum solo había conseguido 150 millones de dólares.
“-En Amarga Chica se había presentado también Entre Lomas, que propuso más inversión pero no le adjudicaron.
“-Te soy sincero, no recuerdo…” Más adelante, el reportaje sigue así:
“-Cuesta entender que YPF sea socia de…
“-Podría decirte que es peor lo de Rovella, más dudoso…” “-¿Cómo más dudoso?”
“-Era mucho más razonable Schvartzbaum (…) que Rovella que era una constructora que se quería meter en el petróleo. Por lo menos Schvartzbaum era un tipo del palo, con una refinería a la que le estaban entrando fuertes sumas de dinero (…); que tenía un contrato político con YPF.”
Luego el periodista le pregunta si se conocía lo de Vaca Muerta, a lo que el secretario contesta que no y continúa diciendo:
“-Nadie sabía que había shale oil… En el medio, había una fuerte presión inicial de las empresas de servicios, constructoras y demás de la posibilidad de crecer en la cadena de valor en la provincia…
“-¿Qué empresas?
“-Ingeniería Sima, Riva, Codal, Edevesa, San Andrés… “-¿Rovella?

“No. Rovella viene de la mano del Grupo Petersen.” Cabe aclarar que a Rovella se le compró el área por 450 millones de dólares. Tenía el 51 por ciento de un área de GyP, con muchísima riqueza de petróleo.
En Neuquén, como bien decía Martín Carcione, estamos haciendo actividades y peleándola. Tratamos que en nuestra provincia quede algo. Claro que la realidad es que, al margen de la cuestión del negocio, para la perforación de cada uno de esos 500 pozos se usan casi 30 millones de litros de agua potable. Tenemos la suerte de que YPF hace publicidad en todos los diarios para que no se hable mal de ellos. Nosotros habíamos puesto un banner en una página donde se podía leer la consigna “No al fracking”. Pues bien, lo cambiaron por uno que dice “Chevron”. O sea que están al tanto de todo lo que pasa.

La realidad es que este es un negocio de unos pocos. No es para nosotros. Al menos en nuestra provincia están entregando la vida de la gente como consecuencia de la contaminación.

Tuve la suerte de participar por Unidad Popular en la contracumbre sobre cambio climático que se hizo en Nueva York. Toda la gente que iba de los Estados Unidos ‑de California, de Pennsylvania, etcétera‑ decía “no” al fracking. También había gente de Nueva
York, pese a que tienen una moratoria y sienten miedo de que en cualquier momento la levanten. Hay consciencia de que este sistema de extracción contamina.

En esos 30 millones de litros de agua, según la publicidad de YPF sólo corresponde a productos químicos el 0,5 por ciento. Es cierto, pero son 150.000 litros de químicos contaminantes por cada pozo perforado; si hablamos de 500 pozos, ni hagamos la cuenta. Todavía tenemos agua pero no sé por cuánto tiempo; como es sabido, se ha dicho que en algún momento habría guerras por el agua dulce.

Para terminar, quiero agregar que tenemos bastante bronca en Neuquén porque se está cambiando el debate: ahora, la cuestión es si debemos decidir los neuquinos o los extranjeros, es decir, los argentinos que no pertenecen a nuestra provincia. El gobernador viene y firma, olvidándose de que somos los miembros de la Legislatura quienes debemos hacerlo. Si
no me equivoco –los señores diputados me corregirán si no es así‑, sigue en el Senado el tema
de la estación satelital china…

Sr. Presidente (Lozano).- El proyecto todavía está allí, pero la estación ya la están construyendo.

Sr. Dobrusin.- Así es; el convenio está por ser aprobado, pero desde diciembre del 2012 se está trabajando. A 30 kilómetros de la futura estación espacial u observatorio no sé de qué…

Sr. Presidente (Lozano).- Monitoreo de la luna.

Sr. Dobrusin.- En realidad llega a Marte, porque se aceptó que vean un poquito más.
Con esta estación espacial los chinos tendrán una situación estratégica; dado que estamos en el otro polo, de esta manera podrán dar toda la vuelta a la Tierra. Les faltaba un lugar en el hemisferio sur y nos encontraron a nosotros.

Como decía, a unos 30 kilómetros de ese lugar, en junio del 2012 una empresa minera china quiso iniciar un proceso de megaminería para la extracción de minerales en la localidad de Loncopué. Como el proyecto fue rechazado por el pueblo en una consulta popular, tuvieron que parar todo y se fueron.

Reitero que la estación espacial, que también es de los chinos, se está construyendo a 30 kilómetros del lugar; es decir que debajo de ella también está Vaca Muerta. Entonces, empezamos a dudar de cuáles son los negocios en nuestra provincia.

Deseo finalizar mi exposición con algo que dijo al pasar José Rigane: Los Molles y Quintuco son yacimientos que se encuentran debajo de Vaca Muerta, y por la forma de concesión de las áreas se puede continuar perforando sin preguntar a nadie. Por eso no paran y siguen adelante. No aparecen números ni valores sobre los pozos, pero ellos lo tienen muy claro.

Por eso pido que nos juntemos, que veamos la forma de encontrar la vuelta porque este proyecto de ley ni siquiera es discutible. No es que modificando un artículo queda bárbaro; no se puede arreglar absolutamente nada porque es para el negocio. Como bien se ha expresado, había que legalizar la situación porque los decretos que se dictaron estaban en duda.

El proyecto, reitero, no se puede discutir, pero sí tenemos que debatir entre todos cuál es la política que en esta materia se debe llevar adelante.

Sr. Presidente (Lozano).- Tiene la palabra el señor Gustavo Lahoud, miembro del Instituto de
Pensamiento y Políticas Públicas.

Sr. Lahoud.- Ante todo, agradezco a todos los compañeros por tan importante presencia.

Estamos ante la perspectiva de poner en discusión una problemática estratégica para el desarrollo y para el futuro de nuestra comunidad.

La forma en que el gobierno nacional ha encarado el debate se resume, muy simplemente, en un conjunto de reuniones llevadas a cabo en los últimos tres meses entre la administración nacional y los gobernadores de las provincias que integran la OFEPHI. A partir de allí se presenta este proyecto de ley, del cual se ha dicho incluso que tuvo el consenso y la discusión adecuados; así lo manifestó la semana pasada el ingeniero Galuccio en su exposición ante las comisiones en el Senado.

Desde Unidad Popular creemos que debemos reafirmar muy claramente una postura que denuncie la línea de continuidad que existe entre esta iniciativa y toda la estructura de desregulación del mercado petrogasífero heredada de los años 90.

Este proyecto de ley no sólo consolida un esquema de entrega y apropiación de nuestra riqueza común a partir de las disposiciones de su título I ‑que reforma diecinueve artículos de la Ley de Hidrocarburos 17.319‑ sino que encierra como objetivo puntual la
generación de un marco adecuado para que allí donde hay recursos potenciales y reservas ya probadas, probables y posibles, las grandes empresas transnacionales puedan estar, junto con YPF, en condiciones de captar buena parte de los recursos económicos que podrán obtener a partir de una explotación masiva.

El título II del proyecto de ley presenta un escenario de generalización de los mecanismos promocionales, que como bien decían los compañeros del Observatorio Petrolero Sur también nos pone ante una situación de degradación institucional que se consolida a partir de la intervención de este mismo gobierno con la llamada “ley de soberanía hidrocarburífera”.

¿Por qué digo que se consolida? Porque lo que esta norma no dice en ninguno de sus títulos ‑tampoco lo ha hecho la ley de soberanía hidrocarburífera sancionada en 2012-
es que no existen mecanismos de control ni de regulación del Estado nacional y de los estados provinciales para captar porciones de renta lo suficientemente relevantes como para que puedan ser orientadas a otro tipo de desarrollo. Me refiero a un desarrollo que no se efectúe sobre las espaldas de los argentinos, que es lo que hoy vemos como horizonte posible si es que este proyecto de ley se aprueba.

Aquí se obtuvo el concurso de los gobernadores de las provincias, lo que por otra parte ha significado una puesta en escena del falso federalismo que existe en nuestra República. Esto también se diluyó a partir de la sanción de la famosa Ley de Federalización de Hidrocarburos en
1992.
Por otra parte, las catorce provincias que son consumidoras y no productoras de hidrocarburos, no fueron llamadas para brindar opinión respecto de este proyecto de ley.

La reversión y destrucción concreta del federalismo en la Argentina, junto con la conformación de entidades inviables en términos de poder de negociación con los grandes emporios transnacionales –como ocurre desde el año 2007 con la consolidación de la llamada “ley corta”-, traza un horizonte en el cual el poder público prácticamente no tiene posibilidades ni facultades para intervenir.

Debemos generar conciencia sobre esta situación, porque más allá de que se apruebe o no este proyecto de ley, lo que podremos lograr en el futuro ‑en el mediano y largo plazo‑ es no sólo una oposición creciente en nuestras poblaciones sino también que
haya graves dificultades a la hora de implementar normas que contrarían cualquier tipo de criterio vinculado con la racionalidad en la explotación de los recursos y con el cuidado que una fuerza como la nuestra debe poner sobre la mesa, sustentado en los principios de prevención, de precaución, de equidad intergeneracional y de sustentabilidad, cuestiones que de ninguna manera aparecen pautadas en esta iniciativa. Sólo se afirma que Nación y provincias asumirán, en el marco del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, el compromiso de respetar los presupuestos ambientales mínimos.

Además de la problemática medioambiental, se presenta otra de carácter impositivo que es pateada hacia adelante. Se habla de un acuerdo entre Nación y provincias, donde cada una de las jurisdicciones podría percibir no más de un 3 por ciento en materia de ingresos brutos.

Asimismo se establece, en general, un techo del 12% a la percepción de regalías-

Esta legislación, amén de generar un escenario caótico desde el punto de vista de las posibilidades de control para cualquier administración pública que en el futuro administre los intereses de nuestra Nación, impide que percibamos la necesidad de desarrollar una estrategia de diversificación de nuestra matriz energética que, a partir de la incorporación complementaria de fuentes renovables de generación energética, nos permita estar en condiciones de transitar un camino vinculado con otro tipo de desarrollo. Cuando los compañeros preopinantes se preguntaban qué energía se debe utilizar y para qué tipo de proyecto nacional, no hacían más que plantear las inquietudes que deberían estar a la cabeza de cualquier tipo de cuestionamiento que se efectúe hoy ante este avasallamiento.

La energía, como bien social y derecho humano inalienable, no solo se debe medir en términos de la posibilidad de generar el autoabastecimiento del que el gobierno tanto habla; también tenemos que pensar en perspectiva sobre la sostenibilidad de ese autoabastecimiento en el marco de la racionalidad económica y el cuidado ambiental.

También es necesario garantizar el acceso universal y libre a la energía por parte de toda la población, en condiciones que permitan generar un modo de vida reproducible en el mediano y largo plazo. Estos elementos son los únicos que, al ser incorporados, nos permitirán pensar como Nación en un margen de maniobra que nos dé posibilidades de futuro desde el punto de vista de la soberanía.

En este proyecto tampoco se hace –en ningún momento se buscó hacerlo‑
una correcta evaluación de lo que en el ámbito de la geopolítica de la energía significa la

batalla no sólo por los recursos convencionales que quedan sino también por aquellos de difícil acceso, entre los cuales están los no convencionales.
Cuando Estados Unidos comienza con esta explotación a gran escala ‑es el único país fuera de
la Argentina que en las últimas décadas desarrolló este tipo de explotación de manera creciente‑,
lo hace pensando también en cómo generar un horizonte de vida para un tipo de explotación que desde el punto de vista económico y financiero no produce condiciones de sostenibilidad en el tiempo, ya que los pozos superexplotados se agotan mucho más rápidamente que los de tipo convencional.

Para sobrevivir en ese entramado necesitan extender sus intereses no solo hacia el noroeste de México –lo que han logrado con la reforma energética mexicana‑ sino
también hacia otros horizontes donde puedan llevar adelante su objetivo. Por eso están mirando las formaciones de Vaca Muerta, de Quintuco y de Los Molles; están mirando
nuestra provincia de Neuquén, los probables recursos de la formación D‑129 en Chubut
y la posibilidad de extender a toda el área de la plataforma continental condiciones de explotación que harán inviable cualquier tipo de desarrollo que garantice a los argentinos un modo de vida digno en el futuro.

En definitiva, proponemos que se incorporen elementos que permitan crear un escenario donde se tome como bandera la necesidad de rever de manera estructural el proceso de desregulación iniciado con aquellos tres famosos decretos de comienzos de los 90 y los mecanismos promocionales que de la mano de Chevron y de programas como el Plan Gas se han venido dando en los últimos dos años, y que además permita poner sobre la mesa la necesidad de una auditoría integral sobre los recursos y las reservas. Me refiero no solo a las reservas probadas sino a qué tipo y cantidad de reservas probables y posibles tenemos tanto en nuestras cinco cuencas sedimentarias productivas como en otras áreas nunca exploradas en el territorio nacional.

Hay mucho por hacer si queremos retomar el control público de un bien estratégico como el recurso hidrocarburífero; asimismo, hay mucho por hacer si lo que pretendemos es rearmar ese control entre Nación y provincias con todos los recursos convencionales.

Decir que tales recursos están agotados es, en realidad, una parte de la verdad. La otra parte, referida al futuro de los recursos convencionales, quedó demostrada incluso en los últimos años por la propia YPF cuando puso en marcha un proceso de inversión que permitió comenzar a recuperar tímidamente un horizonte de producción al alza. Cabe preguntarse dónde hay estrategias de control concretas, con herramientas también concretas, por parte del Estado nacional que permitan a YPF y al resto de las operadoras, generar las condiciones para que la producción de gas y petróleo se incremente de manera sostenible en la República Argentina, sin necesidad de rifar el futuro de la patria pensando que estamos ante una nueva Arabia Saudita que puede vivir del offshore y de los recursos no convencionales.

En definitiva, como ha faltado pensamiento estratégico, empecemos a desandar el camino que nos permita poner en el centro la necesidad de tener una YPF pública que eche por tierra cualquier tipo de modelo vinculado con la desregulación y la transferencia de recursos a las empresas del sector, y que permita no sólo desarrollar una estrategia de diversificación de la matriz sino también una integración latinoamericana creciente con nuestros pueblos de América Latina.

Por último, quiero señalar que hay un artículo de este proyecto de ley que marca concretamente el escenario donde estamos. Me refiero a aquél que prohíbe a las
empresas públicas ‑sean nacionales o provinciales y cualquiera fuere su forma jurídica‑
tener áreas de reservas para ser afectadas a la producción. Si esto no explica la verdadera

naturaleza extractivista y depredadora de este proyecto, ¿qué otra cosa la explicaría mejor?

Sr. Presidente (Lozano).- Tiene la palabra el señor Pablo Bergel, legislador de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el bloque Verde Alameda, partido Bien Común.

Sr. Bergel.- Señor presidente: en primer término, agradezco esta invitación y aclaro que mi bloque también se llama Bien Común. Nosotros, como muchos compañeros que integran distintos movimientos sociales y asambleas a lo largo y ancho del país, nos negamos a hablar de recursos naturales y preferimos el término “bienes comunes”. En nuestro partido, los bienes comunes naturales son unos de los pilares paradigmáticos de la visión que queremos extender.

Con lo que ya se dijo, sobran argumentos para rechazar este proyecto de ley y dar el debate en particular. Esto lo digo con todo respeto por la tradición nacional y popular, y también por la tradición socialista, que yo mismo he recorrido durante muchísimos años de mi vida y que incluía, por supuesto, la lucha antiimperialista y contra toda forma de colonialismo, donde el capítulo sobre el dominio soberano de lo que sí llamábamos recursos naturales era una parte sustancial. Fui parte de esa tradición al menos hasta los años 90. Luego, no es que la dejé de lado sino que fui chocado por una visión que me fecundó en otro sentido, sin modificar aquella tradición previa que respeto enormemente, y me puso ante una nueva mirada, una nueva visión y un nuevo paradigma.

Más allá de la porquería de esta ley -con todos los argumentos que ya se dijeron: que es el súmmum del capitalismo, del colonialismo, del atropello a los pueblos originarios y de todo lo peor-, no puedo dejar de recordar a Cristina Lincopan, lonko de la comunidad Gelay Ko, quien murió a los treinta años siendo una mujer fuerte y saludable que luchaba contra la petrolera Apache -ahora comprada por YPF- en la zona cercana a Cutral Có. Cualquiera puede verla plena de salud en la entrevista que aparece en la película de Pino Solanas “La Guerra del Fracking”; luego de unos pocos meses se filma, y se incluye en el mismo documental, la visita hecha junto con la comunidad a la tumba de Cristina Lincopan, quien murió contaminada por estas prácticas para extraer petróleo.

Pido disculpas por esta digresión, pero me parece que su figura es absolutamente emblemática del atropello y de esta segunda, tercera, quinta o enésima conquista del desierto que sufren no sólo nuestros pueblos originarios sino también los fruticultores del Alto Valle, de Allen y Cipolletti, y muchas asambleas ciudadanas de Neuquén, Río Negro y la cuenca del Currú Leuvu, conformada por los ríos Negro, Limay, Neuquén y sus afluentes.

Más allá de expresar mi solidaridad con todos mis compañeros y de los argumentos ya dados, que alcanzan para descartar esta idea, quiero hacer un planteo desde el paradigma que me chocó en los 90, que me atropelló y que hizo que ya no pudiera seguir como venía. Luego descubrí que cuando el general Perón en 1972, veinte años antes, ya hablaba de
estas cuestiones, nosotros ‑los pibes de la juventud peronista o de otros sectores que nos
llamábamos “revolucionarios”‑ decíamos: el viejo está chocho, mirá las pavadas que escribe; le
hizo mal tanta Europa. Nos referíamos al documento ecuménico a los pueblos del mundo sobre medio ambiente. Los jóvenes del socialismo nacional o internacional, independientemente de que proviniésemos de la juventud peronista, marxista o católica, no entendíamos nada; ese mensaje nos pasó por arriba.

Fui chocado por este paradigma estando en Brasil, a partir de unos compañeros de ese país. Desde ese momento no pude obviar más el tema, porque me produjo una creciente y profunda visión que cambiaba mi manera de pensar.

El paradigma que sostenemos es que el mejor petróleo, el mejor hidrocarburo, es el que está bajo tierra; no el que explota Chevron u otras compañías transnacionales.

Observamos que a futuro tampoco hay una civilización nacional y popular, plurinacional y popular o como queramos llamarla, que continúe con el paradigma hidrocarburífero dependiente o “fósiladicto”. En otras palabras, que prorrogue el modelo “fósildependiente” no productivo con una sociedad de consumo “fósiladicta”.

Cuando hablamos de estas cuestiones nos dicen: está bien pibe, andá y seguí caminando por la sombra. Piensan que hablamos de utopías irrealizables o, en el mejor de los casos, sólo de aspectos complementarios; es decir, de aspectos en los cuales las energías renovables pueden ser complementarias de la matriz principal, que sigue siendo concebida como hidrocarburífera, nuclear o megahidroeléctrica. Lo mismo podría decir de Atucha, de Corpus, de Yacyretá o de Garabí, ya que forman parte de un paradigma de modernidad que creo ha sido superado y que solamente puede dar beneficios a un capitalismo decrépito.

Lo que proponemos no es una formulación; es algo posible y está siendo evidenciado en Alemania. Hay que mirar lo que ocurre en ese país porque es real: está avanzando de tal manera en las energías alternativas, que ha dejado de lado la nuclear y se encuentra en un proceso de sustitución de hidrocarburos, estimándose que en 2050 la energía que utilice será renovable en un ciento por ciento.

Acabo de leer una nota de un comentarista alemán, que señala que hay días singulares de sol y de viento en los cuales, por algunas horas e incluso en un día completo, la totalidad de la energía que consume la Alemania industrial es renovable. No estamos hablando de un país precapitalista o preindustrial sino de un país que, junto con Japón, es quizás uno de los más industrializados per capita. Hay días en que el ciento por ciento de la energía que consume es eólica, solar o biomásica. Aclaro que cuando hablo de “biomásica” no me refiero al bioetanol ni al derivado de plantaciones que compiten con la producción alimentaria, lo cual es igualmente repudiable según nuestra visión.

Por otra parte, hemos presentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley titulado: “Buenos Aires 2050: Energía 100% Renovable, Emisión Cero.” Emisión cero quiere decir cero emisión de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono.

Por supuesto, es una iniciativa que no va a ser aprobada. Lo mismo ocurriría en la Cámara de Diputados, ¿qué creen que pasaría si la presentara aquí? Sólo podría exponerla en una audiencia pública, como lo estoy haciendo ahora. Ojalá que otra gente cuente sobre ella, la tome y se inspire; mientras la relación de fuerzas siga como hasta ahora, sólo a eso podemos aspirar.
Sin embargo, aunque a veces desde Buenos Aires no es muy visible, hay un sustrato social con una conciencia creciente sobre estos temas nacida de la resistencia. Es decir, resistencia que se construya cerca del pueblo donde viven una torre que contamine o una minera. Ejemplo de lo que estoy diciendo es la minera que pretendió instalarse a 6 kilómetros de Esquel y que fue rechazada en un plebiscito por su población. Loncopué es el segundo caso, después del de Esquel en 2003. El 81 por ciento de Esquel y más o menos el 82 por ciento de Loncopué dijeron “no” a las mineras. Veamos ahora si hay un plebiscito en Malvinas Argentinas para consultar a la población respecto de la instalación de una planta de Monsanto; en caso de que se permita realizar una consulta popular, veremos cuáles son sus resultados.

¡Hay un sustrato de la patria que se está sublevando, compañeros! Lo digo con este tono y pido disculpas si me vuelve la raíz nacional y popular. Hay un sujeto al que tenemos que apostar; debemos aprender a distinguirlo y a escucharlo porque no está muy visible, sobre todo en los ámbitos metropolitanos. Está presente mucho más de lo que creemos.

Aquí no se trata de ir contra el petróleo, el uranio o las megarrepresas; se trata de ir contra la explotación inmobiliaria urbana, aunque en verdad son lo mismo. IRSA, el mayor traficante inmobiliario del país, es también el mayor terrateniente sojero del país con la empresa Cresud. Soros ya fue; ahora es Elsztain.

Hice esta especie de provocación porque creo que seguir discutiendo sobre el proyecto de ley es caer en una obviedad; ya se habló de sobra y considero que debemos dar un paso más para pensar en un país distinto, no solo desde el punto de vista energético sino de la ocupación del territorio, de la producción soberana de alimentos y de la soberanía energética, ya sea para 44 millones o para 80 millones de argentinos. En esta tierra pueden vivir cerca de 100 millones de personas bien alimentadas, cultas, productoras de su propio alimento, en contacto con la naturaleza y con los mejores elementos de la cultura urbana. Es decir, sin tener que pagar el precio que la modernidad nos hizo pagar al escindirnos de la naturaleza.

Las energías renovables son uno de los tres o cuatro elementos clave para lograr ese objetivo. Oportunamente se sancionó una ley que dispone que el 8 por ciento de la matriz energética deberá ser renovable para el 2016; estamos en el 1 por ciento. Para que todos los compañeros, sobre todo aquellos que trabajan en el sector, se queden tranquilos, aclaro que las energías alternativas dan mucho más empleo que las
convencionales. Los empleos verdes –como se conocen en otras partes del mundo‑ son más
que los empleos generados en el marco de las actuales formas de energía, de la agricultura convencional y de los agronegocios conceptualizados como commodities, que son expulsivos.
No vamos hacia las cavernas ni hacia un problema de desocupación. Por el contrario, ocuparemos territorio, se generará trabajo y cultura, y se reconstruirá el tejido social. De eso trata el nuevo paradigma energético con energías renovables, básicamente sol y viento.

Sr. Presidente (Lozano).- Luego de estas presentaciones, y de esta provocación o sugerencia final de abrir la cabeza para pensar en otras alternativas, tenemos algunos minutos para seguir con el intercambio de ideas y las reflexiones.

Tiene la palabra el ingeniero Bruno Capra, en representación de la Central de
Entidades Empresarias Nacionales y del Instituto de Energía “Scalabrini Ortiz”.

Sr. Capra.- Señor presidente: saludo a todos los expositores, de quienes soy amigo porque fui cofundador del Grupo MORENO y trabajé junto a ellos muchas veces.

Podría opinar, pero no lo voy a hacer, respecto de la matriz energética, la generación eólica y solar, etcétera. Tenemos posición tomada acerca de la represa sobre el río Santa Cruz; creemos que podría construirse con recursos nacionales en un ciento por ciento y para ello planteamos formas de financiamiento a través de fideicomisos, disminución de encajes y asignación específica, es decir, la sustitución de la emisión de moneda específica. Pensamos que esto es posible e incluso hay publicaciones sobre el particular en el suplemento “Cash” de Página 12.

En el plano económico, las dos organizaciones a las que represento cultivan la teoría de las estructuras productivas desequilibradas y plantean que el estrangulamiento de la balanza de pagos es un tema anunciado desde el punto de vista de la lógica económica y también permanente, porque si la Argentina entrase nuevamente en un cese o en una crisis, según mis cálculos ya sería la decimosexta vez que lo hace. Las cuentas pueden ser distintas con respecto a las intensidades, pero esa famosa leyenda de “una vez cada diez años” se basa en que hay lógicas que producen el endeudamiento y el exceso de gastos, lo que genera una economía de stop and go y destruye muchas organizaciones.

Al mismo tiempo, ambas organizaciones hemos hecho una alianza estratégica entre trabajo y producción nacional con el núcleo del MTA –que está extendiéndose‑ y seis
organizaciones vinculadas con las pymes. Estamos buscando un nuevo baricentro para discutir lo que acabo de comentar.

Sr. De Gennaro.- ¿Qué es el MTA?

Sr. Capra.- El Movimiento de Trabajadores Argentinos, que estaba en la CGT. No creí que tenía que aclarárselo a ustedes.

Sr. De Gennaro.- Creí que se refería a la CGT de Moyano

Sr. Capra.- Ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo.

En relación con los hidrocarburos, además de pelear por la idea de que la propiedad es realmente de la Nación ‑siendo el dominio originario expresado en la Constitución un eufemismo para no discutir sobre el tema‑, hay otros complementos; pero
como sé que todos conocen estas cuestiones, no me extenderé sobre ellas.

En cambio, sí quiero abordar una problemática vinculada con las estructuras productivas desequilibradas: la presencia industrial interna de la Argentina. Siempre que se habla de inversiones, todos piensan que deben ser solamente en dólares, cuando en verdad muchas de ellas se podrían hacer en pesos. Incluso, podrían ser muchas más si hubiera un propósito industrialista que las persiga. Si nosotros ponemos el recurso de base, que es el petróleo, quien quiera venir a sacarlo tendría que hacer bastante esfuerzo. Sería un contrasentido dar a un operador norteamericano la posibilidad de extraerlo, ya que en Estados Unidos es prácticamente imposible que un petrolero pueda comprar fuera de ese país porque leyes como el Buy American Act, que corresponde a nuestro compre argentino, en los casos estratégicos hasta prohíbe directamente pedir precios al extranjero. O sea que se hace ahí sí o sí.

Así funciona el avance tecnológico en los Estados Unidos; no es el país de mis amores, pero tengo que reconocer que en este tema son buenos. Entonces, usémoslo de ejemplo.

El requisito de que las inversiones no puedan ser inferiores a los 250 millones de dólares, lo tengo apuntado como una discriminación hacia los ciudadanos argentinos, porque si hay que juntar esa cantidad de dinero –que ni los capos la tienen disponible- difícilmente puedan participar; además, tampoco cuentan con la tecnología necesaria. Aunque haya cincuenta pymes inteligentes que saben qué hacer, no tendrían ninguna posibilidad y sólo podrían ser servidoras del interés central; o sea, subcontratistas del subcontratista de servicios.

Además, debería haber limitaciones a que se importen equipos valuados a piacere; cuando ingresa una de esas torres grandes, ¿vale 50 millones o 100 millones de dólares? Si desafío a cualquiera a que me conteste fehacientemente, verá que no puede hacerlo porque da lo mismo; es un expediente valuado en cierta cifra, que una vez que recibe todos los sellos se convierte en un documento contable que sirve para demostrar cuánto se invirtió. Es lo que hizo Telefónica en su momento; compró por 250 millones de dólares con papeles valuados al 10 por ciento y en el primer año invirtió 1.200 millones, que les garantizo –soy ingeniero electrónico y fui proveedor de ENTEL- que sólo en un 20 por ciento era inversión real. Lo demás era un juego de papeles. De 1.200 millones de dólares, 200 millones eran reales. De manera que antes de un año recuperaron toda la plata invertida y lo demás es cuento.

Esto se repite una y otra vez. Hay un estudio de Jorge Gaggero, del CEFID
-que más de uno conocerá-, que habla de los precios de transferencia y de las multinacionales. A través de un mecanismo que supera mi entendimiento ‑porque soy
ingeniero y no economista-, durante los últimos dos años las doscientas empresas más grandes han enviado anualmente a sus casas matrices un estimado de 13.000 millones de dólares de precios de transferencia, que se suman a los 5.000 millones de dólares que la Ley de Inversión Extranjera autoriza a girar contablemente a la totalidad de las

empresas. Es decir que por los enclaves industriales en la Argentina tenemos un déficit de
18.000 millones de dólares, situación que supera el escándalo energético; sin embargo, de esto no se habla.
Las organizaciones que represento y yo, personalmente, estamos en una posición favorable al gobierno. No es que no veamos los errores que acabo de exponer, pero creemos que si nos derrotan no irán Victor Mendivil y Claudio Lozano al gobierno sino que volverán los Martínez de Hoz y sus amigos, con lo cual perderíamos todos los que formamos parte del campo nacional.

Este proyecto de ley tiene defectos, y si he venido a exponerlos en nombre de las dos organizaciones que integro es porque creo que si no se hace algo a tiempo, una derrota política extemporánea o una ruptura del modelo puede ser mucho peor para nosotros. Se me escapa la capacidad de visualizar cómo podemos armonizar con el problema y, al mismo tiempo, avanzar para que se sustituya lo indispensable y el estrangulamiento de la balanza de pagos no llegue a un stop que destruya lo conquistado.

Soy amante de la ley del compre argentino. La ley está vigente, y es una calamidad que no se la ponga en práctica porque así no se permite el desarrollo industrial endógeno.

Si la densidad de equipamiento para el shale oil es tan alta, si pudiésemos hacer cosas en el país de manera tal de presionar detrás del recurso, que es lo que vienen a buscar, entonces sería diferente. Cuando era industrial del sector electrónico y existía el compre argentino, hice crecer mi empresa. Iba al extranjero, particularmente a Italia porque soy de origen italiano; como hablo su idioma tanto como el castellano, podía entrar en los matices. Entonces, a alguien que construía equipamiento ferroviario le decíamos que si quería hacer un negocio en la Argentina, tenía que apoyarse en una empresa de nuestro país. Como le caíamos simpáticos, terminaba haciendo el negocio con nosotros. Le decíamos que
podíamos comprarle equipamiento, pero a cambio él debía proporcionarnos el know‑how. En
otras palabras, si nos daba el conocimiento y la tecnología, podíamos llegar a un acuerdo.

En aquel entonces yo hacía señalamiento ferroviario, un elemento complejo que está casi en el orden de la aviónica o de la energía nuclear. Sin embargo, lo conseguimos. Estas son las inquietudes de ambas instituciones que represento. Me ha parecido importante transmitir qué estamos haciendo para que nos ayudemos mutuamente y podamos conseguir la mejor posición argentina.

Sr. Presidente (Lozano).- Tiene la palabra la señora Beverly Keene.

Sra. Keene.- Señor presidente: desde nuestro pequeño espacio, Diálogo 2000, traigo los saludos de Adolfo Pérez Esquivel, de “Norita” Cortiñas, de Mirta Baravalle y de todos nuestros compañeros que no han podido venir a esta conferencia pero que me han expresado su apoyo. Sin duda, compartimos todos los diagnósticos hechos esta tarde respecto de un proyecto de ley que, hasta donde conocemos, es una verdadera vergüenza.

No pretendo hablar sobre su texto y tampoco respecto de la deuda, porque de eso se ha hablado bastante. Simplemente quiero recordar –como dijo el doctor Calleja en la primera intervención- que al final de la dictadura la deuda que se le enchufó ilegítimamente a YPF era, en números redondos, de 6.000 millones de dólares, mientras que la deuda de la Argentina ascendía a los 8.000 millones de dólares.

También en números muy grosos, podemos afirmar que la deuda que como pagadores seriales hoy estamos afrontando, es producto de la reestructuración y del refinanciamiento de aquella de la dictadura. Palabra más, palabra menos, podemos decir que una parte importante de la deuda que estamos pagando es por ese endeudamiento ilegítimo de YPF.

Procesos como éste hubo en muchos países. Cuando en Ecuador se constituyó una comisión para la auditoría de la deuda pública en el año 2007, pudimos trazar un paralelismo entre lo que ocurrió con YPF y el endeudamiento de la empresa petrolera de ese país. Si vamos a Venezuela, veremos lo mismo. De México, ya se ha hablado. O sea que sobre esta relación entre el avance de la industria petrolera y la deuda hay una larga historia no solamente en la Argentina sino en muchos países de nuestra región.

También quiero traer a colación un tema que creo no se ha mencionado ‑por lo menos yo no lo escuché‑, pero sobre el cual sí se hicieron circular unas fotos. Los compañeros
de Neuquén que protestan contra el avance de este negocio, obviamente están enfrentados a la Gendarmería, la Policía y los dispositivos militares. Es importante agregar a nuestras preocupaciones y reflexiones que las dos hipótesis de conflicto más importantes, que Estados Unidos está enseñando a las fuerzas de seguridad de nuestra región, son la protección de los bienes naturales y la respuesta ante los llamados desastres o emergencias naturales. Estas dos hipótesis de conflicto tienen mucho que ver con el tema de los hidrocarburos y con ese sustrato de la patria que Pablo Bergel acaba de mencionar; me refiero a esos focos de resistencia que están evitando lo peor.

No es casual, y por eso traigo el tema a esta mesa, que las tropas argentinas que hoy pertenecen a la fuerza de ocupación de la Minustah en Haití estén justamente desplegadas, según nos cuentan los compañeros haitianos, en las zonas donde la exploración petrolera sigue avanzando a mano de las mismas empresas que aquí fueron denunciadas.

Me pareció importante traer a colación el tema de la preparación militar para enfrentar los conflictos sociales, que sin duda seguirán creciendo en la medida que avance esta
entrega, porque en Haití las fuerzas armadas de la Argentina –como de otros países‑ están
recibiendo instrucción, ensayando y preparándose para traer esas enseñanzas a nuestro territorio.

Sr. Presidente (Lozano).- Tiene la palabra el señor Isaac Gurovich.

Sr. Gurovich.- Señor presidente: trataré de ser lo más breve posible.

Hemos venido a discutir sobre un tema y en el transcurso del debate se dieron una serie de motivos por los cuales estamos justamente oponiéndonos a que se apruebe este proyecto de ley. He vivido las épocas del Estado de Bienestar, del peronismo, de los golpes de Estado, de las dictaduras, de las fuerzas armadas en nuestras empresas, etcétera. En su momento peleamos contra las privatizaciones para que los gobiernos tuvieran el control de las empresas estatales. Estaba SOMISA que era nuestra, que era del Estado, y lo mismo ocurría con la empresa de electricidad.

Estuve intercambiando ideas con José Rigane sobre la necesidad de discutir con nuestro pueblo la historia desde la época del peronismo, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Estamos en contra de este proyecto de ley, pero hay otros sectores también con buenas intenciones que al apoyar a este gobierno incondicionalmente terminarán avalando la futura ley porque será una ley de este gobierno. Aprovechemos que estamos viviendo en democracia y dejemos de lado otros problemas. Yo podría hablar sobre las usinas atómicas y demás, pero me parece que luego de lo que se ha dicho en relación con el tema que trajo José Rigane, en estos días debemos poner dirigir todo nuestro esfuerzo hacia el problema de las privatizaciones y de la situación energética. Dejemos de lado otras cuestiones porque hay una cuestión cultural que es preciso resolver. Hay que mostrar a la gente cuál es el camino.

En definitiva, pido que pongamos toda nuestra fuerza en la lucha contra la sanción de este proyecto, denunciando hacia dónde nos lleva y haciendo nuestras propuestas.

Sr. Presidente (Lozano)-.- Antes de hacer un comentario final, comunico que ha llegado una adhesión del presidente del bloque Partido Socialista, diputado nacional Juan Carlos Zabalza.

Los taquígrafos han tomado nota de todo lo que se ha dicho. Con la información vertida por los distintos expositores, se hará una publicación no sólo para que esté a disposición el análisis realizado sino también para que podamos incorporar ese material en el Diario de Sesiones cuando se produzca el debate sobre este proyecto.

Por otro lado, ratifico la convocatoria a la audiencia pública para hablar sobre la deuda. Será el próximo martes 14 y estará coordinada por mi compañero y amigo Víctor De Gennaro. En esa oportunidad contaremos con la presencia de Éric Toussaint, quien expondrá sobre el tema.

Por otra parte, no es muy razonable –y creo que el hecho merece una reflexión‑ que una iniciativa de esta envergadura se debata cuando el mandato del actual gobierno está terminando. Podríamos hacernos una pregunta sobre la urgencia, que justamente tiene que ver con algo que mencionó Bruno Capra.

En el curso de la última década, la Argentina ha tenido una acumulación de divisas del orden de los 150.000 millones de dólares como resultado de la balanza comercial favorable que obtuvo en función de los precios con los que contó en materia internacional. Pagó en términos netos más de 60.000 millones de dólares de deuda pública para abordar un problema que, como todos vemos, no está resuelto y permitió que se fugaran alrededor de 90.000 millones de dólares de sus principales capitales. Asimismo, en el marco de la transferencia de utilidades al exterior por parte de capitales extranjeros, se transfirieron más de 25.000 millones de dólares. Todo durante la misma década.

La suma de lo que acabo de mencionar ‑deuda, fuga de capitales, extranjerización de la economía y transferencia de utilidades‑ supera la cantidad de dólares
acumulados por nuestro país durante el curso de estos diez años y da como resultado una coyuntura concreta: que la Argentina hoy no tiene dólares.

En consecuencia, es la urgencia por los dólares la razón central por la que ahora se da esta discusión. Es por la urgencia en obtenerlos que se plantea hipotecar cuanta cosa podamos pensar en términos de recursos naturales. No hay detrás de esto ningún pensamiento estratégico de ninguna naturaleza; sólo una cuestión de urgencia vinculada al logro de divisas, que en la lógica tradicional de la Argentina solo se consigue
con recesión ‑en la que ya estamos‑ y con crédito. Para eso se recurrió al Club de Paris;
para eso se hizo la ignominiosa compensación a Repsol y para eso fuimos en búsqueda del retorno al mercado financiero internacional, que quedó trunca por el conflicto con los fondos buitres y el fallo del Juez Griesa.

Sin crédito y con una recesión que no alcanza para resolver el problema de la falta de dólares, la solución es que vengan a como dé lugar, dándoles lo que pidan con tal de que traigan algún dólar con el que sostener la coyuntura hasta 2015. No hay ninguna otra discusión seria en torno de este proyecto, y lo que hay por detrás son barbaridades.

La verdad del problema es que pese a todas las concesiones que hace el proyecto de ley, aparecen dos aspectos gravísimos. El primero fue mencionado por Gustavo Lahoud y se refiere a la imposibilidad no de que se asocien Nación y provincias sino de que haya nuevas áreas reservadas a la explotación bajo control de empresas públicas o de cualquier otra figura jurídica en las que los Estados, ya sea nacional o provinciales, participen. No pueden ocupar más áreas que las que ya ocupan, ya que la norma fija un límite específico y taxativo.

En segundo lugar, lo que en realidad establece el proyecto de ley es un piso de concesiones, ya que luego hay un anexo del que surge que los acuerdos sobre los beneficios fiscales, la cuestión ambiental y el pliego licitatorio concreto que se va a ofertar, serán efectuados entre Nación y provincias pasando por arriba de todos los otros resortes institucionales.

En otras palabras, las concesiones establecidas en la iniciativa son sólo un piso de las que los acuerdos entre Nación y provincias puedan llegar a establecer, ya que dependerán de las concesiones puntuales y particulares que se lleven adelante.

Con respecto a lo que decía Pablo Bergel en cuanto a la necesidad de pensar un paradigma distinto, está claro que en una Argentina que depende en más de un 90 por ciento de los hidrocarburos, nada peor podría ocurrir que pensar en transformar la riqueza potencial de Vaca Muerta en una apuesta a que dependa aún más. Sería terrible para su matriz energética creer que podría ser una potencial exportadora de hidrocarburos no convencionales y apostar su futuro a eso. Están pretendiendo que los dólares del glifosato de la soja y del fracking miserable terminen siendo los que financien una estructura industrial que seguirá siendo desequilibrada si no se plantea una estrategia diferente.

Este es el escenario en el que estamos. La Argentina que necesitamos en términos energéticos no se discute desde su transformación en potencia energética sino desde la necesidad de contar con una matriz distinta, lo que implica reemplazar progresivamente el papel que cumplen los hidrocarburos. Esa es la avenida principal para plantear una propuesta diferente en asociación con buena parte de la región latinoamericana: Venezuela, Bolivia y Brasil a través de PDVSA, Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Bolivianos. Es en ese marco concreto en el que podemos discutir sobre el tema.

La verdad es que la estatización de la mitad de YPF, la recuperación mínima de la renta petrolera y la puesta en marcha de algunas inversiones han demostrado que el camino de capturar renta para ponerla en función del financiamiento es un sendero posible; es un camino que ha dado resultado. Actualmente, YPF está compensando la desinversión de las petroleras privadas.

En este marco decimos que hay una política inmediata de corto plazo y de auditoría de las reservas tanto convencionales como no convencionales; la necesidad de revisar todas y cada una de las concesiones, de terminar con los decretos desreguladores y de recuperar capacidad de renta para reorientar una matriz distinta en la Argentina en el contexto de un nuevo tipo de integración regional.

Este es el camino que sostiene Unidad Popular, el que sustentará el dictamen que suscribiremos en minoría y el que seguramente, más temprano que tarde, seguirá la Argentina.

Agradezco a todos por su presencia y de esta manera declaro finalizada esta audiencia pública convocada para analizar la nueva Ley de Hidrocarburos.