1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Nuevo Código Procesal Penal de la Nación

Me tocó la responsabilidad institucional, en Córdoba, de poner en marcha un sistema procesal muy similar, precursor del sistema que adopta el dictamen de mayoría (en adelante “el proyecto”) del PE. Fue una tarea larga (diez años para su implementación total, término que se minimiza en el proyecto), no exenta de dificultades económicas (el cambio requiere una fuerte inversión) y las derivadas de prejuicios inquisitivos de los operadores judiciales, que fueron superadas con decisión política: el Código Procesal Penal de esa provincia lleva ya más de veinte años de un razonablemente satisfactorio funcionamiento.

Desde el punto de vista jurídico, el proyecto viene precedido por un razonable consenso académico y político: representantes de los principales partidos con representación en el Congreso Nacional, acordaron varias veces en los últimos años impulsar conjuntamente la discusión parlamentaria de una reforma integral del sistema procesal penal federal, cuya trascendencia institucional se evidencia por la índole de la cuestiones que debe tratar.
Los constituyentes de 1853 cuando redactaron el preámbulo pretendían, a partir de esa introducción, enunciar “quienes dictaban la Constitución, para quienes iba dirigida y con qué objetivo lo hacían”.
Se me ocurre que las mismas preguntas podrían ser la columna de análisis de cada una de las leyes que son votadas en este Parlamento. Este nuevo código no escapa a ese formato primario de interpretación.
La autoría intelectual de este código no ha nacido del consenso Parlamentario ni del debate profundo de sus comisiones, tampoco ha abierto su armado normativo a la discusión profunda de una sociedad que sufre el flagelo sin solución que representa hoy la grave crisis en materia de seguridad. No hemos escuchado en esta Cámara a ninguno de los enriquecedores testimonios que podrían darnos muchos de los hombres y mujeres que con experiencia y sabiduría trasuntan el ámbito del derecho penal. Está claro entonces que quienes han redactado este código se han arrogado la exclusividad de su autoría, impidiendo la interacción de los demás actores del orden legislativo y jurídico. Ni siquiera hemos escuchado a quién será la jefa del cuerpo de fiscales que ostenten el ejercicio de la acción penal.
Quienes convalidan el tratamiento de este código en las condiciones planteadas están soslayando una violación del procedimiento legislativo reglado por el Reglamento de la Cámara. No pretendo ser reiterativo pero la claridad del artículo 74 y la unanimidad de antecedentes de trámite parlamentario de todas las cuestiones procesales penales han tenido como comisión cabecera a la Comisión de Legislación Penal. En un hecho inédito en este Parlamento, en este proyecto, la comisión ha perdido su condición de cabecera.
Los puntos centrales del proyecto pueden sintetizarse diciendo que invoca tutelar, tanto los intereses del acusado como los derechos de la víctima del delito; reformula los métodos de investigación; reordena el rol que le corresponde a fiscales y jueces en el proceso, dando a aquellos la investigación de los delitos y a estos el control de esa actividad y el dictado de la decisión final de la condena o la absolución.
Pero debo decir preliminarmente que la investigación penal a cargo de los fiscales será un avance en lo procesal, en la medida que se respeten estas cinco condiciones (que no están claras o no están previstas) para garantizar que no sea políticamente desnaturalizado
*Que los fiscales carezcan de toda atribución para ordenar medidas de coerción, como detenciones, allanamientos, intervenciones de teléfonos etc., las que solo podrán pedir al juez y este resolverá si corresponden (con lo que se evitan persecuciones políticas).
*Que los fiscales carezcan de toda atribución para cerrar las investigaciones por si solos, debiendo siempre solicitar al juez cualquier archivo de actuaciones, desestimación de denuncia o sobreseimiento (con lo que se evita la impunidad de los investigados).
*Que el vencimiento de un plazo para investigar una causa o resolver la situación de los imputados no implique el cierre automático de la investigación, sino que el expediente le sea retirado al fiscal remiso y entregado por sorteo público a otro fiscal, por un nuevo plazo, debiendo examinarse las responsabilidades disciplinarias y políticas del remiso (con lo que también se evita la impunidad de los investigados).
*Que la comisión bicameral del Congreso Nacional que se ocupa del Ministerio Público, sea mayoritariamente integrada por las minorías y dotada por ley de fuertes atribuciones de información y de contralor de su funcionamiento. Esto no importa injerencia en la independencia de los fiscales: se trata solo de una reglamentación de la “coordinación” que la Constitución le impone al Ministerio Público con el Poder Legislativo.
*Que no se intente hacer creer a la población que se trata de una solución al problemas de la inseguridad, pues esta obedece a otros muchos factores (políticos, económicos, sociales, culturales, de oportunidades de trabajo, escalas de valores etc.).
Si bien algunas de estas pautas fueron anunciadas, no se reflejan con la necesaria claridad en el texto final que se somete a nuestra consideración.
Pero debe enfatizarse que encuentro un fuerte reaseguro frente a la hipótesis de que se pretenda utilizar las nuevas atribuciones procesales de los fiscales, como una herramienta para buscar impunidad para delitos de corrupción.
El artículo 120 de la Constitución Nacional que crea al Ministerio Público, no consagra la estabilidad de sus integrantes, pues solo les reconoce “inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”. Es la Ley Orgánica del Ministerio público la que establece que los fiscales gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta.
O sea que la estabilidad de los fiscales no tiene, en consecuencia, expreso nivel constitucional. Tampoco surge tal “estabilidad” de los términos usados por el artículo 120 C.N. precedentemente transcriptos ya que no puede inferirse de la garantía de “intangibilidad de remuneraciones”. Tampoco puede equiparársela a la “inmunidad funcional” pues indudablemente ambos no son conceptos sinónimos, al punto de que puedan utilizarse indistintamente el uno o el otro para significar lo mismo. Es más, la vigente Ley Orgánica en un artículo alude expresamente a la “estabilidad”, y en otro diferente alude a las “inmunidades” (en especial, la de arresto).
Tampoco influye que dicha ley en otro artículo referencia a la “estabilidad que prevé el art l20 de la C.N.”, pues como se vio la Constitución no prevé dicha “estabilidad”: tal estabilidad no existe como prerrogativa Constitucional lo que no cambia porque la ley haga decir a la Constitución lo que la Constitución no dice.
En conclusión, si a los fiscales los hace vitalicios solo una ley del Congreso, esta ley puede ser reformada por el Congreso y privar a los fiscales de la estabilidad que a nivel de legislación común se les acuerda, sin desmedro de la Constitución. Esto debe valer como una advertencia sobre la posibilidad cierta de nuevos y futuros controles sobre los procesos de designación y remoción de fiscales.
Y sobre un cambio en ambos sistemas, hoy teñidos fuertemente de un espíritu corporativo que, por la estructura vertical de la organización del Ministerio Fiscal, deja un papel preponderante en ambos aspectos a la figura de la Procuración General de la Nación, siempre teñida de sospechas (o de certezas, como hoy en día) de vinculación política con el gobierno de turno.

El proyecto diseña al proceso como un instrumento imprescindible e insustituible para la aplicación, exenta de arbitrariedad, de una sanción penal, la que sólo podrá imponerse después de su desenvolvimiento en las condiciones de garantía que fija y sin que pueda considerarse un anticipo o comienzo de pena en sí mismo, ni sus instituciones operar en la práctica con ese carácter.
Esencialmente establece que la función de perseguir y acusar es diferente e independiente de la de juzgar y punir y pone rígidamente a cada una de ellas a cargo de órganos públicos (o a veces de particulares) diferenciados y autónomos entre sí; entiende que la función de juzgar no puede, sin grave riesgo para su ontológica imparcialidad y para la igualdad entre acusador y acusado que supone (e impone), asumir atribuciones de persecución ni de defensa.
Y estatuye que la verdad procesal debe procurarse a través de la contradicción entre los intereses opuestos que se enfrentan en el proceso, acordando la responsabilidad de sostenerlos y acreditarlos solo a quienes los representan (vgr, el fiscal) o encarnan (vgr. el defensor del imputado).
El proyecto parte de la base de que, ontológicamente, el proceso (cualquier proceso) es un método para que se reflejen dos intereses contrapuestos y así poder resolver sobre cuál de ellos puede entenderse como jurídicamente justificado (si no lo hubiere no existiría el proceso, no haría falta): el interés del Estado (que se ha “apropiado” del interés de la víctima, “sublimado” en el “bien jurídicamente protegido”, y que en muchos casos no le permite intervenir) en punir la conducta delictiva que atribuye a un ciudadano, que puede ser fundado, o no serlo, se enfrenta naturalmente con el interés (fundado o infundado) de éste de no ser sometido a la pena o (el siempre fundado) de no ser sometido a ella de cualquier modo.
Consecuentemente dispone que un tercero, ajeno a esos intereses tanto porque no le son propios (como sí lo es el del imputado) como porque no los debe representar (como sí lo hace el Ministerio Público Fiscal) sea el encargado de establecer cuál de los intereses enfrentados debe prevalecer sobre el otro, por ser el que se encuentra justificado según el derecho (constitucional, sustantivo y procesal), que estatuye sobre cuestiones fácticas (v.gr., exigencia de certeza fundada en pruebas para destruir la presunción de inocencia y tener por acreditado un hecho delictivo para poder dictar una condena) y legales (v.gr., tipicidad el hecho, causas de justificación, etcétera).
El proceso penal no solo encierra, por definición, un conflicto, una controversia de intereses, sino que así también se manifiesta en su existencia práctica. Y aun cuando esta pueda finalmente no ocurrir en algún caso concreto, siempre existirá de modo real o potencial.
Aceptada la existencia de intereses contrapuestos, actual o potencial pero siempre ontológicamente inherente a la esencia de cualquier proceso, el proyecto fija posición sobre quien va a representar y defender a cada uno de aquellos.
Se aparta para ello de la respuesta que a esta cuestión proporciona el paradigma inquisitivo y receptan los sistemas “mixtos” y exhiben las practicas judiciales vigentes que instituyen o favorecen a tales fines un tipo de juez más o menos “multiforme” que acusa, juzga y hasta defiende, simultáneamente, distinguiendo, en cambio, las funciones de acusar, defender y juzgar, separándolas en su desenvolvimiento práctico y distribuyéndola entre distintos sujetos: acusador (Ministerio Público Fiscal en los delitos de acción pública), tribunal y defensor (aun oficial), esquema que es basado en la exigencia de igualdad plena de posibilidades procesales entre el primero y el tercero, y coronado con la imparcialidad que impone al segundo .
En este esquema, el tribunal no puede representar ninguno de los intereses en juego. Si adoptara durante el proceso, como propio, el interés del acusador o el del acusado, vulneraria la igualdad entre ambos que se impone como prenda y sello de su imparcialidad.
Por eso es que el modelo procesal proyectado parte de la base de la acusación que, según su significado idiomático, no es sólo imputar un delito, exponer cargos contra una persona, sino también, “exponer las pruebas de los mismos”, “demostrar en un pleito la culpabilidad del procesado, mediante pruebas acusatorias”. Dispone que la acusación debe ser objeto de “sustanciación” es decir conducida “por la vía procesal adecuada, hasta ponerla en estado de sentencia” por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Este, luego de oír públicamente al acusado y habiéndole asegurado el respeto a su dignidad personal y derechos, su plena igualdad con el acusador y todas las garantías necesaria para su defensa lo juzgará, es decir, deliberará acerca de su culpabilidad y sentenciará lo procedente, sobre la base de las pruebas de cargo –y su eficacia o impotencia para destruir el principio de inocencia- y de descargo aportadas en el juicio y si así encuentra culpable a aquel (resolverá) aplicarle el Código Penal, imponiéndole la sanción que corresponda por el delito cometido.
Lo expuesto evidencia – tal como lo hemos adelantado- que proyecto no tolera el procedimiento de averiguación histórica unilateral y monopólico, a cargo de un tribunal que usurpe las funciones de la acusación y la defensa so pretexto de un interés común en establecer la verdad sobre el delito imputado, propio del paradigma inquisitivo. Por el contrario, estatuye un proceso en el que el tribunal no procure por sí las fuentes de las que podrá inferir su convencimiento, sino que se las procuren el acusador y –si así lo quiere el acusado-; no piensa en un tribunal que se convenza (o no lo logre) por obra de su auto-reflexión, sino que sea convencido (o no) por obra (y no sólo con el auxilio) de la iniciativa probatoria y la dialéctica argumentativa de aquellos; no admite un “monólogo” unilateral del juez con la prueba para buscar la verdad, sino que quiere que se procure lograrla por vía de síntesis. O sea, el proyecto pretende que el “conocimiento” que se exige al tribunal para poder “decidir” la imposición de una pena, se asemeje a la “centella que brota del choque entre dos espadas”, pues no se puede agotar toda la “plenitud, policromía y fecundidad del mundo, sino bajo la forma mental de la contradicción” (como enseñan fecundas reflexiones de la filosofía del derecho).
El reconocimiento de la existencia de intereses contrapuestos entre la acusación y la defensa que hace el proyecto y la aceptación de la confrontación entre ellos como método de tratamiento judicial de los casos penales, genera un modelo al que se identifica como contradictorio (por su respeto a tal principio) que apunta a la mayor imparcialidad de los jueces. Su regla principal de funcionamiento es que el triunfo de un interés sobre otro queda librado a la responsabilidad o decisión de quienes lo representa (Ministerio Fiscal) o encarnan (el imputado), careciendo el tribunal de cualquier corresponsabilidad o posibilidad de decisión al respecto, pues sólo debe garantizar que estos tengan iguales posibilidades para lograrlo.
Queda así dicho que el “triunfo” del interés que representa el acusador es de su exclusiva responsabilidad, y no hay que olvidar que en los delitos de acción pública, para favorecer que pueda lograrlo, se ponen a su servicio importantes recursos humanos y materiales constitutivos del aparato de persecución penal del Estado. Y también queda dicho que está librado a la decisión del acusado el modo activo o meramente pasivo en que defenderá a su interés, asistido en su posición por el principio de inocencia.
Y es en este último punto en donde debe ponerse fuertemente el acento para el favorecimiento de la igualdad, pues a la enorme responsabilidad que este paradigma asigna a la defensa del interés del imputado, debe agregarse la imperiosa necesidad de contar con una defensa pública institucionalmente organizada y técnicamente preparada, para dar asistencia jurídica a imputados y víctimas, que en la inmensa mayoría de los casos judiciales, carecen de toda posibilidad económica de acceder a una defensa particular. Y es un dato tan comprobado como alentador de la realidad la existencia de una fuerte organización regional de la defensa pública, superior incluso a la que brindan importantes países europeos de admirable y proficua actividad en América Latina, tanto de coordinación institucional como de capacitación de los defensores de los países que la integran.
El principio del contradictorio tiene como base, entonces, la plena igualdad de las partes en orden a sus atribuciones procesales. Exige no sólo la existencia de una imputación del hecho delictivo cuya noticia origina el proceso y la oportunidad de refutarla, sino que requiere además reconocer le acusador y al imputado y su defensor (para poder ejercer así la responsabilidad de cada uno) la atribución de producir pruebas de cargo y de descargo, respectivamente; la de controlar personalmente y en presencia de los otros sujetos actuantes el ingreso y recepción de ambas clases de elementos probatorios, y la de argumentar públicamente ante los jueces que las recibieron sobre su eficacia conviccional (positiva o negativa) en orden a los hechos contenidos en la acusación o los afirmados por la defensa, y las consecuencias jurídico penales de todos ellos, para tener de tal modo la igual oportunidad de intentar lograr una decisión jurisdiccional que reconozca el interés que cada uno defiende (lo que exige una capacitación especial de los operadores judiciales -fiscales, defensores y jueces- en las técnicas propias del sistema adversarial que implica el juicio acusatorio, que el Anexo insinúa).
Cerrando el esquema, al tribunal se le impide iniciar por sí el proceso o el juicio; se le priva en cualquier etapa procesal de facultades autónomas de investigación, y se le reserva la tarea de sentenciar imparcialmente y en forma motivada acerca del fundamento de la acusación y su posible negación, descargo o aclaración, de forma tal que sólo sea admitida como verdadera cuando pueda apoyársela en pruebas de cargo recibidas personalmente por los mismos jueces que deban adoptar tal decisión, que hayan sido aportadas por los órganos de persecución penal en el marco de objetividad en el que deben cumplir sus funciones, y que no hayan sido enervadas en su potencia conviccional por las de descargo que puedan haber sido ofrecidas por el imputado y su defensor, y recibidas en las mismas condiciones, con igual atención a las argumentaciones y enfoques diversos y enfrentados que todos ellos realicen sobre su fuerza probatoria (siempre teniendo en cuenta las exigencias del principio de inocencia).

Una discusión pendiente.
El proyecto deja intacta la posibilidad de utilizar la mentira que el imputado haya proferido en su defensa al prestar declaración como tal (actuales indagatoria, arts. 294 y ss CPPN ) como un indicio de culpabilidad en su contra: es lo que se conoce como “indicio de mala justificación”, al que se acusa de configurar una flagrante violación a la garantía del nemo tenetur se ipsum accusare (nadie está obligado a acusarse) consagrada en el art 18 de la Constitución Nacional y en la normativa supranacional de derechos humanos incorporada a ella a su mismo nivel (art. 8.2,g CADH; art. 14.3,g PIDCP; art 75 inc 22 CN).
Se debió tratar de aclarar expresamente si la mentira generada como expresión defensiva frente a la imputación que se le formula, puede ser utilizada como prueba de culpabilidad en su contra, en forma directa (prueba de su participación en el hecho que se le atribuye: indicio de “mala -o falsa- justificación”) o indirecta (prueba negativa sobre su personalidad: indicio “de aptitud criminal”) o como elemento agravante en la mensuración concreta de la pena que se le imponga ( artículos 40 y 41 C.Penal).
Se deja así subsistente la controversia sobre si la posición defensiva mentirosa del imputado, una vez comprobada su falsedad, puede o no puede producir alguno de estos efectos:
a. Ser considerada un indicio de culpabilidad, es decir, ser tomada como una prueba de cargo en su contra, para acreditar su responsabilidad penal o para agravar le pena a individualizar en el caso concreto. Este supuesto es el que se conoce como indicio “de mendacidad” más conocido en estos días como “indicio de mala justificación”.
b. Ser tomada como un simple fracaso de su refutación a la acusación, por lo que ésta no queda eximida de sustentarse en otros elementos convictivos independientes; no se la admite como prueba de cargo en contra del imputado.
La verdadera cuestión que no se resuelve en el proyecto versa sobre si admitir el “indicio de mala justificación” como prueba de cargo en contra de éste, es o no respetuosa de la normativa constitucional y legal que rige su declaración en el proceso.
La declaración del imputado es el medio predispuesto para que pueda ejercitar su derecho de defensa (medio de defensa): es el acto regulado por las leyes procesales para que aquél, luego de ser informado de los delitos ( hechos y encuadramiento legal) que se le atribuyen y las pruebas existentes en su contra, decida libremente (incoercibilidad moral) si prefiere ejercer su defensa material guardando silencio (art. 18, CN; art. 8.2.g, CADH; art 14.3.g PIDCP) o a través de manifestaciones verbales en descargo o aclaración del ilícito que se le incrimina ( derecho a ser oído, arts. 8.1, CADH; art. 14.1, PIDCP, de nivel constitucional, art 75, inc. 22 CN).
El proyecto nada aporta a la solución de este problema: si el llamado “indicio de mala justificación”, con cualquiera de los efectos perjudiciales para el imputado que se le puedan asignar que constituye o no constituye un modo larvado -pero no menos grave- de desconocer la garantía constitucional que asiste al imputado, que es el “nemo tenetur se ipsum accusare” (nadie está obligado a acusarse; nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo) (arts. 18, CN; y 8.2.g, CADH; 14.3.g PIDCP, de nivel constitucional, art 75 inc 22 CN), y vulnerar además la presunción constitucional de inocencia ( art 18 CN; arts 26 de la DADDH; 11 de la DUDH; 8.2 de la CADH, y 14.2 del PIDCP de nivel constitucional, art 75 inc. 22 CN).
No se supera la controversia sobre si las manifestaciones defensivas del imputado, por el solo hecho de no haber sido avaladas por la prueba del proceso, puedan ser utilizadas en su perjuicio, si ello no importaría una fuerte desnaturalización de su derecho de defensa material. Y no explica porque, si cada vez que las expresiones del imputado negando su culpabilidad o los hechos fundantes de la imputación en su contra no fueran admitidas como verdaderas, se pudieran transformar -por su presunta mendacidad- en prueba de cargo en su contra. Ello pues en tal caso el derecho de defensa quedaría reducido a decir cosas verdaderas, cuya veracidad además el acusado debería probar, so pena de que, en caso contrario, se las considere mentirosas, y por ende prueba de culpabilidad en su contra, carga probatoria que vulneraría el principio de inocencia constitucionalmente reconocido a su favor.
De tal suerte, si la invitación al imputado a expresar libremente cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos que se le atribuyen solo puede aceptarse – inocuamente para aquél- para decir la verdad sobre los mismos, porque si así no lo hace, su mentira podrá ser considerada una prueba de su culpabilidad, habrá que admitir que tal libertad quedaría reducida a decir la verdad sobre la imputación que se le formula, libertad que solo tendrá quien sea inocente (cercenándose además el derecho del imputado -dicho esto con “las debidas licencias” -“ontológicamente” culpable- a no confesar).

Una oportunidad perdida.
El proyecto carece de una adecuada regulación sobre de cómo debe ser la intervención de las personas jurídicas en el proceso penal para que la posibilidad de imponer las sanciones penales (en los casos que el Código Penal lo autoriza) sea respetuosa de las garantías de defensa en juicio en materia penal.
Vale la pena referenciar parte de la discusión sobre el tema, que el proyecto deja indebidamente intacta.
a. La jurisprudencia se ha expedido respecto de la posibilidad de llevar proceso a una persona jurídica. En el caso en que una persona jurídica es "imputada" en una causa penal, se asimila su situación a la de una persona física.
La CNPE, la Sala B, para sostener que es posible someter a proceso penal a una persona de existencia ideal transcribió los arts. 1026, 1027, 1121 que establece la competencia judicial y penal económico en los delitos de contrabando, sostuvo como análisis de la transcripción de estas normas:
"Si se circunscribe el examen al caso de la sanción del inc. i del apar. 1 del art. 876, del CA (mencionada expresamente por los arts. 1026 inc. ´a´ y 1121 inc. ´a´ del CA), exclusivamente vinculada a las personas de existencia ideal, cabe preguntarse cuál es la ´causa´ que, según la terminología legal, se debe ´sustanciar, ´tramitar´, ´instruir´ o ´proseguir´ en ´sede judicial´ para la aplicación de aquella sanción y para cuyo conocimiento se establecen competencias territoriales y materiales a jueces penales y a Cámara de Apelaciones (éstas últimas para entender en ´recursos´ que se interpusieren contra las ´resoluciones´ de aquellos jueces de primera instancia). Indudablemente que con la expresión ´causa´ el Código Aduanero hace referencia al proceso penal….".
La CNCP en el caso reseñado con anterioridad en lo referente a la posibilidad de llevar a proceso penal a una persona de existencia ideal, sostuvo:
"En cuanto al agravio que se refiere a la violación de lo dispuesto en el artículo 2° del rito, conceptuamos que no media en el caso la interpretación analógica que pretende la defensa, y ello así por cuanto no existe norma alguna que limite las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación sólo a aquellos supuestos en que los imputados fueran personas físicas…".
Así, en la práctica en los tribunales, para realizar esta equiparación se le "toma" declaración indagatoria a la persona jurídica a través del presidente del directorio. Incluso se ha discutido en varios fallos la posibilidad de que ese acto sea realizado por un apoderado. Varios de esos fallos han sostenido que puesto el acto resulta personalísimo no puede ser realizado por apoderados, razón por lo cual sólo el presidente del directorio o socio gerente puede prestar esa declaración en nombre de la empresa. Algunos sostienen, incluso, que debe aplicarse analógicamente la solución dada para la prueba de absolución de posiciones en el derecho procesal civil para tomar declaración indagatoria a la empresa.
En ningún momento, la jurisprudencia se ha preguntado si esta aplicación analógica es posible realizarla en el proceso penal, especialmente teniendo en cuenta el art. 2° del CPPN. Una excepción es el juez Edmundo Hendler, quien ha advertido que el procesamiento sólo está previsto para las personas físicas. Así sostuvo:
"Que si bien es cierto que el dictado de un auto de procesamiento referido a una persona de existencia ideal no está previsto en la ley procesal que sólo se refiere a las personas de existencia visible, tampoco deriva de ello ningún agravio. Se trata de una providencia meramente declarativa y no depende de ella el que puedan hacerse efectivas las consecuencias que la ley de fondo establece para las personas ideales." (CNPE, Sala A, 19-12-1997, Leiva, Roberto y otros s/ contrabando, recurso de apelación contra el procesamiento de la firma Plastic Divar S.A.)

b. Ahora bien, el sistema penal no sólo resguarda la aplicación analógica de la ley penal, sino que, también, lo hace respecto a la ley procesal penal. Es un principio de interpretación de la ley procesal penal el mandato de interpretar restrictivamente las disposiciones de la ley que limitan o restringen la libertad del imputado o las que limitan el ejercicio de las facultades que le son concedidas por la misma ley. Así lo establece en el art. 2º el CPPN al impedir la aplicación analógica de la ley procesal penal, establece que:
“Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente. Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía.”
Es por ello que en nuestro sistema penal, no es posible perseguir a una persona de existencia ideal, por ende, no es posible indagarla, procesarla, ni someterla a un proceso penal. En este sentido, afirma Vélez Mariconde al referirse a la capacidad procesal: “En primer término, se descarta la posibilidad de que se enjuicie penalmente a una sociedad o colectividad humana,...Si un delito apareciere cometido por los directores o gerentes de una sociedad, cada uno de ellos, podrá asumir la calidad de imputado; pero nunca dicha sociedad...”
Esta interpretación restrictiva no es respetada por la justicia en lo penal económico al aceptar, erróneamente, no sólo la responsabilidad penal de una persona de existencia ideal, sino también que es posible someterla a proceso estableciendo una equiparación con la persecución de una persona física. Sobre esta base se cita a prestar declaración indagatoria —acto exclusivamente previsto para una persona física— al director de una firma, pero no en calidad personal sino como representante de la empresa. De esta manera, se pretende sostener la ficción de que la persona jurídica es quien es indagada. Luego de dicha declaración indagatoria, la persona de existencia ideal es procesada, sufre las consecuencias del procesamiento y las medidas cautelares que le impone el juez penal. Esta forma “adaptada” de “procedimiento” aplicado por la Justicia penal resulta inadmisible, del mismo modo que lo sería someter a proceso a un perro.
No se modifica sustancialmente el modo de sometimiento de una persona de existencia ideal a un proceso penal (que se rige por una ley procesal que sólo considera a las personas físicas como imputado) por lo que seguiría en pie la denuncia que esta interpretación, claramente violenta la aplicación restrictiva de la ley procesal penal —derivación del principio de legalidad, CN, 18—.

El principio de oportunidad en una ley procesal: o la aplicación calidoscópica del derecho penal.
Es buena idea incorporar como excepción al principio de legalidad la incorporación del principio de oportunidad en nuestro derecho positivo.
Es que la obligación estatal de “perseguir y castigar” todo delito (inherente al principio de legalidad), puede admitir excepciones fundadas en distintas razones o criterios de oportunidad (en las que se mezclan lo teórico con lo práctico).
Entre ellas se destacan en términos generales -y enunciados sin ordenarlos por la importancia que le asignamos-, la necesidad de descongestionar el saturado sistema judicial, permitiendo evitar los irracionales efectos que en la práctica provoca el abarrotamiento de causas (v. gr., la priorización inversa; se atienden con más enjundia los casos leves que los graves), la conveniencia de canalizar la enorme selectividad intrínseca de la persecución penal, evitando sus desigualdades en contra de los más débiles, ajustándola a criterios legalmente predeterminados y racionales, asignándole responsables e imponiéndole controles; la utilidad de evitar, muy excepcionalmente, total o parcialmente la punición de algunos delitos menores cuando esto permita el descubrimiento y sanción de ilícitos de extrema gravedad o el desbaratamiento de organizaciones delictivas (v. gr., el llamado “arrepentido”), o de convenir (bajo ciertas condiciones) la menor extensión de la pena por acuerdo entre el acusador y el acusado, para acelerar y abaratar el proceso, permitiendo una mejor asignación de los recursos judiciales y una rápida decisión del conflicto; o la priorización de otros intereses sobre el de la aplicación de la pena -sobre todo en delitos de mediana gravedad, autores primarios, o mínima culpabilidad o participación- como, por ejemplo, la reparación de la víctima (que hoy se plantea hasta como uno de los fines del Derecho penal), o la “resocialización” del autor (prevención especial) por tratamientos alternativos (v. gr., cumplimiento de las condiciones de la suspensión del juicio a prueba), o su rehabilitación (v. gr., tratamiento de recuperación del adicto), o la pérdida del interés de castigar (v. gr., delito que en sí mismo o en su consecuencia infringe un daño al autor superior al que le causaría la sanción), o cuando la entidad de la pena ya impuesta por otros delitos hace irrelevante perseguir el nuevo, o cuando concurre la misma razón por la gran cantidad de hechos imputados, entre otros, o por razones humanitarias.
Pero asimismo debo advertir que es el Congreso Nacional, en uso de la facultad reconocida pacíficamente de regular el régimen de acciones (Código Penal, art. 71 y subsiguientes) así como las causales de extinción de la acción penal (Código Penal, art. 59 y subsiguientes) -normas tradicionalmente consideradas por nuestra doctrina y jurisprudencia como sustanciales o de fondo (y, por lo tanto, de la competencia excluyente de aquél)-, quien debe expresamente excepcionar el principio de legalidad que impone el artículo 71 del C.Penal, con criterios de oportunidad, para que así resulten de aplicación en todo el territorio nacional.
Solo la incorporación homogénea de criterios de oportunidad mediante una ley del Congreso Nacional, permitirá una cierta uniformidad en su funcionamiento concreto en todo el país como un modo de asegurar un mínimo de igualdad ante la ley de todos los argentinos, con prescindencia de la jurisdicción judicial a que deban someterse ( nacional o de cada provincia) , proveyendo además a los Estados provinciales de una base insoslayable de la cual deberán partir para cumplir con el encargo constitucional, no sólo de administrar justicia penal (art. 5, CN), sino también de hacerlo con pleno respeto del derecho a la igualdad ante la ley y a la igualdad de trato por parte de los tribunales y cortes de justicia, que debe garantizarse a todos los habitantes (arts. 16, 75, inc. 22, CN, y 14.1, PIDCP).
Solo así se evitará que los códigos procesales legislen sobre criterios de oportunidad del modo inorgánico y anárquico que lo vienen haciendo, permitiendo que bajo diferentes eufemismos (extinción de la acción penal, acuerdo de mediación; archivo; insubsistencia de la acción penal, prescindencia de la persecución penal) y cumplidos ciertos trámites en relación con la víctima, sujetos (ontológicamente) culpables terminen sobreseídos, cuando según el Código Penal deberían ser condenados, privilegio que les es acordado solo en atención al lugar del país en el que cometieron el delito.
Podría hasta decirse que de este modo, cada Código Procesal Penal (de los que aceptan criterios de oportunidad) elige que es lo que no va a penar, o sea, en qué casos no va a aplicar en ella el Código Penal: es lo que hemos denunciado, figuradamente, como “aplicación calidoscópica” del derecho penal en la Argentina.
Este fenómeno, además de reconocerle a los códigos procesales penales una atribución de la que constitucionalmente carecen, genera una situación de desigualdad para los habitantes, que tiene una doble proyección. En las jurisdicciones provinciales en donde no se ha legislado sobre el tema, rige en plenitud el principio de legalidad: nadie puede beneficiarse con un criterio de oportunidad, de los que se acuerdan en otras Provincias o se van a acordar ahora a los procesos federales o nacionales; y en aquellas en las que se ha legislado, lo que en algunas de ellas puede ser beneficiado por un criterio de oportunidad, en otras no podrá, y viceversa.
En el caso del proyecto en cuestión, el modo que se ha legislado este tema puede prestarse justificadamente a sospechas sobre si no ha sido pensado como una herramienta para la impunidad.

Los nombramientos de nuevos fiscales a “tontas y a locas” (o no tanto).
Esta punto también resulta sospechoso, pues no se nos ha hecho conocer ni un solo estudio estadístico (porque no lo hay) que ilustre sobre el número de procesos que deberán ser atendidos por los Fiscales a partir de la entrada en vigencia de este proyecto, ni tampoco las razones de una estimación sobre cuantos fiscales serían necesarios para atenderlos, teniendo en cuenta la sobrecarga de su trabajo actual que significa el cambio de sistema. Este defecto, además de configurar una falta de seriedad, también permite sospechar sobre que se pretende muchos nombramientos de nuevos fiscales seleccionados con el espíritu corporativo que ya he denunciado antes como favorecedor de la influencia el gobierno sobre el Ministerio Público, sin una previa comprobación de su necesidad real, como si se pretendiera contar con un “almácigo” de fiscales adictos, “para lo que haga falta”.
Y esta sospecha se ve avalada por la falta de claridad acerca de cómo se van a asignar entre los Fiscales los procesos que se instauren a partir de la vigencia del Proyecto, pues no se establece ningún sistema transparente a estos efectos.
Desde la asunción de la doctora Alejandra Gils Carbó en el cargo de procuradora general se han utilizado los instrumentos más arbitrarios existentes para poner a la justicia al servicio del gobierno. Cofundadora del grupo “Justicia Legítima” ferviente defensor de las políticas del gobierno, acumula en dos años de gestión denuncias por designaciones declaradas ilegales por la propia Corte Suprema como el caso del fiscal Gonella o Cordone Roselló, presión a fiscales que investigaron al gobierno como el Caso Campagnolli, denuncias por designar 11 fiscales subrogantes sin acuerdo del Senado y otros 18 ad hoc que no pasaron por concursos.
Bajo su responsabilidad recae el procedimiento de designación de fiscales. El tribunal encargado de evaluar los exámenes de los candidatos está integrado por cuatro fiscales designados al arbitrio de la procuradora, donde hay un jurista en calidad de invitado cuyo dictamen no tiene absolutamente ningún efecto vinculante para el tribunal. En la figura de la procuradora se concentra todo el poder disciplinario. La procuradora posee el poder exclusivo de considerar la existencia de mérito suficiente o no para sancionar o remover magistrados.

La modificación inorgánica
Resulta imprescindible el tratamiento en paralelo de la Ley Orgánica de Ministerio Público que estructure el Ministerio Público en acusación y defensa. Al respecto, entre los 1.882 cargos que está proponiendo el Anexo II todos los cargos son para la fiscalía y no hay cargos para las defensorías.
Entonces, avanzar en una herramienta de este tipo sin que, simultáneamente, se avance en una modificación a la ley de la Procuración es muy riesgoso.
Estamos estructurando un Ministerio Público con características macrocefálicas, que se contradice con el mandato constitucional refrendado por la Ley 25572 y 26702 de traspaso paulatino de las competencias penales al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otras carencias
Además de las críticas ya esbozadas existen vicios específicos que no podemos dejar de mencionar. No alcanza con el breve capítulo que autoriza la figura de investigador de identidad reservada (artículo 296) y extiende determinados plazos procesales. Nada se prevé respecto a las figuras como el arrepentido, el agente encubierto o el testigo de identidad reservada, como herramientas que han demostrado eficacia en otros países del mundo.
El código carece de la formación de un Cuerpo de Investigación Policial, necesario para brindar el respaldo suficiente a los fiscales en su tarea de conductores del proceso.
Estos cuerpos independientes del Poder Ejecutivo han resultado sumamente eficaces en la tarea de resolución de delitos complejos como los relacionados con el narcotráfico en Colombia.
Como corolario el código llega al extraño extremo de limitar las intervenciones telefónicas (artículo 143) para casos complejos, con carácter excepcional y por un plazo de 30 días, prorrogables bajo un procedimiento que carece de la agilidad requerida para estas situaciones.
Resulta extremadamente grave la omisión específica de la posibilidad de detener a aquellas personas que son condenadas a una pena de cumplimiento efectivo. La confirmación de la pena por tribunales superiores no debería ser condición esencial para la detención de una persona.
La condena a prisión efectiva dictada por un tribunal en juicio debe ser razón suficiente, de acuerdo con nuestra Constitución, para que una persona sea detenida.
En estas condiciones, el proyecto de Código Procesal Penal impulsado por el oficialismo en las condiciones planteadas no debe ser aprobado.
En condiciones objetivas, un traspaso a un sistema acusatorio debería buscar mejorar el ejercicio efectivo de derechos, en especial de las víctimas, acelerar los procedimientos y fortalecer la investigación y acusación puesta en cabeza de los fiscales para penetrar seriamente en la matriz el delito.
Cuando esos objetivos son legítimamente perseguidos, seguramente podremos ir evaluando una por una las herramientas que nos permitan avanzar en su consecución.

Vamos a tratar una reforma de un código de fondo, sin el debate que impone semejante norma que regirá por décadas y que requiere un análisis pormenorizado, donde debieron participar expertos. El apuro no tiene razón visto su importancia.
Tenemos la responsabilidad de sancionar un instrumento eficiente para toda la sociedad. Por el cambio que implica, ello demandará un proceso de capacitación todos los estamentos judiciales. Esto modifica la organización de justicia y todo queda a resultas de futuras leyes.
Este debate viene precedido por un manejo irregular pero se afecta aún más por el contexto que lo rodea. Se parece mucho a una urgencia oficialista para cubrir de impunidad a sus funcionarios. En el artículo 5º se impide la reapertura de procedimientos fenecidos, salvo para revisar sentencias a favor del imputado, cerrándose toda posibilidad de reabrir casos fraudulentos. La fiscalía, monopoliza la acusación, puede o no investigar, aún sin causa, según criterio de oportunidad, como lo señalé anteriormente. El Juez no podrá investigar y se cercena su facultad de preguntar en juicio oral.
Mucho de lo bueno y recomendable, en materia de celeridad, oralidad y publicidad simplificando trámites, que figura en el proyecto, queda opacado por el modo de designación de los fiscales y la falta de una ley para controlar a la Procuración General a la que se otorga poderes discrecionales, sin la independencia, autonomía y autarquía prevista en el artículo 102 de la Constitución Nacional. Nunca se constituyó la Comisión Bicameral para controlar al Ministerio Público.
El artículo 34º de este proyecto, lo faculta a asignar nuevas causas y redistribuir las existentes, cuando el sistema acusatorio requiere la garantía del fiscal natural, previo al hecho a investigar. Negarse a sancionar una Ley del Ministerio Público desnuda las intenciones del oficialismo. El diputado Roberto Feletti declaró que con estas reformas se expropia la omnipotencia de los jueces, esa potestad autoarrogada de los jueces que se creen gendarmes de los límites de la democracia. Si no es el Poder Judicial quien controla que no se vulnere la Constitución, cabe preguntarse ¿Quiénes serán, los 17 fiscales generales designados por el gobierno y dirigidos desde la Presidencia de la Nación como surge del Anexo II del proyecto ? Casualmente, esta parte es la única que se pondrá en ejecución tras la promulgación de esta ley porque el resto, para cambiar el sistema inquisitorio requiere otras leyes. Significa el 30 % de la planta permanente del Ministerio Pública y el 21 % de su presupuesto.

Singular interpretación sobre la división de poderes de la República, que conlleva la pretensión populista de hegemonía por sobre las instituciones y un peligro para la libertad y la igualdad ante la ley. Una respuesta a la acción de la justicia que inicia investigaciones sobre la pirámide del poder. Es evidente que como no pueden remover arbitrariamente a los jueces desde el Consejo de la Magistratura, los reemplazan por fiscales que podría dirigir y remover sin control la procuradora general de la Nación, investigada por un concurso para cubrir vacantes en dos fiscalías federales.
Es muy delicada la situación judicial del Vicepresidente de la Nación que sigue representando al país en el exterior. En tanto, el titular de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Carlos Gonella fue citado a indagatoria dos veces, se negó a concurrir y recusó al juez, planteo que fue rechazado por la Sala II de la Cámara Federal.
Un Juez Federal allanó una oficina, declarada como sede de una empresa hotelera de la familia Kirchner que estaba vacía desde hace tres años. El Jefe de Gabinete denunció una estrategia del Poder Judicial por golpismo activo. El senador nacional Aníbal Fernández, señaló que en ningún país se investiga a las empresas del presidente y que la acción del juez constituye una falta de decoro. Extraño, para un abogado desconocer el artículo 16º de la Constitución Nacional que iguala a todos los ciudadanos ante la ley. No fue el único, el viceministro de Justicia Julián Álvarez trató de pistolero al juez por su presunto operativo escudo y presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político, por mal desempeño y acciones extorsivas. El senador nacional Marcelo Fuentes presentó una denuncia contra el juez por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el mismo sentido se pronunciaron los gobernadores Daniel Scioli y Sergio Urribarri; el presidente de esta Cámara, Julián Dominguez, las diputadas Juliana Di Tullio, Diana Conti, Mara Brawer y Graciela Giannettasio; los diputados Héctor Recalde, Eduardo De Pedro y Roberto Feletti, quien habló de actitud golpista; el Ministro de Defensa, Agustín Rossi; el director de Anses, Diego Bossio, lo denominó “títere”, y el dirigente kirchnerista Luis D’Elía, quien pidió colocar en una pica la cabeza del juez. Una arremetida desmesurada y coordinada, desde diferentes sectores del poder, para caracterizar de golpista a un juez que investiga y cuyos procedimientos tienen correctivos superiores. Impulsado por el kirchnerismo, en el Consejo de la Magistratura, se le aplicó una sanción al Juez, un descuento del 30 % de su sueldo, unos $ 20.000 mensuales. Un caso selectivo, para amedrentar al conjunto de los jueces, sostuvo el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. El doctor Luis María Cabral consideró que los fundamentos son falsos, son incorrectos y lo único que se perseguía era sancionar al juez Claudio Bonadio. Mediante la cuenta de twitter, de la Casa Rosada, se defendió la empresa hotelera privada en cuestión, propiedad de la presidenta que tiene como clientes principales al principal contratista de obra pública de la provincia y a la empresa de aeronavegación estatizada. La propia Cristina Fernández, mediante esa red, se refirió sobre una situación semejante a la suya, la del juez Bonadío, incurso en faltas en una empresa familiar. Ambas estarían incluídas entre 47.373 empresas con irregularidades ante la IGJ. La presidenta de la República dijo en la reunión de la UIA que “últimamente con los jueces en la Argentina una sentencia puede ir contra derecho, contra la justicia, en mi época cuando la justicia fallaba de acuerdo a derecho y no de otras cosas.”
El gobierno defiende a la empresa hotelera privada, sosteniendo que se trata de una falta leve y admite no haberlo denunciado como operación sospechosa, pero configuraría documentación de dudosa autenticidad, prevista por la UIF, tanto como la reticencia a brindar información exacta y precisa. Es raro que ello ocurra sin que se inicien sumarios por semejante omisión, mientras el Ministerio de Justicia avanza contra quien ocupara la titularidad del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ y denunciante por la desaparición de un expediente que luego fue reconstruído con groseras inconsistencias en su foliatura, incorporación de documentación y testimonios. En ese organismo, donde no se responden pedidos de particulares y legisladores, la presidenta obtiene información sensible. ¿Cómo se justifica el no acceso a esa documentación pública para algunos y este uso y difusión para demostrar que otros incumplen lo mismo que su empresa?
Más confusión entre lo público y lo privado, imposible. Patrimonialismo en estado puro. En ese pensamiento, la presidenta está por encima de la ley y por haber sido elegidos en comicios democráticos, los funcionarios de este gobierno no deben rendir cuentas de sus actos sino ante el pueblo, como lo destacó la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, desconociendo la delimitación de poderes de la República.
Resulta insólito que la AFIP recuse al Juez en lo penal tributario Javier López Biscayart por enemistad manifiesta contra ese organismo. Dado su especialización en evasión impositiva, tramita desde hace 13 años las denuncias de Afip que concentran casi toda su actividad judicial.
Hay sospechas sobre posibles maniobras de lavado de dinero, vinculaciones comerciales con un empresario investigado en EEUU, Uruguay y Suiza. Efectuada una denuncia, la justicia debe actuar, inclusive para confirmar o corregir al juez que también tiene que responder por los cargos que se denuncian. Amedrentar desde el poder no es propio de una república democrática. Nada más saludable que someterse a la justicia para despejar dudas y sospechas. No es eso lo que se intenta y desnuda el objetivo de las modificaciones al Código Procesal Penal, que estamos tratando. Se trata de despojar a los jueces de facultades investigativas y con nuevos fiscales, designados sin concurso, direccionar las causas desde la Procuración General de la Nación. Eso se llama tentativa desesperada para lograr impunidad.
En una nota publicada hoy con el título La jactancia de la ilegalidad, Alejandro Katz plantea la arrogancia de quienes exhiben propiedades, sean funcionarios o socios del poder enriquecidos, por la certeza de impunidad y lo considera un problema político porque contraviene las virtudes de solidaridad, responsabilidad y tolerancia, imprescindibles para la que la vida en común sea posible, citando un libro de Victoria Camps.
Perdida la ejemplaridad, se derraman señales equívocas sobre el apego a la ley a toda la sociedad y también impacta en nuestro prestigio internacional. En este momento, resulta muy oportuna la reafirmación republicana del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti: La independencia es un tema central de la agenda de la Corte y de todo el Poder Judicial y seguirá siéndolo.
Ayer conocimos el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, la ONG con sede en Berlín que nos ubica en el sitio 107º, entre 175 países relevados, un escalón por debajo del ocupado el año pasado y cinco lugares más atrás que en 2012. Vamos empeorando y eso tiene un costo social, económico y reputacional. En América, estamos en el sitio 22ª entre 31 países; por debajo, entre otros, de México, Bolivia, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Chile, EEUU, Canadá.
La presidenta dijo que no se dejará extorsionar por los fondos buitres y caranchos judiciales. Más allá de la calidad de esas caracterizaciones, sin nada que ocultar no hay materia de extorsión. En estos días el juez Thomas Griesa denegó un pedido de bonistas Euro Bond holders porque ello implicaría hacer excepciones importantes a sentencias y al mandato judicial de ese Tribunal, confirmado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. El necesario cierre de ese pleito, cumpliendo el fallo con una negociación seria. Es un tema complejo, que debe ser encarado sin tanta beligerancia retórica porque de ello depende nuestra normalización con los mercados y toda postergación profundiza nuestro declino económico-social. En ese tribunal, los reclamos de holdouts llegarían a los U$S 10.000 millones. Debemos sentarnos con el juez y cerrar ese tema y evitar el riesgo que los tenedores de bonos Par inicien aceleración para renegociar sus títulos en una eventual reestructuración. Sería un error que creamos consistente la actual calma cambiaria y el ingreso de algunos miles de dólares, alejándonos de esa solución porque daríamos una señal inconveniente a los bonistas que creen los dichos del Ministro y aguardan un arreglo en el 2015. Por ese motivo se mantuvieron nuestros bonos, además de la expectativa del cambio de gobierno a fin de 2015. Si tuvieran intención de arreglar ese juicio, ahora es más complicado que hace meses, porque se agregaron los me too.
El FMI considera que para controlar a los fondos especulativos, hay que trabajar sobre las cláusulas de acción colectiva para que el porcentaje de aceptación de las reestructuraciones de deuda soberana sea del 75 % del total y no de cada serie. Las principales plazas financieras, donde se colocan deuda soberana, apoyan este camino y no el marco de la ONU planteado por la Argentina y acompañado por la mayoría de la Asamblea General de esa organización.

En su discurso en la 62º Convención Anual de la CAC (Cámara Argentina de la Construcción), la presidenta de la República mostró los límites del modelo, sus inconsistencias, su conservadurismo conceptual. Según ese pensamiento, no se puede actualizar el mínimo del impuesto a las ganancias para pagar contratos y licitaciones. Para el ministro Kicillof es un aporte solidario, aunque sea aplicado con la oposición de los trabajadores. Para el jefe de Gabinete, es filosófica e ideológicamente necesario. Un día y medio después, la presidenta anunció que no se efectivizará, ese descuento, en el medio aguinaldo de diciembre. ¿Un cambio de ideología y filosofía?
Es muy raro que se diga ello porque, como lo señala el tributarista César Litvin, un trabajador con su salario debe alimentar y vestir a su familia, tener una vivienda, salud, poder educar a sus hijos, movilizarse en transporte público o propio, gozar de vacaciones y recreación, elegir una película, un libro, revistas y diarios y luego contribuir al Estado.
Según el Ieral, quien recibe un salario mensual de $ 10.500 y no está alcanzado por el impuesto a las ganancias, de cada $ 100, paga $ 37 al fisco. Si percibe en salario bruto de $ 30.000 mensuales, de cada $ 100 paga $ 50 al fisco. Hace una década, de cada $ 100 pagaba $ 36 de impuestos.
Con el anuncio presidencial en la Conferencia Anual de la UIA, realizada en Pilar, sólo queda exceptuado del impuesto a las ganancias, la mitad del medio aguinaldo y gravados la otra mitad cobrada en junio y los doce sueldos que se perciben. Quien iba a pagar dos sueldos por impuesto a las ganancias, ahora pagará un sueldo y medio. Es un paliativo con un costo fiscal de entre U$S 2.000/2.500 millones, calcula la consultora ACM.
Según el Iaraf, si se toma un aumento salarial del 32 %, un trabajador con un ingreso promedio mensual bruto de $ 16.000 destinará este año el 6,78 % de sus ingresos neto para el impuesto a las ganancias; el año pasado destinaba 2,22 %; o sea un 200 % más. Según ese cálculo, la retención por Impuesto a las Ganancias era de $ 316 mensuales; al incrementarse su salario 32 % debería pagar $ 417 por mes; en cambio se le descuenta $ 1.272, o sea $ 855 más, concluye ese estudio.
A muchos trabajadores se les retendrá cerca de la mitad del aguinaldo, al cobrarlo con el sueldo de diciembre. Si una docente paga el impuesto a las ganancias, algo hay que corregir. Si por aquel decreto de exención del año pasado, para quienes cobran menos de $ 15.000 mensuales, dos trabajadores que perciben lo mismo pagan diferente, algo hay que modificar, porque se toman los salarios de enero-agosto del año pasado. Puede darse que alguien percibe $ 15.000 mensuales no paga, pero quien recibe $ 17.000 mensuales tiene una retención de $ 2.500 mensuales por lo que termina recibiendo $ 14.500 mensuales. Casi todos pagan alícuotas de 27/31 y 35 %, tanto el que gana $ 100.000 mensuales como $ 16.000, cuando la mayoría debería tributar con una escala de 9,6 %. Actualizadas las escalas y deducciones, pagarían el 9,6 % quienes reciben más de $ 20.000 mensuales y 35 % quienes superen los $ 100.000 mensuales.
Actualmente la mitad de los trabajadores que lo tributan pagará la tasa máxima; hace un año lo pagaba un tercio de los asalariados. Con la inflación erosionando su poder adquisitivo, deberán pagar más impuestos o sea no pagan por ganancias sino por lo que pierden.
Los trabajadores autónomos, que no cobran aguinaldo, tienen un mínimo no imponible de $ 1.296 mensuales.
En realidad lo necesario es recuperar lo delegado por el Congreso Nacional, actualizar el mínimo imponible, desfasado por la inflación y actualizar las escalas congeladas desde hace catorce años. Ese ajuste debe ser automático a partir de varios salarios mínimos a determinar.
En noviembre, la recaudación del impuesto a las ganancias, de personas y empresas creció más del 63 % respecto de noviembre 2013. Se estima que el Tesoro recaudará $ 73.000 millones por la aplicación de este impuesto a los trabajadores.
Muchas empresas pagan impuestos por ganancias que no obtuvieron, por el impedimento de ajustar sus balances por inflación, suspendido en 1992 y prohibido desde 2002 por la ley de emergencia. Cuando la presidenta exhibió la bonanza empresaria, dirigentes de la construcción la industria automotriz y la bolsa, aclararon que esos números se hacen sobre balances no ajustados por inflación.
Distorsiones ocasionadas por la inflación.
El impuesto al trabajo merece un debate profundo.
Para quienes nos gobiernan, para darle a unos hay que sacarle a otros, en un juego se suma cero, siendo su gobierno el encargado excluyente de esa ilusoria redistribución reparadora, ejecutada desconociendo las reglas de juego y atropellando todo, incluyendo el sentido común. Además, como lo registra el Iaraf, en alimentos y bebidas, los impuestos significan entre 34/44 % del precio final y en esos consumos se gasta gran parte del ingreso de los segmentos más pobres de nuestra sociedad.
En ese razonamiento estrecho y arbitrario, no hay vocación de cambio, no cabe la expansión que supone un proceso de desarrollo que despliegue todas las energías creadoras que anidan en la sociedad. Comparto lo dicho por Luis Betnaza y la frase del ex canciller alemán Willy Brandt, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Por los resultados de su gestión estatista se responden las expresiones contrarias del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido.
El gasto público, ajustado por inflación, creció más del 187 % durante las administraciones kirchneristas y de ello, como lo destaca Alcadio Oña, sólo el 12 % de ese incremento se destinó a infraestructura. No hay ninguna relación de la trepada del gasto con las obras públicas terminadas en la década.
El hasta hace pocas horas desestimado reclamo, de no imponer ese tributo sobre el medio aguinaldo, significaría (unos $ 2.700 millones), menos de lo que se gasta en publicidad oficial. El Tesoro giró a Aerolíneas Argentinas, más de $ 21.000 millones, desde su estatización.
En primer lugar más del 85 % del incremento del gasto público se destina a gastos corrientes y según sus dichos, la inversión pública es 3,4 % del PBI. No todo ese porcentaje va a obras de infraestructura. Según la CEPAL, entre 2004/12, la inversión pública estuvo en el orden del 2,9 % del PBI, similar a la década 1980/89. En la década del ’90 estaba cerca del 5,7 %, con privatizaciones y desguace del Estado, cuando erróneamente se suponía que el mercado lo resolvía todo.
En octubre, según el INDEC las obras viales cayeron 1,24 % y las de infraestructura retrocedieron 1,9 %. Entre 2003/12, se invirtió el 10 % de lo necesario para mantener vías férreas y material rodante. En esa década, de todo lo destinado a infraestructura, poco más del 1 % fue en la red de ferrocarriles, ahora el porcentaje aumentó significativamente pero en los trenes de pasajeros del sector metropolitano.
No es serio asimilar gasto con inversión cuando las obras se deciden sin pasar por el procedimiento correspondiente de la ley de inversión pública, sin un planeamiento estratégico integrador y cuando se asignan partidas ínfimas en el presupuesto para justificar anuncios de obras que no se terminan, generando mayores costos. La mora en los pagos atrasa el aprovechamiento de esas obras que se hacen con criterio electoral, en un escenario de amiguismo, muchas con denuncias de sobreprecios. La nota de Carlos Pagni, sobre la entrega de una base de datos de Enarsa, a un empresario cercano al kirchnerismo, de confirmarse, resulta un bochorno y merece una respuesta aclaratoria condigna.
Con solo ver el estado de caminos; el tendido de distribución de electricidad domiciliaria; las deficiencias en los servicios ferroviarios, de vías navegables y puertos; la cantidad de familias sin agua potable y cloacas; el desmanejo hídrico que anega campos e inunda barriadas humildes; el equipamiento para mejor control de aduanas y fronteras, tendiente a combatir al narcotráfico dado que, según la UNODC somos el país con mayor consumo de cocaína del mundo; el déficit de viviendas pese al plan ProCreAr y el avance del gasoducto del NEA, para evaluar cabalmente ese comentario.
La presidenta agregó que no hay financiamiento internacional muy dedicado para estas obras. Con solo ver para qué se endeudan Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y tantos países africanos, a varias décadas y a bajísimas tasas de interés, se desmiente lo dicho. El Banco Santander informó que concederá U$S 10.000 millones para proyecto de infraestructura en Brasil donde este año invirtieron U$S 4.000 millones. Además están los créditos blandos de los organismos internacionales, muchos de ellos trabados por falta de proyectos y por nuestro aislamiento internacional, donde países gravitantes votan en contra por nuestra imprevisibilidad y no acatamiento de las normas que todos aceptan en la comunidad internacional.
Es evidente que las obras de infraestructura deben ser financiadas con créditos de largo plazo, porque deben ser amortizados con las contribuciones de varias generaciones. En ninguna parte se financian totalmente con ingresos corrientes.
La presión impositiva espanta la inversión y otros países se benefician de ello. Según el Ieral, la presión impositiva es 34 % del PBI y con el impuesto inflacionario llega a 36,8 % del PBI. Si se toma la presión impositiva consolidada, (Nación, Provincias y Municipios) esa imposición llega al 42,4 % del PBI y con el regresivo impuesto inflacionario alcanza el 46 ,7 % del PBI.
Es una de las más elevadas del mundo. Veamos: Canadá, 30,7 %; Japón, 29,6 %; Australia, 26,5 %; EEUU, 24,3 % y en la región: Uruguay, 26,9 %; Chile, 20,8 %; Colombia, 19,7 %; México, 18,9 %; Perú, 18,1 %; República Dominicana, 13,5 %; Guatemala, 12,3 %. Es evidente que el fiscalismo irrazonable ahuyenta inversiones y ennegrece la economía porque para sobrevivir se intentan maniobras para eludir y evadir semejante carga.
El titular de la CAC, Gustavo Weiss, había adelantado que este año esa actividad industrial caerá 2 % y la producción de cemento -3 %, comparado con 2013.
El ministro de Economía, en esa ocasión apuntó a los propietarios de terrenos que para recibir ingresos extraordinarios no los venden y son sectores altamente especulativos. La presidenta desmintió el achicamiento del sector inmobiliario. En noviembre, según Came, la caída en la actividad inmobiliaria cayó 14,7 % y las ventas de artículos para la construcción -5,1 %. El Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires informó que la cantidad de escrituras es la más baja desde el año 2000, por debajo de 2001 y 2009, años de fuerte retroceso. Un economista reflexionaba hace días: en 2011, uno de cada 68 porteños podía acceder a un departamento, ahora esa relación empeoró, uno de cada 126.
Según Kicillof, el gasto público impulsa la actividad y no está fuera de control, pero resulta que el gasto primario crece al 41,4 % en setiembre y el producto cae al 2,5 % porque el BCRA está quebrado. Las irregularidades en las condiciones de licitación de las frecuencias de 3G y 4G, el dollar-linked para adelanto de las exportadoras, demuestran que se hace cualquier cosa para ingresar dólares y debería ser materia de investigación.
Ahora el kirchnerismo lo financia emitiendo bonos, con seguro de cambio mediante, Bonar 2016/18 y si buscan financiamiento externo deben pagar tasas dos veces superiores a las que pagan Chile (3,5 %), Bolivia (4,9 %), Perú (3,9 %), México (3,4 %) y Uruguay (4,4 %).
Para dar una señal de solvencia y despejar dudas de pesificación, el Ministerio de Economía anunció: pagar el Boden que vence en octubre del año próximo, un canje voluntario del Boden 2015 cotizando a U$S 97 por lámina de U$S 100; el canje de Boden 15 por Bonar 24 que rinde 9,6 % y la emisión de Bonar 2024, por U$S 3.000 millones al 8,75 %, el doble de lo que paga Bolivia, México y Brasil. Días antes se conoció la noticia a Etiopía emitió U$S 1.000 al 6,2 % anual. Por sus títulos a diez años, Uruguay paga 4,5 % anual; EEUU, 2,31 % y Alemania, 0,78 %.
El evidente es que el gobierno, hasta ahora, no cuenta con dólares suficientes para sus compromisos.
Si sale bien este canje, tendremos resuelto la mitad de los vencimientos que debemos afrontar en 2015 (U$S 12.000 millones.) En el Presupuesto 2015 se disponían U$S 11.889 millones de reservas para pago de deuda. Significaba el 40 % del stock de reservas cuando se votó el presupuesto. Lograron descomprimir y ganar tiempo que tendría que ser aprovechado para despejar dudas pero habrá que ver que interés genera en los tenedores individuales canjear el título por efectivo, a precio de mercado sin ningún incentivo. El costo financiero de esta toma de deuda se acercará a 10 %. El Bonar, utilizado para pagar la estatización de Repsol, tuvo un costo financiero superior al 11 %. Es improbable que haya demanda de compradores del exterior y tal vez sean nuevamente las compañías de seguro, entidades bancarias e institucionales quienes lo terminen comprando.
Pretenden mostrar con ello y los swap de Francia (que pronto podrían llegar a U$S 1.400 millones, garantizados con reservas del BCRA en ese banco) y China (unos U$S 1.322 millones, renovables) que se posee un stock de reservas más sólido del real, porque con esos préstamos de corto plazo no lo es. Mucho se comentó el fallido intento de gestionar un swap del BNDES brasileño por U$S 1.500 millones, destinado al soterramiento del ferrocarril Sarmiento, motivado en las demoras que generan las DJAI para las exportaciones desde Brasil. Debatir la agenda internacional y con el Mercosur, es más urgente que la cuestión de la lista al Parlasur.
Se estima que las reservas de libre disponibilidad están por debajo de los U$S 18.000 millones, si extraemos depósitos de privados, depósitos bloqueados para bonistas y lo que se les debe a importadores, la cifra apenas supera los U$S 11/12.000 millones. En 2009 teníamos reservas para 15 meses de importaciones, ahora para poco más de 4 meses de compras externas.
La relación entre reservas del BCRA y PBI es 6 %; la más baja de Latinoamérica. Contra los U$S 29.000 millones oficialmente informados, hay más de U$S 51.000 millones de papeles que se devalúan y ello le permite al BCRA contabilizar utilidades ficticias para girarlas al Tesoro sin violentar los límites legales. Según el economista Agustín Monteverde, todo ello abre la posibilidad que vuelvan a devaluar para generarlas, porque la emisión, pese a lo que se dice, fogonea la desvalorización de nuestra moneda.
El 30 de noviembre el BCRA emitió $ 29.868 millones, con un crecimiento de 43 % del gasto. Si moderan la emisión tomando deuda, el costo será oneroso. Lo veremos en la emisión de deuda de la provincia de Buenos Aires que se prevé en 11 % de interés.
Las tasas de interés que se ofrecen incentiva actividades financieras y desalienta a las productivas.
Uno de los efectos de la falsificación de las estadísticas oficiales es la imposibilidad de acceder a financiamiento de bajo costo. El director del Indec declaró que “los datos son nuestra militancia y militamos con nuestras herramientas, la computadora, los formularios de encuestas, análisis de datos, estudio y capacitación.” Las cifras de inflación del organismo no son creíbles y las series de pobreza se han discontinuado.
Por ese motivo debemos recurrir a consultoras que, con todas sus limitaciones, nos permite ponderar lo que vemos y el gobierno niega. Por ejemplo, el costo de la canasta de una familia tipo con los hijos. Según Fiel, con ingresos por debajo de $ 3.076 mensuales se cae en indigencia y por debajo de $ 5.578 se cae en pobreza. El costo de esa canasta en los últimos doce meses subió 43 %.
El ministro Kicillof descalifica a las mediciones de las consultoras privadas por ser “construcciones místicas, chanterías y oscuridad, un mamarracho absoluto,” pero las mismas, con aceptables divergencias, reflejan más cercanamente lo que percibimos cotidianamente. El equipo económico dice que la inflación anual estará en 23/24 % (cuando el promedio regional es de 6 % anual) y muy lejos del 9,9 % del fijado en el presupuesto 2014. Además, destacó que hay una “tremenda desaceleración de precios.” ¿Entonces por qué cae el consumo, si las paritarias cerraron por arriba de ese porcentaje? Muy sencillo, el Indec mide una inflación diez puntos por debajo de las consultoras privadas.
El consultor Miguel Bein, cercano al oficialismo de la provincia de Buenos Aires, calcula una inflación acumulada del 37,9 % en los últimos doce meses. La consultora del economista Jorge Todesca calcula una inflación anual de 37,5 % y la consultora Abeceb 35,7 %. El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT acumula una inflación de 36,4 % y en la CGT oficialista se habla de 35/36 %. Ellos comentan que la inflación carcome el salario y luego el empleo, y lo dicen, como todos quienes conocemos esa secuencia. Comparto con el ministro Kicillof que Argentina no puede reactivar la economía mundial, pero su responsabilidad es hacerlo en nuestro país, con instrumentos adecuados y consistentes, porque cae más de dos puntos.
Es insólito que se solicite impedir a los diputados de la Nación, hacer conocer indicadores de inflación en el Congreso Nacional porque, para una colega oficialista, se debe “hacer cesar esa puesta en escena,” porque las difunden de forma irresponsable. Esas mediciones están basadas en una decena de consultoras privadas, muchas de ellas perseguidas y penalizadas por un secretario de Comercio, ahora procesado y enfrentando un juicio oral por esos abusos. Para el Ministro de Economía, “es un IPC opositor, con intencionalidad política para generar malestar.” Quiero destacar que en las provincias que no discontinuaron sus estadísticas propias y sobre las que se basaba Axel Kicillof para criticar al INDEC antes de ser funcionario, los números son muy semejantes. Tierra del Fuego mide 38 % de inflación anual; Ciudad de Buenos Aires, 39,9 %; Neuquén, 42,7 %; San Luis, 43,4 %. Lo inconcebible es que ello ocurre cuando todo el mundo erradicó la inflación por su carácter nocivo y desordenador. Nosotros estamos en este debate sobre la medición, pero por encima del 20 % del dibujo oficial. En la región Uruguay tiene una inflación del 7,8 %; Bolivia, 6,1 %; Brasil, 5,8 %; Paraguay, 4,9 %; Ecuador, 4,5 %; Colombia, 3,4 %; Perú y Chile, 3,1 %. Todos esos países crecen entre el 3/5 % anual, con excepción de Brasil, que preocupado por su bajo crecimiento está implementando medidas muy severas. Nuestro equipo gubernamental, con inflación de más del 30 %, recesión de más de 15 meses y destrucción de empleo privado, con un déficit primario de más de 5 % del PBI y un déficit financiero de cerca del 7 %, se dedica a desmerecer opositores, a descalificar mediciones y manipular las propias, pero nada hace para corregir las causas que originan esta distorsión de precios. Comenzando por reconstruir la credibilidad y calidad técnica del Indec, destruído por el kirchnerismo.
El jefe de Gabinete imputa a los empresarios por sus conductas mafiosas que provocan la inflación, pero como en las estadísticas manipuladas del Indec, se ubican diez puntos por encima de la estimada en el presupuesto 2015. ¿Qué plan tienen para semejante rebaja? ¿Más recesión y caída del poder de compra de salarios y haberes? La consultora Elypsis, registra una inflación acumulada en doce meses de 39,5 %.
Según el economista Miguel Ángel Broda, es probable que la inflación se amesete y descienda levemente, se evite una crisis y se modere la caída de actividad, pero con precios relativos desordenados y una semejante volúmen de subsidios, la herencia será muy compleja. La diferencia entre costo y tarifa, según algunos especialistas, se estima en seis veces en energía y más de cuatro en transporte. Este año, convertidos en pesos, se han gastado en subsidios energéticos aproximadamente $ 10.000 millones por encima de lo ingresado por derechos de exportaciones, según el diputado Julio Cobos. En energía estaremos cerca de los $ 130.000 millones (U$S 15.000 millones); en 2006, esa cuenta era de $ 4.030 millones. En transporte, pasamos de $ 3.532 millones a $ 58.000 millones en ocho años; en empresas públicas de $ 237 millones a $ 19.500 millones y otras que pasaron de $ 371 millones a $ 2.500 millones. Según Maximiliano Montenegro esta cuenta pasó de representar 1,2 % del PBI en 2006 a 5,9 % en 2014.
Dos terceras partes de los subsidios destinados a energía y transporte lo aprovechan los sectores más pudientes, por caso los usuarios de Aerolíneas Argentinas/Austral, especialmente en vuelos al exterior. Un informe oficial de la provincia de Buenos Aires, señalaba que los dos tramos más acomodados de la sociedad aprovechaban el 30 % de todos los subsidios, en tanto los dos escalones más empobrecidos de la pirámide poblacional, solo recibían el 20 % de esa masa de recursos que se distribuyen sin control, con discrecionalidad y opacidad.
El balance del ciclo será con una disminución del PBI/habitante, por algunos estimada en 4 %. Uruguay, triplicó su PBI entre 2005/14, según lo destaca el académico Juan Gabriel Tokatlian.
Si tomamos en crecimiento argentino, entre 2012/14 es cercano a cero. El gobierno imputa ello al mundo que se cae a pedazos, pero EEUU en el tercer trimestre creció 4 % y durante 2014, creó 200.000 puestos laborales por mes y más de 320.000 en noviembre.
En nuestro país, la creación de empleo es nula desde 2011 en el sector privado.
Las estimaciones de caída del PBI para el año, contrastan con el crecimiento previsto para la región. Es probable que el crecimiento de Brasil esté por debajo de 1 %; pero Colombia crece este año al 4,9 %; Paraguay, 4,4 %; Uruguay, al 3,2 % y Chile, al 2 %. Hasta consultores cercanos al oficialismo miden una caída de 2,2 %, no obstante el Ministro de Economía dice que la Argentina es envidiada por muchos países de la región y el mundo. Entre otros motivos para la envidia, mencionó el desendeudamiento. Es cierto que bajó la proporción de tenedores privados de deuda y que también tenemos un litigio abierto sin monto definitivo.
Pero según Cippec el endeudamiento entre organismos estatales pasó de 2 % del total de la deuda pública a 60 % el año pasado. Ese centro de investigaciones recuerda que en 2015 hay vencimiento de capital e intereses por U$S 12/13.000 millones y en 2017, U$S 17.000 millones y que el próximo gobierno, entre 2016 y 2019, tendrá que afrontar vencimientos por U$S 34.000 millones. Como lo anticipaba Néstor Scibona, se anunció la parcial refinanciación del Boden 2015 por U$S 6.700 millones que vencen en octubre del año próximo. Veamos el saldo de la balanza comercial, con la cuenta servicios negativa y cerrada la cuenta de capital, hasta el reciente anuncio del Ministro y podremos ponderar nuestra solvencia financiera.
El gasto público fue ampliado nuevamente, con otro Decisión Administrativa por $ 8.877 millones (financiados por Anses $ 4.986 millones y déficit fiscal $ 3.890 millones); dos días después del DNU por cerca de $ 40.000 millones. Allí se agregan $ 955 millones para Aerolíneas Argentinas que, en el año, suma transferencias por $ 5.139 millones, un 85 % por sobre los $ 2.780 millones presupuestados.
El gasto social suma $ 75.000 millones y más de 67.800 millones llegan directo a las personas, según Silvia Naishtat.
El déficit primario de setiembre ($4.257 millones) contrasta en el superávit de $ 412 millones de ese mes de 2013.
La consultora ACM estima para el año, un déficit primario cercano a $ 173.000 millones (4,3 % del PBI) y el rojo financiero de $ 206.000 millones (5,1 % del PBI).
El déficit financiero, tras el pago de deuda llegó en setiembre a $ 13.284 millones. Si consideramos los aportes del BCRA ($ 10.545 millones); Anses ($ 6.196 millones) y Pami ($ 152 millones) que crecieron más de 25 %, el déficit superó ese mes los $ 20.000 millones. Como los gastos crecieron 2,4 % y los ingresos disminuyeron 3 %, ajustados por inflación, el rojo de las cuentas públicas, se duplica en porcentaje respecto del PBI, como lo señala Fiel.
Desde enero-setiembre, el déficit primario, sin aportes del BCRA, suma $ 69.719 millones, cuatro veces por encima del rojo de $ 15.244 millones registrado en ese período del año pasado, según el economista Luis Secco. Según su análisis, los ingresos por recaudación crecieron al 34,2 % y los gastos, excluido intereses de la deuda, aumentaron 44 %.
Ya estamos en un déficit anual del fisco por $ 195.372 millones y si sumamos los aportes del BCRA al Tesoro estamos cerca de $ 300.000, más las ampliaciones que se autoricen hasta diciembre. Ya emitió para asistir al Tesoro más de $ 96.000 millones. Hasta fin de año, el BCRA emitirá con ese destino otros $ 50.000 millones.
El déficit se acerca al 6 % del PBI y no hay financiamiento genuino disponible por nuestras inconsistencias. En estos apuntes, un tanto desordenados, dejo plantada mi mirada sobre el contexto internacional donde debemos analizar los hechos de la realidad argentina porque de ese modo se mejora la comprensión de los fenómenos que no deberían sorprendernos. Si pudiésemos anticiparnos, interpretando tendencias, no estaríamos siempre corriendo detrás y legislando de apuro, muchas veces resultan parches, otras, inconveniencias.
En estos días, preocupada por la inflación de poco más del 6 % anual, un crecimiento del 0,2 %, una desocupación del 5.5 % y un déficit fiscal de 0,6 %, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff se plantea para 2015 un superávit fiscal de 1,2 % del PBI y no inferior a 2 % para 2016 “para generar confianza, retomar el crecimiento y consolidar los avances sociales a partir del control riguroso de la inflación, estabilidad fiscal y generación de empleo,” en palabras de los nuevos ministros de Planificación y de Hacienda, éste último un ex asesor del candidato opositor en las elecciones pasadas. Los futuros funcionarios señalaron que tienen la convicción de reducir la incertidumbre para toma de riesgo (de los inversores) para dar previsión a inversiones como compra de máquinas y equipos. Entre otros conceptos hablaron de la eficiencia del gasto público, mediante la modernización de la gestión y de la ecuación costo-beneficio de los distintos programas gubernamentales. En Brasil gobierna el Partido de los Trabajadores.
En nuestro país hay muchos que queremos cambiar el rumbo. Hace días tuve oportunidad de participar en una reunión que permite ver cuanta potencialidad tenemos y cuantas posibilidades podemos brindar a nuestro pueblo si miramos el presente desde el porvenir, como señaló el filósofo Santiago Kovadloff quien señaló el error del cortoplacismo y las virtudes de trabajar con miras de largo plazo. El titular de la Conferencia Episcopal, monseñor José María Arancedo, recordó que “el mayor acto de caridad es generar empleo.” En ese Foro de Convergencia se constató un amplio consenso para impulsar el desarrollo económico con inclusión social y tanto en el sector agropecuario, petrolero, minero, manufacturero y de servicios cuantificaron las posibilidades de crear empleo genuino que se pueden movilizar rápidamente si el Estado hace lo suyo dentro del marco institucional. Se habló de tres millones de empleos nuevos posibles. ¿Cómo no tener esperanzas si hacemos lo debido y probado dentro y fuera del país y aprendemos de los fracasos?
Durante 2014, una de cada tres empresas redujo su planta de personal.
Según las cifras oficiales, la Argentina tiene una desocupación del 7,5 %. Una de las más elevadas de la región. Veamos, Uruguay, 6,8 %; Chile, 6,6 %; Bolivia, 6,3 %; Perú, 6 %; Brasil y Paraguay, 5,5 %; México, 4,8 %. Si se mide la tasa de actividad y el efecto desaliento, nuestra tasa de desocupación es, según la OIT llega al 10,5 %, la más alta de la región, superando a Colombia y Venezuela. Además hay que agregar 7 % de subocupados y 37 % de trabajo no registrado, llegándose el 50 % de la población económicamente activa con problemas laborales.
Un estudio de la UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales) señala que tomando la baja de actividad (no buscan trabajo) y los nuevos desocupados en dos años quedaron fuera del mercado laboral 1.100.000 personas (11,4 %) y en el tercer trimestre 2014, comparado con el año pasado 800.000.
Hay demasiada conflictividad y violencia en nuestra relaciones como para no intentar tender puentes de reconciliación, diálogo y reconocimiento respetuoso de las diferencias. Lo que no viene de los más empinado del poder debemos construirlo desde la sociedad, deseosa de salir del atraso y los enfrentamiento evitables.

En el mensaje citado, Cristina Fernández de Kirchner habló del país con demasiados abogados, contadores y psicólogos. Es la demanda del país subdesarrollado que cambió demasiado durante este ciclo de bonanza para Latinoamérica.
El proceso de desarrollo requiere una oferta educativa variada, con fuerte perfil técnico, desde los ingenieros en petróleo y biotecnología, hasta los especialistas en alimentos y diseño. Argentina tiene 5 ingenieros cada millón de habitantes; Chile 8, Finlandia 25. Se trata de agregar valor en cada eslabón productivo con el concurso de mano de obra altamente calificada, eso es crear riqueza y distribuirla.
El periodista Andrés Oppenheimer, en su libro Cuentos Chinos, transcribe el comentario de un profesor de Harvard sobre el posillo de café que se vendía a tres dólares en EEUU. Solo el 3 % de lo pagado por un consumidor volvía a los productores de Brasil, Colombia o Costa Rica. El autor dice que, el 97 % restante se repartía entre los ingeniera en genética del café, los distribuidores y publicitarios, los encargado del procesamiento, comercialización y otras ramas de lo que denomina, la economía del conocimiento. Inversión para fomentar la innovación es nuestro desafío para potenciar ventajas competitivas y ello no se hace sin un programa donde la formación de capital social se corresponda con el proceso productivo.
Argentina tiene tres estudiantes de psicología por cada cursante de ingeniería y la presidenta apunta que ello es para trasladarle al otro las culpas. Por cierto que su gobierno es un claro ejemplo de ese proceder, pero el problema está en otro lugar. En el último relevamiento PISA, sobre el desempeño de alumnos de 15 años, en matemáticas, calificamos 59º entre 65 países.
Según lo publicado en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce), coordinado por la Unesco, entre quince países, Argentina se mantiene en la mitad de la tabla. La 50 % de los países mejoró más que nuestro país, especialmente Ecuador, Perú, República Dominicana, Chile, Brasil y Guatemala. La Argentina cayó en matemáticas del 5º al 6º lugar (en ranking de alumnos de 3º grado) y se mantuvo en el 5° en alumnos de 6° grado. En lectura, desmejoró del 5º al 8º (en el ranking de 3º grado). En lectura de 6º grado nos ubicamos en el séptimo lugar ente 15 países relevados. En la primera edición de este relevamiento, hace 17 años, estábamos en el segundo lugar; la segunda vez, en 2006 caímos al sexto lugar; ahora estamos igual o peor. La deserción escolar primaria aumentó 1,8 % (pasó del 5,1 % en 2006 al 6,9 % en 2011) siendo uno de los pocos países donde aumentó la deserción. No ocurrió lo mismo en Uruguay, Chile y México. Ese estudio señala que el trabajo infantil, en 2011 se ubicaba en 17,9 %. Allí se puntualiza que los principales factores son la pobreza y la desigualdad y la ineficiencia interna en las escuelas.
Ayer leí una carta al lector, de una madre que se refiere al adoctrinamiento a estudiantes secundarios, acontecido en el Primer Congreso Nacional de Centros de Estudiantes Secundarios realizado en Embalse a comienzos de noviembre. ¿No les parece lamentable?
Se habla de la escuela pública, pero según el Centro de Estudios de la Educación Argentina, los alumnos de las escuelas primarias de gestión privada duplican las probabilidades de egresar que en los establecimientos estatales. En el último año se fueron del ciclo primario público cerca de 50.000 alumnos y son más de 301.900 los que siguieron ese camino diez años (una caída de 8 %), aunque la información señala que las escuelas privada recibieron 244.482 alumnos nuevos.
Lamentablemente esto ocurre en esta década, sin ningún cambio en la estructura productiva ni en la oferta educativa, pese a la creación de Universidades. Tenemos una población universitaria de 1.522.502 estudiantes y un presupuesto de $ 38.533 millones para 2015. Significa el 0,8 del PBI. Las universidades creadas recientemente son las de mayor presupuesto por alumno. Nuestras universidades no aparecen en el ranking de las 100 de mejor calidad y en otros registros tampoco antes de las primeras 200.
El problema es qué profesiones graduamos y su preparación en el sistema educativo primario y secundario; la calidad del aprendizaje y la baja tasa de graduación. Si no asumimos un compromiso para mejorar la formación docente, estaremos frustrando muchos proyectos de vida. Según el ex ministro de Educación Juan J.Llach la formación docente es deficitaria, las personas de mayor bagaje cultural no se sienten atraídas en absoluto por la carrera docente. En la misma nota del diario La Nación de hoy, varios especialistas señalan que los institutos de formación docente deberían dictar 3.700 horas para la obtención del título de profesor y en la práctica ello se reduce a un 60,7 %, cuando en Finlandia se destina 8.100 horas para el título de maestro de grado. Finlandia está al tope de los exámenes Pisa. Según el Ministerio de Educación argentino, el 44,7 % de los alumnos secundarios tienen baja calificación en matemáticas. En las provincias más pobres ese porcentaje supera el 70 %, como condenándolos a quedar excluidos.
Nada es casual ni fortuito en esta y otras tantas materias.
En nuestro país, de cada 10 alumnos del ciclo secundario menos de la mitad lo termina dentro de los plazos establecidos y 5 de cada 10 abandonan. De cada cuatro de comenzaron el ciclo primario, solo uno se recibe en el secundario, en las escuelas públicas, o sea el 25 %. En las escuelas privadas ese porcentaje sube al 64,3 %, según estadísticas presentadas por Alieto Guadagni.
Pese a la ley de 2005 estableciendo la obligatoriedad del nivel medio, nueve años más tarde, el promedio nacional señala que sólo tres de cada diez ingresantes al colegio primario terminan el secundario. Pese al mayor presupuesto educativo, según la Unesco, entre 2002/13, terminan el ciclo secundario la misma cantidad de alumnos (280.876 en 2002, 285.699 en 2012) sumando establecimientos públicos y de gestión privada.
De esos 4.823 alumnos, el 70 % lo hizo en escuelas privadas. La Unesco señala que solamente el 43 % termina el ciclo secundario en su plazo siendo nuestro país uno de los de mayor deserción. En Chile lo hace el 68 % y en Perú, el 70 %. En los distritos del conurbano ese porcentaje desciende a 29 %; en las provincias más pobres no alcanzan al 35 %.
En mi provincia hay 92.948 jóvenes que no estudian ni trabajan. Representan el 15 % del total poblacional comprendidos entre 14 y 24 años. El 67 % de ese universo no terminó sus estudios secundarios. En el país, ese porcentaje es 16,3 %.
¿No se advierte el daño que le propinamos a nuestros jóvenes para su inserción laboral futura?
Como lo destaca Alieto Guadagni, con el 5,2 % de graduados universitarios por cada 1.000 habitantes Brasil duplica al 2,7 % de la Argentina, aunque en esa relación poblacional nosotros tenemos más estudiantes universitarios que nuestro vecino que en la década aumentó su graduación en las universidades un 124 %.
El panorama se agrava cuando observamos las carreras que más egresan. Brasil tiene un 56 % de ingenieros por cada 100 ingresantes, la Argentina, 30, y en las universidades públicas, 27.
El país invierte cerca de 0,8 % del PBI en ciencia y tecnología. En América Latina se invierte en investigación y desarrollo el 2,4 % de lo que se destina en el mundo. En esa porción, Brasil ocupa el 66 %; México, 12 % y la Argentina, el 7 %. El Estado invierte poco, pese al progreso que significó la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología conducido por un científico. Lo que falta es la decisión de impulsar el desarrollo y los incentivos para que toda la sociedad participe, comenzando por el sector privado. En EEUU el 70 % de la investigación la financian las empresas; en Brasil, el 46 %; en México, el 43 %; en la Argentina, el 21 %.
La voluntad política se constata con la ejecución de los recursos. La partida presupuestaria hasta mediados de Noviembre: del Programa Mejoramiento de la Calidad Educativa solo se ejecutó 21 %; la correspondiente a Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, se ejecutó 48 % y la sanidad escolar lleva gastado el 21,1 % de lo dispuesto. En cambio, la partida de Prensa y Difusión de los actos de gobierno lleva gastó 167 % por encima a los presupuestado ($ 1.589 millones.) Hoy mismo el gobierno estaría agregando $ 210 millones al programa Fútbol para Todos, al eximir a la AFA de devolver un adelanto concedido en los primeros meses del año. La estimación para el año en Fútbol para Todos superará los $ 1.665 millones
En su libro Crear o Morir, Oppenheimer muestra el atraso relativo de Latinoamérica y el Caribe, más acentuado aún en Argentina, respeto de países como asiáticos en materia de patentes internacionales. Ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas), Corea del Sur, que hace medio siglo estaba en la miseria y la guerra, con un producto inferior a casi todos los latinoamericano, presenta 12.400 patentes anuales; Brasil, 660; México, 230; Chile, 140; Colombia, 80 y la Argentina, 26. EEUU presenta 57.000 solicitudes anuales; China 22.000; Japón 44.000; Alemania 18.000. Los dos últimos estaba destruidos hace setenta años y China era muy pobre y subdesarrollada hace cuarenta.
En la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU, donde se registran las patentes por país; en el último año, 148.000 patentes eran de EEUU; 54.000 de Japón; 17.000 de EEUU; 16.000 de Corea del Sur; 290 de Brasil; 200 de México y 80 de Argentina.
En el libro se cita una respuesta de economista de la OMPI Carsten Fink, el desafío es crear un ecosistema donde pueda florecer la innovación.
En el índice Global de Innovación Index 2014 (WIPO/ONU), midiendo las condiciones en Argentina, según variables económicas, políticas y sociales, caímos del puesto 56° al 70°, por debajo de Brasil, Colombia y Chile. Según leí hace días, la Argentina destina el 0,6 % del PBI en inversión pública y privada en innovación. Allí se informaba que Japón destina el 3 %
En ese trabajo de Oppenheimer se puntualiza sobre la cooperación y el virtuoso proceso de aprendizaje y creatividad que existe en algunos centros de EEUU. Hacia esas universidades van graduados que regresan a su país a desenvolver sus conocimientos. Entre nosotros ocurrió con muchos, entre ellos el cardiólogo René Favaloro, algunos regresaron, lo más aún no. China tenía en esos establecimientos, el año pasado, 235.000 estudiantes; México, 16.000; Brasil, 11.000; Colombia, 7.000; Venezuela, 6.000; Perú, 2.500; Chile, 2.400; Argentina, 1.800.
Además se requiere un escenario que los recepte al regresar, con una ocupación gratificante, con reconocimiento salarial y premio el esfuerzo.
Claro que es posible, entrelazando convenios entre Universidades e institutos, con empresas y entidades empresarias, entre el INTA, el INTI y los sectores del campo y la industria. El INTA, el INTI, el CONICET, la CONEA, el Instituto Balseiro, el Invap, la UTN, la educación secundaria técnica, fueron producto de un entorno estimulante de desarrollo, de expansión del conocimiento aplicado en el proceso productivo.
Necesitamos infraestructura para optimizar la competitividad a partir de reducir costos, docentes capacitados y evaluados, contenidos y metodologías en enseñanza actualizada, sostiene Federico Romanella y agrega que la inversión en I+D debe sumar el esfuerzo público, las universidades y el sector privado. En su nota publicada hace semanas, se destaca la función de las políticas para atraer IED con promociones y beneficios al sector privado. En una infografía, se observa como los países que mejor articulan los factores (educación, IED, I+D e infraestructura, citados en mi anterior presentación en esta Cámara y del mismo autor) han logrado hacer crecer su PBI/habitante con mayor velocidad.
El clima de negocios y el entorno favorable a la innovación van de la mano de la confianza para impulsar capitales y emprendimiento en esa dirección. Eso se llama atraer inversiones con un programa que tenga prioridades que utilicen la tecnología y los servicios avanzados para multiplicar la productividad.
Según Orlando J.Ferreres la inversión bruta interna, entre enero-octubre, fue de U$S 73.746 millones, un 12,3 % por debajo de ese período del año pasado. En precios, la inversión bruta interna disminuye en términos reales durante octubre.
La consultora Econviews calcula que la inversión de 17 % del PBI puede caer a 16 % y que para elevarla a 21 % del PBI, se requieren U$S 20.000 millones de inversión anual como mínimo para incrementar 2 % del PBI la inversión en infraestructura y otros 2 % del PBI la inversión en energía. Con ese piso, el país puede crecer sostenidamente al 5 % y ello resulta indispensable para crear empleo privado y dinamizar genuinamente el mercado interno con salarios dignos y empresas reinvirtiendo utilidades.
En su discurso, la jefa de Estado pidió comprensión a los reclamos de los sindicatos. Señaló que en Alemania y Francia se habla de congelar salarios. Por cierto que ello no es recomendable en ningún lado, pero en nuestro país hay recorte salarial porque al aplicarse el mínimo no imponible, tras las paritarias, muchos tuvieron un aumento de 25 %, con una inflación de más del 35 %. La pérdida de poder adquisitivo salarial se ubica entre 5/11 % y crece la conflictividad. La situación es más delicada aún en la tercera parte de nuestros trabajadores informales (33,6 %), afecta a los planes sociales y se agrava con los jubilados.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habilita reclamos en tribunales, por reajustes previsionales de $ 1.250 de la PBU (Prestación Básica Universal) que actualmente está en $ 1.526, pasando este componente del haber jubilatorio a $ 2.776 mensual.

La presidenta dijo que en el país hay un único mercado de cambios. La brecha supera el 50 %.
Hay cerca de U$S 5.000 millones impagos a las importadoras por el cepo cambiario. Se estima que la deuda de las terminales automotrices supera los U$S 2.000 millones y es sabido que las mismas requieren para sostener la producción más de U$S 3.000 millones por año. Con solo recorrer talleres mecánicos y repuesteros se puede constatar el faltante de piezas, partes y accesorios, el aumento de precios, las demoras de reposición y todo lo que ello conlleva en materia de costos, tiempo perdido, mercadeo en negro y robo de automóviles.
Por su parte las importaciones de piezas y accesorios de bienes de capital cayeron 37 %.
El polo de ensamble-importador con parte asiáticas, instalado en Tierra del Fuego acumula una deuda con sus proveedores de aproximadamente U$S 1.000 millones y se complica la renovación de más de 2.000 contratos de trabajadores. Las empresas no tienen como convertir los pesos que recibe de los consumidores por dólares para pagar a sus abastecedores. Hace 90 días que no hay embarques para ensamblar celulares y hay menos variedad de modelos nuevos. En los primeros nueves meses del año, la producción de televisores cayó 8,9 %; la de celulares -2,3 % y la de aparatos de aire acondicionado -39,8 %.
Los productores argentinos de trigo reciben U$S 130 la tonelada, según el tipo de cambio oficial y U$S 85 en el paralelo. Es la cotización más baja del mundo; un uruguayo recibe U$S 207 tn y un estadounidense U$S 220. Todo fruto del intervencionismo irrazonable que hace un año hizo que el precio local del trigo superara los U$S 600 tn.
Los descuentos al trigo están movilizando a los productores y ello se profundizará cuando se hagan las cuentas con los aumentos del 25 % en los fletes. El productor Eduardo Gallo Llorente transcribe, en una columna de un suplemento rural, que un kirchnerista le dijo que las medidas son correctas porque benefician a 40 millones de consumidores y no a 60.000 productores de trigo. Con ese pensamiento gobiernan y se quejan de los resultados. Además, en ocho años el trigo aumentó menos de tres veces, pero el precio del kilo de pan subió casi diez veces. ¿Culpa de los panaderos ?
Todo el sector agropecuario ajusta sus números, atrasa la inversión en innovación e impide el salto en volúmenes, tanto para exportar como para industrializar internamente, como debiéramos encarar el enriquecimiento de todas nuestras materias primas. Las ventas de semillas, fertilizantes y agroquímicos, caen entre 10/15 % por los costos y recorte de créditos. Con los mismos pesos se compra 20/30 % menos señalan desde la Cedasaba (Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines.)
La caída de rentabilidad en algunos cultivos achica área sembrada y en todos disminuye la reposición de nutrientes y ataque a plagas y malezas. Ello ocurre porque desde mayo, los precios agropecuarios internos cayeron más del 20 % y los costos de implante y protección de cultivos aumentaron cerca del 20 %. Se sembrarán aproximadamente 21 millones de hectáreas de soja, pero con menor paquete tecnológico. La asociación civil Fertilizar experimentó aumentos de rendimientos del 13 % al fertilizar soja con fósforo y azufre. Según técnicos de Ciencias Agrarias de la UCA, por cada peso invertido en reposición de fósforo, se puede lograr cerca de dos pesos en soja cultivada. Todo esto es público, se difunde en los medios, lo vemos en nuestras recorridas y nos informan de primera mano. No hace falta ser un experto ni vivir en cada rincón de nuestra geografía, para tomar conocimiento cabal, si nos interesa conocer la realidad y estudiar propuestas. Por ello debemos escuchar a los productores y debatir en este Congreso, esa agenda que parece deslizarse en paralelo a muchas de nuestras sesiones.
Según las cadenas Asagir, Argentrigo, Maizar y Acsoja, los cinco principales cultivos generan quebranto y los márgenes de utilidades son negativos en casi todas las regiones por efecto de: los Roes; las retenciones; el atraso cambiario que frente al dólar y el real volvió a los niveles de fin del año pasado (con el tipo de cambio agropecuario promedio es $ 5,8); la presión impositiva; los mayores costos de insumos en dólares; la inflación de cerca del 40 %. Un factor de influye es el costo de la logística por obsolescencia en infraestructura. En el caso del transporte, por donde se moviliza más del 82 % de las cargas por rutas desbordadas, su costo es el doble que si se pudiese hacer por ferrocarril. Ahora se agrega la restricción del crédito, corte de tarjeta, convenios y valores, impuesta por el Banco de la Nación, para los clientes quienes tengan existencia de granos de soja. Es obvio que ello desfinancia a los pequeños y medianos productores porque los grandes tienen capital propio y acceso a los bancos privados. La distancia del discurso con los efectos de sus políticas es inmensa y simboliza otra mentira indignante. Otro retroceso con consecuencias ya conocidas.
Perdimos más de diez millones de cabezas vacunas y hay escasez de novillo gordo de exportación. La producción de carne vacuna caerá 10 % en 2014. Entre enero-octubre, comparado con ese período del año pasado la producción de carne vacuna muestra ese declino. También cayó 4,4 % el consumo comparando los primeros siete meses de 20014/13. Estamos en 60,2 kg/habitante en ese tramo, pero en octubre fue 59,2 kg/hab. y se prevé 52,9 kg/hab. para noviembre; casi la mitad de los 100,8 kg/hab. de mediados de los años ’50. En el año, el kilo de carne vacuna al consumidor aumentó 58 %; el de cerdo 42 % y el de pollo 39 %, según la consultora Abeceb. La información está publicada en los medios y lo saben matarifes, carniceros y consumidores.
El sector lácteo está estancado en 10 millones de toneladas de producción anual. En la década Nueva Zelanda aumentó su producción 80 %; Brasil aumentó 60 % y Uruguay la incrementó 50 %. En 2013 nuestra producción de leche disminuyó 1,1 % y en 2014 cerraremos con una merma de 1 %. Fruto de intervencionismo asfixiante y del cierre irrazonable de exportaciones. Todo bajo el relato de la redistribución y la mesa de los argentinos.
Otro segmento inexplorado es la pesca. Diversos informes internacionales señalan que el comercio de productos ictícolas crecen al 20 % y alcanzan U$S 120.000 millones este año. Por otra parte los precios de lo capturado en los mares como producidos en acuacultura, crecieron 15 % respecto del año pasado. Si tomamos cuenta que el Atlántico Sur es la mayor reserva del mundo y vemos los proyectos de muchos países en sus cadenas de valor ictícola, no podemos no debatir una ley de pesca y estudiar políticas para explotar e industrializar esos recursos. Si no lo hacemos, otros países lo harán en nuestro desmedro.
En el interanual de setiembre, según la Copal, la producción de alimentos y bebidas disminuyó 4 % y las exportaciones de ese segmento cayeron 13 %. Ese sector industrial aporta el 33 % de las exportaciones, significa 5 % del PBI y ocupa a medio millón de trabajadores en todo el país, por ello se verifica una caída del 12,4 % de exportaciones de las economías regionales.
El parate y las posibilidades se observan en el sector de la maquinaria agrícola, en su gran mayoría PYMES donde se ocupan más de 40.000 personas.
Los especialistas y las entidades del sector estiman que el producto bruto agropecuario de U$S 63.000 millones, podría pasar en menos de una década a U$S 83.000 millones, aportando 2 % al crecimiento anual del PBI. El modelo intervencionista del populismo lo impide.
Pese al discurso industrializador y la matriz diversificada, nuestras exportaciones dependen de las materias primas y el PBI Industrial representa 14,5 % del PBI, por debajo de 2002 cuando se habían perdido otros tres puntos. En 1990 representaba 18,2 % del PBI y en 2003, 16,4 %, según Dante Sica. Ese consultor señala un dato significativo, el valor agregado industrial por habitante es menor a U$S 2.000, muy lejos de las economías desarrolladas
La actividad industrial, en los primeros diez meses del año, acumula una caída del 2,6 %, según el Indec.
Llevamos cuatro trimestres consecutivos de caída de la producción industrial y en algunas ramas suman 15 meses para abajo, pero para el Ministro Kicillof no estamos en recesión.
La fabricación de automóviles cayó 12,3 % en el interanual de noviembre y 10,3 % por debajo de octubre. Las ventas de las terminales a los concesionarios se desplomaron 45% en el interanual de noviembre, según informó ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores.) Según ACARA, el precio promedio de los automóviles, aumentará 48 % durante 2014.
El patentamiento de automóviles en noviembre cayó 37,5 %, según Acara (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.)
Según una consultora especializada, la tasa de vacancia de inmuebles industriales subió del 7 % al 10,7 % entre el primer y el tercer trimestre. Ese panorama de locales de alquiler desocupados se registra en el sector comercial y es visible si recorremos las calles de nuestras ciudades.

Aun con el receso económico, las empresas petroleras (encabezadas por YPF), aumentaron la importación de combustibles 10 %, en los primeros nueve meses del año. En el año se importaron poco más de U$S 7.000 millones de energía; de ellos, U$S 2.100 millones corresponden a gas oil y nafta que aumentaron su participación en el total de esas importaciones del 21 % al 30 %. El año pasaron ese cuenta fue de U$S 1.940 millones y el total U$S 9.211 millones. Ahora, al no pagar impuesto a esos combustibles, se incentiva la importación y hay capacidad ociosa en las refinerías.
YPF recibió, según algunos especialistas, $ 10.000 millones de subsidios en los dos últimos años.
La producción de energía renovable significa poco más del 0,7 % del total y según la legislación vigente debería llegar al 8 % en tres años. Poco y nada estamos haciendo para fomentar esta generación de energía limpia.
La cuenta energética, en doce meses, ya superaron el rojo de U$S 6.100 millones y los precios del petróleo están 15 % por debajo que lo previsto para explotar Vaca Muerta por parte de Chevron. Las petroleras, para tomar deuda deben asumir cobertura cambiaria y eso lo encarece, mientras YPF tiene la apoyatura del gobierno. Hace una semana, la Opep resolvió mantener su cuota diaria de 30 millones de barriles pese a la cotización del lunes del barril de Brent (Londres) en U$S 68 y del barril WTI (Nueva York) en U$S 63,72. Hay sobreproducción, por el shale de EEUU y la contracción del consumo de la UE y China. EEUU produjo esta semana 9,1 millones de barriles diarios de crudo.
Se habla de un piso de U$S 75 el barril para ser rentables en EEUU y de U$S 85/90 el barril para los no convencionales en Argentina. En Vaca Muerta se sigue experimentando y probando procedimientos tecnológicos, pero no se registraron nuevos hallazgos. La productividad aún no supera el 10 % de la lograda en EEUU. Ese yacimiento produce el 2 % del mercado hidrocarburífero local. Vaca Muerta depende de reglas y un marco regulatorio estables. Veremos como se ejecutan los compromisos de inversión de Chevron y Petronas con este precio, 35 % por debajo de la cotización en junio de este año. En julio el precio del crudo Brent estuvo en U$S 110 el barril. Con la caída a poco más de U$S 62 el barril habrá competencia para vender, menores inversiones de capital para inversiones nuevas. Las petroleras trazan planes a largo plazo y ello contribuirá a que no se interrumpan, pero necesitamos mucho capital y rápidamente puestos a producir. Según Juan José Aranguren, para extraer los recursos de Vaca Muerta se requiere invertir el equivalente a un PBI argentino. Además, tenemos que avanzar en la exploración y explotación en la plataforma continental, hasta hace poco de exclusiva competencia de Enarsa, creada en 2004, que nunca produjo ni firmó contratos para extraer hidrocarburos, pero se dedicó a la intermediación para importaciones que habrá que investigar.
El Ceo de YPF dice que no habrá ningún cambio en Vaca Muerta, pero la valorización de YPF no alcanza los U$S 12.000 millones. Por otra parte nuestras naftas no bajan de precio.
Por ahora no cae el precio gas, pero en algún momento acompañará y podría significar un ahorro de cerca de U$S 2.000 millones al país.
Arabia Saudita extrae crudo tradicional a menos de U$S 25 el barril y en medio de su pugna con los chiitas y sunnitas radicalizados en el tablero de Irán, Irak y Siria, puede mantener su cuota sin merma. El amigo del gobierno argentina, Rusia sufre los efectos de las sanciones por Ucrania y por estos precios del crudo, está ingresando en fuerte recesión, con una devaluación de 50 % del rublo en el año. Por ello congeló impuestos por cuatro años y lanzó una amnistía fiscal, sin preguntas legales, para repatriar capitales que por las políticas implementadas salieron entre 2008/13, en un monto estimado en U$S 540.000 millones. Aún no conocemos detalles de la operación de compra de cuatro remolcadores polares rusos, para abastecer nuestras bases antárticas, anunciada por el Ministerio de Defensa hace pocas horas. Hace siete años que se incendió el rompehielos Almirante Irízar y desde entonces se demora su reparación, alquilando buques rusos y abasteciendo a nuestras estaciones científicas en la Antártida mediante empresas de esa nacionalidad. Son acuerdos que revelan el carácter estratégico de nuestra relación con Rusia, señaló la presidenta Fernández de Kirchner. Argentina es el principado socio y aliado estratégico de Rusia en América Latina, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin.
¿Cuánto nos cuesta la política energética que desperdició el tiempo del barril a más de U$S 100 el barril para explorar y explotar convencionales, nuestra plataforma continental y el shale? En el Financial Time, varios informes calculan que por esta caída de precios, en la industria petrolera se recortarán U$ 100/150.000 de gastos de capital o sea de inversiones. Las compañías petrolera tomaron crédito con un precio del crudo casi al doble del actual y ello generará inconvenientes, inclusive en los bancos prestamistas, desmotivando las inversiones en el sector, más aún en las que aún están en etapas explorativas. Al descender los precios también reciben menos las empresas de servicios petroleros, proveedores y las propietarias de equipos de exploración como todas las contratistas del sector.
La producción de petróleo, en los primeros ocho meses, cayó 1,2 %. En lo que llevamos del año, la producción de petróleo en el país disminuyó 1,5 % y la de gas mermó 0,7 %. Algunos petroleros comentan que es más barato y rinde más en refinerías, importar crudo bonny Light a Nigeria. Aunque haya menos demanda de nafta por el receso, el desbalance comercial en energía será superior al rojo del año pasado.
En tanto, las compras externas de energía subieron 10 %, acumulando entre enero-octubre una factura de U$S 9.634 millones, en aguda recesión y los temores de pérdida de empleo.
Las Pymes industriales en el primer semestre disminuyeron sus ventas 19,6 %. La cadena de pagos se complica, el 3 % de los pagos con cheque ($ 5.300 millones) en octubre, quedaron incobrados por falta de fondos, nivel solo comparable a 2003.
Según Came, las ventas de las Pymes cayeron en noviembre 4,9 % en promedio. El declive de once meses consecutivos acumula una merma anual de 7,2 %. En la variación interanual las ventas de neumáticos cayeron 9,9 %; juguetería-librería -7,8 %; golosinas -6,6 %; ferretería -5,3 %; calzados -4,8 %; bazar y regalos -4,7 %; artículos de deporte -4,1 %; muebles para el hogar -4,1 %; textil -3,2 %. La venta de naftas cayó en octubre 2,1 %, en promedio porque las tipo premiun mermaron 7,52 %. En el caso del gas oil, la caída promedio fue 1,8 % y el diesel común -3 %, representando lo que sucede en las economías regionales desde comienzos de año.
En el interanual de noviembre, según el Grupo Construya, la venta de insumos para la construcción disminuyó 13,8 %, y respecto de octubre pasado mermó 3,8 %, acumulando 5,6 % de caída en lo que va del año. En ese rubro se incluye piso, ladrillos, cemento, cerámicos, adhesivos, revestimientos y aceros largos.
En octubre, las ventas de productos de consumo masivo (alimentos y bebidas, productos de limpieza y tocador) disminuyeron 1,2 %, según la consultora CCR.
Las ventas en los supermercados disminuyó 6 % en octubre y se informó que se cerraron 220.000 cuentas sueldos en el sistema bancario. En el tercer trimestre, las ventas en los supermercados disminuyeron 1,5 % y en Córdoba -7,6 %. Pese a ello, el Secretario de Seguridad Sergio Berni dijo que las villas crecieron porque hay más trabajo. El funcionario nada aclaró sobre la caída de una avioneta con 226 kilos de cocaína en el departamento salteño de Anta y tampoco sobre el asesinato de Norma Bustos, una madre ultimada por sicarios en su kiosco del barrio La Tablada en Rosario donde denunció el tráfico de drogas y por cuya acción mataron a su hijo única, Lucas Espina, de 27 años. Es como si gran parte de nuestra sociedad estuviera a merced de bandas criminales y el aparato del Estado no pudiese prevenir, perseguir y condenar a los delincuentes cada vez más violentos.
El kirchnerismo miente y pretende ocultar los hechos, los manipula y teatraliza con diferentes guiones y su aparato comunicacional lo expone como verdad. Lo hacen sin pudor ni disimulo. Hace días se borraron del archivo digital del diario oficialista Página 12, las notas injuriosas escritas contra el entonces Cardenal Primado Jorge Bergoglio.
Comparto la preocupación de los periodistas que presentaron una acción de amparo ante la justicia considerando un acto de censura indirecta la transferencia de oficia de radios y canales del grupo Clarín. En su petición, se denuncia una maniobra para debilitar a los medios independientes, atacando su credibilidad y solvencia económica, con el objeto de amedrentar a los periodistas, constituyendo un entramado de medios públicos y privados adictos mediante la pauta publicitaria.
Ahora denuncian a la diputada Margarita Stolbizer por enriquecimiento ilícito y la diputada Andrea García denuncia a su asesora. Desde el aparato costoso comunicacional oficial, que va de Télam al Fútbol para Todos, se ataca para paralizar a quienes quieren correr el velo sobre la corrupción, que el Papa Francisco consideró un pecado imperdonable.
El control de la información es propio de los autoritarismos y el kirchnerismo, con el uso de recursos públicos y el concurso sistematizado de los medios, comprados por empresarios alineados, no solo impide el debate sino que oculta la realidad. En ese marco se inscribe el despido de la periodista Débora Plager en C5N por no poder utilizar las palabras debidas para hablar de inflación, dólar o procesamiento, según sus dichos. En ese medio, como lo recuerda la ex diputada Silvana Giudici ya ocurrieron hechos similares con Luis Rosales, Marcelo Longobardi, Antonio Laje y Gustavo Mura. En la delegación a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se sigue excluyendo, entre otros, a escritores como Santiago Kovadloff, Beatriz Sarlo, Jorge Asís, Marcelo Birmajer, Juan José Sebrelli, Martín Caparrós, Tomás Abraham y Luis Alberto Romero, por sus opiniones diferentes a la oficial, una discriminación inaceptable y un ataque a la pluralidad de ideas y voces que caracteriza a la democracia. También un desmentido irrefutable a lo que se dice desde el poder. Un síntoma decadente del modelo kirchnerista que, agotado, pretende encubrir los resultados de su uso discrecional y sin control del poder democrático. Un retroceso que el país no merece y que la historia registrará por sobre la mendacidad del relato.