2. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ALONSO (L.)

Nuevo Código Procesal Penal de la Nación

Ya fue dicho durante todo el debate, pero lo que abunda no daña sino que consolida un sentimiento y una situación política de gravedad institucional. Este no es un debate democrático y republicano; esta es una ficción de debate.
Aquí no solo se ha violado el reglamento de la Cámara de Diputados con un giro fraudulento a la Comisión de Justicia como cabecera sino que también se está violando la Constitución de la Nación Argentina básicamente en dos artículos, el 78 y el 83.
Esta Cámara de Diputados, que representa al pueblo de la Nación y a la diversidad de opiniones, tiene la obligación constitucional de discutir, revisar y modificar las sanciones que vienen del Senado de la Nación. Sin embargo, como aquí se ha dicho, ahora somos la escribanía del Senado, y este es un nuevo debate de ficción que además afecta la presunción de constitucionalidad del proyecto en tratamiento, con lo cual esta norma conjuntamente con el Código Civil y Comercial unificado deberán sí o sí ser revisados por el próximo Congreso.
Como dice Gargarella, en esta circunstancia donde los debates son de ficción –cito-, “La presunción de constitucionalidad de la que gozan normalmente las leyes debe invertirse. Debe asumirse, entonces, que la norma del caso no se encuentra basada en razones públicas, sino en presiones corporativas que socavan la imparcialidad que debe caracterizar a las decisiones legislativas.”
¿Saben cuál es la corporación que está presionando? La de la corrupción, la que busca la impunidad, la que busca la impunidad a partir de la aplicación y la implementación del Anexo de este Código que prevé la creación de más de 1.700 cargos.
Como decía Mena, el secretario de Política Criminal, cuando estuvo la semana pasada en su breve visita a la comisión, sin aceptar preguntas: “No son pocas las leyes que va a haber que modificar para aplicar este código.” Aquí cierro la cita. Hay que modificar otras leyes que acá no se han puesto en discusión y el oficialismo lo sabe porque detrás de esto no hay solo décadas de trabajo para reformar el Código Procesal Penal. Detrás de una reforma de este tipo hay una clara intencionalidad política, que es la entrada en vigencia del Anexo del Código Procesal Penal que establece la creación de los cargos.
En este sentido, los cargos seguirán siendo seleccionados por la misma Procuración, por la misma Defensoría oficial, por el mismo mecanismo institucional para elegir fiscales amigos del poder que protejan a los corruptos del poder, y otros fiscales que piensen distinto, que serán perseguidos por molestar al poder. Entonces, esta es la verdadera intencionalidad política, porque ningún diseño institucional es neutral.
Si acá ha habido décadas y décadas de discusión respecto de la reforma del Código Procesal Penal, ¿alguien me puede explicar por qué estamos discutiendo este tema durante la prórroga de las sesiones ordinarias, después de once años de gestión del mismo partido político, que ha tenido continuada mayoría parlamentaria en ambas Cámaras? No hay respuesta para eso.
Estamos discutiendo entre gallos y medianoche porque hay una única intencionalidad política que es la protección de los corruptos que hoy están siendo investigados, que están sospechados y que van a ser investigados en el futuro.
Una de las más destacadas diputadas del oficialismo dijo que la oposición tuvo contribuciones interesantes en sus dictámenes. Es más, la cito: “Han sido contributivos con sus dictámenes.”
Si la oposición es contributiva con sus dictámenes, ¿por qué no podemos modificar la sanción del Senado? ¿Por qué tenemos que discutir así? ¿Por qué tenemos que hacer como que discutimos cuando en realidad se nos impone la decisión que no solo viene de otra Cámara sino que viene de otro poder? ¿Hay división de poderes en este país o no existe más? ¿Hay dignidad política en los miembros de esta Cámara o la dejaron en la puerta? ¿Se olvidaron del juramento que hicieron el día que asumieron?
Entonces, aquí se trata de ver cuál es el objetivo final. El objetivo final es la cooptación del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría Oficial porque como no se pudo democratizar o pseudodemocratizar entre comillas- a la Justicia, ahora vamos por los fiscales y por los defensores oficiales.
¡Les importa un pito la puerta giratoria! ¡Les importa un pito la celeridad de los procesos! La única celeridad de proceso que quieren son las absoluciones y los sobreseimientos de los investigados por corrupción.
Aquí me permito introducir un tema. ¿Por qué no quieren modificar el artículo sobre la cosa juzgada? ¿Por qué la cosa juzgada es a favor del condenado cuando se revisa la condena? ¿Por qué no se puede hacer revisión de condena en el caso de los absueltos o en el caso de los sobreseídos? ¿Por qué no se puede hacer?
Vamos a hacer un poco de historia, que no es de otra década. Tres veces fue investigado por enriquecimiento ilícito el matrimonio presidencial. Repito: tres veces. Primero por el juez Ercolini. Cuando iba a presentarse el fiscal Taiano a dar su dictamen diciendo que había enriquecimiento ilícito secuestraron a su hijo. El hijo de un fiscal de la Nación fue secuestrado el día que el fiscal tenía que presentarse ante el juez para hablar de ese expediente. Eso acá no se dice. En esa causa Néstor y Cristina Kirchner fueron sobreseídos.
Después vino otra denuncia de enriquecimiento ilícito, que llevó adelante el juez Canicoba Corral. ¿Dónde cayó? En el fiscal Taiano, el que había sido amenazado y al que le habían secuestrado al hijo. Pidió el cierre de la misma.
Más adelante hubo una tercera denuncia y el sobreseimiento lo llevó adelante Oyarbide. Todos nos acordamos de Oyarbide pero todos se olvidan de Ercolini, de Canicoba Corral y de las amenazas sobre un fiscal de la Nación.
Entonces, sin lugar a dudas esas son causas juzgadas fraudulentas que deben ser revisadas por el próximo Congreso de la Nación, porque esas causas cerradas en las que se ha sobreseído a funcionarios sospechados, donde se comprobaba el enriquecimiento ilícito, deben ser reabiertas y deben volverse a juzgar.
El siguiente punto, porque trajimos la propuesta, insistimos a lo largo del año y la presidenta el 1º de marzo pidió que pensáramos en alternativas, es la incorporación del juicio en ausencia. Este juicio, con todas las garantías para los acusados que no se presentan a comparecer, con la garantía del segundo juicio si es que se presentaran, es una propuesta que se ha hecho desde nuestro bloque para distintos proyectos y que también ha propuesto la diputada Patricia Bullrich en nuestro dictamen de minoría para poder investigar y condenar a los acusados iraníes en el caso de la voladura de la AMIA.
Sin embargo ni siquiera eso ponemos en discusión porque acá nadie escucha a nadie. Acá hablamos todos y gritamos y nadie se escucha porque no hay voluntad de diálogo, no hay voluntad de construcción de consenso. Acá hay voluntad de imponer, y cuando eso sucede no hay democracia.