27. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA PARRILLI

Modificación de la ley 25.520, de Inteligencia Nacional, y creación de la Agencia Federal de Inteligencia

Hoy nos volvemos a reunir en este recinto para cumplimentar el llamado a sesiones extraordinarias que propuso la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y en particular, a tratar el proyecto sobre la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia.
Efectivamente, el día 29 de enero de 2015 el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Mensaje N° 143/15, remitió al Honorable Senado de la Nación el Proyecto de Ley PE 431/14 de Creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con el objeto de emprender una reforma del Sistema de Inteligencia de la Nación.
La ex SIDE (ex Secretaría de inteligencia del Estado) fue disuelta mediante la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional dando origen a la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y derogando las Leyes, "S" 19.373/73, 20.194 y "S" 20.195 y los Decretos "S" 1792/73, "S" 1793/73, "S" 4639/73, "S" 1759/87, "S" 3401/79 y 1536/91 y la Resolución 430/2000 del Ministerio de Defensa, que conformaban un marco normativo que presentaba serios anacronismos respecto de los tiempos democráticos.
Sin embargo, a lo largo de estos años la estructura organizacional de la SI sufrió la permanencia de doctrinas y métodos de inteligencia propio de los años en dictadura y en conflicto con los tratados internacionales de derechos humanos. Por otro lado, se enquistó la permanencia de sectores que, dentro del plantel de agentes, promovieron “la defensa corporativa de sus propios intereses” y de su propia posición “privilegiada”, la que fue producto del acceso poco restringido durante todos estos años a información sensible. Sumado a ello, los mecanismos de ingreso y ascenso de los agentes en la Secretaría aún son poco transparentes y presentan reticencias propias de la dictadura, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de su planta permanente proviene de las administraciones anteriores al período democrático.
Tal es así, que nuestra presidenta de la Nación, plantea en el proyecto que: “la reforma del sistema de inteligencia “es una deuda pendiente desde el año 1983”. Es un “debate que lleve a una definitiva democratización de los mecanismos de designación, el modelo de funcionamiento institucional y la adopción de los mejores métodos de control de la producción y uso de la tarea de inteligencia estatal”. Y que el mismo constituye “un paso fundamental para la democracia” ya que aún “subsisten rémoras del pasado en instituciones que se han creído (…) por encima de la democracia”.
En esa dirección, y con el objeto de saldar la deuda de la democracia, el Poder Ejecutivo propone, entre otras cuestiones, lo siguiente: en primer lugar, enmarcar el accionar de esta nueva Agencia dentro de la lucha contra el delito complejo y las amenazas como el terrorismo internacional.
A su vez, fija que el accionar de los organismos de inteligencia debe estar regulado por las normas existentes y por las directivas de la Justicia, sobre todo en lo que respecta a las actividades de inteligencia denominadas comúnmente como “escucha” y “espionaje” (interceptación o captación de señales de cualquier tipo por medio de técnicas y sistemas que reúnen, sistematizan, entrecruzan y hasta desencriptan señales).
Por otro lado, las investigaciones podrían tener mayor celeridad en el momento que la fiscalía requiera una escucha o una investigación.
El proyecto busca transparentar los procesos de selección de los directivos al dar espacio al Senado en la rúbrica de la selección de los mismos por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que podrá en cualquier momento, removerlos del cargo.
Siguiendo la línea de cambios, hay una fuerte intención de mejorar los mecanismos de selección de ingresantes a la Agencia y su capacitación en base al Plan Nacional de Inteligencia.
En este proyecto, señor presidente, también hay que señalar la voluntad de cambio y la incorporación de modificaciones al texto original. En su momento, en el Honorable Senado de la Nación, concurrieron a exponer el actual Secretario de la SI, Oscar Parrilli, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con la presencia de su presidente Horacio Vertbisky, y el Diputado Provincial bonaerense Marcelo Saín, especialista en seguridad.
En varios debates, e incluso en el recinto, se hicieron cambios de relevancia al proyecto. Las sugerencias de especialistas, se basaban principalmente en el problema que acarrea un probable “aumento de las competencias de la AFI”, la necesidad de una “redefinición del concepto de inteligencia” y la necesidad de “controles y acceso a la información” (relativo a una supuesta “continuidad de la estructura de la SI”, la necesidad de “control de los fondos y ejecución del presupuesto”, y el “acceso a la información y los métodos de clasificación y desclasificación.”).
El Senado tomó muchas de las sugerencias y entre las más importantes señor presidente, se destacan las siguientes: Se introdujo una modificación para “lograr transparencia en el manejo de los fondos reservados, no sólo de la (ex) SIDE, sino de todos los organismos de Inteligencia”, aludiendo a los componentes organizacionales de inteligencia que poseen las fuerzas federales. La publicidad de las partidas presupuestarias de estos órganos constituía uno de los reclamos centrales efectuados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el plenario de comisiones.
Se aceptó otra de las propuestas del CELS para reducir el plazo para desclasificar los archivos de Inteligencia de 25 a 15 años. Y a su vez, toda persona física o jurídica con interés legítimo pueda solicitar a las autoridades pertinentes la desclasificación de la información.
La clasificación de los archivos que propiciaba el proyecto dictaminado se redujo de cinco a tres categorías. “PÚBLICO”, “RESERVADO” Y “SECRETO”.
Y se prohibirá a los organismos de inteligencia criminal que participen de la actividad relacionada con la represión policial, salvo que sea “por pedido expreso por el juez en una causa determinada”, refiriéndose nuevamente a las dependencias de inteligencia criminal con las que cuentan las fuerzas federales.
En cuanto a legislación comparada, señor presidente, cabe destacar que por ejemplo, en Brasil, en el año 1985, al retorno de la democracia, comenzó la reestructuración del sistema de inteligencia. En 1990, el Servicio Nacional de Informaciones cesó sus funciones. El Presidente Collor de Melo creó en 1992 la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Y el Presidente Itamar Franco agregó al SAE una Subsecretaría de Inteligencia (SSI).
Desde 1995, el Presidente Fernando Enrique Cardoso trabajó en la idea de crear la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). El proyecto fue presentado al Congreso en 1997 y aprobado en 1999. La ABIN absorbió la unidad técnica encargada de acciones de inteligencia vinculada a la Casa Militar de la Presidencia. Lo mismo ocurrió con las actividades de inteligencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.
De esta manera, la ley No. 9.983, de diciembre de 1999, instituyó el Sistema Brasileño de Inteligencia (SISBIN), y creó la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), la cual centraliza la inteligencia en Brasil: asesora de forma directa al Presidente y planifica, coordina, supervisa, controla y ejecuta a nivel nacional las actividades de inteligencia y contrainteligencia del país tanto exterior como interior. Posteriormente, en el año 2008, el Presidente Lula Da Silva, firmó el Decreto Nº 6408, en el cual se establece la estructura organizacional del Sistema de Inteligencia Brasileño y se especifican las funciones, objetivos, estructura y organización interna de su órgano central: la ABIN
La designación de la máxima autoridad de los Servicios de Inteligencia en el país (Director General), está a cargo del Ejecutivo y requiere acuerdo del Senado.
En Colombia, los Servicios de Inteligencia sufrieron modificaciones cuestionamientos constitucionales hasta que se llegó a la sanción de la Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia, sancionada el 17 de abril de 2013 luego de que ésta fuera revisada por la Corte Constitucional.
Esta Ley, es concebida como un marco normativo que busca fortalecer el desarrollo y desenvolvimiento de las actividades de inteligencia, por un Departamento Administrativo descentralizado, denominado Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), creado mediante el Decreto N° 4179 como un organismo civil de seguridad. Esta Dirección depende así de la Presidencia de la Nación.
En Perú, Las tareas de inteligencia en Perú se encuentran centralizadas en el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA forma parte del Sistema de Defensa Nacional y mantiene relaciones técnicas de coordinación con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional - SEDENA.
Por su parte, Ecuador ha realizado una significativa reforma a su sistema de seguridad nacional, y ha incluido en éste su sistema de inteligencia. En 2009 fue promulgada la Ley de Seguridad Publica y del Estado y fue firmado el Decreto 1768, que crea la Secretaria Nacional de Inteligencia (SIN), en sustitución de la antigua Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En Chile, el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), es el órgano de inteligencia y fue regulado en 2004 a través de la Ley 19.974.
El SIE es definido en la Ley como el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales.
A su vez, Uruguay tiene su Servicio de Inteligencia centralizado en dos de sus Ministerios, con una agencia específica en cada uno. Ministerio de Defensa Nacional: Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (DINACIE) y Ministerio del Interior: Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII)
Como se puede ver, señor presidente, en la región la idea fue ir democratizando el accionar de los servicios de inteligencia, en beneficio principal de la sociedad, con la finalidad de ser una herramienta más para el bienestar ciudadano.
En este sentido, creo que es el momento oportuno para dar este cambio, las circunstancias coyunturales y estructurales hacen necesaria dicha reforma, que no es más que actualizar nuestra legislación actual, darle claridad al accionar de la Ex secretaría de inteligencia, y poner a la misma, al servicio de la Nación.
Por ello, señor presidente, hoy venimos a debatir un proyecto necesario, consensuado con distintos organismos representativos de la sociedad civil, con cambios y modificaciones de importancia y con una clara intención de mejorar y actualizar a los servicios de inteligencia, una deuda que teníamos en nuestra democracia.