2. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Modificación de la ley 25.520, de Inteligencia Nacional, y creación de la Agencia Federal de Inteligencia

Una vez más, el oficialismo impulsa una iniciativa encubierta de causa legítima para distraer la atención sobre un problema delicado, en este caso, el funcionamiento del Sistema de Inteligencia del país.
Con un par de horas de debate en el Senado Nacional y una sesión de Comisiones sin especialistas, se pretende reformar trece artículos de la Ley 25.520 que fue elaborada durante ocho meses, hace catorce años con un amplio consenso político. Según la Presidenta, es una deuda de la democracia, pero pretende imponerla sin receptar nada de los demás componentes del arco parlamentario. Es evidente que la conducción política de la SI y las misiones encargadas por el PE desvirtuaron todo avance eventual, porque su dirección política ordenó lo que ordenó e hicieron, aunque ahora se sorprendan. El presupuesto de la SI se estaría duplicando entre 2007/14, gobiernos de Cristina Fernández.
Durante los doce años de administraciones kirchneristas no se implementó integralmente esa norma y se desactivó el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que el año pasado sesionó dos veces y entre 2007/12 emitió solamente cinco dictámenes. Nunca fue posible controlar el uso de fondos reservados ni se supo el plan de inteligencia imperante ni si produjo inteligencia estratégica en resguardo de los intereses del país. Conocemos que los gastos reservados crecieron 85 % entre 2006 y la actualidad, pero no estoy seguro que ese monto sea exacto porque reina el secretismo. Espero poder acceder a esa información como miembro de la Comisión Bicameral.
Lo único que sabemos es que se incrementó hasta los ochocientos millones de pesos en este año. Entre 2007/14 se multiplicó por más de cinco el presupuesto de la Dirección de Inteligencia Militar. Este año el sistema de inteligencia del Ejército recibirá $ 568,5 millones y se recorta el destinado a las operaciones aéreas en las fronteras. Durante las dos administraciones de Cristina Fernández se registró el inusitado aumento en los fondos para inteligencia militar, pese a la prohibición de hacer inteligencia interna y la ausencia de hipótesis de conflicto externo del sistema de Defensa Nacional. ¿Cuál y a que uso se destina el moderno equipamiento que se habría adquirido? En ésa área, hace un mes se conoció el robo de un misil antitanque Tow 2 y fusiles Fal, en el Escuadrón Caballería Blindada 1 de La Plata, que según trascendió aparecieron en una favela de Brasil. Hace días se roban miles de proyectiles 9 mm de un arsenal del Batallón 603 del Ejército en Fray Luis Beltrán-Santa Fe, pero el Ministro Rossi negó que hubiera desaparecido material en esa dependencia militar, luego lo admitió y señaló que en las canchas de fútbol se tiran bombas.
La conducción de la Secretaría de Inteligencia siempre estuvo en manos de los mismos funcionarios de absoluta confianza del PE y cuando fueron removidos, el 16 de diciembre pasado, no se planteó ninguna reforma y menos la disolución de esa Secretaría 41 días después. El Secretario designado, Oscar Parrilli es quien aparece mencionado en las escuchas con Luis D’Elía. El nuevo subdirector de la SI, Juan Martín Mena, es conocido como defensor jurídico del Memorando con Irán. La denuncia de Parrilli-Mena sobre Stiuso refiere a maniobras de contrabando agravado y evasión impositiva, por la importación de 94 toneladas de materiales en 67 operaciones. La denuncia incrimina directamente a la conducción de la SI, Héctor Icazuriaga-Francisco Larcher, que operó estos años bajo directa responsabilidad del PE. Se trataría de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público. El artículo 39 de la ley actual obliga al responsable del organismo a presentar, ante la Contaduría General de la Nación, actas mensuales con los gastos del organismo. Allí debieron estar registradas las erogaciones y la jefatura de la SI debió conocerlas y avalarlas. Si se trató de incapacidad para detectar semejantes operaciones durante estos años se demostraría el descontrol, operativo, aún antes que se firmara el memorando que según la Presidenta fue cuando se descontrolaron los servicios de inteligencia. Además se demuestra el descontrol de la Aduana en este tráfico ilegal de mercancías, cuestión que, según trasciende, fue informada al entonces Secretario General Parrilli, por un ejecutivo de Aeropuertos 2000, ex Canciller kirchnerista.
Ocho días después de la muerte del Dr. Alberto Nisman se anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia
En estos años, el uso del sistema de inteligencia estuvo al servicio de una facción partidaria y a espiar a opositores, periodistas, jueces, empresarios y ciudadanos comunes con operaciones y chantajes, muchos de ellos visibles, otros ocultos, generando situaciones que todos conocemos. Su accionar clandestino fue aprovechado desde el poder superior, del que depende e incurre en abuso de autoridad para condicionar, presionar, cooptar y mancillar a personas. Eso se materializó desde las agrupaciones oficialistas, los medios adictos, la IGJ y la AFIP, se trate políticos o cualquier ciudadano, de un jubilado, un productor de soja o de un agente inmobiliario. En ese comportamiento se inscribe la UIF, que como las anteriores, orientó su acción a encubrir y proteger funcionarios y personajes cercanos al gobierno, con denuncias en el caso de José Sbatella sobre violación del secreto y mora en los casos de Sueños Compartidos y el empresario Lázaro Báez. Los reportes de operaciones sospechosas contra Antonio Stiuso recién aparecen cuando el gobierno le apunta en el caso Nisman.
Nada se conoce sobre lo denunciado respecto del Proyecto X que viola la Ley de Inteligencia y recién comienza el juicio por espionaje en la base Almirante Zar donde están involucrados altos oficiales de la Armada.
La reforma planteada no significa ningún cambio significativo y la creación de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) no supone modificar lo que se impugna porque se transfieren los recursos humanos y económicos sin nada que implique verificar una voluntad de que ese sistema cumpla con sus funciones en democracia. Es evidente que la relación entre jueces federales y servicios de inteligencia no pueden seguir siendo la de estos años. Después de once años el oficialismo nos presenta un descontrol de un conjunto que parece actuar con autonomía pero le provee los fondos que utilizan. El presupuesto de ese Sistema de Inteligencia Nacional, que incluye la SI ($ 800,9 millones), Inteligencia Militar ($ 836,9 millones) e Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad ($ 722 millones) supera los $ 2.400 millones. La SIDE recibía en 2003 $ 136 millones.
Aquí no se plantea ninguna depuración (según el artículo 23 se transfiere todo sus bienes, activos y el personal de la SI, a quienes se acaba de aumentar su sueldo, manteniendo su grados y categorías de revista escalafonaria) ni tampoco procedimientos para optimizar la selección, capacitación y standards para la permanencia de sus integrantes sujetos a evaluación según su competencia y decencia. Seguramente en estas horas, mientras se jubila a algunos, se están confeccionando listas de futuros integrantes calificados por la pertenencia a oficialismo.
Uno de los cambios, el paso del sistema de escuchas, conocido como Ojota (Oficina de Intervenciones Judiciales) ilumina su intencionalidad. Las escuchas pasarán a depender del Ministerio Público, cuando esas operaciones dependen de la autorización de los jueces y por lo tanto deben estar bajo el imperio del poder judicial cuya cabeza ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien se le cercenó el manejo de fondos.
Aquí no se está analizando en profundidad la utilidad y como debe organizarse un sistema de información para colaborar con la investigación criminal, (narcotráfico, crimen organizado, delitos complejos) y con anticipar análisis exterior. Podemos suponer muchas intenciones, pero objetivamente quedará en manos de la Procuradora Alejandra Gils Carbó el material colectado por la SI durante estos años, abriendo la posibilidad de manipulación o destrucción de información sensible sobre lo acontecido durante este período. Según este proyecto el PE, por decreto puede desclasificar información. Recuerdo la disolución de la Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), metodología apropiada para la desaparición de pruebas delictuales; la estatización de Ciccone, Aerolíneas Argentinas; la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo vinculada a Sueños Compartidos, los blanqueo de capitales 2008/13 que permanece aún abierto y tantos otros episodios escandalosos, aprobados por leyes de esta Cámara por la mayoría oficialista.
La desclasificación o destrucción de archivos debe contar con autorización de un juez porque podrían eliminar datos por acto administrativo de la AFI.
El presupuesto de los organismos de inteligencia debe ser controlado por la AGN (Auditoría General de la Nación)
La Comisión Bicameral debe ser integrada con mayoría opositora porque no hay control con mayoría oficialista y sesionar dos veces por mes con presencia del Secretario de Inteligencia.
El proyecto no contempla el control y seguimiento del sistema de inteligencia militar donde no se conocen sus misiones. Nada hay que se refiera a la Dirección de Inteligencia Estratégica del Ejército.
El director y sub director de la AFI serán designados con acuerdo del Senado, con mayoría kirchnerista; debiera ser por mayoría agravada. Mucho tenemos que analizar con el concurso de especialistas para eliminar estas tinieblas tenebrosas del poder antidemocrático y nuestro deber es sancionar una legislación que sirva para que funcione un pequeño, eficiente y controlado sistema, que proteja a los ciudadanos y a la Nación sin erosionar la seguridad del Estado y las libertades públicas. La complejidad de la cuestión en debate, como se advierte en todos los países del mundo en esta materia, obligan a trabajar con experiencias comparadas y pensando en reformas graduales y continuas porque este enunciado de cambio puede ser un maquillaje para que nada cambie. En ese caso no se puede convalidar una farsa que deberemos derogar cuando se modifiquen las mayorías en esta Cámara. Un diputado de la bancada radical presentó dos veces un proyecto, que nunca fue considerado por el oficialismo y tendremos que hacerlo lo más pronto posible.
El Estado argentino asumió en 2005 su responsabilidad por violación de los derechos humanos y encubrimiento ante el atentado a la AMIA creando en 2006 la Unidad Fiscal Especial que quedó a cargo del Dr. Natalio Alberto Nisman y como lo recuerda el Dr. Leandro Despouy, se comprometió ante la CIDH de la OEA a depurar los servicios de inteligencia y transparentar sus fondos, (decreto 812/05) ante la inminencia de una condena. Poco y nada se hizo desde entonces. No puede haber dinero en negro ni usado sin registros en ninguna agencia estatal, porque se convalida la corrupción, se terceriza las pinchaduras telefónicas e interceptan ilegalmente mails con modernos dispositivos tecnológicos en poder de espías desplazados.
La Presidenta de la República señaló que todo funcionaba bien, hasta que tras la firma del Memorando con Irán se desataron todos los demonios, o sea las denuncias sobre funcionarios por centenares de causas de corrupción. Los manejos turbios en el Ministerio de Julio De Vido, las andanzas de Ricardo Jaime vienen de lejos, las autorizaciones de importaciones para PYMES en la Aduana pueden estallar en cualquier momento dado lo que se comenta en materia de retornos exigidos. El Vicepresidente Amado Boudou va a juicio oral tras la confirmación, de la Cámara Federal penal porteña, de su procesamiento por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública y no se presentó a una audiencia, por otra causa, entre el Tribunal Oral Criminal Federal (TOF1), aduciendo problemas de agenda. Su presunto testaferro fue detenido en Mendoza por Interpol, por orden de la justicia uruguaya dado la morosidad de nuestra Cancillería. Resulta inconveniente que en esa situación, el Vicepresidente doblemente procesado, con esa causa abierta en Uruguay, represente a nuestro país en la ceremonia de asunción del Presidente Tabaré Vázquez.
Un empresario y la familia presidencial están comprometidos en posibles maniobras de lavado de dinero. El Juez interviniente Claudio Bonadío, denunció haber recibido amenazas de muerte en su despacho. Antes había pedido juicio político a la Procuradora Alejandro Gils Carbó por negarse a impulsar el jury, sin consultar al Consejo Evaluador, al fiscal de la PROCELAC Carlos Gonella que recusó al juez por falta de garantías y se negó dos veces a ser indagado. La Sala I de la Cámara Federal rechazó la recusación, contra el magistrado, planteada por la sobrina de la Presidenta y titular de Hotesur. La sala II de la Cámara Federal ordenó al Juez Sebastián Casanello citar al empresario Lázaro Báez y en Nevada el juez Cam Ferenbach se pronunció por levantar el secreto sobre la investigación de la ruta del dinero de 123 empresas fantasmas que se sospechan vinculadas al poder en nuestro país.
Los Ministros de Desarrollo Social y Salud de la Nación y Jorge Capitanich, (gobernador en uso de licencia del Chaco) fueron imputados por la muerte por desnutrición de un niño. El Jefe de Gabinete denunció una arremetida corporativa, mediática y judicial, a miembros del Poder Ejecutiva, en las distintas etapas procesales, que en ese caso también incluye al Vicepresidente. El Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández expresó que en el Poder Judicial, a cara descubierta, hace gestos que son desestabilizadores. El diputado oficialista Juan Manuel Pedrini, se refirió al Presidente de la Corte Suprema como el General Lorenzetti, quien comandaría un grupo de tarareas desestabilizante. Hace pocos días el decreto 196 del PE libera de toda responsabilidad, a los representantes del Estado en los directores de empresas privadas, por la participación accionaria de ANSES, a modo de blindarlos de posibles acciones judiciales. La indemnidad los cubre por demandas o denuncias por el ejercicio de sus funciones, aun cuando hayan cesado.
Es en ese contexto de causas judiciales, donde el gobierno comienza a perder confianza en el accionar de la SI, desprendiéndose por ese comportamiento que la misión asignada era controlar a los Jueces Federales. En simultáneo comienza a apuntalarse al Jefe del Estado Mayor del Ejército General César Milani, especialista en inteligencia y denunciado por violación a los derechos humanos en La Rioja y Tucumán y por sospechas de enriquecimiento ilícito.
Es cierto que la firma del Memorando de Entendimiento con la República Islámica de Irán es incomprensible y francamente inconveniente para dilucidar la causa de la AMIA, atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 donde murieron 85 personas. Para la Presidenta ese tratado es un salto cualitativo muy importante para tomarles declaración a los acusados. La voluntad de Irán de lograr el levantamiento de las alertas rojas es tan evidente como lo demuestra su pérdida de interés con el Memorando cuando ello no sucedió.
Lo dicho entonces, por la oposición, en la sesión en la Cámara fue corroborado por lo que sucedió con posterioridad, comenzando por la declaración de inconstitucionalidad por la sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal en mayo del año pasado. El artículo 118 de la Constitución Nacional estipula que los juicios criminales se sustancian donde se cometió el delito. Además el artículo 18 de la C.N. establece que no hay juzgamiento por comisiones especiales o sacados del juez designado antes del hecho y el Memorando creó una Comisión de la Verdad. Por otra parte el Fiscal, condenado a muerte por Irán, debía trasladarse a Teherán a indagar a ciudadanos que debían ser autorizados para declarar y no pueden ser extraditados. Recuerdo que mientras el Canciller Timerman decía que se iba a poder indagar a los acusados, el gobierno de Irán dijo que el Ministro de Defensa no declararía y el resto tendría la libertad de decidir su asistirían a las indagatorias, que en las mismas prevalecía la ley iraní que establece que para ser sospechoso lo debía resolver la justicia iraní. Por eso firmó Irán ese Memorando.
Es imperioso que el mismo sea denunciado por este Congreso, donde fue sancionado en febrero de 2013 y promulgado como ley 26.843, porque resulta inadmisible la cesión de soberanía que significa. El nuevo gobierno iraní no aprobó el tratado, por lo que no tiene vida jurídica y las alertas rojas siguen vigentes. La investigación debe proseguir sin la pirotecnia de las cartas recientemente enviadas por el Canciller Timerman a EEUU e Irán. En pocas horas, ambos países rechazaron incluir el caso AMIA en las negociaciones nucleares del G-5+Alemania con Irán.
En esa tarea estuvo empeñado el Fiscal Natalio Alberto Nisman con un equipo que debe ser resguardado como tramitada la denuncia que dicha fiscalía presentó el 14 de enero pasado y que debía ampliar días, después ante la Comisión de Legislación Penal. Hay que abrir la investigación para verificar las pruebas de esa denuncia. Según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez encubrir un delito de lesa humanidad implica cometer un delito de lesa humanidad. Para el fiscal Nisman el encubrimiento es la firma del memorando y hay que probar el delito, en sede judicial.
Argentina, en la figura del Presidente Néstor Kirchner y la Presidenta actual, culpó a Irán y exigió la extradición de los cinco iraníes y un libanés inculpados, en la ONU en cuatro oportunidades desde 2007/10. Muchísimos países acompañaron esa petición.
El cambio geopolítico, donde hay que investigar la injerencia chavista, supone una aventura plena de improvisación, pero el artículo 7º del Memorando (el único operativo desde el momento de su firma el 27 de enero de 2013 en Addis Abeba, Etiopía) es explicativo de la búsqueda de desincriminación explícita porque nada justificaba que ese acuerdo se notificara a Interpol. Recién diecinueve días después el Canciller notificó a Interpol que el cambio del requerimiento de captura debía ser oficiado por el Juez Rodolfo Canicoba Corral. Con un acuerdo entre ambos países o a pedido argentino se podrían levantar las mismas, según el diplomático Roberto García Moritán. El canciller iraní señaló el 17 de marzo de 2013 que tras el acuerdo se debían levantar esas órdenes.
El Canciller se escudó en el secreto de Estado y hay un decreto que restringe el acceso a la información pública (1172/03) que debe ser atacado por inconstitucional.
Habría que desclasificar los cables diplomáticos y toda la información obrante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tomar declaración a diplomáticos y la Procuradora General del Tesoro que tuvieron participación en la tramitación del Memorando y conocieron antecedentes de las negociaciones con Irán entre 2011/13, desmentidas cuando el periodista Pepe Eliaschev, el 26 de marzo de 2011 en Perfil, informó sobre el encuentro celebrado en la ciudad siria de Aleppo en enero de 2011.
El oficialismo, que entonces descalificó la información periodística, como ahora, ante la denuncia de un plan criminal de impunidad para fabricar la inocencia de los principales sospechosos, en palabras del Jefe de Gabinete se trata de una confabulación para tapar que hay mucha gente en Mar del Plata.
Desde diferentes estamentos del gobierno se agravió al Fiscal Nisman, cuya denuncia debe dar inicio a la investigación, según las normas del proceso judicial. No respetaron ese procedimiento para demostrar su ajenidad a los hechos que se le imputan. Con desprecio por el recato institucional, descerrajaron una andanada, calificando el caso de verdadero disparate institucional y jurídico, dislate, ridículo, mentiroso, sin sustento, mamotreto inconsistente, absurda, ilógica, irracional, ridícula, vergonzoso e insólito con argumentos descabellados que no caben en la cabeza de ningún jurista y bodoque escrito por alguien que no era abogado y menos fiscal. Se anticipó que lo recibirían con los tapones en punta y se planteó hasta último momento la disputa sobre si debía ser pública o reservada, pese a las claras restricciones legales que ello suponía para el fiscal. Un diario oficialista habló de una preparación para disparar sobre el fiscal. El periodista Horacio Verbitsky dijo entonces que de progresar la agresión contra la Presidenta en la ciénaga judicial, no puede descartarse una convocatoria en las calles.
El bloque de diputados oficialistas, horas después de conocida la infausta noticia señaló que ese lunes se buscó generar un clima en la Argentina. Se puso a un ejecutivo de Clarín casi en el lugar del victimario.
Un Senador Nacional, aún después de la muerte, expresó que el Fiscal Nisman ha agraviado la figura de la Presidenta, desconociendo la igualdad ante la ley del artículo 16 de nuestra Constitución. El Ministro de Defensa Agustín Rossi trató de canalla al Fiscal y el ex Ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni de pobre muchacho. El secretario Aníbal Fernández, caracterizó al Fiscal Nisman de una personalidad de fantasía que no ha dejado de jugar al heroísmo.
Se dijo que debieron convencerlo, porque se rehusaba a viajar a Lyon, para solicitar las órdenes de arresto ante Interpol, pero un diplomático señaló lo contrario y que fue Nisman quien lo hizo frente a los acusados recibiendo amenazas. En marzo de 2007 el Comité Ejecutivo de Interpol, votó por unanimidad a favor del pedido argentino. En la posterior reunión de la Asamblea de ese organismo, que deliberó en Marrakech en noviembre, con apoyo de 78 de los 118 países presentes, se rechazó la apelación iraní y continuó la vigencia de las cédulas rojas.
Ahora el oficialismo repite el ataque sobre el fiscal Gerardo Pollicita convocándolo a dar explicaciones por su imputación a la Presidenta, el Canciller y un diputado, ante tres Comisiones parlamentarias, excluyendo la titularizada por una diputada opositora. Este requerimiento otorga verosimilitud a la denuncia de Nisman lo que no significa que el Juez y otras instancias aprueben o rechacen la imputación. El pedido oficialista constituye una interferencia inadmisible por mientras el Fiscal Nisman iba a ampliar los fundamentos de su denuncia, en el caso de la actuación del fiscal Pollicita se trata de la etapa inicial del proceso judicial, que no tiene por qué ser explicada fuera del expediente. Su función es investigativa, requirió 45 medidas de prueba al Juez y el secreto del sumario. Se trata entonces de un vulgar apriete y el Fiscal rechazó la invitación porque la finalidad de la investigación, en estado inicial, debe primar sobre todo otro interés.
El día antes, aún sin el requerimiento de instrucción, la Procuración del Tesoro, que debe defender los intereses del Estado, se presentó ante el juzgado señalando que no existe ninguna prueba alguna, siquiera de carácter indiciario. La Presidenta, el Canciller y otros, gozan de presunción de inocencia y tienen todo el derecho a defensa, pero deben hacerlo con abogados particulares o de la Defensoría oficial. La Procuradora Angelina Abbona fue citada a indagatoria por incumplimiento de la ley 24.466 en el caso de Marsans-Aerolíneas Argentinas.
La noche del domingo 18 de enero, Alberto Nisman apareció muerto en su departamento en Puerto Madero, donde una decena de efectivos de las fuerzas de seguridad, que se turnaban, exhibieron un descuido parecido a una zona liberada o a una negligencia funcional, ambas cuestionables y de ineludible responsabilidad del Ministerio de Seguridad. La Ministra del área señaló que los custodios no descuidaron al fiscal Nisman. Las acciones de Sergio Berni, Secretario de Seguridad en la escena de la muerte, de las que la fiscal Fein no sabe que pasó hasta su llegada, podría haber incumplido los propios protocolos de su repartición y su inicial versión de los hechos, indican que el lugar no fue protegido. El Fiscal Nisman fue descuidado antes del hecho y durante más de diez horas siguientes.
Tanto el desmanejo de los servicios de inteligencia como de las fuerzas de seguridad son de absoluta responsabilidad del Poder Ejecutivo, de quienes dependen directamente. No hay excusa aceptable para trasladar su incumbencia. Tampoco lo es la permanente interferencia del Poder Ejecutivo en el accionar judicial, opinando sobre la Fiscal y planteando hipótesis para direccionar la investigación sin aportar ninguna prueba de sus categóricas afirmaciones. No es recomendable que la Jefa de Estado se erija en cronista de policiales y arroje pistas detectivescas, conjeturas y falsedades, porque su investidura la compromete para menesteres de otra envergadura. Todas sus inferencias y deducciones equivocadas la colocan a ella y su gobierno como víctima, cuando el muerto es Nisman a quien se le imputa responsabilidades desestabilizadoras. La cúspide de las instituciones deben responder las preguntan que angustian a nuestros conciudadanos más que formularlas para sembrar más desasosiego, a los familiares de las víctimas de la AMIA, del fiscal Nisman y a la sociedad, que recibe con estupor e indignación esos mensajes cargados de crueldad. Lo mismo hizo con la tragedia de Once y con los hechos de inseguridad que niega pese a la pérdida de vidas cotidiana.
Nada le impide hablar a la Presidenta y lo hace profusamente utilizando la red oficial, pero no es un ciudadano común institucionalmente y su palabra tiene un impacto mayúsculo. Además el artículo 109 de la Constitución Nacional le impide arrogarse conocimientos de causas pendientes. Como muchos yo también me estoy formando una opinión, con información incompleta y no me cierran mucho de lo que se difunde, pero debemos extremar la prudencia. Resulta indecoroso que, ampliando lo sugerido por la Presidente, un Senador de la Nación (Salvador Cabral miembro informante del oficialismo en el debate del Memorando) comente sobre relaciones íntimas del fiscal muerto y un crimen pasional homosexual. El técnico informático apuntado sería un feroz opositor, hermano de un importante ejecutivo del estudio socio del grupo Clarín, gerente de informática de Clarín, según la Presidenta, lo que fue considerado como falso por esa empresa.
El Secretario Berni planteó la hipótesis del suicidio en esas primeras horas. La Presidenta de la Nación en una carta mediante Facebook en 19 de enero y los legisladores oficialistas que integran la conducción del PJ, se preguntaron sobre el porqué del regreso intempestivo del fiscal al país, obedeciendo órdenes de alguien y las razones que lo llevaron al suicidio. Lo primero fue desestimado por la fiscal Viviana Fein, lo segundo cambió abruptamente cuando en otra carta, el 22 de enero, la Presidenta dijo que estaba convencida que no fue un suicidio y no tener dudas sobre el asesinato para perjudicar a su gobierno, operación que incluida la denuncia y la muerte. Los datos sobre la hija de Nisman en el aeropuerto español de Barajas y las sospechosas escenas, difundidas por un canal de televisión, sobre lo que se asemeja a un seguimiento en el Aeropuerto de Ezeiza, hacen sospechar sobre el accionar del espionaje al servicio de la Presidenta en esas horas previas, cuando la SI estaba comandada por Oscar Parrilli. Sería muy saludable esclarecer ambas situaciones y si estuvo involucrado personal de esa secretaría. El sistema de inteligencia que provee información a la Jefa del Estado sabía lo que hacía la hija del Dr. Nisman durante tres horas a 10.000 kilómetros y no supo que pasaba durante medio día a pocos metros de la Casa Rosada. Es irritante que se presente como víctima cuando la víctima es Nisman y está muerto y no puede defenderse de la campaña injuriosa en su contra diciendo que se trata del manotazo de ahojado de un incapaz manipulado.
Quien fuera Director General de Operaciones de Contrainteligencia de la SIDE Antonio Stiuso, presentado a Nisman para investigar la causa Amia en setiembre de 2004 por el ex Presidente Néstor Kirchner, es ahora enfocado como operador de un complot e instigador de la muerte, después de ocupar ese cargo relevante hasta su remoción el 17 de diciembre, dejando de pertenecer a esa repartición con su jubilación el 5 de enero pasado. En 2004, ante un señalamiento del Ministro de Justicia Gustavo Beliz, la administración Kirchner despidió al ministro y apoyó a Stiuso. Ahora se lo sindica como instigador pero hasta la fecha el gobierno no presentó ninguna denuncia ante la justicia por semejante imputación y tampoco cuando la Presidenta apuntó a Diego Lagomarsino. Esconde pruebas o acusa sin tenerlas. La embestida sobre el espía, impulsada por la Procelac, mediante una denuncia penal apunta a lavado de dinero, es bueno hacerla y preguntarse si antes lo desconocían o toleraban, en ambos casos deberían explicarlo. ¿La AFIP no verificó la evolución patrimonial de Stiuso desde 2003?
En los días previos al 18F se desató una tormenta de denuncias de desestabilización antidemocrática, operación voluminosa de golpismo judicial activo y golpe blando, para desacreditar la multitudinaria marcha que bajo la lluvia honró a un funcionario cuya muerte permanece dudosa pasado un mes de acontecida. El Secretario General de la Presidencia señaló que fue convocada por antisemitas, narcos y apropiadores de bebés siendo oportunistas los adherentes. El Diputado Jorge Landau, apoderado del PJ, amenazó con la recusación general a los fiscales convocantes. El director de la SI comparó a esta marcha con lo que precedió y rodeó a los bombardeos a la Plaza de Mayo en 1955.
Durante su emotivo y respetuoso trascurrir, el presidente del Archivo de la Memoria de la Diversidad sexual y empleado del Senado Nacional, Alex Freyre, envió un tuit irreproduciblemente abominable. Los intelectuales de Carta Abierta no ahorraron en argumentos deplorables y pidieron que la Corte debe desautorizar a este partido judicial que parece cumplir el rol desestabilizador que en otros tiempos cumplieron las Fuerzas Armadas. Todo mal desempeño de un magistrado debe ser denunciado y constituye una obligación ineludible para un funcionario. Recuerdo que la gran mayoría de los jueces actuales, fueron aprobados por Comisión de Acuerdos del Senado Nacional, que desde la recuperación democrática tiene mayoría del partido gobernante. Los intelectuales K dieron a conocer un manifiesto donde se alerta sobre un golpe suave, el terrorismo periodístico disimulado, la parodia democraticista y se exhorta a la Corte Suprema a frenar esta autonomización de uno de los poderes de la República, que pone en riesgo la vida institucional de un régimen democrático, porque los jueces y fiscales atentan contra la figura presidencial. Cinco fiscales federales presentaron una denuncia por incitación a la violencia contra funcionarios y militantes kirchneristas. Antes habían advertido que Nisman podría “no ser el último” y reclamaron que “el Estado tiene que garantizar la independencia y seguridad de los fiscales, aun cuando los investigamos a ellos.” El Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández advirtió “No se les ocurra hacer ningún gesto que pretenda desestabilizar al Gobierno porque las situaciones van a ser muy malas.” Si para el kirchnerismo todo reclamo es desestabilizador, inclusive la acción judicial, ¿qué nos está señalando? Que la democracia no se imputa, como reza la consigna para la marcha que organizan para el 1º de marzo, cuando el control de seguridad e ingreso a la Asamblea Legislativa estará a cargo de la Casa Militar. Lo que se imputan son desvíos de funcionarios que dentro de la democracia no son impunes. ¿O acaso esa marcha oficialista reclamará impunidad ignorando la muerte de un Fiscal que investigó al poder y deslegitimando futuras investigaciones?
Para la Presidenta fue una marcha opositora no un acto de homenaje a una persona trágicamente fallecida (contradiciendo a la ex esposa del fiscal Nisman y a las expresiones de convocantes y concurrentes) y que se trató del bautismo de fuego del partido judicial, opositor y destituyente, nuevo ariete contra los gobiernos populares, anticipando la deslegitimación de los jueces en las causas que se acercan a ella y su entorno. Si la agrupación oficialista en el Poder Judicial se autodenomina Legítima, es claro que se considera que los demás no lo serían.
Los impulsores de la partidización de la justicia, con el proyecto denominado de democratización de la justicia y desvirtuando el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que crearon la mencionada agrupación de donde se apuntalan designaciones, son los que azuzan tales despropósitos, como en otras ocasiones se lo hace apelando a figuras como los fierros y generales mediáticos, los piquetes destituyentes de la abundancia, el cardenal jefe de la oposición, el mensaje mafioso del caricaturista; siempre un complot para contener la atención de los propios, no vaya a ser que miren, vean y se enteren que el rey está desnudo.
Según la concepción oficialismo el Poder Judicial no tendría funciones de control constitucional de las leyes y el periodismo es golpista si ejerce su función crítica e investigativa.
Hace días se propuso al Dr. Roberto Manuel Carlés para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia. Además de resultar inoportuna su consideración, me adelanto a señalar reparos sobre la idoneidad técnica impuesta por la C.N., dado que no está acreditado que haya ejercito regularmente, durante ocho años su profesión ni en funciones judiciales. No tengo porque dudar sobre sus calidades intelectuales pero si puedo hacerlo sobre su experiencia y trayectoria. Lo que si se conoce son sus opiniones en las redes sociales, propagandísticas del modelo kirchnerista desde su cargo en el Senado que habría omitido en su CV
El Secretario de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, Ricardo Foster, opinó que todo se trata de una maniobra antigobierno que construyó un clima de bronca cuando la sociedad atravesaba con alegría el verano. Ante la marcha, elevó su mira intelectual, refiriendo la semejanza de los fiscales con los chef, demuestra el rango de las ideas que se imponen en ese círculo cada vez más cerrado y cerril.
La pacífica concentración, con el atronador silencio que interpela a gobernantes y opositores, a legisladores y jueces, es una esperanza que no debemos defraudar. En paralelo, al reinaugurar Atucha II, denominada Néstor Kirchner, la Presidenta de la Nación demostró que no le importa, no le interesa lo que siente y piden compatriotas que debe gobernar, porque no piensan como ella, no son sujetos del derecho a ser escuchados.
La consternación del hecho, la extendida conmoción en todo el país, la repercusión mundial del magnicidio, no se corresponde con la insensibilidad gubernamental, que pese a cuatro cadenas comunicacionales presidenciales, no brindó un duelo oficial ni expresó condolencias a la familia Nisman.
Esta indiferencia también fue expuesta cuando se habló de contexto para expresar ambigüedades ante los atentados terroristas ocurridos en Francia, recordando el pasado colonial de ése país. La reticencia a repudiar el ataque a la libertad de expresión, que ello significa y las explicaciones del Canciller sobre su presencia, como ciudadano y no como funcionario cuando lo hizo su embajadora hablan por sí mismas. Según el Ministro, lo hizo sin consultarlo con Cristina Fernández, ante la marcha en París del 11 de enero, donde se reunieron 40 líderes de gobierno y cuatro millones de personas. Esa información que circuló por todos los medios y redes, fue utilizada por el kirchnerismo para encadenar una conspiración leyendo tapas de diarios, algunos de ellos rotos en su conferencia diaria por el Jefe de Gabinete, como una manifestación violenta de intolerancia autoritaria, inconcebible en democracia. La noticia publicada por Clarín (un escrito desechado del fiscal Nisman) calificada de basura sistemática, fue ratificada el día después por la Fiscal Fein. El embajador de Francia Jean-Michael Casa expresó que la muerte del fiscal Nisman es comparable con el atentado a la revista Charlie Hebdo y el supermercado de comida kosher; el Presidente François Hollande suspendió la visita que iba a realizar al país en marzo. El mandatario francés, satirizado por esa revista se puso al frente de la manifestación de dolor y repudio, ¿qué impide a nuestra Presidenta hacerlo antes de refugiarse y mandar a culpabilizar a los medios y poderes extraños?
La virulencia contra miembros de la justicia y los medios de comunicación escalaron hasta presentar a la marcha del 18F como opositora, atizando la división con la frase presidencial: nosotros nos quedamos con el canto, con la alegría y con el grito de viva la Patria, a ellos les dejamos el silencio, porque no tienen que decir o porque no pueden decir lo que piensan. La Jefa de Estado agregó: El odio, el agravio, la infamia, la calumnia, se la dejamos a ellos. Su actitud ante el dolor ajeno profundiza ese nocivo abismo ente “nosotros” y “ellos,” en un momento que es propicio para forjar lazos de unidad. Ese monólogo autorreferencial suplanta la idea por el fanatismo acrítico, donde se reunirían los buenos en su épica contra el mal. Según la Presidenta, los que disentimos con sus políticas, seríamos la antipatria, el odio, el enemigo. De tal antinomia siempre hay quienes pueden sentirse habilitados a efectivizar violencia sobre los otros.
El periodista Damián Pachter, se fue del país a Israel, denunciando que su vida corría peligro, tras informar en primicia sobre incidentes en la vivienda de Nisman en el Buenos Aires Herald, por amenazas y seguimiento que incluyeron la difusión de datos personales y de viaje, por la cuenta oficial de la Casa Rosada, sin orden judicial. La periodista belgo-española Teresita Dussart pidió protección a su embajada tras publicar contradicciones de dos custodios del fiscal Nisman sobre sus movimientos durante el procedimiento. El periodista Andrés Fidanza denunció un extraño robo en su domicilio de La Boca tras un artículo sobre el fiscal fallecido. Los periodistas Juan Cruz Sanz y Carlos Furman de una radio entrerriana, denunciaron amenazas por su labor profesional. Los peritos de la Suprema Corte dijeron que el círculo negro sobre la foto del Fiscal Nisman, impreso en el ejemplar de la revista Noticias que llegó al domicilio de su ex esposa e hijas, fue hecha después de su edición. Es evidente que se trató de su amenaza directa, y hay otras mucho más directas radicadas ante el Juez Luis Rodríguez, que hace presumir cierta organización, una actividad mafiosa, en simultáneo con lo que sucedió en la torre Boulevard del complejo Le Parc. El fiscal le dijo a una periodista: Yo puedo salir muerto por esto.
El fiscal Nisman murió violentamente, sea suicidio u homicidio, mientras trabajaba en una causa donde investigaba al poder. Es un hecho político de magnitud. Es evidente que cuando el gobierno firmó el Memorando con Irán y puso en cuestión su investigación con una Comisión que nunca se terminó de constituir, dejó solo a quien promovió la denuncia de siete altos funcionarios iraníes y uno perteneciente a Hezbollah en octubre de 2006. El fundamentalismo islámico lo había condenado a muerte por ese motivo.
Sin el Estado proveyendo apoyatura de sus agencias tareas, el Fiscal quedó sin soporte y el soledad con su denuncia que ya no contaba con apoyo para seguir esa pista internacional.
El reclamo de justicia y fin de la impunidad fue un grito atronador que palpitó en la multitudinaria marcha que debe ser atendida, como un reclamo de reconstrucción de las instituciones republicanas demolida por el populismo que las quiere degradar, dentro de una concepción sobre su comunicación sin intermediarios entre el líder y las masas. Ese razonamiento entró en crisis, también como el 13 de setiembre y 8 de noviembre de 2012 y el 18 abril de 2013, cuando calles se llenaron de compatriotas, manifestando contra la situación que se vivía, objetando este modo de gobernar. Como en las tres convocatorias de años pasados, el miércoles pasado ese supuesto vínculo también quedó en entredicho pese a la intimidación y las listas que se hicieron para desalentar la concurrencia. Esto último se motorizó en los tribunales y la difusión de antecedentes de los fiscales repugna, porque surgen de esas cloacas del espionaje interno que se dice querer modificar.
A la Procuradora General se le suspendieron judicialmente las designaciones de 16 fiscales, pero designó tres fiscales y un coordinador para ocupar la Unidad Fiscal AMIA, desplazando al Fiscal Alberto Gentili quien subrogó al fiscal Nisman en la Unidad Fiscal Especial de Investigación del atentado a la AMIA y era conocedor confiable en la investigación. La pertenencia militante de Justicia Legítima del Dr. Juan Murray, poco contribuye a dar certidumbre a un caso tan complejo como enmarañado que permanece irresuelto 22 años después de acontecido. La Procuradora Gils Carbó, dado su alineamiento partidario tan extremo, debió excusarse de tales designaciones para garantizar una investigación con autonomía e imparcialidad.
La política debe apoyar la investigación de la Amia, dejar que se tramite la denuncia del fiscal y el esclarecimiento de la muerte de Alberto Nisman. Esta última debe ser investigada sin acciones que la ensucien aún más, porque el cúmulo de sospechas que se acumulan en la sociedad y el pedido de la querella (la madre de las hijas del Dr.Nisman y Jueza Federal Dra. Sandra Arroyo Salgado) de un veedor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligan a esforzarse para que la verdad judicial sea asumida como una verdad creíble. La duda de la jueza es inquietante. El pedido debe contar con la aprobación del país. El gobierno ha rechazado toda posibilidad de colaboración técnica-pericial externa de los que es evidente que el país no cuenta y serían necesarios.
La desconfianza generalizada y el miedo siempre atentan contra la libertad y ello es un límite que no podemos traspasar.
Las escasas escuchas telefónicas conocidas (se dice que hay 961 CD adjuntos), ameritan profundizarse porque lo conocido parece entrecruzar una correspondencia entre los dichos y los hechos posteriores y existencia de una activa diplomacia paralela, que compromete al poder político con elementos marginales vinculados al mismo. Los que fueron calificados por el Senador Miguel Pichetto como personajes lamentables, patéticos vendedores de humo son muy cercanos al gobierno. El ex subsecretario de estado Luis D’Elía está en primera fila en las convocatorias Presidenciales y el violento dirigentes de Quebracho Fernando Esteche dice haber negociado su condena en la Casa de Gobierno con un supuesto espía o falsamente así autopresentado, que aunque se intente desmerecer en su vinculación con el gobierno, también atendía en la Jefatura de Gabinete y conocía detalles del estado de salud de la Presidenta poco conocidos. Estos hechos merecen una interpelación al Ministro Timerman, el Secretario Berni y un informe de la Jefatura de Gabinete. La opacidad de agentes efectivos e inorgánicos desnaturaliza el desmentido del secretario Oscar Parrilli y la versión de cerca de dos millares de agentes de todo tipo en esas tareas un peligro latente.
El oficialismo quiere sacar de la agenda el luctuoso tema alrededor de la muerte de un fiscal y en este proyecto, a pocos meses de culminar está claro que quieren distraer, controlar información pasado y presente y sancionar una ley sin ponderar su utilidad futura.
Destrato en el Congreso, partidización y embestida contra miembros del poder judicial, incluida la Corte y ataque a los medios de comunicación no oficialistas. La pauta de propaganda oficial consumió cinco millones de pesos diarios durante 2014 y la AFSCA llamó a concurso para crear 82 nuevos canales de televisión, 40 de ellos en la región metropolitana y 10 de ellos de alta potencia, configurando una nueva estructura de TV. A pocos meses de finalizar su mandato se intenta plasmar, con diez años prorrogables por otros diez, una composición televisiva adjudicada a medios que surgieron con la discriminatoria distribución de publicidad oficial. En 2011 el kirchnerismo informó que la mitad de los 200 canales de TV Digital serían propiedad de instituciones sin fines de lucro. Lo que pasó después de la Ley Medios Audiovisuales exime de comentarios.
Ya vimos como continúan estos desvíos, aún lejos del itinerario del populismo autoritario de Venezuela. En ese país se ha llegado al cercenamiento de libertades, se encarcela opositores, políticos y empresarios que ya suman 98 detenidos por razones políticas. Ahora, sin orden de aprehensión previa por Tribunales, el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, es detenido por el Sebin (Servicio Boliviarano de Inteligencia Nacional) denunciando un golpe y actos de conspiración e incitación a rebelión. Argentina no repudió el hecho violento, como sí lo hicieron Brasil, algunos países de la región y el secretario general de la OEA, aunque el bloque UNASUR no emitió una palabra condenatoria y tampoco lo hicieron el Mercosur ni la CELAC. Los diputados kirchneristas, en la Comisión del Mercosur, salieron en defensa del régimen de Nicolás Maduro, por hechos desestabilizados y evidencias de injerencias internacionales. Este pronunciamiento se produjo ayer, aún después de la muerte de un joven de 14 años, por un tiro en la cabeza, acaecido en una marcha de protesta, ocurrida en San Cristóbal, en cercanía de la Universidad de Táchira. Desde 2009 Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese silencio argentino resulta ominoso, como en el caso de los atentados de Francia cuando hablaron de contexto y de Nigeria. Idéntica miopía silente hicieron ante las masacres de Bashar al-Assad en Siria. El kirchnerismo, desde 2007, denunció una decena de acciones golpistas y desestabilizadoras. Lo mismo que el chavismo desde 1999.
En su denuncia, el Fiscal Nisman menciona a un embajador venezolano en la trama (Roger Capella) y fueron notorias las estrechas afinidades entre el chavismo y el régimen de Mahmoud Ahmadinejad, con quien Cristina de Kirchner firmó el memorando, meses antes que feneciera su gobierno negacionista. La embajada paralela entre Venezuela y nuestro país con el Occovi como injustificado actor, es aún un escándalo no investigado y nunca se terminó de saber sobre la finalidad del ingreso de U$S 800.000 incautados al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en Aeroparque tras en un viaje con funcionarios de ambos países. El oficialismo involucró a la CIA en ese hecho donde participaban funcionarios venezolanos y argentinos. Algún día conoceremos el resultado de este tipo de relación con Venezuela.
Una particular empatía personal y política, tolerable si no se emparentara con el desmejoramiento de nuestra democracia.
El ataque a la propiedad privada, la persecución a medios de comunicación, la concentración del poder y perpetuación en el mismo, la inflación y caída del PBI (en ambos indicadores compartimos el pináculo regional) y el desabastecimiento de ellos y nosotros con una ley y controles de precios), un déficit fiscal del 15 % en medio de un aparato clientelar, la creciente militarización en áreas de gobierno por fuera de sus funciones específicas, la espiral de inseguridad, la violencia política comenzando por la diatriba verbal y profundas grietas sociales, son un espejo anticipatorio para reflexionar y recrear los puentes de la Unidad Nacional. Aún no llegamos al extremo de los antemencionados desbordes chavistas y pese a la hermandad somos pueblos con experiencias diferentes y culturas diferentes. Lo cierto es que los altos precios del petróleo del que depende la economía venezolana y el superciclo de la soja que financió esta década argentina, han bajado su cotización y las inconsistencias afloran, desmoronando el relato que ensaya excusas groseras. Para ello hay que inventar enemigos y acallar voces. Por fortuna la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal confirmó una medida cautelar que suspendió la transferencia forzosa de señales del Grupo Clarín, impulsada por la mayoría kirchnerista de AFSCA mediante la resolución 1121/14 del 7 de octubre del año pasado. Poco y mal nos hubiésemos informado si este medio, como La Nación, Perfil y unos pocos más, estuviesen alineados con un sistema que trató de disminuir el impacto social que la denuncia y muerte de un Fiscal de la República produjo en todo el país y la marcha donde se reunieron 400.000 personas, según la Policía Metropolitana y 50.000, según la Policía Federal y la prensa oficialista. ¿Cómo hubiese sido el cálculo sin la cobertura de los medios independientes con los adictos posando sobre espacios vacíos como se pudo ver en varias de esas señales? La televisión pública pasaba un programa de entretenimiento y otras afines colocaban documentales. La tapa de Página 12 permite imaginarlo con su título: Bajo el paraguas de la muerte. Pero resulta que en esa marcha no murió nadie y había congoja y demandas por la muerte de un Fiscal en circunstancias no dilucidadas
¿Qué hubiera pasado en las causas judiciales y los derechos y garantías individuales, si hubieran prosperado la embestida contra los medios y la reforma de la justicia que detuvo ese contrapoder constitucional? Según la concepción de quien fuera convencional constituyente en 1994, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales durante su larga trayectoria como legisladora nacional que juró sobre la actual C.N. dos veces como Presidenta de la República, el Poder Judicial opera como partido judicial que no va a elecciones y sus miembros tienen funciones y prerrogativas de por vida, y en algún caso están por cumplir un siglo. Como lo señaló el Presidente de nuestro bloque, el 56 % de los jueces nacionales y federales actuales fueron designados durante las administraciones kirchneristas. De esas 511 designaciones, 344 ocurrieron durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, además de las subrogancias determinadas.
Dos días después de semejante denuncia, en un largo discurso por cadena nacional nada dijo sobre el tema y solo escuchamos sobre nuestro récord de consumo de bebidas gaseosas. Es muy dañino para las instituciones y para nuestro prestigio internacional que esas expresiones de la jefa del Estado no se expongan ante la Justicia. Si no se trata de omisión de información tan sensible estaríamos ante una falsa denuncia y en la máxima jerarquía institucional lastima la reputación del país.
Cristina Fernández señaló que los jueces articulan con los poderes económicos concentrados y con el aparato mediático monopólico, intentando desestabilizar al PE y desconociendo las decisiones del Congreso, constituyendo un súper poder por encima de las instituciones surgidas del voto popular. ¿Lo fue el juez Gabriel Cavallo y los estamentos judiciales cuando fallaron contra las leyes de Punta Final y Obediencia Debida?
Somos una República y queremos consolidar nuestra democracia, con los Presidentes cumpliendo su mandato, instituciones que funcionen dentro de la ley y garantías para convivir en paz. Aunque el Senador Marcelo Fuentes nos anticipe la campaña más violenta de la historia, todos debemos escuchar el categórico mandato de quienes marcharon y acompañaron el sentimiento el pasado miércoles y recoger su reclamo de justicia. Quienes pretendemos una Nación donde impere la ley y la igualdad de oportunidades, para vivir dignamente, tenemos la responsabilidad de conformar una alternativa consistente y convocante para evitar la anomia y el descreimiento porque ello dispersa energía creadoras y desgarra nuestras potencialidades.
Reconstruir un sistema de partidos, bajo parámetros programáticos que faciliten la elección de opciones de cambio, es la respuesta a la división y confusión de valores y palabras del partido gobernante y nuestra contribución al afianzamiento del sistema democrático. La división de poderes es fundamento de la democracia republicana y la libertad de expresión un derecho humano fundamental.