La inteligencia es necesaria en un sistema democrático a los efectos de recopilar y procesar datos que nos permitan asegurar la seguridad de la Nación y la defensa nacional.
Estos dos objetivos establecen el límite claro y preciso de hasta dónde van o deben ir las actividades de la inteligencia.
Guillermo O’Donnell ya en 1994 nos decía que la Secretaría de Inteligencia en Argentina no sólo es un enclave autoritario, sino un fenómeno estrechamente relacionado al presidencialismo argentino.
A lo largo de su existencia la falta de control democrático y la utilización política por parte del Ejecutivo ha generado una verdadera anarquía y una autonomización creciente de todo el sistema, y se han utilizado con normalidad el espionaje y las operaciones políticas, el cobro de los servicios por la información, y también diversas actividades económicas que obviamente tenemos que pensar que involucran los negocios del narcotráfico, de la trata, de otras actividades, y de relaciones con integrantes del poder judicial , con políticos, con periodistas, con empresarios, que nada tienen que ver con la inteligencia de un modelo democrático.
Nos llama la atención que como correlato de la muerte de un fiscal federal, Alberto Nisman, en muy escaso tiempo se produzca la elaboración por parte del ejecutivo de un cambio en la estructura de los servicios de inteligencia. Cambio con el que nosotros estamos de acuerdo, no con el contenido de lo que se envía como cambio, sí con la necesidad de que se cambie.
No podemos menos que pensar: ¿qué sabía el poder Ejecutivo que obviamente no lo sabemos en el Parlamento para que en diciembre sea relevado del frente de la SIDE un hombre de confianza de la presidencia, Héctor Icazuriaga, que ocupaba ese lugar desde diciembre de 2003, once años completos, y en consecuencia también corresponsable de todo el desmanejo de los servicios de inteligencia en Argentina?
Yo pregunto, ¿qué tiene que ocultar el Poder Ejecutivo que en el proyecto que se va a votar se incorporó en el Senado el artículo 16 sexies, que prevé que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan a los fines establecidos por la presente ley, sean destruidos?
Con esta desinformación profunda nos envían un proyecto inscripto en una dinámica muy propia de este gobierno, que no la compartimos, imponer agenda y tratamiento y pasar al otro capítulo de la novela. Claro, en el medio está la denuncia y la muerte del fiscal Nisman, que ocupó una fiscalía creada por el gobierno de Néstor Kirchner.
Me permito recordar el decreto 812/2005, por el cual el gobierno reconoce la responsabilidad del Estado argentino por incumplimiento de la función que le cabía en el atentado a la AMIA y contra la embajada de Israel. Además establece como medidas relacionadas con este objetivo: A) transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia; B) facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo. En estos temas no se hizo casi nada; está claro que no ha existido en 12 años de gestión la necesaria voluntad política para concretar el cambio necesario e imprescindible en el sistema de inteligencia nacional. Es decir 12 años de convivencia y connivencia y trámite exprés de disolución.
La reconstrucción y profesionalización d estos servicios de inteligencia como imperativo del Estado democrático es una tarea muy compleja, muy importante y difícil, y hace falta un amplio consenso. Resulta evidente que esto nunca le ha interesado al poder Ejecutivo, buscar consenso a través del diálogo con los demás sectores.
La muerte de Nisman es un símbolo del alto nivel de injerencia alcanzado en la política interna por los servicios de inteligencia del Estado. Este gobierno siempre confundió gobierno con Estado, pero lamentablemente en este final estamos viendo que donde hace falta el Estado, este no está.
María Matilde Ollier nos habla de la necesidad de diferenciar el Estado vigilante del Estado garante, el Estado vigilante resulta el instrumento de concentración personal del poder político presidencial, el estado garante es el que piensa en la mejor calidad de vida para todos. Por eso el tema del personal que integra los servicios de inteligencia no es menor, y una de las cuestiones esenciales que había que debatir era qué se cambia, qué no se cambia, cómo se ingresa y dónde y cómo se capacita para tener una inteligencia compatible con la democracia.
El otro tema esencial son las escuchas telefónicas y evidentemente la base es separar al Ejecutivo de ese proceso. Compartimos con Saín la idea del "traspaso de las facultades y de los dispositivos de interceptación de comunicaciones hoy monopolizadas por la SI a la esfera del Poder Judicial”
El imprescindible control democrático. La democracia argentina tiene una estructura de inteligencia sin controles y obviamente hay una responsabilidad también parlamentaria en los mismos, que no ha funcionado. A modo síntesis y de compromiso expresamos la necesidad que las Comisiones Bicamerales de Control, en nuestra óptica deben tener mayoría de la oposición. Si hay una cosa clara, y lo revela el estudio de la Asociación por los Derechos Civiles, que creo que es un documento que tiene una seriedad y un compromiso que nosotros queremos destacar, es que en los hechos, la presencia mayoritaria del oficialismo para lo único que sirve es para desvirtuar el control.
Señor presidente, lamentablemente hoy volvemos a negar a la nación Argentina un debate en serio sobre el tema de la inteligencia, y debemos asumirlo y a eso nos comprometemos, poner nuestra voluntad política para que esto cambie.
Estamos en otra sociedad. Hoy la posibilidad de almacenar, interceptar y procesar datos es infinita y hace que se pase de una sociedad de vigilancia direccionada a una vigilancia masiva, y la sociedad democrática debe también dar una respuesta en este tema.
Yo rescato un pensamiento de Bauman, “la paradoja de un mundo saturado de dispositivos de vigilancia, por un lado Estamos más protegidos que cualquier generación anterior, por el otro, ninguna generación anterior experimentó como la nuestra esa sensación cotidiana de inseguridad a todas horas”.
Levinas nos enseñó que nuestra humanidad solo se puede descubrir en la mirada del otro, entonces es preciso reconocer nuestra responsabilidad con el otro, y la verdad que la actual sociedad de consumo con sus sistemas de vigilancia, aísla y desgasta esa relación.
Por otra parte recordar al Poder Ejecutivo que no se trata desde lo político de poder hacer las cosas, sino que hay que tener la convicción moral de que se hace lo correcto, por eso es necesario para la política ampliar los espacios de participación y de diálogo y como dice Bauman, la moral no se basa en certificar las normas vinculantes y universalmente aceptadas de la sociedad de consumo, sino en oponerles resistencia.
En el marco de la Constitución y de las instituciones, nosotros resistimos.