16. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MOYANO

Movilidad de las asignaciones familiares (Orden del Día 2171)

Señor Presidente: ante todo quiero aplaudir esta iniciativa que interpreto como la mejor medida que ha tenido este ciclo político en términos de nuevos derechos.
La creación en el año 2009 de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y su incorporación a la ley 24.714 de Asignaciones Familiares mediante el decreto ley 1602/09 representó la concreción de un anhelo largamente esperado y herramienta de protección de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Significó también el reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional de derechos inalienables.
La defensa de este derecho, permítanme decirlo, surgió de la voluntad y la decisión política de organizaciones sociales y sindicatos en uno de los peores momentos de nuestra historia, allá por el año 2001. Estas organizaciones y sindicatos, viendo la situación a la que eran arrastrados miles de compatriotas, salieron a juntar firmas para presentar una iniciativa parlamentaria similar a esta que hoy nos ocupa a través del Frente Nacional contra la Pobreza.
La Asignación Universal por Hijo tiene múltiples efectos en la trama de nuestra sociedad. El titular de la ANSES, Diego Bossio, comentó en el Senado que actualmente 3.642.000 de chicos son alcanzados por la Asignación Universal por Hijo. Al mismo tiempo explicó que un 13,3 por ciento de los chicos que tendrían que recibirla, no lo hacen porque no concurren a establecimientos educativos o no cumplen con el calendario de vacunación. Pero también señaló que del universo de chicos que son dados de baja de la asignación, el 60 por ciento vuelve a retomar los estudios, lo que considero el mejor resultado de esta política de Estado. La importancia de que la inversión en asignaciones familiares haya pasado del 0,42 por ciento al 1,15 por ciento del PBI se refleja en el aumento de la escolaridad en los tres niveles educativos. Es difícil encontrarle un mejor destino a esa inversión pública respecto de los chicos que habitan nuestro país. Tenemos que saber dar valor a esto para que no se vea como una política partidaria sino como un derecho que tenemos que defender todos los argentinos.
Otro dato a favor de esta medida es que en el 60 por ciento de los hogares receptores de la AUH el monto de la asignación no supera el 20 por ciento de los ingresos totales familiares. Hoy la AUH es un derecho adquirido y se traduce en un mayor bienestar para los niños.
Por eso quiero volver a resaltar la decisión política de llevar adelante esta medida, reconociendo también a quienes antes la habían propuesto. Lo que realmente importa es que la Asignación Universal ha modificado la vida a millones de niños.
Pero hay muchas observaciones que me gustaría hacer y sobre todo muchas críticas constructivas. Espero que con el mismo respeto que me dejaron manifestar hasta ahora, pueda hacerlo en el resto de mi discurso.
Quiero contarles que la dinámica de este Congreso no ha sido como yo pensaba. A lo largo de estos años me ha sorprendido la dificultad que encontramos para mejorar algunos proyectos. Esta medida que el Ejecutivo envió al recinto tiene muchos antecedentes que se presentaron en sus respectivas comisiones. Me da la impresión de que hay aportes de estos proyectos previos que se dejaron afuera y que deberían haber sido tenidos en cuenta. De la misma forma que vamos a votar a favor de este proyecto porque creemos que es bueno, nos gustaría que el oficialismo permita incorporaciones que solo pueden mejorarlo, valorando el trabajo del conjunto de esta Cámara.
No se me escapa que esta actualización semestral automática por ley va a regir por primera vez con otro presidente en el Ejecutivo. Como hemos dicho en los proyectos que presentamos, el haber dejado hasta hoy al arbitrio del Poder Ejecutivo la actualización del monto de la AUH ha permitido su utilización con fines electorales y oportunistas. A pocos meses del fin de su mandato el gobierno actual deja para el próximo presidente reglas distintas de las que manejó durante su gestión. Ya ningún presidente va a poder apropiarse de la medida por cadena nacional, como si el fondo solidario que lo sostiene y que beneficia a millones de niños no surgiera del propio aporte de los trabajadores.
Y acá, en realidad, también tenemos que ser capaces de ver que el verdadero problema de esto es la inflación. Hemos naturalizado la necesidad de estas medidas, acostumbrados a la imprevisibilidad de la economía. Y no sólo eso, sino que dado que el INDEC carece de credibilidad, tenemos que ponernos a debatir formulas y datos que para colmo tampoco son públicos. Cualquier proceso inflacionario altera las condiciones económicas y siempre termina perjudicando a los sectores más desprotegidos.
Por eso es bueno recordar cuál era el objeto de esta prestación que nació como un plan para reducir los niveles de indigencia asegurando a cada niño la posibilidad de contar con lo necesario para alimentarse. Con ese objetivo, su cálculo debería hacerse en relación a la Canasta Básica Alimenticia, que es lo que define la línea de indigencia. Sin embargo, esto solo sería incuestionable si el INDEC tuviese el consenso necesario.

Todos conocemos la inestabilidad que hoy tiene nuestra economía. Incluso, según el propio INDEC, tiende a agravarse por acción del gobierno que presupuestó un aumento del gasto del 13 por ciento y hoy lo hizo crecer a un 45 por ciento. Mientras tanto intenta patear la pelota para adelante endeudándose a una tasa extraordinaria del 9 por ciento en dólares, y aun así no logra que la actividad económica despegue. Hay que resaltar que la actualización no solo depende de los aportes previsionales sino también de la recaudación. Considerando la parálisis de nuestra economía tanto en la caída de las importaciones pero sobre todo de las exportaciones, es evidente que va impactar directamente en los próximos aumentos tanto de las jubilaciones como de las asignaciones.

El senador Linares mencionaba en el debate que se dio en la Cámara Alta que dentro de los efectos de la inflación a la que nos acostumbramos había que considerar que la generación de empleo no solo está estancada sino que ha bajado en algunos sectores puntuales como en Tierra del Fuego o el sector automotriz. Y digo esto porque quiero también subrayar algo que dijo la presidenta de la Nación en septiembre de 2012 en el anuncio de un nuevo aumento por decreto de la Asignación Universal.

La jefa de Estado presentó como un récord histórico la cantidad de beneficiarios de las asignaciones, que pasó de 3,3 millones de chicos a 3,5 millones. Hoy, como dijo Bossio, son 3.642.000. Pero aclaró que no podíamos festejar que cada vez más chicos tengan la Asignación Universal porque significa que cada vez hay más padres que están desocupados o tienen trabajos informales. Por eso, la contracara de que hoy la reciban más chicos que en el 2012, es que no ha habido generación de empleo y que es más difícil dejar de recibir la AUH porque también es más difícil conseguir un trabajo digno, con obra social y aportes.

No podemos perder de vista que, como dijo un ex presidente, no son las políticas sociales sino las políticas económicas las que pueden generar la justicia social. Como peronista, no creemos en la teoría del derrame sino en las políticas nacionales que conduce el Estado.

El trabajo es el elemento que cohesiona la familia y la sociedad y que permite el desarrollo del individuo con dignidad. La mejor y la única política social efectiva es la generación de empleo. ¿Cuáles son los verdaderos problemas de nuestro país en la actualidad? De la misma manera que el Frenapo en 2001 ponía en la agenda la Asignación Universal, hoy debemos rechazar las políticas económicas que impiden a los padres de estos chicos ingresar al mercado formal de trabajo. Exigimos al Estado que tengan obra social y un sindicato que les permita todos los años negociar salarios y condiciones de trabajo sobre todo hoy, cuando las malas decisiones económicas han llevado a nuestro país al endeudamiento cíclico y a la caída de la actividad económica, según los números que publica el INDEC. Por eso los números del empleo informal son los mismos que en 2009, en torno a un 35 por ciento. Como bien dice el decreto 1602 de 2009 de la AUH: “la clave para una solución estructural del tema de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de trabajo”.

Por eso debemos ser cautelosos: así como no deberíamos acostumbrarnos a la inflación, tampoco debemos permitir la naturalización de las causas de la injusticia social. El aumento de las partidas para planes sociales nos habla sobre todo de las dificultades que atraviesa el empleo en nuestro país. Si no podemos comprender que la principal generadora de empleo es la industria, sobre todo la pequeña y la mediana, y por lo tanto debemos tener una mirada y una política económica que las lleve a ser competitivas en términos regionales, no va a haber política social que alcance. Sin inversión no es posible aumentar la matriz productiva ni generar empleo.
¿Sabe una cosa, señor presidente? La fórmula de la movilidad jubilatoria tiene como divisor al número de beneficiarios. ¿Sabe lo que se logra haciendo que cada vez más chicos cobren la AUH? Que disminuya el monto que van a recibir los chicos por ese concepto. Si de 2012 a la fecha, en lugar de haber aumentado la cantidad de beneficiarios de la AUH, los hubiésemos disminuido generando empleo, hoy el monto que cobran aplicando la movilidad jubilatoria sería mayor porque la misma cantidad de dinero se repartiría entre menos.

El otro punto al que quisiera referirme es la visión de este gobierno sobre las asignaciones. En el discurso del 12 de septiembre de 2012, al que ya nos referimos, la presidenta se refirió a la necesidad de comprender a la AUH como una política asistencial que no resolvía el problema de fondo. Comentó que considerando que los asalariados estaban por alcanzar el famoso fifty/fifty, el problema de la distribución del ingreso en nuestro país se resolvía distribuyendo la riqueza sólo hacia el interior de los asalariados. ¿Por qué me parece importante esto? Porque creo que es evidente que para el gobierno un salario de 20 mil pesos es un salario alto y que por eso el gobierno ha reducido sistemáticamente las asignaciones familiares de los asalariados, haciendo insignificante esa conquista que legó el peronismo y que incluso fue reconocida por la constituyente del 57, cuando el peronismo y la mayoría de los argentinos estaban proscriptos. De otra forma no se explica que sistemáticamente la asignación familiar para los trabajadores bajo convenio haya sido reemplazada por la “deducción por hijo de la cuarta categoría”.
Recuerdo que en 2011, en el último consejo del salario en el que se discutió el salario mínimo porque después de ese año solo se invitó a los sindicalistas que estaban dispuestos a aplaudir ), Hugo Moyano no estaba conforme con el aumento del mínimo, por lo que el gobierno se comprometió a renegociarlo mediante un aumento de las asignaciones familiares. Unas semanas después el gobierno realizó este anuncio sin consultar y, por supuesto, definiendo los montos por debajo de la inflación: ajustando por efecto de la inflación y, encima, frente al aplauso de algunos dirigentes gremiales.
Por eso la CGT reclama en forma permanente que no se discrimine a los hijos de trabajadores para recibir el pago de la Asignación. Si consideramos que es un derecho del niño, entonces es obligación del Estado permitirles a todos acceder a ella, más aun cuando ha sido una conquista histórica de los trabajadores argentinos.
Por eso creemos que los límites del artículo 5° en la forma de actualización que se ha puesto van a dejar cada vez a más familias argentinas fuera de este derecho. Los topes y los montos de asignaciones familiares, en forma conjunta con la inflación de los últimos años, han desvirtuado un derecho constitucional. En los 90 se redujeron las contribuciones patronales para disminuir la responsabilidad social de la economía y que la Asignación Familiar se transforme en un pago de parte del Estado. Por eso es importante insistir en el carácter universal de las mismas, actualizar sus montos y asegurarse su carácter de derecho constitucional para los hijos de todos los trabajadores argentinos.
Así como estamos votando la actualización automática de la AUH como un derecho consagrado, debemos hacer lo mismo con la Asignación Familiar que está consagrada en nuestra Constitución y que las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral desconocen debido a su monto insignificante. Por eso es que la actualización de la Asignación Familiar, por consistir en un derecho constitucional, no puede quedar sólo bajo la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y mucho menos de su necesidad recaudatoria.
Necesitamos ponernos todos de acuerdo en la universalización e ir hacia un régimen simplificado entre la Asignación Universal por Hijo, las Asignaciones Familiares y Ganancias. Sólo de esa forma quedará consagrado como un derecho de la niñez.
Hay que igualar las sumas que perciben quienes son beneficiarios del sistema de la Asignación Universal por Hijo y de las Asignaciones Familiares por Hijo. Ello incluso permitiría corregir muchas anomalías e incongruencias del sistema de asignaciones, como la paradoja de que un trabajador asalariado mantiene un ingreso mayor, si conserva su empleo informal, debido a la mayor suma que percibe en concepto de AUH. Estoy de acuerdo con la observación que hizo la presidenta de la Nación ese año acerca de que no se pueda percibir la deducción de ganancias al mismo tiempo que el salario familiar, pero la desactualización de los topes y el retraso en las asignaciones deben ser corregidos. Tiene que volver a ser un derecho efectivo de los trabajadores, tal como lo fue con el peronismo e incluso tal como quedó consagrado en la reforma constitucional.
A modo de ejemplo, hoy alguien que gana hasta 7.500 pesos recibe 837 pesos por hijo; si mañana por paritaria gana 7501 pasará a recibir 500 pesos por hijo. No se debe discriminar al hijo de un trabajador.
Esta situación también incide en problemáticas que han sido abordadas por varios diputados de distintos bloques y parecen no haber sido tenidas en cuenta. La diputada Ciciliani manifestó que en su provincia los trabajadores temporarios, muchas veces por miedo a perder o a que se les reduzca la asignación, o incluso por desconocimiento, piden mantener la informalidad y, por lo tanto, reclamaba un sistema similar al que el oficialismo ha dado al personal doméstico.
El diputado Sturzenegger, también a partir del trabajo de Santiago Garganta y Leonardo Gasparini "El Impacto de un Programa Social sobre la Informalidad Laboral: El Caso de la AUH en Argentina", ha señalado que la AUH tiene impacto sobre la informalidad laboral ya que estimula una menor participación en el sector formal respecto de la que hubiese surgido en ausencia del programa, por lo cual propuso la extensión del beneficio de la AUH en forma temporal incluso a los trabajadores que ingresan al mercado laboral. De alguna manera esto fue asumido por el gobierno en un sector cuando extendió la cobertura a trabajadores domésticos, pero solo se ocupó de esa actividad.
También el senador Naidenoff ha manifestado en la Cámara Alta que no debería ser un derecho que se excluye por cobrar otras pensiones no contributivas, si lo consideramos un derecho constitucional cuyo sujeto es el chico.
Particularmente creo que se debe simplificar el sistema estimando la universalidad no sólo de la Asignación sino también de su monto y de su mecanismo de actualización, incluso en quienes la deducen de ganancias. No estoy seguro de cuál es la mejor propuesta pero sí veo que pocos son los aportes que se han considerado a la hora de abordar la actualización que hace años venimos pidiendo desde distintos sectores políticos.
De todas maneras sé que esto es un avance. Vamos a votar a favor aunque creo que no debo dejar pasar la oportunidad de volver a insistir en la necesidad de que las Asignaciones Familiares de millones de trabajadores argentinos vuelvan a tener un peso significativo. Es inconcebible esa idea de que alcanzamos el fifty/ fifty cuando tenemos un 35 por ciento de empleo no registrado. Y esa es la idea detrás del ajuste de las asignaciones familiares que el gobierno nacional propuso intentando hacer creer que el problema era entre los trabajadores mientras del país se fugaban miles de millones de dólares y la rentabilidad financiera seguía creciendo exponencialmente.