En esta ocasión nos encontramos reunidos para debatir el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que propicia la aplicación de la movilidad para la actualización de las asignaciones familiares. De esta manera, se busca instaurar un mecanismo por el cual la actualización se realice de manera automática y periódica.
Antes de profundizar sobre el proyecto en sí, me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar los avances que se han realizado en la última década en materia de protección social, y contextualizar así la importancia de esta iniciativa que hoy nos convoca.
Si bien las asignaciones familiares existen en nuestro país desde hace décadas, los avances alcanzados en materia de protección social desde 2003 resultan significativos en pos de incluir a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y tender así hacia la universalización. Luego de las devastadoras consecuencias que tuvo la crisis de 2001 en nuestra población, las políticas sociales desplegadas desde ese entonces siempre plantearon como eje prioritario reducir la desigualdad económica para mejorar las condiciones de vida de nuestra población y fomentar la igualdad de derechos entre la ciudadanía,más allá de la condición laboral o social en la que se encuentre.
Frente a ese escenario complejo se encontró el ex presidente Néstor Kirchner luego de su asunción en 2003, donde la tarea no era sencilla y las dificultades eran múltiples. Sin embargo, el objetivo estaba claro: se requería un profundo cambio en materia de seguridad social. Las estrategias de intervención mayormente adoptadas desde entonces se produjeron mediante el desarrollo de políticas sociales focalizadas, de manera tal de asignar recursos y bienes a poblaciones y grupos, teniendo en cuenta niveles de vida, población en situación de riesgo, marginalidad, vulnerabilidad y exclusión social.
El camino de la inversión social iniciado por el ex presidente Néstor Kirchner fue continuado luego por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner , levantando las mismas banderas de igualdad de derechos, inclusión y universalización de la protección social. Entre los hitos más importantes en materia de política social podemos mencionar -además de la Asignación Universal por Hijo-, el decreto Nº 446 de 2011, que reconoce el derecho a la Asignación por Embarazo a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, otorgando una cobertura a partir del tercer mes y durante el lapso de gestación, previendo controles sanitarios. Además, mediante la ley Nº 26.844 de 2013, se reconoce para el Personal de Casas Particulares el derecho a percibir asignaciones,tales como la Asignación por Hijo, por Embarazo y por Maternidad. Recientemente, el Decreto Nº 504 de 2015 reconoce el pago de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para titulares de la Asignación Universal por Hijo, equiparando así este derecho entre trabajadores formales e informales e incentivando aún más la escolarización de los chicos.
En lo que respecta a los avances para la protección de las asignaciones familiares de los beneficiarios, en 2012 se promulgó el decreto Nº 1668 que definió la obligatoriedad del pago de asignaciones mediante la ANSES y la eliminación del Fondo Compensador, para evitar cualquier discrecionalidad que pudieran realizar los empleadores al abonar las asignaciones. También se priorizó a la mujer en el pago de las asignaciones familiares, independientemente del integrante del grupo familiar que genere el derecho al cobro, mediante el decreto Nº 614 de 2013, reconociendo así el rol fundamental de la mujer como pilar familiar.
En ese marco, sin duda alguna la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social constituye la política social más progresiva aplicada en las últimas décadas.
Los resultados de la implementación de la Asignación Universal por Hijo se observan en diferentes aspectos. Por un lado, esta asignación permitió que la pobreza y la indigencia en menores de 18 se redujeran notablemente. Según los datos calculados por la ANSES, la Asignación Universal por Hijo permitió reducir la pobreza en menores de 18 años de un 23,3 a un 18,9 por ciento, mientras que la indigencia en ese mismo rango etáreo bajó del 6,6 al 3,4 por ciento gracias a la ayuda estatal. Pero además esta medida tiene un correlato positivo en la actividad económica, siendo un incentivo indirecto al consumo. De acuerdo a un estudio realizado por Bernardo Kliksberg, la Asignación Universal por Hijo representa hasta el 40por ciento del ingreso familiar para los hogares más vulnerables, por lo que dichas asignaciones tienen un fuerte impacto sobre el tipo de alimento que pueden consumir las familias beneficiarias. Otros aspectos importantes a destacar a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo es que la asistencia al nivel pre-escolar se acerca a la plena cobertura, mientras que para el nivel secundario ese porcentaje alcanza el 90 por ciento. Asimismo, el 94,2 por ciento de niños, niñas y adolescentes se realizan los controles sanitarios previstos, en tanto que el ciento por ciento de las madres realizaron los controles médicos correspondientes a los recién nacidos antes del mes de vida.
En definitiva, con la implementación de la Asignación Universal por Hijo se alcanza la universalidad a la cual hace alusión el nombre del programa. Con su aplicación, las asignaciones familiares por hijo se extienden a todos los menores de 18 años del país,puesto que ya las recibían quienes tenían a sus padres empleados formalmente o cobrando un Seguro de Desempleo. Junto con la creación del programa PROGRESAR en 2014 que acompaña a los jóvenes de hasta 24 años para ayudarlos a terminar sus estudios, el desarrollo de estas políticas ha permitido ampliar la cobertura y la inversión en materia de protección social, contemplando a los beneficiarios desde los primeros meses de embarazo hasta los 24 años -sin límite de edad para los casos de discapacidad-, cuyo acceso a estos derechos ya no depende exclusivamente de la condición laboral en la que se encuentren.
A partir de todas estas medidas el nivel de cobertura ha alcanzado casi el 90 por ciento de los niños: 6.680.814 perciben asignaciones familiares o se efectúa deducción de ganancias; 3.642.302 perciben Asignación Universal por Hijo; 480.049 reciben otras prestaciones de la Seguridad Social y 69.085 embarazadas son beneficiadas. En consecuencia, casi la totalidad de los niños del país recibe alguna cobertura por parte del Estado. A modo de ejemplo, y para entender la magnitud de la importancia de estas políticas, en mi provincia -Santiago del Estero- las asignaciones familiares alcanzaron a 210.567 beneficiarios en 2014, de los cuales 126.889 corresponden a la Asignación Universal por Hijo.
A lo largo de los años, muchos de estos avances se han concretado mediante el dictado de decretos que estuvieron en línea con las prioridades de política de inclusión social desplegadas por el gobierno nacional en la última década. Sin embargo, para que este derecho adquirido por las personas de mayor vulnerabilidad no resulte discrecional en el futuro ni dependa de las prioridades del gobierno de turno, se presenta esta iniciativa con el objetivo de mantener la premisa de universalidad de la protección social. Para tal fin, se propone aplicar el índice de movilidad que se utiliza para el cálculo de haberes de los jubilados y pensionados, que desde su aplicación en 2009 ha mostrado ser efectivo para mantener el valor de lo que percibe la clase pasiva..
Estamos ante un momento trascendental en nuestro deber como legisladores para continuar protegiendo los derechos de nuestra población, por los cuales se luchó con tanto empeño en la última década. Por ello y, como representante del pueblo argentino, no puedo más que acompañar este proyecto con mi voto, mi conciencia y mi CORAZÓN.