Señor Presidente:
Sabemos que es necesaria una definición concreta para el desarrollo de la aviación civil en nuestro país, y también que continuar manteniendo por decreto un organismo tan importante y sensible no tiene mucho sentido porque en algún momento se debe regularizar.
La creación EANA S.E. hace ruido, pues a pesar de los dos años de escuchar a todos los actores, aún hay preocupación en los trabajadores porque consideran que no fueron escuchados realmente para que sus aportes formaran parte del texto a fin de que definitivamente hagamos una ley que proteja y establezca parámetros seguros para todos.
Los diferentes gremios bajo la denominación de “Mesa de Coordinación Nacional ANAC” propusieron desde la presentación del texto del proyecto, que los trabajadores sean mantenidos en la ley de empleo público, garantizando la estabilidad de los actuales y futuros trabajadores.
El artículo 23 del proyecto de ley dice que ”La EANA S.E. se regirá por las normas y principios del derecho privado y no le será aplicable la ley de procedimientos administrativos N° 19.549…”. Esto significa no reconocer todos los derechos adquiridos de los trabajadores, que deberían conservar la protección y estabilidad propias del empleo público.
La paradoja aquí es que los servicios de navegación aérea serán declarados como servicio público esencial, y los trabajadores se encontrarán bajo la órbita de la ley de contrato de trabajo.
Por eso digo que consideran que no fueron escuchados y tienen dudas respecto a su estabilidad laboral.
Hablamos de un proyecto que compete a actividades mixtas, que abarca nada más y nada menos que la seguridad y la defensa nacional. Por lo tanto, el régimen debe ser claro y diferenciado entre las actividades civiles y militares para el cumplimiento de las tareas.
Las preguntas que surgen son por qué nueve aeropuertos quedan bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y
por qué incluir en la lista a Sauce Viejo, que es un aeropuerto exclusivamente con actividad aerocomercial.
Como expuso la señora diputada Bianchi, está la necesidad de una respuesta concreta para quienes trabajan en Villa Reynolds, que seguramente será la que esperan todos los trabajadores de otros lugares. Tenemos conocimiento directo, por lo que hablamos con muchos de ellos, de que no quieren volver a estar bajo el mando de la Fuerza Aérea.
Argentina ya tiene malas y dolorosas experiencias por administraciones poco claras; no podemos permitir que se repitan historias del pasado por superposición de actividades, preocupando innecesariamente a parte de la sociedad.
Hemos escuchado en este recinto palabras como “aclaramos”, “queda claro” y otras en el mismo sentido, pero no es suficiente porque cuando desde el gobierno se aclara, se está oscureciendo.
La preocupación de los trabajadores y de muchos de nosotros es dejar todo a la libre interpretación de quien deba aplicar lo que dice este proyecto de ley. Por eso no está de más poner en el articulado de esta norma todo aquello que no permita ninguna duda.
Conocemos la condición lamentable en que están algunos aeropuertos debido a la falta de incorporación de elementos tecnológicos de última generación, que operan normalmente gracias a la pericia de los trabajadores.
Dado que las modificaciones propuestas no se aceptan, porque esta es una decisión política sin ningún otro argumento, adelanto mi voto negativo.