Sr. Presidente:
Celebro la presentación de este proyecto de ley al que daré mi voto positivo y cuya medida de movilidad ya había sido solicitada en un proyecto de ley similar presentado por el diputado Torres del Sel al cual di acompañamiento en 2014. Lamento que una vez más se trate de un proyecto que se origina en el Poder Ejecutivo en vez de nacer en el seno democrático de este Parlamento, tratándose de una normativa que ya había sido propuesta por distintas fuerzas políticas.
Creo que es importante subrayar la razón de ser de este proyecto: léase la tan negada inflación cuyos índices reales no se dan a conocer por el Gobierno pero se estiman en torno al 30 por ciento anual según consenso de consultoras privadas, universidades nacionales y algunas direcciones de estadística provincial. Considero que políticas de transferencia de ingresos como la Asignación Universal por Hijo son necesarias para reducir la pobreza. No obstante, la implementación de las mismas no tendrá el resultado esperado en tanto no haya una política macroeconómica de Estado cuyo fin prioritario sea abordar el problema inflacionario.
La Asignación Universal por Hijo tiene como fin mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes al fomentar la reinserción en la escuela de aquellos que la abandonaron y promover el ascenso social de los beneficiarios. Ello se logra con más ingresos. Por ende, para cumplir el fin deseado por la norma, el ajuste automático propuesto debe significar un aumento real en los ingresos de las personas beneficiadas, no para paliar lo que se depreció de la moneda sino para aumentar el poder adquisitivo que le permita al beneficiario comprar un cuaderno más o un litro más de leche. La ecuación debiera ser simple, el ajuste automático debiera permitir mejorar el desayuno de todas las mañanas: si desayunabas una taza de leche con pan y manteca, hoy ese ajuste en la asignación debiera permitirte comprar por ejemplo además de eso, un yogurt. Lamentablemente todos sabemos que eso no sucede en razón de la inflación creciente que hace que el valor de la canasta básica de alimentos aumente progresivamente. Conclusión, lo único que incorpora este ajuste que estamos debatiendo es la posibilidad de compensar esos pesos adicionales que son producto de la inflación para que siga alcanzando para comprar la leche, el pan y la manteca y como resultado la situación del beneficiario sigue siendo la misma.
Como ya lo afirmo el fallecido Premio Nobel de Economía Milton Friedman: "La inflación es una enfermedad que puede arruinar una sociedad". En efecto, Argentina ya está viéndose gravemente afectada por la enfermedad de la inflación al encontrarse “rankeada” en el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a índices de miseria para 2015, según la agencia Bloomberg, la empresa de información sobre mercados y finanzas. El ranking se construye en base a la suma de la inflación y la tasa de desempleo por país, debido al efecto debilitador que tienen estas variables sobre los habitantes. Además, Venezuela y la Argentina son los países con mayor miseria de la región y de América Latina, según publicó el Cato Institute de Washington, estudio encabezado por el economista Steve Hanke, quien explicó que los principales factores que colocaron a estas dos naciones en lo alto del listado fue su pésima lucha contra la suba generalizada de precios. Como bien lo ilustra Steve Henke: las "políticas sociales agresivas en la Argentina y Venezuela no encuentran una receta para contener la suba de precios", a lo cual agregaría “razón por la cual acaban convirtiéndose en ineficaces e insuficientes”.
Otro punto que considero muy importante es mejorar la Asignación Universal por Hijo a través de su universalización efectiva. Con su formulación actual surgida del Decreto 1602/2009 y su reglamentación Resolución 393/2009 – la AUH no es plenamente universal, ya que excluye a niños cuyos padres tengan una remuneración superior al salario mínimo, hijos de padres monotributistas y alumnos de escuelas privadas, entre otros. En función de los requisitos establecidos existen actualmente más de 3 millones de niños que no pueden acceder a la misma. Apuntamos a universalizar el beneficio para que todas las familias de desocupados o trabajadores informales con niños menores de 18 años estén cubiertas. La universalización presenta la ventaja de lograr mayor alcance y así lograr un mayor impacto de reducción de la pobreza; además, permite una mayor transparencia y por ende un menor clientelismo. ¿Cuántos niños más podrían incluirse si se reasignaran a este fin los exorbitantes gastos del programa “Fútbol para Todos” que constituyen actualmente 0,16 por ciento del PBI?
Quisiera pedir a los miembros de esta Cámara que comencemos a tratar proyectos que tengan como objetivo básico superar la pobreza en la Argentina. Para ello es necesaria una política integral centrada en el fomento del desarrollo económico y de la generación de empleo, terminar con la inflación como ya lo mencioné y mejorar el acceso y la calidad de la educación y de la salud. Tenemos condiciones para hacerlo. Los votos positivos a este proyecto darán prueba suficiente de la voluntad compartida por todos los partidos de asegurar la inclusión y disminuir la pobreza en nuestro país. Sin embargo, creo que falta voluntad política para consensuar leyes que se destinen a reducir efectivamente la pobreza. Nos falta poner primero los intereses de los argentinos que menos tienen y asegurar su verdadera inclusión en la sociedad más allá de que partido se lleve los méritos por ello. Y también considero fundamental que este Congreso evalúe los resultados de las medidas tomadas en virtud de cifras que acrediten fehacientemente la disminución efectiva de las tasas de pobreza.
Como bien dijo el papa Francisco durante su reciente visita a Bolivia; "Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras, coyunturales. Nunca podrán sustituir la verdadera inclusión: esa que da el trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario."
El Estado debe poner todo su esfuerzo en mejorar las condiciones de vida de la gente, no hablamos solo de otorgar subsidios o planes, sino de promover la inversión necesaria para que se integren más chicos a la escuela con capacidad de poder pensar un futuro y un proyecto de vida personal. Hablamos de promover el empleo que dignifica al individuo y le asegura su sustento.
Me gustaría traer a colación algunas cifras que dan una noción de la magnitud de la pobreza existente en Argentina, la cual afecta principalmente a los menores. Una vez más, no tenemos cifras oficiales sobre la pobreza en nuestro país, a pesar de ser una información necesaria para conocer la situación social e imprescindible para definir políticas públicas.
En razón de ello, voy a remitirme a los resultados del Barómetro de la Deuda Social Argentina, el programa de la Universidad Católica Argentina que monitorea la situación social y cuyos datos nunca fueron reconocidos por el gobierno. La UCA incorporó el método de comparar los ingresos totales de los hogares con el valor de la canasta de bienes y servicios de subsistencia, lo que permite como resultado tasas de indigencia y de pobreza. Según estos cálculos, el porcentual de pobreza creció entre 2012 y 2014, pese a que un 30 por ciento de los hogares reciben un programa social. Y aseguran que 2 millones de personas se encuentran por debajo del nivel de indigencia, que la pobreza era del 25,9 por ciento en 2007, que alcanzó el 27,5 por ciento en 2013, y que en 2014 escaló al 28,7 por ciento. La indigencia, según la misma fuente, era de 7,4 por ciento en 2007 y cayó a 3 por ciento en 2013. En esta evolución se refleja el impacto de la Asignación Universal por Hijo.
De lo anterior se deduce que ya no resultan suficientes medidas que solo resuelven coyunturalmente las necesidades de los sectores más vulnerables. Solo cambios estructurales traducidos en políticas sociales de fondo podrán redundar en avances para hacer retroceder la pobreza y la indigencia que todavía siguen en ascenso.
La condición de escolaridad es una medida que tiende a dificultar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Repensemos y repasemos ahora algunos números de la educación argentina: 638.000 niños de 3 a 5 años no van a la escuela. Para el nivel inicial de 3 a 5 años y el nivel medio de 13 a 17 años la brecha entre los chicos pobres y los que no lo son se acentúa: mientras casi un 80 por ciento de los niños y niñas de 3 a 5 años no pobres asisten a un establecimiento educativo, entre los niños y niñas pobres el porcentaje desciende al 68,4 por ciento, por lo que hay un tercio que no logra acceder al sistema educativo. Según señala el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) de la UNESCO, la tasa de abandono escolar es uno de los indicadores más preocupantes en política educativa, porque refleja la incapacidad del sistema escolar para garantizar oportunidades educativas para la población. De la medición se desprende que Argentina es uno de los pocos países de América Latina donde el abandono creció en estos años. A modo de ejemplo: la deserción pasó del 5,1 por ciento en 2006 al 6,9 por ciento en 2011, última cifra disponible. En la secundaria solo el 43 por ciento de los alumnos termina en tiempo y forma, también según UNESCO. Desde el Ministerio de Educación aseguran, sin embargo, que el abandono viene en descenso en la primaria. Entre las causas detrás del abandono en la región, el informe TERCE menciona en primer lugar la pobreza y la desigualdad, que “se asocian con factores como la ineficacia de las escuelas para mantener a los estudiantes, y con condiciones externas a la escuela, como la necesidad de los estudiantes de trabajar para aportar al ingreso familiar”. Por último, la mitad de los jóvenes de 18 a 24 años no estudia (54,2 por ciento), y entre quienes sí lo hacen (45,8 por ciento), una cuarta parte debe además trabajar. Por otra parte, entre los jóvenes que no estudian, el 41 por ciento tampoco trabaja, esto es, el 22,1 por ciento del total de jóvenes. Cerca de un millón de personas entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja.
Analicemos ahora el tema de salud: un tercio de la población argentina carece de cobertura sanitaria 32,3por ciento.Esto significa que 13,6 millones de personas dependen del sistema público de salud para atenderse. Si tenemos en cuenta a los niños, niñas y adolescentes, el porcentaje sin cobertura se eleva al 40,4 por ciento, abarcando a 5,5 millones de chicos, de los cuales el 80 por ciento son pobres.
Para finalizar, quiero reforzar que para avanzar en materia de equidad no alcanza con crecimiento, relato y buenas intenciones. Para lograr transformaciones duraderas se necesitan políticas coordinadas en diversas áreas. Para disminuir la pobreza, se necesita estabilidad macroeconómica, generar empleo, mejorar la calidad educativa, ampliar la cobertura de salud, etcétera. También hace falta un sistema de protección social para sectores vulnerables que incentive a los beneficiarios a incorporarse al mercado formal de trabajo.
La Asignación Universal por Hijo fue un gran avance pero por sí misma, la medida es insuficiente.