7. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LÓPEZ

Institución del 11 de marzo como “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación”

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda vota en contra de transformar por ley el “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, el 11 de marzo de cada año”.
En primer lugar, en sus fundamentos, y a través de la miembro informante, la ley es defendida bajo la premisa de que en términos legislativos, en estos doce años de gestión del gobierno actual, se ha hecho todo por combatir la violencia contra la mujer, pero que falta avanzar en la “batalla cultural” y que por eso es importante que los medios de comunicación difundan la problemática. No podríamos estar más en desacuerdo. La situación de las mujeres no ha mejorado en estos años. Para botón de muestra tenemos que los datos con que contamos para acercarnos a conocer el verdadero alcance del flagelo del femicidio no vienen de estudios oficiales, sino de ONG.
El Consejo Nacional de la Mujer es un nido de funcionarios que cobran un sueldo y plantean generalidades sin resolver la problemática en cuestión. La trata de mujeres con fines de explotación sexual y laboral sigue siendo uno de los negocios más rentables de nuestro país, junto con el narcotráfico y el tráfico de armas. Es el delito organizado desde el propio riñón del Estado, con funcionarios, fuerzas de seguridad y jueces implicados.
No se ha desarmado ninguna red ni tenemos preso a ningún tratante de mujeres. La precariedad laboral, la tercerización, el trabajo en negro que este gobierno mantiene, exponen a la mujer a una situación de permanente vulnerabilidad frente al acoso sexual y laboral por parte de las patronales. Las mujeres que sufren la violencia doméstica no cuentan con los medios económicos para poder independizarse de su golpeador, ya que no existe siquiera un subsidio inmediato y transitorio que garantice a las mismas poder mantener a su familia y mucho menos la perspectiva de un trabajo genuino, dejándole a la mujer como única alternativa continuar bajo la dependencia de su atacante.
Son igualmente conocidos los casos en los que mujeres logran denunciar y que se concrete lo que por ley está contemplado “la expulsión del hogar” y conseguir órdenes de restricción, pero la absoluta desprotección en que el Estado deja a las víctimas hace que rápidamente el agresor vuelva a escena atacando a la víctima. Estos casos son los que en gran parte terminan con un desenlace fatal.
Ahora bien, aquí se presenta una paradoja fundamental que es necesario, al menos, señalar: el Estado, en definitiva, no es que “no hace”, sino que “no quiere hacer”. La orientación que promueve el proyecto es una orientación donde lo "cultural" se transforma en una responsabilidad individual alejada de la construcción material y social que promueve y orienta el propio Estado. Sin embargo, la cultura machista se construye a partir de su funcionalidad para preservar la sociedad dividida en clases. La violencia contra la mujer es un instrumento que posibilita preservar el orden social que defiende el Estado capitalista.
Este proyecto es una usurpación del día 25 de noviembre, que es el día que las mujeres a nivel internacional cuentan para denunciar y luchar contra la violencia hacia la mujer. Un día que se ha establecido a partir de la lucha concreta de las mujeres contra un Estado opresor, que genera violencia contra la población trabajadora y las mujeres en particular.
Para los que siempre luchamos por los derechos de las mujeres, las fechas que se han de recordar por las masas son aquellas que han marcado un hito en sus luchas. El gobierno kirchnerista pretende usurpar una lucha que no le pertenece y con esta ley quiere ‘homenajear’ la sanción de la ley de “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, número 26.485, que está muy por detrás de las necesidades de las mujeres, y que ha sido estéril en erradicar la violencia contra las mujeres. Lo muestra la enorme movilización que bajo la consigna “#NiUnaMenos” colocó en la calle a cientos de miles. Este proyecto de ley que hoy se puso a votación trata, en definitiva, de blanquear la complicidad del gobierno en la violencia sobre las mujeres, con una medida de efemérides de maquillaje.
Además de la pretensión estatizadora de una fecha en donde los luchadores sociales pretendemos, por el contrario, defender su independencia con respecto al Estado y los partidos políticos defensores de este régimen social, para los luchadores, las fechas que vamos a seguir recordando son aquellas que marcaron un antes y un después para el movimiento de mujeres: el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, propuesto por la revolucionaria Clara Zetkin en 1910 para reivindicar la lucha de las textiles neoyorquinas que fueron brutalmente asesinadas por luchar por las 8 horas, y el 25 de noviembre establecido en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en el año 1981 contra la violencia a la mujer.
En este país la violencia de género se ha transformado en un verdadero flagelo social. Durante estos 12 años de gobierno Kirchnerista la violencia de género se ha intensificado a un ritmo escandaloso; solamente en la última semana hemos sufrido cinco nuevos femicidios.
Esta realidad, que se lleva la vida de cientos de mujeres cada año, no se debe a un problema de “gestión”: la violencia hacia la mujer está en la base de esta organización social, que le otorga un rol de sometimiento particular a la mujer, colocándola en un rol de doble explotación, en el trabajo y en el hogar este último, sin ninguna remuneración , poniéndola en el papel de servidora y sostenedora de la crianza familiar y al mismo tiempo utilizándola como fuerza laboral en los trabajos más descalificados.
Es falso que en el terreno legislativo ya está resuelto y que ahora hay que encarar el problema “cultural”. El gobierno kirchnerista ha mostrado cuál es su política concreta hacia las mujeres: no hay subsidios a las víctimas y mucho menos trabajo genuino para que las mujeres tengan independencia económica; no hay casas refugio suficientes ni acordes a las necesidades del núcleo familiar de la mujer violentada; no existen estadísticas sobre datos de violencia y femicidios, cuando las mujeres hacen la denuncia, en una gran cantidad de casos, ni siquiera se la toman.
El tipo de propaganda contra la violencia que no asuma una posición crítica hacia el Estado sirve solo para propagandizar las políticas de un gobierno pero no para proceder al cambio cultural. El cambio cultural no es posible que lo impulsen los defensores del ajuste, del acuerdo con los buitres, los defensores de la precariedad laboral en todos sus niveles, de la esclavitud laboral que promueven empresarios como los de La Salada, ni es posible que impulsen el cambio los enemigos del aborto legal, los que bloquean la producción adecuada de misoprostol para la atención del aborto legal desde el propio Ministerio de Salud ni aquellos que cobijan a proxenetas dentro de la clase política y dentro de las fuerzas policiales. La defensa de un cuerpo legal abstraído de esta realidad es solo una pantalla para absolver las políticas de Estado que incentivan el incremento de la violencia.
No podemos dejar de mencionar que violencia es lo que se votó en este mismo recinto el año pasado con el nuevo Código Civil y Comercial que establece en su artículo 19 que hay vida desde la concepción. Este precepto -que retrocede incluso del artículo 86 del Código Penal sobre aborto no punible- es también parte de la violencia hacia las mujeres, donde ya se estaría poniendo en duda incluso el derecho de una mujer violada a poder abortar.
Quiero denunciar que el gobierno kirchnerista ha profundizado un acuerdo con la Iglesia Católica en este sentido, y que por eso se ha negado sistemáticamente a avanzar sobre un problema acuciante para las mujeres, que es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La penalización del aborto se lleva la vida de cientos de mujeres por año en nuestro país. En la misma tónica se pretende volar el último vestigio de un tibio planteo de laicismo a través de la eliminación del artículo 8 de la Ley 1.420.
El gobierno no solo no ha avanzado hacia una política favorable a la mujer sino que ha hecho retroceder los tibios avances en términos legislativos que se habían logrado. Y es que la violencia de género en todos los aspectos cumple la función de ser un disciplinante social fundamental para un régimen que ya ha comenzado a imponer un ajuste que será profundizado por el próximo gobierno.
No contentos con eso, la propaganda del gobierno en relación a la violencia de género se ha dedicado a otorgarle a la víctima la responsabilidad de salir de la situación violenta: recordemos aquella propaganda que decía “sacale tarjeta roja al golpeador” o “apretá el botón antipánico”. Todos sabemos que las mujeres en situación de violencia difícilmente logran por propia voluntad salirse de esa situación justamente porque son víctimas de un entramado social que encuentra sus bases en las condiciones económicas y sociales que la condujeron allí. El gobierno, lejos de combatir esas bases sociales y económicas, las garantiza y las ha profundizado. La propaganda que difundirá el gobierno será en términos regresivos para la lucha de las mujeres.
No vamos a avalar esta nueva usurpación a la lucha de las mujeres. Nuestro voto es en contra.