2. Inserción solicitada por la señora diputada Estévez

Creación del Consejo Federal de Precursores Químicos como órgano asesor de la autoridad de aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos.

Para empezar, quisiera explicitar mi desacuerdo con la reforma de la ley 23.737, de estupefacientes, así como viene planteada, ya que si se sancionara con fuerza de ley implicaría un gravísimo retroceso en términos jurídicos. Aunque en principio podría acordar con la incorporación de los precursores químicos y el aumento de las penas, lo cierto es que la consecuencia de aprobar un proyecto así sería ratificar los aspectos que la Corte Suprema de Justicia ya ha dictaminado que son inconstitucionales. Esto tendría como consecuencia inmediata y directa una nueva embestida policial y judicial contra los usuarios, corriendo el foco nuevamente del real problema que es el narcotráfico y la salud.
Quisiera creer que detrás de esta reforma no hay un intento encubierto del oficialismo por volver al pasado en la ley como ya se está volviendo al pasado en las políticas públicas. Prefiero asumir que se trata de propuestas de reformas parciales bien intencionadas. Lo más prudente sería dejar de lado los parches y concentrar los esfuerzos de este Congreso en debatir de cara a la sociedad un nuevo marco normativo sobre drogas. Esto por varias razones.
Primero, porque la legislación vigente sobre drogas, como he dicho, ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Segundo, porque su aplicación ha demostrado que no dio los resultados que se había propuesto, imponiéndose la necesidad de explorar otras alternativas más eficaces y eficientes en materia de lucha contra el narcotráfico. Tercero, porque cualquier debate sobre drogas que no tenga a la salud como eje central, esquiva el problema principal de toda esta cuestión: la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos.
Vengo de una provincia que sabe muy bien cuáles son las nefastas consecuencias del narcotráfico. Actualmente, se encuentra en curso el juicio por la causa conocida como el “narcoescándalo” o de los “narcopolicías”, la cual viene mostrando cómo el tráfico de drogas ha permeado en las fuerzas de seguridad, el poder político y judicial y hasta en los medios de comunicación. Lo que es peor, este verdadero drama ha puesto en evidencia la capacidad de daño que puede llegar a tener el crimen organizado para la propia convivencia democrática.
Digo esto porque no es casual que la rebelión de la policía de mi provincia en el año 2013 se haya desatado poco tiempo después de que saliera a la luz este caso. Allí hubo un intento, por parte del oficialismo de mi provincia, por desligarse de toda esta cuestión y circunscribirla a un grupo pequeño de policías corruptos. Entonces, un sector corrupto y corporativizado de la policía hizo sentir su autonomía y poder acumulados durante décadas, de la dictadura a esta parte. No solo vaciaron las calles dejando de cumplir con su trabajo y su función social, sino que activamente organizaron a los jóvenes de los sectores populares, que cotidianamente son víctimas y carne de cañón del narcotráfico, para generar un escenario de caos.
Esta rebelión no quedó allí y comenzó a ampliarse hacia otras provincias, y durante unos dramáticos días se puso en jaque la propia institucionalidad democrática. La secuela social y cultural fue una fuerte sedimentación de los estigmas sociales hacia los jóvenes de los sectores populares por parte de los medios de comunicación y las capas medias y altas; así como un nuevo pacto entre el crimen organizado, los sectores corruptos de la policía y el poder político provincial.
Recuperados el orden y la seguridad, los medios de comunicación limitaron nuevamente esta catástrofe social a una causa judicial que cada vez se transforma más en un laberinto cuya salida parece inalcanzable. No sería la primera vez que gana la impunidad cuando se trata de narcotráfico. Pero lo que las cámaras no muestran y el Estado no aborda es la dramática situación sanitaria en materia de drogas que se vive un muchos de los barrios de nuestras ciudades y pueblos.
Durante los últimos años habíamos comenzado a avanzar fuertemente en un abordaje territorial de los consumos problemáticos acercando el Estado para atender, contener y proteger a nuestros jóvenes en situación de vulnerabilidad. Luego de muchos años y de mucho esfuerzo, y gracias a una firme decisión política por parte del gobierno anterior, la Sedronar dejó de ser una plataforma de lobby de la política de “guerra contra las drogas” defendida por la DEA, para poner la salud como columna vertebral de sus políticas públicas.
Desde que asumió este gobierno, todos los centros y programas han visto reducidos sus presupuestos y muchos de sus trabajadores y trabajadoras han sido despedidos. Esto ha afectado muy fuertemente la presencia del Estado en las zonas vulnerables, alejando una vez más del sistema de salud y protección social a quienes más lo necesitan. Esto no es casual, pues se intenta restaurar una política cuyo eje sea la sanción del usuario en desmedro de la prevención y el tratamiento de los consumos problemáticos.
A esta situación se suman los crecientes reclamos por parte de las madres con hijos con padecimientos crónicos que necesitan de las propiedades del cannabis para curarse, reducir los daños y apaciguar el dolor. Madres que contra todos los prejuicios sociales e institucionales han puesto, como todas las madres lo hacemos, el interés y la salud de sus hijos por sobre cualquier otra cosa. Esas madres son las que, de aprobarse este proyecto, estarían nuevamente en peligro de ser perseguidas, reprimidas y sancionadas por amar y cuidar a sus hijos.