6. Inserción solicitada por el señor diputado Santillán

Creación del Consejo Federal de Precursores Químicos como órgano asesor de la autoridad de aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos.

Con este proyecto estamos haciendo referencia a una reforma muy superficial. Consideramos que la intencionalidad del oficialismo es completamente distinta a la de modificar una ley que permita luchar verdaderamente contra el narcotráfico. Nosotros proponemos una modificación integral de la ley de estupefacientes para que se deje de perseguir a aquellos que realizan uso personal o usan estas sustancias para el tratamiento medicinal de sus hijos.
Hoy estamos debatiendo un proyecto que modifica la ley 23.737, de estupefacientes, que data de 1989, muy obsoleta, ya que esta no considera tratamientos ni actualizaciones presupuestarias. Consideramos que el narcotráfico es un flagelo que sufren muchas partes del mundo y, como tal, debe ser tratado como un problema de salud.
La Argentina suscribió diversos tratados internacionales, y esos tratados establecen que los Estados debemos garantizar el derecho humano a la salud. Este es un derecho fundamental y, por lo tanto, obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos el acceso a los tratamientos. Hoy ese Estado niega ese tratamiento a través de una legislación obsoleta que ahora estamos modificando en lugar de hacernos cargo y de cambiar la realidad, receptando el pedido de estos miles de pacientes que hoy hacen uso del cannabis clandestinamente. Lla nueva ley de Salud Mental 26.657 en su artículo 4° pregona la igualdad de derechos frente a los servicios de salud de los usuarios de drogas legales e ilegales, un imposible en el marco de la ley de drogas vigente.
El nuevo Código Civil enfatiza, en armonía con la ley de Salud Mental, que “deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades”, pero esto no tiene posibilidad de implementación para los usuarios de drogas, que bajo la Ley 23.737, deben elegir entre cárcel y tratamiento; no obstante estas contradicciones hoy no contamos con una política oficial de reducción de daños que permita reducir problemas del consumo como las sobredosis ni con una ley que deje de castigar al usuario de drogas.
Portugal, por ejemplo, ha sido pionero en un modelo en la escala de grises de la reforma de las políticas de drogas, más recientemente emulado en la región en Chile, Brasil y México, descriminalizando el uso personal y la tenencia para consumo de cualquier droga.
Nadie que posea lo que se considere menor a las dosis personales, correspondiente a diez días de consumo, puede ser sentenciado a la cárcel o involucrado en antecedentes delictivos. Así, las dosis mínimas que se entienden para consumo personal no están fijadas por una cantidad de sustancia (como en las leyes de Colombia, México o Perú). Según los estudios del instituto norteamericano Cato, la descriminalización produjo una reducción en las patologías asociadas al uso de drogas -lo que sus defensores argumentaban-.
En nuestro país en la provincia de Chubut se agregó en el Vademécum de las obras sociales el aceite de cannabis teniendo en cuenta casos testigos, y es por eso que consideramos que si queremos combatir el narcotráfico lo hagamos de otra manera; es decir, de manera integral y no condenando a consumidores o a las madres que pretenden un tratamiento para sus hijos.