8. Inserción solicitada por la señora diputada Terada

Creación del Consejo Federal de Precursores Químicos como órgano asesor de la autoridad de aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos.

Antes de referirme puntualmente al proyecto sobre precursores químicos, me gustaría poder hacer un poco de historia y traer algunos fragmentos del trabajo coordinado por la doctora Elisa Carrió y que contó con la participación de los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires Walter Martello, licenciada Maricel Etchecoin Moro, Liliana Piani, Daniel Exposito,licenciado Sebastián Cinquerrui, el entonces legisladorlicenciado Fernando Sánchez y por el Centro de Investigación de la Coalición Cívica, lalicenciada Paula Oliveto Lago y el diputado nacional Juan Carlos Morán. Dicho Trabajo se realizó en el 2009, donde entre otras cosas se denunciaba la proveniencia del dinero de campaña de la ex pareja presidencial.
El informe da cuenta en su Capítulo III, “Participación y complicidad estatal en el crecimiento y diversificación de la droga en la República Argentina-el rol de Aníbal Fernández”, de lo siguiente: “Así como lo veníamos sosteniendo en otras oportunidades, el triple crimen de General Rodríguez y sus vinculaciones con el desvío de precursores químicos como la efedrina y la pseudoefedrina viene a confirmar lo que se venía denunciando en diversos informes realizados por organismos internacionales especializados en estos temas, en los cuales se establecía que nuestro país muestra una ausencia de políticas públicas eficaces en esta materia. En tal sentido, en el último informe elaborado en 2007 por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) correspondiente a la evaluación efectuada dentro del denominado "Mecanismo de Evaluación Multilateral" (MEM) para el bienio 2005-2006 se "...reconoce el esfuerzo realizado por Argentina por mantener un mecanismo de control de sustancias químicas, pero observa con preocupación que la entidad nacional que ejerce el control no cuenta aún con una reglamentación adecuada que le permita cumplir eficazmente sus responsabilidades. Tampoco cuenta con estadísticas que integren las incautaciones de sustancias químicas a nivel nacional, así como sobre la cantidad de sustancias desechadas".
Durante la visita de las autoridades del Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) a la reunión conjunta de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, el Subdirector del organismo resaltó la ausencia de un decreto que reglamente la Ley Nº 26.045 que creó el Registro de Precursores Químicos, siendo la misma esencial para que la ley "sea operativa, dadas las particularidades el comercio -de precursores- en la Argentina". Cabe resaltar que dicha ley fue promulgada el 6 de julio de 2005, y habiendo pasado más de tres años, la misma se encuentra sin ser reglamentada por el correspondiente decreto de la Presidencia de la Nación.
De igual modo, el Gobierno de los Estados Unidos advirtió a través de su embajador Earl Anthony Wayne su preocupación por el "rápido crecimiento del comercio ilegal de efedrina y otros precursores químicos".
Nada de esto fue tenido en cuenta por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner aun cuando, según datos oficiales, en los últimos 3 años, llamativamente, se ha triplicado la importación y exportación de efedrina y pseudoefedrina por parte de la República Argentina. Tan sólo en 2008 ingresaron 52,4 toneladas, aunque se reconoce que sólo 10 son utilizadas por la industria farmacéutica. Se infiere que gran parte del excedente es destinado como precursor químico para la producción de drogas sintéticas. La cantidad de efedrina que importa la Argentina la convierte en el tercer importador mundial, muy por delante de países como Estados Unidos o Brasil.
Por otro lado, se evidencia una clara inconsistencia institucional, en donde los distintos organismos de la administración pública nacional no encuentran demarcadas sus competencias, lo que provoca que sus funcionarios se libren de toda responsabilidad por los incumplimientos de lo ordenado en la leyes vigentes, realizando acusaciones cruzadas en cuanto a la inoperancia en el accionar de otros organismos.
Son graves las afirmaciones realizadas por el entonces ministro de Justicia y actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández en un reportaje publicado por el diario Clarín el 22 de agosto del corriente año, en el que manifestó que la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) "no sabe nada de drogas". Incluso dijo que "SEDRONAR tiene el registro desde hace tres años de sustancias químicas de corte, como la efedrina. ¿Cuántas causas se originaron en ese tiempo por denuncias suyas? Cero. Quiere decir que no hay ningún control. Nuestra preocupación es mayúscula, porque si la Argentina es elegida para la preparación de drogas, como se vio en lo de Maschwitz... La efedrina para nosotros es un tema muy preocupante, porque es uno de los posibles nichos a explotar por los narcos, por un montón de razones. Entre otras, porque no hay controles acabados de las sustancias".
Ante esto, corresponde sostener ¿cómo puede entenderse que un ministro de la Nación que se desempeña en su cargo hace más de cinco años manifieste que no existe ningún control sin tomar cartas en el asunto? Por otro lado, en la visita realizada al Senado de la Nación, el secretario de la SEDRONAR, doctor José Ramón Granero, denunció que "desde 2005 Fernández impide a los jefes de las fuerzas de seguridad concurrir a las reuniones de trabajo para coordinar las tareas de lucha contra el narcotráfico" y aseguró que el organismo a su cargo realizó "más de 20 denuncias penales por infracciones a la ley de estupefacientes en materia de precursores químicos. Que no haya sentencias condenatorias no significa que no haya denuncias penales".
En el mismo sentido vale la controversia entre lo expresado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña en alusión al control de las empresas farmacéuticas habilitadas para la importación de algunos precursores químicos como la efedrina, y la inacción y dudosa relación de estas empresas vinculadas al narcotráfico con el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli.
A esta altura es evidente que el legítimo debate sobre la despenalización del consumo de drogas, en vez de constituir un aspecto importante a analizar de la problemática, resulta en un eficaz distractivo de lo que el gobierno nacional no puede o no quiere hacer respecto de la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, no son pocos los actores públicos que han manifestado gran preocupación debido al avance del narcotráfico en nuestro país, al punto de llegarse hablar de la existencia de un estado de "pre-cartelización", con experiencias similares a las vividas por países como Colombia o México.
Esta circunstancia ha sido advertida por un grupo de 80 jueces y magistrados nacionales, provinciales y federales que mediante un comunicado sostuvieron que la oferta y la demanda de drogas "registra niveles sin precedentes" en el país y que al perseguir a los consumidores "se ha distraído la atención en contra de los espacios de corrupción política y policial" denunciando incluso que las bandas de narcotraficantes "en muchos casos recibieron protección política, administrativa y judicial" y que "lo mismo puede decirse de una ausencia total del Estado en la regulación efectiva del mercado de medicamentos, en general, y del de psicotrópicos, en particular".
En este sentido, destacan que "se ha podido verificar que la política vigente en materia de drogas no solamente no ha disminuido su tráfico ni consumo sino que por el contrario ambos siguen en alza", viéndose un "desplazamiento de políticas sociales de asistencia, prevención y atención de la marginalidad que ha generado una gran cantidad de muertos como producto de la ilegalidad y aumento de la delincuencia como consecuencia de la necesidad de adquirir drogas, agravándose la corrupción en las agencias estatales, no solamente en el control policial sino en todos los estamentos."
En el comunicado mencionado anteriormente, altos representantes de nuestro Poder Judicial sostuvieron que "con un eficaz despliegue del derecho administrativo y sus sanciones puede llegar a regularse todo lo concerniente al mercado de medicamentos, el ejercicio de las profesiones sanitarias, la prevención de que los centros de tratamiento de adictos no desplieguen técnicas violatorias de derechos humanos fundamentales, la prevención de la desviación del comercio de precursores y sustancias químicas para la elaboración de drogas y el control del lavado de activos provenientes de actividades criminales, quedando al derecho penal sólo los comportamientos intolerables para la pacífica convivencia social."
A mayor abundamiento, encontramos las trabas que el ministro Aníbal Fernández ejerció sobre el Congreso de la Nación en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley que penaliza el desvío de precursores químicos para la fabricación de drogas y establecía sanciones a quienes ejercieran este tipo de comercio de manera ilegal. Conforme consta en la versión taquigráfica del Senado de la Nación, el entonces ministro del Interior, mediante el envío de una nota, pretendió desalentar el tratamiento de la norma.
En ese orden se inscriben las manifestaciones obrantes de la senadora Escudero, cuando defendió el proyecto en el recinto, en las que denunció "falta de voluntad política para avanzar en el proyecto". Molesta por las trabas que había tenido el dictamen, Escudero criticó que se intente paralizar el proyecto "cuando se llenan la boca hablando de la lucha contra el narcotráfico", en lo que pareció una alusión al ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández, que en esos días impulsaba la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal.
A esta altura es evidente que el legítimo debate sobre la despenalización del consumo de drogas, en vez de constituir un aspecto importante a analizar de la problemática, resulta un eficaz distractivo de lo que el gobierno nacional no puede o no quiere hacer respecto de la lucha contra el narcotráfico.
Esta circunstancia en la que los organismos responsables de paliar estos problemas muestran una gran incapacidad en su accionar trae como resultado la instalación de carteles internacionales de la droga con profundo arraigo en la Argentina, con el correspondiente e inevitable aumento de los niveles de criminalidad y violencia que ejercen sobre la sociedad.
Tal es así que la Auditoria General de la Nación en su informe sobre la SEDRONAR observa la ausencia de controles y de políticas públicas.
Así informa y describe las maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la SEDRONAR en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias.”
Así, en un amplio informe del que sólo referencio un capítulo, podemos recordar que en esta década pasada poco o nada se hizo para empezar la lucha contra el narcotráfico en nuestro país.
Hoy nos encontramos sumando una herramienta más en la lucha contra el narcotráfico. Como sabemos, la gran mayoría de las drogas, sean sintéticas o no, requieren de la utilización de precursores químicos para su proceso de producción. Entre otras, la modificación que estamos aprobando en el artículo 44 de ley 23.737, resulta necesaria para poder controlar el desvío y/o traslado de estas sustancias.
Lamentablemente, de un día para otro no vamos a desmantelar las cocinas que hoy tenemos en el país, producto de las migraciones que los grandes carteles hicieron de Estados Unidos a México y luego desde México hacia Argentina, pero sí vamos allanando el camino.
Hace dos días se incautaron 4.000 litros de precursores químicos, principalmente ácido clorhídrico; hace tres semanas se habían incautado 3.700, situación que no hace más que exponer la vulnerabilidad que hoy tenemos en materia de lucha contra el narcotráfico y mostrarnos una vez más que los asentamientos de los carteles en nuestro país responden a un mercado creciente, continuo, expandido, diversificado y altamente rentable, lo que nos lleva a replantearnos la estrategia combativa porque claramente hasta ahora se ha combatido muy poco y en cambio hemos abierto la tranquera de par en par permitiendo que se desarrolle un mercado minorista creciente, particularmente de cocaína y marihuana.
Drogas que antes se producían en países vecinos e ingresaban al país por vía terrestre, fluvial o aérea, hoy se elaboran acá gracias a la protección policial, y por qué no política, a los crecientes grupos narcotraficantes, lo que les garantizó expandirse y estabilizar el mercado ilegal de drogas a lo largo y ancho del país y principalmente en las ciudades más dinámicas. Hemos dejado de ser un “país de tránsito” para convertirnos en un país productor de estupefacientes, situación que fue subestimada por los gobiernos anteriores… Tanto que el narcotráfico tiene barrio privado en la provincia de Buenos Aires.
La situación de la provincia del Chaco no es distinta; de hecho se han incrementado los casos de avionetas y vehículos aéreos que deben “descender de urgencia” en los campos de la zona. En su gran mayoría se deben a acuerdos con los arrendadores o dueños de los mismos como una suerte de parada estratégica para poder continuar hacia Buenos Aires o a Europa.
A esto tenemos que sumarle el grave problema por la falta de radares y controladores y la cercanía de la Triple Frontera, los pocos recursos destinados al control y prevención del narcotráfico y la falta de personal policial idóneo para la acción, los propios lugareños que ven en la infracción de la ley una posibilidad de ingreso efectivo, situación que ha quedado comprobado que se repite en todos los centros urbanos y rurales donde los carteles de narcotráfico se han instalado. Ante la imposibilidad de una fuente de trabajo real y permanente, los narcos aparecen como los grandes protectores de estas urbes, calando cada vez más profundo y generando vínculos perpetuos. Vínculos que hoy estamos viendo que se han hecho muy fuertes.
Vamos a acompañar los dos proyectos que vienen con sanción del Senado, porque queremos empezar a cambiar la Argentina, queremos un país donde los narcos se sientan incómodos y que no tengan posibilidad de negocio. Queremos ser el país que ejerce el control efectivo de los estupefacientes y confiamos que con este cambio que inició en diciembre del 2015 lo vamos a conseguir.