8. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CIAMPINI

Modificación del Código Nacional Electoral

El propósito de las reglas electorales es organizar la competencia política y la representación. Determinan cómo se compite, quién puede competir y quién ocupará los cargos según los resultados. Una reforma política implica entonces influir en la distribución del poder político y en quiénes tendrán más o menos facilidades para acceder a él. La reforma que impulsa el gobierno nacional junto con los bloques Justicialista, FAP y Frente Renovador busca modificar radicalmente cómo votamos en Argentina y lo principal es que no tiene en cuenta las características de la ciudadanía argentina. El gobierno nacional con este sistema de votación quiere sortear las dificultades de fiscalización que tiene su partido, terminar su dependencia de aliados como la UCR para garantizar esa fiscalización e incidir en los efectos de arrastre de la boleta nacional a su favor.
Las reformas propuestas difícilmente mejoren la transparencia y equidad y aún menos la confianza de los electores. Por el contrario, una reforma del estilo de la propuesta, que se pretende llevar delante de forma rápida, puede atentar directamente contra la legitimidad del propio sistema democrático. La introducción del sistema de boleta única electrónica, de por sí no garantiza mayor transparencia y por el contrario puede generar fuertes problemas de legitimidad. Es condición de cualquier democracia que los ciudadanos puedan entender y racionalizar cada paso de la elección. Esto quiere decir, que entiendan cómo sus votos luego de introducidos en la urna, se cuentan y se transforman en un resultado concreto. Ese resultado concreto, que se traduce en la decisión de quién nos gobernará y hacia qué rumbo, debe ante todo ser considerado por cada uno de los ciudadanos como legítimo. Los ciudadanos deben entender que su voto es parte de ese resultado y que la forma en que tales votos se contabilizaron es la forma más válida de hacerlo. Esa certeza es la que permitirá luego la creencia y la legitimidad de la democracia. Si esa creencia se pone en cuestión, se puede herir fuertemente el corazón de la democracia y del sistema representativo.
Asumir que todos los ciudadanos argentinos pueden ser capaces de entender cómo se procesan los votos de forma electrónica, es desconocer la heterogeneidad de nuestra realidad política. La penetración de las nuevas tecnologías es mucho menor, por ejemplo, en las áreas rurales hablamos de más de la mitad de la población del país que en los centros urbanos. A ello debe sumarse el desigual acceso a los servicios que existen a lo largo de toda la geografía argentina, muchos lugares en donde no hay energía eléctrica o la ausencia de conectividad a Internet. Tales factores podrían cristalizar desigualdades a la hora del ejercicio de los derechos civiles y políticos.
El sistema de Boleta Única Electrónica que promueve el gobierno nacional incorpora tecnología a todo el proceso electoral. Una máquina con pantalla táctil oferta todos los candidatos y categorías, y una boleta con chip o memoria digital almacena la decisión del elector. La provisión e implementación del sistema completo son realizadas por empresas especializadas en el hardware y software necesario que el Estado deberá contratar. Con la BUE los ciudadanos y los partidos políticos no sólo deberán controlar el accionar del Estado sino también a empresas con características oligopólicas.
Al voto electrónico se le reconoce ganancia en la celeridad del recuento de votos, pero con un costo muy alto en términos de transparencia. Incorporar conceptos como chip, almacenamiento digital, software y hardware hacen a las elecciones más complejas y menos confiables. Los partidos seguirán necesitando de sus fiscales –que deberán estar más entrenados que antes , pero también deberán incorporar fiscales informáticos que los representen en procesos de auditoría para la revisión del sistema de emisión de sufragio, recuento, transmisión y difusión de resultados provisorios, escrutinio definitivo y deberán garantizar uno en cada establecimiento de votación el día de la elección.
En términos de equidad, el nivel de tecnología y profesionalidad requerido en el acto electoral puede generar desigualdades de acceso en votantes con distintas capacidades. Y si su implementación no tiene en cuenta las desigualdades que persisten y caracterizan a nuestras sociedades y sus territorios, puede resultar mucho más inequitativo que el sistema de votación anterior. Si todavía no podemos garantizar conexiones eléctricas y de internet seguras en algunas zonas de nuestra provincia, muy difícilmente se podrá brindar la transparencia y equidad necesarias para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se produce un corte de luz durante el comicio o durante el escritinio?
Este tipo de voto es el que se ha prohibido en Alemania, Bélgica y Holanda en virtud de los problemas de legitimidad que generaban ante la imposibilidad de control por parte del ciudadano de cada paso y porque se comprobó que los chips podían ser alterados desde dispositivos externos, conllevando a la manipulación de los resultados. También es importante remarcar que al día de hoy ningún sistema de voto electrónico es inviolable. Nadie puede asegurar, por ejemplo, que no exista posibilidad de monitorear los resultados con anterioridad al cierre del comicio. La tendencia a nivel mundial ha sido el retorno al uso de papeletas. En un sistema de voto manual el escrutinio de mesa puede ser adulterado intencionalmente por ejemplo en algunas urnas específicas pero el fraude difícilmente puede hacerse de forma sistemática y generalizada; en cambio, en los sistemas electrónicos es posible fraguar los datos de forma centralizada.
Por otro lado, el sistema de boleta tradicional que utilizamos hasta la actualidad fue impulsado para fortalecer el rol de los partidos políticos. En nuestra democracia representativa son los partidos quienes se encargan de imprimir las boletas, distribuirlas, fiscalizar y colaborar en el recuento de votos. En términos de transparencia el sistema tradicional es muy seguro porque el control y fiscalización de la elección es accesible a cualquier ciudadano alfabetizado y no requiere una capacitación especial para comprender y acompañar el desarrollo de la emisión del voto.
Por último, un punto central de esta reforma tiene que ver con los costos económicos. El sistema BUE implica un aumento exponencial del gasto en el proceso electoral. En 2015, en Chaco, la impresión de una boleta tradicional de papel costó 1,5 pesos, mientras que la boleta electoral con chip 5 dólares cada una. Ello implica un aumento en el costo sólo en boletas del 6.000 por ciento. Si proyectamos los costos de implementación del 2015 en Salta y Chaco, para la provincia de Neuquén significarían 27 millones de pesos en la contratación de 1.479 máquinas de votación, sumado a 45 millones de pesos por la impresión de la boleta electoral con chip, contemplando poco más que una por elector. Estos 72 millones de pesos significan menos obras de red de gas, agua potable o cloacas y menos viviendas, escuelas u hospitales para los nequinos.
Por todo lo expuesto no apoyo el proyecto del oficialismo.