9. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CLERI

Modificación del Código Nacional Electoral

Señor presidente: recientemente hemos celebrado los 100 años de la elección popular de Hipólito Yrigoyen como presidente de todos los argentinos. Celebramos aquel hito histórico de nuestra patria porque Yrigoyen fue elegido, por primera vez, mediante el sistema de sufragio universal aunque solo para los hombres , obligatorio y secreto implementado por la ley Sáenz Peña sancionada en 1912.
Este acontecimiento significó un gran salto cualitativo para nuestra democracia, dado que implicó la inclusión a la política nacional de una gran masa de argentinos que hasta ese momento se encontraban excluidos de la participación política y de los derechos civiles más importantes. Para reflejarlos en números, en 1910, en la elección que consagró como presidente a Roque Sáenz Peña, votaron alrededor de 190.000 electores. Después de la aprobación de la ley, en la siguiente elección de 1916, que consagró presidente a Hipólito Yrigoyen, votaron casi 800.000 electores. Es decir que gracias a la reforma electoral se amplió enormemente la base representativa y la legitimidad del gobierno de Yrigoyen fue mucho mayor que la de su antecesor.
Sin embargo, la ley Sáenz Peña mantuvo excluidos del sistema electoral a las mujeres y a los habitantes de los denominados “territorios nacionales”. Sus derechos recién serían reconocidos casi 30 años después, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, cuando a través de la ley 13.010 se les reconoció el derecho al sufragio.
Transcurridos 104 años de aquel gran salto político que permitió la participación de las masas populares en la elección de las autoridades políticas estamos hoy aquí debatiendo una reforma electoral que trae más dudas que certezas. Decimos que trae más dudas que certezas dado que, por los argumentos que voy a esgrimir, el nuevo sistema de votación propuesto presenta una serie de vulnerabilidades y cuestionamientos políticos que obligan a rechazar la propuesta.
Como bien explicara el miembro informante de mi bloque, en la Argentina coexisten hoy cuatro sistemas de votación: boletas múltiples de papel provistas por los partidos, utilizadas hasta ahora en casi todo el país; boletas únicas de papel separadas por categoría, en Santa Fe; boleta única en papel para todas las categorías, en Córdoba, y boleta electrónica impresa, en Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora bien, creemos que el sistema de votación debe respetar dos cuestiones fundamentales: la soberanía popular y la transparencia electoral. Lógicamente, si no hay transparencia electoral, la soberanía popular, como elemento fundamental de nuestro régimen representativo y democrático, se verá subvertida o desvirtuada. Por tal motivo, resulta imprescindible prestar especial atención en la necesidad de garantizar la transparencia electoral.
Si entendemos que la soberanía popular se expresa fundamentalmente por medio del voto; es el pueblo en su conjunto y cada uno de los ciudadanos en particular quienes deben poder controlar el proceso electoral.
Aquí nos encontramos con el primer cuestionamiento del sistema. El oficialismo nos habla de un sistema de hardware y de software mediante el cual se implementará el sufragio y se controlarán las elecciones, el que a su vez será controlado por la Cámara Federal Electoral. Es evidente que un sistema de votación cuyo soporte posee elementos tecnológicos mediante un software programa informático y hardware computadoras y dispositivos electrónicos sólo podrá ser controlado por una minoría informática. Por eso es que el miembro informante de la mayoría habló de la necesidad de contar con fiscales informáticos.
Por lo tanto, de ser así, estaríamos en presencia de un sistema electoral que sólo podrá ser controlado por una minoría informática que reemplazará el actual control que hoy realiza cualquier elector con mínima instrucción.
Entonces, de implementarse el proyecto que impulsa la mayoría, el control ciudadano de las elecciones quedaría en manos de solo algunas empresas. Sería una especie de privatización del control del escrutinio electoral.
Este aspecto del nuevo sistema propuesto no solo es reprochable políticamente sino también constitucionalmente. Este sistema propone una intermediación entre el votante y el resultado electoral de carácter excluyente, que quedaría en manos de una minoría técnica con graves riegos de manipulación y fraude.
Como antecedente de peso de lo que sostenemos podemos citar el fallo del tribunal constitucional de Alemania que en 2009 declaró inconstitucional el voto electrónico. El alto tribunal alemán declaró inconstitucional la utilización del voto electrónico, precisamente, porque el ciudadano debe poder controlar los pasos esenciales del acto electoral y la determinación del resultado de manera fiable y sin conocimientos técnicos especiales. Esto significa que el sistema debe ser público. Textualmente, el tribunal alemán expresó: “En la República la elección es cosa de todo el pueblo y asunto comunitario de todos los ciudadanos. Su legitimidad no puede ser sacrificada en función de la comodidad de funcionarios o de la ansiedad de los políticos por conocer los resultados”.
Por igual motivo también se apartó Bélgica, porque se trata de un sistema que no permite la fiscalización al común de la gente, lo que conspira contra la transparencia del sistema y, por ende, contra la credibilidad pública.
También observamos que compromete el carácter secreto del voto, que es un requisito constitucional. Los consultores informáticos sostienen que el chip de cada boleta, al ser emisor de radiofrecuencia RFID, permite la lectura a distancia, lo cual implica vulnerar el secreto del voto.
Esta característica fue el principal fundamento de la decisión del gobierno de Holanda en 2008 para apartarse del sistema de voto electrónico que utilizaron durante más de veinte años. Este sistema está en retroceso en el mundo; pocos países lo utilizan: sólo Venezuela, Filipinas, Estonia, Brasil e India, sobre un total de 195 países.
No solo Alemania y Holanda han vuelto a la boleta de papel, sino que recientemente lo hicieron Paraguay y Bélgica. Por su parte, Francia, Gran Bretaña, Finlandia, Australia, Irlanda e, incluso, el 66 por ciento del padrón de los Estados Unidos votan manualmente con boletas de papel y un lector electrónico para el conteo.
Por último, y sin acabar la larga lista de vulnerabilidades y cuestionamientos que el sistema propuesto detenta cabe advertir que es muy costoso. Si bien no hay datos públicos fehacientes sobre el costo que tuvo su utilización en la Capital Federal, proyectando el costo que tuvo en Salta, que fue de 71 millones de pesos, puede estimarse que para todo el país podría tener un costo de alrededor de 4.500 millones de pesos, o sea, 300 millones de dólares. Montó por demás de excesivo si estimamos que el actual sistema de voto papel ha costado cerca de 26 millones de dólares en la última elección. Es decir, el sistema de voto electrónico costará cerca de 13 veces más que el sistema actual.
El proyecto propuesto no se limita solo a la reforma del modo de sufragio. Observamos que también se propone modificar la ley 26.571, de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y prohibir las dobles candidaturas. Es decir, alguien que quiera ser candidato nacional no podría ser al mismo tiempo candidato provincial o municipal. Quienes deseen ser candidatos a cargos nacionales, deberán serlo con exclusividad.
Asimismo, se proponen modificaciones a la ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos, aunque sin cambiar estructuralmente la forma de financiamiento de los partidos y las campañas electorales, como hemos propuesto; a la ley 19.108, que establece las funciones y la competencia de la Cámara Nacional Electoral; a la ley 15.262, de simultaneidad de elecciones provinciales y municipales, y a la ley 23.298, de los partidos políticos.
Si bien cada una de las reformas propuestas posee cuestionamientos, me detendré en dos aspectos. El primero, a la forma propuesta de elección del vicepresidente y, el segundo, la prohibición de dobles candidaturas.
En primer lugar, el proyecto en debate prevé cambiar el modo en que se componen las fórmulas presidenciales. En las primarias ya no se elegirán candidatos a presidente y vice sino solo a presidente. Quien se imponga dentro de cada partido, alianza o “acuerdo electoral” tendrá la opción de elegir a su compañera o compañero de fórmula luego de la primaria. Esta opción, que buscaría compensar a los partidos o listas internas que resultaron derrotadas en la primaria de cada acuerdo electoral y mitigar así el efecto divisivo de las PASO, entendemos que es un riego que podría dar lugar a binomios entre personas con pocas coincidencias y, entonces, comprometer la gobernabilidad. Es decir, que de este sistema, sea cual fuere el partido de gobierno, nazca un gobierno débil, que justamente es lo que desean los poderes antidemocráticos que influyen en la sociedad, es decir, las corporaciones económicas. Por lo tanto, nos oponemos a este modo de elección del vicepresidente. No podemos fragmentar la fórmula electoral y elegir sus componentes a la medida muy probablemente de imposiciones corporativas. La historia nos demuestra que cada vez que la fórmula presidencial se vio debilitada se resintió la gobernabilidad. Creemos necesario, por lo tanto, contar con una formula a presidente y a vice que obtengan ambos el mismo porcentaje de legitimidad electoral. De esa manera evitaremos alquimias políticas construidas a espaldas del electorado.
En segundo término, tal como han advertido varios diputados preopinantes, la prohibición de las dobles candidaturas una persona que sea candidato nacional no podría ser al mismo tiempo candidato provincial o municipal es de una inconstitucionalidad flagrante, dado que la prohibición de una candidatura para un cargo provincial o municipal es materia exclusiva de las provincias, es decir que está al margen de la competencia de este Honorable Congreso Federal.
Por último, queremos expresar nuestro acuerdo a las reformas relativas a la paridad de género. Creemos que es un avance democrático que igualará la representación de género en este Honorable Congreso Nacional. Obviamente, vamos a acompañar el principio de paridad de género, porque eso forma parte del ADN del movimiento nacional justicialista. Nuestras mujeres nunca estuvieron atrás; por lo general estuvieron al lado y, en ocasiones, delante de los hombres.
Por otro lado, me enorgullece recordar que en mi provincia Santa Fe en las últimas elecciones nacionales el Frente para la Victoria conformó su lista de candidatos a diputados nacionales, senadores y parlamentarios del Mercosur respetando la paridad de género. De esta manera podemos decir orgullosos que en este sentido hemos avanzado aún sin una norma legal expresa pero sí con la conciencia ética que lo demandaba.
Para finalizar, el peronismo tiene mucho para decir sobre las conquistas y los avances electorales en la República Argentina. El radicalismo popular yrigoyenista logró la primera conquista allá por 1912 con la ley Sáenz Peña y luego los peronistas fuimos los impulsores del voto de la mujer y de que toda la Argentina tuviera voto. Antes, quienes habitaban los territorios nacionales eran ciudadanos de segunda, porque no elegían al presidente de la Nación. Fue el peronismo el que les dio el voto a esos habitantes. También más recientemente somos autores de la ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos y de límites a las campañas electorales, y de la ley 26.571, que en el año 2009 instauró las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, que por primera vez reguló el financiamiento estatal y la distribución de publicidad audiovisual en la Argentina, generando un acceso equitativo a los medios de comunicación.
Por todo esto es que tenemos legitimidad para debatir sobre el sistema electoral argentino.