2. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CONESA

Ley 23.928 de convertibilidad. Modificación sobre actualizaciones de las deudas de dinero.

El miércoles 23 de noviembre la Comisión de Legislación General de esta Honorable Cámara de Diputados envió un proyecto de ley al recinto por el que se ratifica la prohibición de la indexación de los contratos con carácter de orden público, como si indexar los contratos con la inflación fuera un delito de lesa humanidad. Lo lamentable del caso es que esta insólita prohibición es tan importante y afecta de una manera tan negativa a la economía en general y a las finanzas del país, que dicha prohibición debió tratarse previamente en las Comisiones de Economía y Finanzas, por lo menos.
La Argentina es el único país del mundo que contiene tan drástica prohibición. En realidad, el proyecto de la Comisión de Legislación General trataba de dar paso solamente a una iniciativa muy loable de la honorable diputada Margarita Stolbizer de permitir la indexación en las prestaciones alimentarias, lo cual se autorizó, pero de paso se prohibieron todas las otras indexaciones con carácter de orden público, lo cual era y es ridículo e innecesario.
Incidentalmente, la nueva ley de UVI, las resoluciones sobre la UVA del Banco Central, así como la ley de participación público privada PPP permiten la indexación a contrapelo de la prohibición fulminante y de orden público aprobada por la Honorable Cámara a instancias del diputado Lipovetzky. ¿Cuál prevalecerá? ¿La ley posterior del diputado Daniel Andrés Lipovetzky o la ley anterior sobre la UVI del senador Julio Cleto Cobos y la UVA del presidente del Banco Central Federico Sturzenegger?
En el reciente proyecto de ley del Poder Ejecutivo para reactivar el mercado de capitales de Argentina se permite tímidamente la indexación en algunos contratos financieros. En el mensaje del Poder Ejecutivo de este proyecto de ley se hace hincapié en el tamaño diminuto de nuestro mercado de capitales en relación con el de otros países como son los mercados de capitales de Chile, Brasil, Uruguay, México etcétera. El proyecto de ley del Ejecutivo pretende desarrollar este mercado en la Argentina. Pero entre la prohibición de indexar y la alta inflación, ello será imposible. Como es difícil hacer pizza sin mozzarella, o asado sin carne. Primero hay que tener la materia prima, que es el ahorro en pesos, y conseguir que los argentinos dejen esos ahorros en la Argentina en lugar de comprar dólares y enviarlos a los Estados Unidos. Para ello hay que suprimir la inflación en la Argentina o, alternativamente, mientras haya inflación, permitir la indexación en general en nuestro país, especialmente la de los depósitos a plazo fijo en los bancos.
El primer problema que trae la prohibición de indexar en un país con alta inflación como la Argentina consiste en que el público ahorrista, ante la necesidad de proteger sus ahorros de la inflación, compra dólares. En Chile, por el contrario, país donde los depósitos a plazo fijo a más de tres meses en los bancos están indexados automáticamente, el público no compra dólares sino que deposita su dinero en los bancos. Y de esta manara los ahorros de los chilenos sirven para financiar la inversión dentro del propio país y desarrollar el vasto mercado de capitales de este país vecino.
Además, en la Argentina la única manera de tener los dólares seguros es depositándolos en un banco de Estados Unidos, o simplemente guardando los billetes en cajas fuertes bancarias, o particulares, o simplemente en el colchón. De esta manera, enormes capitales se sustraen del circuito económico argentino y, en todo caso, ayudan el desarrollo económico de los Estados Unidos. Se calcula que en el período 2006-2013 solamente unos 90 mil millones de dólares se fugaron de la Argentina y que, en total la fuga de capitales de la Argentina llega a 400 mil millones de dólares. La AFIP y el INDEC admiten oficialmente unos 200 mil millones. Con esos dineros se hubiera podido comprar YPF al contado, recomprar al 30 por ciento de su valor nominal los títulos argentinos que finalmente compraron los fondos buitre y que nos agredieron judicialmente en los Estados Unidos por medio del Juez Thomas Griesa, construir una red de autopistas, un puerto de aguas profundas, reconstruir nuestra red ferroviaria o financiar buena parte de las ingentes inversiones que demanda la explotación de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta.
En la actualidad, ante la voraz inflación en pesos que experimenta nuestro país, el Banco Central se ve obligado a vender alrededor de 1000 millones de dólares al mes a un tipo de cambio sobrevaluado para calmar la sed de los pequeños ahorristas.
La compra de dólares por el público argentino no solamente proviene de la necesidad de proteger los ahorros frente a la inflación. En efecto, antes las recurrentes sobrevaluaciones de nuestro peso, el mejor negocio es comprar dólares y esperar la próxima e inexorable devaluación. También, ante las frecuentes recesiones que experimenta nuestra economía, la mejor opción es comprar dólares y esperar a que el panorama aclare, y entonces decidir en qué negocio invertir.
El dólar no solamente sirve para proteger los ahorros de la inflación en pesos. También se usa la moneda dólar para transacciones internas de la economía argentina, todo lo cual tiene un alto costo denominado “señoreaje”. Para obtener los dólares monetarios, la Argentina tiene que exportar el exceso de las importaciones, o endeudarse. El costo de oportunidad de esos recursos, supongamos unos 200.000 millones de dólares al 5 por ciento anual funcionan como un tributo de alrededor de 10.000 millones de dólares que la Argentina, país pobre, paga al país rico por el uso del dólar.
Esto es lamentable por cuanto la emisión y administración correcta de nuestra propia moneda, el peso, tendría un costo ínfimo si se realizara por medio de economistas competentes que la Argentina tiene en sus universidades y en su sector privado. Algunos arguyen que los argentinos no somos capaces de administrar nuestra propia moneda y por eso debemos recurrir al dólar. Si esto fuera cierto, tampoco sabríamos cómo administrar nuestra educación, nuestra salud, nuestra seguridad, etcétera, y en tal caso, deberíamos derogar el acta del 9 de julio de 1816, pedirle perdón al Rey de España y rogarle que nos mande un virrey como antes de 1810; o tal vez un interventor y administrador a Estados Unidos para que supla nuestra propia incompetencia.
El uso de la moneda dólar para las transacciones internas de la Argentina y para ahorrar por parte de sus ciudadanos genera un peligro adicional. Este peligro proviene de la llamada “ley de Gresham ”: cuando un país tiene dos monedas ocurre que la mala moneda desplaza a la buena en las transacciones corrientes. En otras palabras, el público argentino trata de pagar con pesos para deshacerse de ellos dado que se desvalorizan. Es el llamado “impuesto inflacionario” que pagan los detentadores de pesos. Ello implica que aumenta considerablemente la velocidad de circulación del peso, y, por el contrario, la moneda dólar es retenida y se la usa para ahorrar, con lo cual el dólar experimenta una disminución en su velocidad de circulación. Sin embargo, el uso de dos monedas crea un grave riesgo macroeconómico pues el aumento de la velocidad de circulación del peso puede ser letal en caso de que el gobierno decida financiarse con emisión monetaria, es decir, con el impuesto inflacionario. En efecto, la conjunción de la emisión monetaria con la alta velocidad de circulación del peso, repotencia el riesgo cierto de hiperinflación, como la que padecimos en la Argentina en 1989. Puede demostrarse que cuando no hay financiación externa, se agotaron las reservas monetarias del Banco Central y la velocidad de circulación de los pesos alcanza a 20 veces por año, en promedio, un déficit fiscal del 5 por ciento del PBI financiado con emisión de pesos, permite alcanzar rápidamente la hecatombe hiperinflacionaria.
La adopción del dólar como segunda moneda induce al público a ahorrar en dólares y a depositar sus billetes verdes en bancos en plazos fijos o cuentas corrientes en dólares. Los bancos, por su parte, prestan ese dinero para diversas actividades como hipotecas para la construcción de casas y departamentos a prestatarios que ganan su salario en pesos, o simplemente a empresas que tienen sus ventas en pesos.
En el 2001 y 2002 pudimos observar el drama creado por el “descalce” de los préstamos en dólares a prestatarios que tienen sus ingresos en pesos. Los bancos no podían devolver los depósitos en dólares pues los habían prestado a clientes que ganaban en pesos y éstos no podían afrontar devolver los préstamos ante la triplicación del valor del dólar en pesos, debido a la depreciación de nuestro peso en el mercado de cambios. Como el Banco Central de la República Argentina no podía emitir dólares, no pudo tampoco acudir a prestar a los bancos dólares para que estos los entregaran y tranquilizaran a sus furiosos depositantes. De esta manera fue claro que el Banco Central no podía cumplir su función esencial de prestamista de última instancia. No es necesario recordar el caos de la crisis monetaria y bancaria de 2001-2002.
El uso del dólar como moneda de ahorro tampoco constituye una panacea. Si bien el dólar es una mejor moneda que el peso argentino, dada nuestra crónica inflación del 20 al 50 por ciento anual, el dólar también padece de una cierta inflación que, aunque menor y del 2 o 3 por ciento anual, deteriora fuertemente nuestros ahorros en esa moneda en el largo plazo. Así, por ejemplo, un ahorrista que hubiera guardado un billete de 100 dólares en 1975, encontraría que el poder adquisitivo de esos mismos 100 dólares sería equivalente a 25 dólares en el año 2000. Es decir que el 75 por ciento de sus ahorros habrían sido licuados por la inflación en dólares. A largo plazo no conviene ahorrar en dólares.
A veces se busca al dólar como moneda para equilibrar el valor de las prestaciones recíprocas en los contratos de largo plazo, es decir para el mantenimiento de lo que los abogados llamamos el sinalagma contractual, que la inflación en pesos destruye cuando los contratos son pactados en nuestra alicaída moneda. El problema es que el poder adquisitivo del dólar en los mercados de cambios de todos los países, y no solamente con respecto a la Argentina, es altamente variable. Así por ejemplo, hace pocos meses el dólar cotizaba a 1,40 por euro y en materia de días pasó a 1,05. Entre 1981 y 1985, el dólar estadounidense experimentó también una fuerte valorización frente al marco alemán, la libra esterlina, el yen japonés y el peso argentino, provocada a su vez por las altísimas tasas de interés en dólares vigentes en el mercado monetario estadounidense. Pero a fines de 1985 el mismo dólar se devaluó en un ciento por ciento con respecto al marco alemán y al yen japonés y otras monedas. Estas fuertes oscilaciones en los mercados cambiarios mundiales, son causadas por razones ajenas a la política económica argentina, la que por supuesto agrega además sus habituales sorpresas y arbitrariedades provenientes en parte de nuestra crónica inflación, como también de errores gubernamentales como el cepo cambiario y cuatro tipos de cambio diferentes en cuyos extremos estaban, por una parte el “dólar oficial” para importadores y exportadores, y por la otra el paralelo o “blue” para transacciones financieras.
Ante el bimonetarismo, el intento del gobierno de regular el ciclo económico bajando las tasas de interés en pesos provoca un aumento de la demanda de dólares que entonces dispara al hipersensible “dólar paralelo”. Así, la regulación debe hacerse emitiendo dinero para financiar al gobierno, lo cual crea el peligro de la hiperinflación a la que nos referimos antes. O también emitiendo bonos “dollar linked” que se suscriben en pesos al tipo de cambio oficial y deberán reajustarse al tiempo de su redención con el tipo de cambio oficial, el que probablemente experimente una devaluación que sería un dolor de cabeza para el gobierno dado que éste deberá necesariamente sincerar el tipo de cambio oficial para terminar con distorsiones cambiarias que destruyen la economía nacional y las exportaciones.
Inmediatamente surge una objeción a nuestra tesis sobre la necesidad de que cada nación tenga su propio Banco Central y su propia moneda. España e Italia, por ejemplo son dos naciones importantes y sin embargo no tienen un banco central capaz de emitir la propia moneda, tal como ocurría antes de 2001 con la peseta o la lira. Ambas naciones han adoptado al euro como moneda, la cual es gobernada desde Alemania por el Banco Central Europeo. Todo ello es cierto, pero al no tener moneda propia, ambas naciones están imposibilitadas de seguir una política de pleno empleo y se tienen que aguantar un desempleo que en el caso de España alcanza al 24 por ciento de la fuerza de trabajo, y en el caso de los jóvenes llega al 50 por ciento. En Italia los hijos se ven obligados a vivir en la casa de los padres hasta los 40 años de edad, porque no consiguen empleo. Esta situación afecta también a otros países menores de Europa como Grecia y Portugal.
¿Por qué ocurre este desastre en la vieja Europa que se supone gobernada por cultos estadistas? Ocurre porque los líderes políticos europeos no entendieron bien la verdadera teoría monetaria y los economistas que los asesoran están en la luna ensayando con inútiles modelos matemáticos. Concretamente no han entendido bien “la teoría de las áreas monetarias óptimas” que en el año 1961 lanzara un Premio Nobel de Economía, el canadiense Robert Mundell.
En efecto, en Canadá, durante los decenios de 1950 y 1960 muchos se preguntaban por qué no adoptar el dólar estadounidense como moneda. Parecía mucho más práctico, dado que el 90 por ciento de las exportaciones e importaciones de ese país iban y venían de los Estados Unidos. Además, cuando Estados Unidos estaba en recesión, Canadá encontraba que sus exportaciones se caían, y, en consecuencia se contagiaba de la recesión estadounidense. Y cuando la economía de USA estaba en plena expansión, Canadá gozaba con un boom de sus exportaciones, las que se expandían maravillosamente, con lo cual el país se contagiaba también de la expansión del gran país del norte.
Ahora bien, cuando un país está en recesión, el Banco Central debe rebajar las tasas de interés y expandir la cantidad de dinero para combatir la recesión y la desocupación. Y cuando la economía de un país está en expansión el Banco Central debe subir la tasa de interés y restringir el crecimiento de la masa monetaria para evitar la inflación. Pues bien, si el ciclo económico canadiense está perfectamente sincronizado con el ciclo económico estadounidense ¿Por qué no tener un banco central común y una moneda común a ambos países? Aparentemente podría ser la alternativa más conveniente y barata para Canadá.
Falso dijo Robert Mundell, cuando joven en 1961. Puede ocurrir, por ejemplo, que la industria de la madera que se alimenta de los enormes bosques naturales del oeste de Canadá entre en crisis ante la aparición de un nuevo material sucedáneo y sustituto de la madera, más barato. Esta competencia generaría una fuerte desocupación en el oeste de Canadá donde están los aserraderos y los bosques. Pero no puede pretenderse que Estados Unidos vaya a rebajar sus tasas de interés porque una industria insignificante para ellos, como la de la madera canadiense, esté en crisis. Sin embargo, la industria de la madera sería importante para Canadá.
La solución económicamente correcta, en todo caso, sería cerrar gran parte de los aserraderos canadienses y que los trabajadores desempleados pudieran buscar trabajo, sea en Canadá, o más probablemente en los mismos Estados Unidos, cuyo enorme mercado laboral presenta más oportunidades. Pero el problema es que las leyes inmigratorias inexorables de los Estados Unidos prohíben la incorporación de mano de obra extranjera. Por ello es que Canadá decidió finalmente conservar al dólar canadiense como moneda, desechando al dólar norteamericano. Si se llegara producir una crisis en una industria importante del Canadá, este país podría reducir sus tasas de interés, lo cual generaría una devaluación del dólar canadiense, la que a su vez le permitiría al país exportar más y subsanar cualquier problema de desempleo, y sanseacabó. Incidentalmente, por las mismas razones, tampoco México adoptó al dólar como moneda, a pesar de que su ciclo económico está muy sincronizado con el del gran país del norte, al igual que el de Canadá. En México, la moneda es el peso mexicano.
Por una parte, queda claro que ante la inflación que sufre nuestro país, el peso argentino solamente sirve para pagar por las transacciones corrientes, pero no sirve como reserva de valor para ahorrar, ni como unidad de cuenta para preservar el equilibrio de los contratos a largo plazo. Pareciera entonces que ante la inflación argentina, el uso del dólar como segunda moneda, a pesar de las siete desventajas que explicamos antes, se torna necesaria.
Este dilema es falso. Existe un sistema monetario alternativo en Chile, que lo resuelve exitosamente. Consiste en desdoblar las funciones de la moneda en dos. Por una parte, la función tradicional de la moneda de servir de medio de cambio en las transacciones corrientes, y por la otra parte, las segundas y terceras funciones de la moneda, que son las de servir de unidad de cuenta estable y de reserva de valor, son transferidas a una unidad monetaria distinta que en Chile se denomina “Unidad de Fomento” (UF). Para explicarlo con sencillez, si un ciudadano chileno quiere preservar el valor de sus ahorros, efectúa un depósito a plazo fijo a más de tres meses en cualquier banco del país, y automáticamente dicho depósito queda indexado con el índice del costo de la vida que elabora el Banco Central de Chile. Así, sus ahorros quedan protegidos contra la inflación. A su vez, los bancos deben prestar esos fondos “calzados”, es decir también indexados con el índice del costo de la vida. Pero la afluencia de ahorro privado a los bancos es tan grande que los bancos se ven forzados a reducir la tasa de interés a los prestatarios, empresas o familias, para poder colocar esos fondos.
Esto, por ejemplo, permite a una familia joven comprar su vivienda con un préstamo hipotecario al 4 por ciento anual a cuarenta años. Al estirar los plazos y bajar las tasas, el salario familiar alcanza para pagar las cuotas mensuales de las viviendas con toda facilidad. De la misma manera, las empresas consiguen préstamos a largo plazo de los bancos a tasas muy bajas, lo cual fomenta la inversión en activos fijos productivos. A los chilenos no se les ocurre comprar dólares para ahorrar, pues los ahorros en unidades de fomento (UF) son mejores que el dólar, ya que este último está corroído por una tasa de inflación del 2 o 3 por ciento anual y la UF mantiene incólume su valor real. La contrapartida de la indexación chilena, es la abundancia de ahorro disponible, lo cual determina las bajas tasas de interés y el largo plazo de los préstamos. Este sistema permitió a Chile desarrollarse en los últimos treinta años y superar a nuestro país en ingreso per cápita.
Este sistema es el polo opuesto del sistema de la semi-dolarización en el cual la indexación está terminante prohibida por ser contraria al orden público, nada menos. Esto es lo que establece la ley de convertibilidad N° 23.928 cuyas disposiciones fueron ratificadas en el lamentable proyecto de ley que se aprobó el miércoles 23 de noviembre de 2016 en la Cámara de Diputados. Como si la indexación fuera algo así como un delito de lesa humanidad, cuando en realidad es una bendición, como lo demuestra el caso chileno. ¿Por qué tantos prejuicios e ignorancia en nuestro país con respecto a la indexación?
Infortunadamente, en abril del año 1980, el Banco Central de la República Argentina estaba en manos de economistas liberales y monetaristas que evidentemente no entendían bien ni el monetarismo ni el liberalismo. Estos economistas estaban embelesados de las supuestas bondades de la tasa de interés libre, determinada en el mercado monetario por la oferta y demanda de fondos prestables en el circuito bancario. Infelizmente, la tasa de interés de corto plazo no era libre pues, por una parte, estaba determinadaa niveles altísimos por el propio Banco Central con su restricción de la oferta monetaria y, por la otra, por la sobrevaluación del peso determinada por la “tablita cambiaria”, también impuesta desde el Banco Central.
A esas dos determinantes de altas tasas de interés habría que agregar tres más: la demanda de fondos provenientes de las letras de tesorería que emitía el propio gobierno, los enredos de la cuenta de regulación monetaria y, sobre todo, las expectativas de una alta inflación del orden del ciento por ciento anual vigente en ese entonces. Con respecto a este último punto, es bien sabido que la tasa de interés libre siempre tiende a ubicarse algo arriba de la tasa esperada de inflación: es la famosa “ley de Fisher”.
En aquellos tiempos, 1980, los economistas del Central también resultaron embobados por el sistema de la “tasa de interés libre de corto plazo” vigente en el mercado del euro-dólar en Londres. La llamada “tasa LIBOR ”. Como la inflación en dólares en Estados Unidos estaba alrededor del 10 por ciento anual, la tasa de interés libre en el mercado de dólares de Londres debía estar alrededor del 12 por ciento anual, y se reajustaba de acuerdo la oferta y demanda de fondos prestables en el mercado londinense cada tres meses. El equilibrio en los contratos de préstamo en el mercado monetario londinense en dólares se obtenía ingeniosamente: si bien por una parte la inflación reducía el capital adeudado en perjuicio de los acreedores y beneficiando a los deudores, por otra parte el aumento de la tasa de interés por arriba de la tasa de inflación beneficiaba a los acreedores, y, además, el promedio del plazo del préstamo se acortaba, lo cual también los beneficiaba a los prestamistas.
El sistema no funcionaba tan mal en el mercado interbancario de Londres con la inflación en dólares vigente en aquellos tiempos del 7, 8, 9 o 10 por ciento anual, pero se tornó ridículo cuando se lo aplicó en Buenos Aires en pesos cuando la inflación era del ciento por ciento, pues en tal caso la tasa de interés debía ser del 130 por ciento anual por lo menos, y el promedio ponderado del plazo del préstamo se acortaba considerablemente, todo lo cual apretaba a los deudores con un sistema de pinzas infernal. Pero eso no es indexación, es otro animal completamente diferente. En todo caso es repotenciación de deudas. Lo cierto es que en nuestro país quedó un tendal de deudores arruinados con ejecuciones judiciales y bancarias. Como el público, compuesto de abogados y pseudo economistas, no entendía bien ese sistema infernal de repotenciación de deudas, quedó establecido en la opinión pública que la indexación era muy malsana. El problema era que la circular 1050 no establecía la indexación sino el sistema de repotenciación de deudas del mercado de eurodólar pero en pesos en un contexto totalmente distinto e inapropiado.
Ante la confusión de la circular 1050, el nuevo Código Civil rechazó la indexación y prefirió el “sinalagma” contractual implícito en la dolarización, pero se trata de un malentendido. En la indexación, el capital se reajusta con el índice del costo de vida, y al eliminarse el factor inflacionario en el préstamo por la misma indexación, la tasa de interés pasiva baja al 2 por ciento anual por la gran oferta de fondos prestables, y la activa baja al 4 por ciento, más o menos, para poder colocar esos fondos en préstamos, todo esto manteniendo los préstamos con plazos larguísimos, que no se acortan por la inflación, como en la 1050, pues el factor inflacionario es eliminado de cuajo del contrato.
El otro gran inconveniente que impedía la aplicación de un sistema similar al chileno de la “Unidad de Fomento” en la Argentina era la vergonzosa falsificación del índice del costo de vida en que incurrió el INDEC, a incitación de funcionarios gubernamentales trasnochados. Si hay un factor que descalifica completamente a un gobierno es la mentira con los índices. Muchas otras políticas como el cepo cambiario, la sobrevaluación cambiaria, el alto déficit fiscal, las restricciones a la libertad de comercio e industria son cuestionables y discutibles, pero la falsificación de los índices de precios es completamente inaceptable. Es simplemente un delito del Código Penal. El Fondo Monetario Internacional no podía analizar la economía argentina como lo debe hacer obligatoriamente con las economías de todos los países del orbe, incluidos Estados Unidos, Rusia, China e Inglaterra, porque las estadísticas argentinas están falseadas. El propio gobierno argentino no podía formular una política económica coherente porque estaba perdido y mareado con sus propias trampas estadísticas. Se imponía pues que el nuevo gobierno surgido de las elecciones de 2015, arregle este desaguisado. Así lo hizo y este es uno de sus mayores éxitos.
Restaurada la credibilidad en las estadísticas nacionales, y particularmente en el índice del costo de la vida, queda abierta la posibilidad para que la Argentina adopte un modelo monetario de moneda virtual similar a la Unidad de Fomento chilena.
Como adelantamos, el sistema monetario chileno se fundamenta en el desdoblamiento de las funciones de la moneda. Aplicado en la Argentina, habría que mantener el peso argentino como moneda para las transacciones corrientes. Pero para los depósitos a plazo fijo a más de tres meses y para todas las transacciones con plazos, se usaría una “unidad de cuenta estable”, (UCE), que implica la indexación de buena parte de la economía. Los préstamos a largo plazo estarían indexados con el índice del costo de vida. Las tasas de interés serían muy bajas, lo que permitiría abundante financiamiento a los compradores de viviendas mediante el crédito hipotecario a largo plazo. La industria de la construcción saldría del pozo en que se encuentra, y se multiplicaría así la creación de empleos, dado que con la construcción no solamente se fomenta la industria del ladrillo y el cemento sino también la del hierro y el acero, los artefactos eléctricos y sanitarios, la línea blanca, la industria del mueble, etcétera. Las transacciones sobre inmuebles no necesitarían hacerse en dólares, pues la unidad de cuenta estable sería mucho más eficiente para asegurar la equivalencia de las prestaciones en los contratos sobre inmuebles y en los contratos en general, incluyendo los alquileres y los préstamos hipotecarios. La industria de la construcción en la Argentina, hoy día ahogada por las dificultades para de hacer transacciones en dólares debido ala probable futura inestabilidad del dólar, renacería con la indexación y tendría un auge espectacular.
Se acabaría con la fuga de capitales de la Argentina. Se calcula que ciudadanos argentinos tienen unos 400.000 millones de dólares en cuentas bancarias del exterior, principalmente en los Estados Unidos, aunque parte de esta suma pueda estar también en las cajas fuertes, o simplemente escondidas en los colchones.
¿Por qué esta manía argentina de ahorrar en dólares? Muy simple: por tres causas. Primero las frecuentes apreciaciones cambiarias que experimenta cíclicamente nuestro país. Cuando el dólar está barato como ocurrió, por ejemplo, durante los períodos de 1978-81, de 1991-2001 y 2009-2015, el público, que no es tonto, se apresura a comprar lo que está barato, esto es los dólares, y ponerlos a salvo fuera del circuito económico argentino, a la espera que la divisa norteamericana recupere su verdadero valor en pesos, y así hacer una interesante diferencia. Nadie puede culpar a los compradores de dólares que simplemente buscan proteger su patrimonio. La compra de dólares baratos está acicateada, además, porque después de períodos largos de sobrevaluación cambiaria y dólar barato, la economía argentina entra en recesión, y por lo tanto no abundan las buenas oportunidades de emprender nuevos negocios o empresas dentro del país. Y la tercera gran causa de la fuga de capitales, y quizá la mas importante, es la inflación que experimentamos. La inflación no es más que un impuesto a los que detentan pesos, dado que estos pierden su valor. Es lo que técnicamente en economía se denomina “impuesto inflacionario”. Una forma muy conveniente de eludir el pago del impuesto inflacionario y al mismo tiempo conservar la liquidez, se da cuando el público, la gente, y los trabajadores que dependen de su salario, compran dólares para ahorrar. Esta manía argentina de comprar dólares está plenamente justificada desde el punto de vista individual de los ahorristas, pero desde el punto de vista social es calamitosa porque sustrae fondos para la inversión y al crecimiento argentinos que van a parar a los Estados Unidos, un país rico con un PBI per cápita cinco veces superior al nuestro. Se trata de un verdadero subsidio al revés, que trae pensamientos acerca de la calidad de nuestra dirigencia: En la villa de beodez, van las cosas al revés, el ratón corre al gato y el ladrón condena al juez.
La variante de política económica que hemos propuesto en esta Honorable Cámara –a través de los proyectos de ley contenidos en los expedientes N° 1513 y 7686 ambos de este año de 2016 para evitar la fuga de capitales y permitir que el ahorro nacional contribuya a financiar la inversión y la creación de empleos dentro de Argentina es fundamental. Reiteramos, en el país trasandino, los ahorristas pueden colocar su dinero en pesos en depósitos a plazo fijo en cualquier banco a más de tres meses, y entonces, automáticamente, dichos depósitos quedan indexados con el índice del costo de la vida. Además, se les permite a los ahorristas cobrar un módico interés. Obviamente, como los bancos a su vez deben prestar esos fondos “calzados”, deben indexar también los préstamos, pero la tasa de interés a pagar por las empresas prestatarias es muy baja por causa de la abundante oferta de fondos. Este sistema ha permitido a Chile crecer en los últimos 30 años de manera considerable, a tal punto que el PBI per cápita de los chilenos es hoy mayor que el de los argentinos, cuando tradicionalmente fue solamente la mitad del nuestro.
Cabe señalar además que, para que funcione adecuadamente, un sistema monetario como el chileno, requiere que el gobierno tenga superávits fiscales, por cuanto la recaudación del llamado impuesto inflacionario a los tenedores de pesos se torna imposible debido a que estos cuentan con el remedio alternativo de colocar sus pesos en “Unidades de Fomento” (UF), esto es en la unidad de cuenta estable indexada que proponemos por la vía de un depósito a plazo fijo a más de tres meses en un banco. Pero además, para evitar completamente la tentación de comprar dólares, también el tipo de cambio debe estar indexado con el índice del costo de la vida y, obviamente, este índice debe ser honesto. Casi todos los detalles de esta reforma monetaria están explicados en los fundamentos de nuestros proyectos de ley.
En el siglo XIX preocupaba a los economistas las grandes oscilaciones en el precio del oro, que en realidad no era un buen patrón monetario dado que su precio fluctuaba, como el de todas las mercaderías, con las leyes de la oferta y la demanda. Como si de repente tuviéramos un metro de 50 centímetros y luego otro de 200 centímetros. Por ello es que en 1887 el gran economista clásico ingles Alfred Marshall aconsejaba la indexación de las obligaciones con estas palabras: “La moneda corriente debería ser restringida a la función para la cual está en capacidad de cumplir, es decir medir y realizar transacciones que son canceladas al poco tiempo de pactadas. La unidad de poder adquisitivo constante sería aplicable, sujeta a la libre elección de ambas partes interesadas, para casi todos los contratos que implican pago de intereses, y la cancelación de préstamos y para muchos contratos de alquiler así como sueldos y salarios... el cálculo de hipotecas y de acuerdos matrimoniales en términos de unidades de poder adquisitivo constante en reemplazo del oro, quitaría una gran fuente de incertidumbre en los asuntos de la vida privada, mientras que un cambio similar en lo relativo a debentures y a bonos del gobierno les daría a sus tenedores lo que ellos mas anhelan: una renta verdaderamente constante ”
Es más, recientemente un premio Nobel de economía, Robert Schiller analizó a fondo el sistema monetario chileno por el cual se desdoblan las funciones de la moneda, dejando al peso chileno la tarea de servir para los pagos corrientes y reservando a la UF, esto a la moneda indexada, la tarea de regular los ahorros y los contratos a largo plazo como los préstamos hipotecarios, las jubilaciones y los alquileres. Y este distinguido economista opinó de esta manera: “Los gobiernos de todos los países del mundo deberían crear unidades monetarias indexadas para sus ciudadanos. Virtualmente no tiene costos para ellos hacerlo ”.
Así como el metro como medida de longitud debe ser estable, también debe serlo el valor de un patrón monetario para que la economía funcione adecuadamente y reine la previsibilidad, así como el equilibrio en las relaciones contractuales. En el caso del oro, las variaciones de su oferta, causaron grandes oscilaciones en su precio. Su demanda para uso monetario era relativamente estable aunque creciente a causa del desarrollo económico mundial. Pero cuando la demanda de oro como moneda disminuyó entre 1944 y 1970, su precio bajó a la tercera parte. Y cuando la tasa de inflación en dólares subió como entre 1970 y 1980 su precio se multiplicó por ocho. Por otra parte, la oferta de oro aumentó enormemente cuando se descubrieron grandes minas de oro por los españoles al tiempo de la conquista de América en el siglo XVI, o cuando se descubrió abundante oro en California, a mediados del siglo XIX, y más tarde cuando se pusieron en explotación las enormes minas sudafricanas.
La gran ventaja de la moneda virtual a la chilena consiste en que adopta como patrón monetario, no al precio de una sola mercadería, como es el oro, sino el promedio de todas ellas reflejado en los precios de las mercaderías y servicios que entran en la composición del índice del costo de vida. Este cambio en la economía es algo así como la revolución copernicana en la astronomía, según la cual el centro del Universo dejó de ser el planeta Tierra para pasar a ser el astro Sol.
El gran beneficio de introducir la indexación consiste en que reduce considerablemente los riesgos de contratar. Por ejemplo, un constructor de casas de departamentos puede pactar el pago del precio a 30 años de plazo pues su crédito no solamente estará garantizado por la hipoteca de los departamentos, sino que el valor real de la parte impaga de su crédito se mantendrá a través de los años. Puede vender sus créditos hipotecarios a un banco y con su producido seguir construyendo viviendas. Los deudores, parejas de jóvenes que quieren casarse y fundar un hogar, pueden pagar su vivienda en un plazo de 30 o 40 años con el sistema de la moneda virtual. Las cuotas serán muy reducidas en relación a los salarios, no solamente por el estiramiento de los plazos de pago del crédito, sino también porque la tasa de interés será muy baja dado que los bancos deberán competir para colocar la enorme cantidad de depósitos a plazo fijo provenientes de los ahorristas, los que, en lugar de comprar dólares que se desvalorizan al 2 por ciento anual, preferirán los plazos fijos en pesos indexados que no se desvalorizan y además les rinden un interés del 2 por ciento anual. Contra todas estas dulzuras, hay dos problemas que son como dos moscas en la miel.
La inflación que sufrimos en la Argentina es en realidad un impuesto que cobra el gobierno. Nuestro gobierno, por medio de un Banco Central, emite dinero para financiar el gasto público. Como administra mal el dinero que se cobra con las exacciones fiscales, el gobierno necesita dinero adicional para cubrir un gasto público dispendioso e ineficiente. Así, en lugar de cobrar impuestos adicionales, el gobierno opta por la vía más fácil: emite dinero. Pero la emisión monetaria hace subir los precios y desvaloriza la moneda. El pueblo formado por los tenedores de esa moneda que se desvaloriza le está pagando al gobierno en realidad un impuesto adicional encubierto: el impuesto inflacionario, como ya referimos anteriormente. Si el público tiene la opción de evitar pagar el impuesto inflacionario colocando su dinero en los bancos a tres meses de plazo, el impuesto inflacionario puede ser evadido legalmente por los contribuyentes.
En consecuencia, resulta claro que el sistema de la moneda virtual le hace muy difícil al gobierno cobrar el impuesto inflacionario, y por lo tanto no tendrá otra alternativa que evitar el déficit fiscal e ir a un sistema de finanzas públicas sanas, o de superávit fiscal. En la medida en que tenga finanzas públicas sanas, el gobierno podrá recurrir al crédito público interno creando un gran mercado de capitales local, emitiendo bonos en pesos indexados para realizar obras públicas que aumenten la productividad de la economía como, por ejemplo, una red federal de autopistas, un puerto de aguas profundas para disminuir los costos de exportación, una red ferroviaria moderna, un sistema de cloacas y agua potable para el 100 por ciento de la población, canales para evitar las inundaciones y el riego de millones de hectáreas, el proyecto de canalización del río Bermejo al norte del país, etcétera, etcétera.
La experiencia chilena demostró a las claras que una vez que se indexan los créditos y las deudas a largo plazo, debe indexarse también el tipo de cambio. Pero bajo el gobierno del General Pinochet y su ministro Sergio de Castro, doctorado en Chicago, entre 1978 y 1982, Chile no indexó el tipo de cambio; hizo lo contrario. Inventó la “tablita cambiaria” como método de lucha contra la inflación, método que meses después copiara el doctor Martínez de Hoz a instancias de sus asesores del BCRA, Adolfo Diz y Ricardo Arriazu.
Es decir, se trató de disminuir el incremento del costo de vida y alcanzar la estabilidad monetaria, devaluando la moneda con relación al dólar a una tasa mensual decreciente y prenunciada, menor que el índice de inflación, en la falsa creencia de que la causa de la inflación era la devaluación y que la tasa de inflación convergería hasta igualar la tasa de devaluación, finalmente nula. Craso error. El experimento en su versión chilena terminó en 1982 con alta inflación y una caída del PBI del 14,3 por ciento. Una verdadera catástrofe, igual que la catástrofe argentina de 1981-83.
Sin embargo, a partir de 1983 Chile, a diferencia de la Argentina, aprendió la lección e hizo lo contrario: indexó en la práctica su tipo de cambio en línea con la inflación interna, y tuvo finanzas públicas sanas. La inflación disminuyó finalmente a niveles similares a los estadounidenses y la economía creció impulsada por las exportaciones alentadas a su vez por un tipo de cambio competitivo y prácticamente indexado. En el año 2000, Chile, un país tradicionalmente mucho más pobre que la Argentina nos alcanzó y sobrepasó en el PBI per cápita.
En nuestro país, como afirmamos previamente, rige todavía la prohibición de indexar establecida por la Ley de Convertibilidad N° 23.928 de 1991, todavía vigente en este punto, y reafirmada por la ley N° 25.561 de enero de 2002 y además por el proyecto de ley al que se le dio sanción en la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de 2016. Está claro que para poder indexar las prestaciones alimentarias, lo cual me parece muy loable y apoyo enfáticamente, no es necesario ratificar lo peor de la ley de convertibilidad del doctor Cavallo.
Después de las consideraciones precedentes debiera quedar claro a los colegas legisladores que la prohibición de la indexación tiene su fundamento en la confusión de nuestros legisladores y economistas gubernamentales, confusión que ha sido sin duda alimentada por la infernal Circular 1050 del Banco Central de la República Argentina.
La indexación no es la causa de la inflación, sino al revés. La inflación es lo que determina la necesidad de indexar. El reajuste se produce a posteriori de la inflación. En primer término ocurre la causa, que es la inflación, y luego el efecto, que es la indexación. Afirmaban al respecto los antiguos: Post hoc, ergo propter hoc.
La inflación tiene dos causas verdaderas y principales: la emisión de dinero para financiar al gobierno y el aumento de salarios no acompañado de incrementos en la productividad. Estas dos causas son repotenciadas enormemente por el aumento de la velocidad de circulación del dinero que la misma inflación provoca. Cuando hay inflación, el público se apresura a gastar más rápido su dinero para proteger su poder adquisitivo, y esta actitud, enteramente racional desde el punto de vista individual, realimenta la inflación y la convierte en “hiper”. Pero si se permiten depósitos a plazo fijo indexados en los bancos, el público se refugiará y ahorrará alternativamente en estos instrumentos. Esto frenaría la demanda de bienes y la consiguiente suba de sus precios, y de esta manera se evitaría la hiperinflación. Si se permitiera indexar los salarios, el tipo de cambio, las jubilaciones, los alquileres y las tarifas de los servicios públicos, las cédulas hipotecarias y los títulos públicos, se vería claramente que nadie gana con la inflación y ello forzaría a las autoridades a plantear una política económica más racional para acabar con la inflación, como ocurrió finalmente en Chile.
La adopción por la Argentina de un sistema monetario fundado en el desdoblamiento de las funciones de la moneda como el que propongo en mis proyectos de ley y en esta inserción, permitiría al Estado argentino generalizar la emisión de bonos indexados en pesos bajo ley argentina y jurisdicción local. Si simultáneamente se indexara el tipo de cambio a un nivel inicial competitivo y se invitara a los capitales argentinos fugados al exterior, o en las cajas fuertes, o simplemente en el colchón, a suscribir esos bonos en pesos indexados, el Banco Central podría engrosar rápidamente sus reservas de divisas con las ventas de parte de los capitales fugados al Banco Central. Por supuesto, por otra parte, habría que asegurarse de que los fondos suscriptores de los nuevos bonos en pesos indexados no provengan del delito o del narcotráfico.