13. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SANTILLÁN

Régimen complementario de la ley 24.557, de Riesgos del Trabajo

Luego de participar de la reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda del pasado día lunes, he reflexionando sobre las posturas los señores diputados del oficialismo y sus aliados temporales.
Me sorprende sobremanera la forma en que se hace responsable al trabajador, que supuestamente se presta para efectuar una simulación inducida por “los caranchos”. Lamentablemente, estos términos fueron utilizados por un “buitre” y debo reconocer que entre caranchos y buitres prefiero a los primeros pues el que tiene la postura del carancho podrá, a lo sumo, afectar a un conjunto económico, pero el que posee la virtud de los buitres –ya los hemos padecido- carroña el destino de nuestro pueblo. Por eso, el descalificativo no es solo para los letrados patrocinadores de los trabajadores, sino que el lanzazo directamente se dirige hacia los trabajadores que, para este oficialismo, son los corruptos que se prestan para vaciar a las pobres empresas aseguradoras.
No nos engañemos: cuando hablan de litigiosidad o de deudas por 5.000 millones de dólares de que el sistema está quebrado, ponen como máscara de proa a los estudios de abogados, pero seamos conscientes de que un letrado no puede iniciar una demanda si no tiene un cliente, por lo tanto, ese cliente aparece como un depravado y un aprovechador y no como un trabajador que intenta hacer valer sus derechos.
No seamos hipócritas. El argumento y la fundamentación del oficialismo y de sus aliados temporales para llevar adelante la aprobación de esta normativa es simular una gravedad que no existe.
El señor diputado Laspina, en la citada reunión conjunta, expresó que en la ciudad de Rosario y en otras localidades se habían presentado más de 400 demandas y otro señor diputado que apoya la postura del oficialismo manifestó que el sistema posee un quebranto de 5.000 millones de dólares.
Sobre esa base imputan a trabajadores y abogados, porque esa es la orden, desviar la realidad, como todo lo que hace este gobierno. Lo cierto es que son las aseguradoras las que no acatan estrictamente las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo; no existe ningún otro responsable. de
Ahora bien, la Ley de Riesgos del Trabajo no está direccionada como base primaria a resarcir económicamente al trabajador accidentado, siendo este concepto el último recurso de la norma, pues su espíritu es el de la prevención y el asesoramiento sobre las medidas de seguridad e higiene que deben darse en todo establecimiento donde se desarrolle actividad, de riesgo o no. Este es el concepto que incumplen las aseguradoras.
Estudios públicos realizados por Mezio y Asociados y por el doctor Horacio Schick, entre otros, dan cuenta de lo resuelto por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En el mes de junio de 2016 se promulgó la resolución 270/16, que en su Anexo II publica la Tabla de Índice de Reincidencia, en la que se encuentran las sanciones que han tenido las ART a raíz del incumplimiento a las normas que conforman el sistema.
Los datos consignados en la detallada resolución 270/16 no fueron tenidos en cuenta por los “idóneos” que delinearon el proyecto previo al improcedente DNU. En el Senado se actuó de igual manera y se produjo una desatención técnica al remitir un proyecto prácticamente idéntico al del PEN.
Ninguno de estos proyectos consideró los graves incumplimientos de las aseguradoras, que sí fueron formulados en la mencionada resolución. De haberse asesorado al respecto, seguramente de igual forma habrían presentado la pretensión de modificación, pero no serían ya los trabajadores los culpables de la alta litigiosidad que falsamente argumentan. Adjunto como Anexo I el listado de las aseguradoras incumplidoras de las normativas vigentes.
No cabe entonces, de parte de las entidades aseguradora ni menos del gobierno y del Senado de la Nación, echar culpas en el sentido de producir un desequilibrio en el sistema a los trabajadores y sus letrados si primero no se ejecuta un pormenorizado estudio de las partes interesadas y/o afectadas al “negocio”.
Recordemos que el objetivo de la ley, como carga principal, es la prevención de los riesgos y que los referidos incumplimientos provienen de la desatención de estas imposiciones detalladas por parte de un obligado principal. Es decir, si las ART no ejecutan las órdenes ni las facultades que la misma norma les otorga, al saberse incumplidoras cargan la culpa de sus economías y estados financieros defectuosos a la parte más débil y desprotegida, que resulta ser el trabajador.
En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales lo prioritario tiene que ver con la prevención, la evaluación de riesgos, los controles periódicos y la capacitación a empleadores y trabajadores. Cumplidos estos requisitos legales, entonces las aseguradoras, el gobierno y demás detractores están en condiciones de culpar al trabajador de litigador serial. Mientras las empresas aseguradoras continúen violando las normas en la materia y mientras el gobierno nacional y el Senado no estudien en forma consensuada la problemática, se encuentran moralmente inhibidos para acusar o introducir conceptos en la sociedad que desacrediten a los trabajadores y coloquen cómo víctimas a las poderosas entidades aseguradoras.

Anexo I: Tabla

Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación:
(En:<http://www.ssn.gov.ar/Storage/files/circulares/9311.pdf>),
De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación surge que los ingresos por primas durante el año 2015 de las 14 principales ART fueron de 39.007 millones de pesos y los gastos operativos por todo concepto fueron de 42.576 millones de pesos; obteniendo un resultado por pérdida operativa de 3.568.344.32 de pesos. (Página7)
Pero a su vez, estas aseguradoras tuvieron una ganancia financiera de 6.615.774.136 de pesos, que absorbe la pérdida operativa, arrojando un resultado positivo de 3.047.429.816 de pesos o 335.250.804 de dólares al 30 de junio de2015.
Todo el detalle está consignado en la página 8, circular SSN EST 1000 del 16 de septiembre de2015 elaborado con la información al 30de junio de2015, cierre del último balance anual. Fuente doctor Schick, informe laboral número 53.
¿Cuál es el quebranto y el déficit del que se habla?
Sostengo sin margen de error, como corolario de toda esta farsa en contra de la clase trabajadora, atento los datos del organismo oficial de contralor SSN-, que el dictamen de mayoría y posible ley a futuro está pensada, razonada y fundamentada en base a mentiras de oportunistas contemporáneos que, como es de costumbre en esa raza, aprovechan corporativamente a operar contra el trabajador, a sabiendas de que hay otros oportunistas que les darán la razón para flexibilizar el derecho del trabajo. Lo más lamentable del caso es que en ese ímpetu de mentiras e infamias son apoyados por compañeros legisladores y del sindicalismo que dicen representar a su gente, sin tener en cuenta que son los trabajadores damnificados y espoleados por las políticas noventistas actualizadas.
l tiempo es tirano y por lo tanto el pueblo sabrá juzgar, en su momento, quiénes traicionaron la causa de los trabajadores.
Ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca.
¡Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes!