15. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MARCUCCI

Pedido de exclusión del señor diputado de la Nación Julio De Vido.

Hoy nos toca discutir un tema que nos atañe a todos. Este cuerpo colegiado ha sido afectado por el comportamiento inmoral de uno de sus miembros. El debate que tiene lugar en el seno de esta Cámara de Diputados posee íntima relación con su honorabilidad y la de quienes son representantes del pueblo de la Nación Argentina.
Cada vez que este cuerpo ha tenido el deber de discutir sobre la conducta moral de alguno de sus miembros se ha priorizado resguardar la credibilidad y fortaleza de las instituciones democráticas, cuya protección es el principal objetivo que guía nuestras acciones.
Lamentablemente, no es novedosa la necesidad de que esta Cámara se expida sobre el perfil ético de los legisladores que la integran. Digo “lamentablemente”, ya que momentos como este manchan la preciada tarea que los ciudadanos argentinos nos han legado. Los ejemplos más recordados al respecto son el caso del diputado Ángel Luque, que fue expulsado de la Cámara de Diputados por indignidad moral tras verter polémicas declaraciones al encontrarse su hijo implicado en el crimen de María Soledad Morales; y el caso sucedido en el año 2002, cuando la diputada nacional Hilda Ancarini de Godoy fue expulsada por desórdenes de conducta fundado en amenazas vertidas contra un productor televisivo que buscaba publicar un reportaje de investigación sobre aportes del Tesoro Nacional a fundaciones de discapacitados.
Estos hechos, que revisten importancia por su relación con derechos protegidos constitucionalmente, son asimilables a la situación que hoy nos reúne. Una vez más esta Cámara ha sido deshonrada, ofendida y agraviada por un ex funcionario que no solo acumula causas sino que comparte responsabilidades con otros exfuncionarios que ya han sido condenados por delitos graves contra la administración pública y por defraudación al Estado.
El proyecto en análisis, solicita “excluir al Diputado Nacional Julio Miguel De Vido del seno de la Honorable Cámara de Diputados por indignidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Nacional”. El citado artículo de la Constitución establece como facultades inherentes a cada Cámara la posibilidad de remover a sus miembros por “inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirles de su seno”, es decir, de ejercer potestad disciplinaria respecto de sus miembros.
Las fuentes que incidieron en la redacción del texto finalmente sancionado de nuestra Constitución Nacional fueron muchas y muy diversas. Para su redacción, se basaron principalmente en las Constituciones de 1819 y 1826, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Chile, los pactos previos y el libro de Alberdi “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”.
En lo que respecta particularmente al artículo 66, aún hoy vigente, encontramos sus raíces en la Constitución de 1826. Su artículo 38 rezaba: “Puede igualmente cada sala corregir a cualquiera de sus miembros, con igual número de votos, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones; o removerlo por inhabilidad física, o moral, sobreviniente a su incorporación; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias, que voluntariamente hicieren de sus cargos.” Así, podemos observar que la incorporación de las nociones de “inhabilidad física o moral” se transcribió textualmente en el artículo 66 de la Constitución Nacional que aún conservamos pero, en algún punto de la discusión y no por casualidad, se adicionó la expresión “y hasta excluirle de su seno”, una expresión desprovista de todo tipo de causas y tiempo, buscando preservar la capacidad del cuerpo de resolver sobre posibles responsabilidades políticas.
No podemos olvidar que el legislador Julio De Vido, cuya conducta es hoy motivo de este debate, ha tenido una extensa participación en el gobierno del Estado argentino. Entre los años 2003 y 2015 se desempeñó en un cargo de suma importancia, encontrándose al frente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Allí, no solo tuvo injerencia en materias relacionadas con el transporte y la energía sino que incidió de manera poderosa sobre el destino de la obra pública y, por tanto, del desarrollo de nuestro país. Si bien las irregularidades que allí se han cometido son parte de la agenda del Poder Judicial, siendo los jueces quienes tienen el deber y la obligación de resolver las numerosas causas fundadas en el ejercicio de su función pública, no podemos ignorar que los secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que trabajaron en su cartera y bajo sus órdenes, ya han sido responsabilizados penalmente por la tragedia de Once.
Por su parte, el diputado Julio De Vido se encuentra implicado en al menos ciento treinta causas penales, de las cuales es imputado en veintiséis, y se encuentra procesado en cinco de ellas. Ante esta situación legal, insisto en que es necesario e importante que este cuerpo legislativo, del que formamos parte, haga uso de su facultad para analizar y resolver sobre su comportamiento, no en materia judicial sino en materia política, ya que sus actos comprometen el prestigio moral y la credibilidad de esta institución.
Para ir concluyendo, quiero enumerar las causas judiciales en las que el legislador De Vido se encuentra procesado o en estado de elevación a juicio oral. Su cantidad y los diversos delitos penales por los que se lo acusa no deben diluir la importante gravedad que tiene cada uno de los actos y conductas que se le reprochan.
1) Causa por la Tragedia de Once, en la que el choque de un tren el 22 de febrero de 2012 causó 51 muertes y 789 heridos. Aquí se lo procesó por estrago culposo, agravado por el resultado de muerte y lesiones, y defraudación por administración fraudulenta agravado por ser en perjuicio de una administración pública.
2) Causa por el direccionamiento de la obra pública, en donde se lo procesó por integrar una asociación ilícita destinada a cometer delitos para apoderase ilegítimamente de fondos destinados a la obra pública vial, principalmente en la provincia de Santa Cruz. Los tipos penales considerados fueron: abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el cargo, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, y defraudación contra la administración pública.
3) Causa por la compra millonaria de trenes chatarra a España y Portugal, donde fue imputado por administración fraudulenta y partícipe necesario de cohecho.
4) Causa por la renegociación irregular de contratos ferroviarios, en los que ha sido procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, también compartiendo el mérito con el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Aquí se le achacó la obstaculización de la renegociación de las concesiones que derivó en perjuicio para usuarios por el deterioro de las condiciones de infraestructura y seguridad.
5) Causa por otorgamiento de subsidios irregulares para gasoil de Colectivos, que ocasionó un perjuicio multimillonario al Estado argentino durante su gestión.
No podemos descartar tampoco, las numerosas intervenciones que ha tenido el órgano técnico que asiste a este Congreso respecto al control del Estado de las cuentas del sector público. En numerosas oportunidades, la Auditoría General de la Nación aprobó informes sobre el cuestionable desempeño del ex funcionario kirchnerista. En el año 2012 criticó duramente el estado deplorable de los trenes de la empresa TBA, que ocasionaron la tragedia de Once ya nombrada, y el año pasado aprobó otros dos informes lapidarios sobre la gestión del ex ministro de Planificación en áreas trascendentales.
En suma, dilucidar toda cuestión no justiciable que pone en juego la integridad moral de este cuerpo frente a la sociedad, y defender su honra, es una responsabilidad indelegable de esta Cámara. Entiendo firmemente que cualquier legislador que compromete el prestigio y la honorabilidad de esta Cámara lesiona gravemente la responsabilidad y la ética republicana que debemos en calidad de representantes del pueblo argentino. En este sentido va mi voto.