11. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DE MENDIGUREN

Régimen de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores. O.D. 2027/17. EXPEDIENTE: 9-PE-2017 DE LEY

El debate que se da en torno al proyecto de compras públicas y desarrollo de proveedores excede los márgenes de la política partidaria. Es una discusión sobre cómo generamos las herramientas para construir un país desarrollado. La espontaneidad no es un insumo que garantice el camino al desarrollo: se debe recorrer en función de ritmos, consensos y objetivos claros.
¿Cuál es el riesgo de que como diputados no orientemos los debates en esta dirección? Que la incipiente recuperación económica que hoy parece vislumbrarse sea parte de un efecto cortoplacista. Ya sabemos qué pasa cuando nos montamos en los atajos de corto plazo: Argentina se vuelve inviable e insustentable en el largo plazo.
Argentina solamente es viable en el largo plazo con un modelo productivo que apuntale tanto al crecimiento como al desarrollo. Como desarrollista y hombre de la industria, sostengo que eso solamente es posible si se construye de adentro hacia afuera. Es decir, haciendo de las pymes argentinas la base de sustentación de nuestra proyección hacia el mundo. Este es el único camino para generar los dólares genuinos que la economía argentina necesita para ser sustentable.
Entonces ¿qué mejor herramienta que las compras públicas para desarrollar un entramado de proveedores nacionales? Ninguna. El Estado tiene el poder de tracción necesario para poner en marcha al sector productivo para incrementar el flujo virtuoso entre inversión, empleo y valor agregado.
¿Cómo se enfoca la cuestión de las compras públicas en el resto del mundo? En la OCDE alcanzan el 15 por ciento del PBI; en la Unión Europea, el 14 por ciento. En Alemania llegan al 15 por ciento del PBI y en Holanda al 20 por ciento. En Argentina alcanzan aproximadamente el 5 por ciento del PBI.
En parte, ese bajo porcentaje se explica porque hoy rige la ley de “Compre Trabajo Argentino” -Ley 25.551-, que data de 2001, además de un conjunto de programas no institucionalizados por ley, como el caso de YPF Sustenta. Entre las muchas deficiencias, una de las más importantes es que no existe un sistema de control sobre su aplicación por parte de los sujetos comprendidos, ni tampoco hay registros de las sanciones establecidas en la normativa.
El proyecto enviado por el gobierno es un avance importantísimo para corregir este desacople estructural para nuestra economía. Por eso es necesario sumar aportes que hagan de esta iniciativa una construcción colectiva que supere las filiaciones partidarias.
Las modificaciones introducidas al capítulo de Desarrollo de Proveedores, a propuesta de nuestro bloque, apuntan a contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva. Para ello, el Programa favorecerá la articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, con la demanda del sector público nacional y de personas jurídicas operadoras de sectores estratégicos demandantes de dichos bienes. Asimismo, el Programa identificará las oportunidades para los proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad técnica de abastecimiento local de esos productos y/o servicios, con la asistencia de herramientas técnicas y financieras para favorecer la mejora de los proveedores nacionales.
El primero de esos aportes pasa por modificar los porcentajes del margen de preferencia otorgado a pymes y grandes empresas -artículo 2°.
En lo relativo al margen de preferencia -artículo 2°-, el proyecto que estamos debatiendo contempla un 15 por ciento para pymes y un 8 por ciento para las grandes empresas. Teniendo en cuenta la experiencia internacional, sería deseable extender esos porcentajes al 20 por ciento para pymes y 10 por ciento para grandes empresas.
Otro punto neurálgico de este proyecto está vinculado con la definición clara de lo que son “sectores estratégicos”, y con establecer parámetros claros con respecto a qué nos referimos cuando se habla de adquisiciones que “incluyan bienes de alto contenido científico-tecnológico”. También debe dejarse en claro que en las adquisiciones que “incluyan bienes de alto contenido científico-tecnológico”, el margen de preferencia dispuesto en el artículo 2° puede aumentarse pero no disminuirse. En otras palabras, establecer un porcentaje hasta el cual puede ampliarse.
Sobre las funciones de la Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo, dispuesta en el Capítulo VIII artículo 16-, se sugiere establecer un mayor énfasis en el seguimiento que debe hacer la comisión sobre las excepciones a la ley. En particular, se solicita agregar la obligatoriedad de la Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo de analizar los informes elevados por la autoridad de aplicación acerca de las excepciones a la ley que proponga la misma.
El financiamiento es una de las llaves para lograr que este proyecto se convierta en lo que debe ser su eje principal: erigirse como la plataforma de despegue para un proyecto de desarrollo sustentable en el tiempo. Este proyecto deberá contemplar que la banca pública nacional equipare las condiciones de financiamiento para la producción local que brindan los oferentes extranjeros o los bancos de desarrollo de sus países de origen. En un mundo que juega su competitividad en cada detalle, el financiamiento productivo se encuentra dentro de las prioridades irrenunciables para nuestro país.
Este debate vuelve a subir la vara respecto al rol que debemos honrar como Diputados. Tenemos en nuestras manos una herramienta estratégica que permitirá generar trabajo genuino y aumentar nuestras capacidades productivas como país. Creo que contamos con la madurez suficiente como para consensuar un rumbo que redunde en beneficios para todos los ciudadanos. Ya lo hicimos durante 2016 y sería una buena señal para la sociedad que retomemos ese camino que durante 2017 no hemos recorrido.
El oficialismo encontrará en nosotros una oposición que busca construir y mejorar en cada acción, en cada proyecto. La responsabilidad institucional y el compromiso son obligaciones trasversales para ambos: escucharnos y reflexionar son acciones a las que estamos obligados quienes forman parte del gobierno y quienes tenemos que ocupar el rol de oposición. De eso están hechos los acuerdos que Argentina necesita.