12. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA FERREYRA

Establecimiento de paridad de género en ámbitos de representación política.

“Ni Una Menos” gritamos cada vez que el patriarcado se cobra la vida de una mujer como resultado del ejercicio de las muchas violencias a las que estamos sometidas por el solo hecho de ser mujeres desde que nacemos.
Para erradicar esa violencia y sus secuelas visibles e invisibles, es impostergable el reconocimiento explícito de nuestra capacidad para ejercer la representación política electiva sin cortapisas.
El cupo, como expresión de la manda constitucional de adoptar medidas de discriminación positiva, llegó a su techo y nos quedó muy estrecho. Además de implicar la eterna discusión de plantear cuotas por el género, se contradecía con la meritocracia, falsa contradicción impuesta para invisibilizar el hecho incontrastable de que la población femenina sí tiene méritos pero el sistema de representación y económico arrinconan y usufructúan esa mengua.
Tener méritos y no poder acceder a un puesto determinado porque opera la discriminación por género ha sido la regla.
La igualdad de género y la paridad como herramienta implican fortalecer un principio enriquecedor de la democracia: la diversidad. Como sociedad es impostergable sentir y gestionar la diversidad, siendo la diversidad de género un punto medular de cohesión social. La democracia formal para legitimarse debe nutrirse de la democracia paritaria.
En Argentina la participación de las mujeres en política siempre ha sido muy activa y proactiva, con participación en organizaciones barriales, populares, sindicatos, cooperadoras, organizaciones diversas sin fines de lucro. Empero, nuestra presencia, participación y representación siempre estuvo negada o menguada.
Los festejos del primer centenario de la República encontraron a las mujeres organizándose para lograr conquistar el derecho elemental al sufragio, negado con falaces argumentos sobre nuestra falta de capacidad –que redundó en nuestro tratamiento normativo junto a menores e incapaces según la tabulación de la codificación civil de Vélez Sarsfield- o estructurado sobre el militarismo discursivo que nos excluyó de la conscripción militar como base del derecho al sufragio, no así de la defensa de la patria que siempre contó con mujeres valientes, rebeldes, algunas de ellas destacadas, pese al negacionismo de la historia oficial misógina.
En mayo de 1910 tuvo lugar en Buenos Aires el Primer Congreso Feminista Internacional y también por aquellos tiempos las mujeres que nos precedieron abriendo cauces, conformaron los primeros comités prosufragio. Socialistas, anarquistas, comunistas, radicales e independientes bregaron a contramano de una sociedad tan conservadora como patriarcal.
Un poco más acá en la historia, llegó ese volcán encendido que fue Evita. Una mujer que parida pueblo fue alborada del nuevo tiempo histórico por venir para superar las inequidades y latrocinios sobre los que se edificó la Argentina del primer centenario, extranjerizante, machista, terrateniente, pastoril y agroexportadora. Fue parida costilla pero abrió la grieta que se hizo sendero para la participación femenina en la política y en los asuntos públicos y del Estado, cenáculos varoniles, especialmente de una clase social. No fue invento de nadie, se parió mil veces a sí misma y nos enseñó a las mujeres que la pelea y realización de nuestros derechos, tanto políticos como sociales, no podía ser aislada ni separada de las luchas de los trabajadores, descamisados y cabecitas negras, sino inmersa en la lucha por la justicia social.
Las sufragistas encontraron en Eva el puntal decisivo para lograr la Ley de Voto Femenino, iniciática de este largo camino que hoy consigue un nuevo avance con la paridad legislativa.
La Ley 11.357 de los derechos civiles de la mujer, si bien no modificó el régimen de potestad marital en lo relativo a la prerrogativa de fijación del domicilio conyugal, atribuyó a la mujer casada mayor de edad una esfera de capacidad de hecho más amplia. Le otorgó la patria potestad sobre los hijos de un matrimonio anterior. Sin necesidad de autorización judicial podía ejercer profesión, oficio o empleo, administrando y disponiendo libremente del producido de esas actividades. El marido seguía siendo el administrador presunto de los bienes de la cónyuge, salvo que esta revocara el mandato. Sucesivos avances normativos fueron reconociendo mejores derechos a las mujeres, entre ellas la ley 23.264 de patria potestad y filiación, que otorgó ejercicio conjunto de la responsabilidad parental a ambos progenitores durante el matrimonio y/o la convivencia; luego se logró la ley que introdujo la separación personal por presentación conjunta.
A nivel nacional e internacional, el artículo 75 inc. 22 y 23 de la Constitución de la Nación Argentina de 1994, al incorporar los tratados internacionales sobre los derechos humanos, otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento valiosísimo, como veremos, que debemos invocar en nuestra lucha y exigir su aplicación.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en el año 2014, recogió la necesidad de operativizar los derechos de las convenciones mencionadas, y entre sus fundamentos aparecen los principios de igualdad y no discriminación, que se ven reflejados luego en su redacción, emparejando derechos y obligaciones de hombres y mujeres en el seno de la familia. El Código Civil y Comercial de la Nación incorpora un nuevo modelo de familia democrática y horizontal, así como un nuevo sistema de relación filial en el cual el respeto, la interacción, la consideración del hijo/a como sujeto de derecho y la capacidad progresiva, son los ejes principales.
La equiparación de roles, obligaciones y derechos en relación a la responsabilidad parental y los cuidados personales de los hijos están en cabeza de ambos progenitores. Se reconoce un valor económico a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. El derecho de familia y las relaciones que de él devienen se deben desarrollar e interpretar dentro del marco de los tratados de Derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución nacional, lo que importó un avance sustancial.
En 1991 llegó la conquista de la Ley 24.012, sancionada con solo tres abstenciones y siete votos negativos. Conocida como ley de cupo femenino, estableció que las mujeres debían estar incluidas en las listas partidarias a cargos electivos en un mínimo del 30 por ciento, ubicadas en lugares con posibilidad de resultar electas, aplicándose a partir de 1991 en las distintas elecciones nacionales. El decreto reglamentario 379/93 determinaba el lugar en que debían ser ubicadas las candidatas. Lamentablemente, tan auspicioso aporte, por su reglamentación confusa, dio lugar a múltiple jurisprudencia contradictoria. Pasaron muchos años para que realmente la mujer obtuviera la debida representación y aún hoy no se respeta en muchas jurisdicciones.
El bicentenario nos alcanzó peleando por la igualdad real, para ser soberanas de nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros patrimonios, nuestros deseos y necesidades sin tutelajes externos de padres, tutores o esposos, ni del Estado, la religión o un sistema de partidos machista y vetusto.
Mientras en la última década avanzamos raudamente con leyes emblemáticas como la Ley contra toda Forma de Violencia contra las Mujeres, Ley de Identidad de Género, Ley de Educación Sexual Integral, Ley de Reproducción Humana Médicamente Asistida y Gratuita, Ley de Matrimonio Igualitario y capítulos significativos con perspectiva de género en la nueva codificación civil argentina, la brecha salarial aumentó, los femicidios no cesan y la representación legislativa alcanzó el techo de cristal y empezó un descenso.
En la Argentina, al igual que en otros países de América latina, persisten desigualdades de género que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y su autonomía en diferentes esferas de la sociedad, conforme da cuenta el informe de la ONU, volcado en el documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Paridad de Género, sobre el relevamiento realizado sobre los cargos y lugares que ocupan las mujeres en el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Justicia de nuestro país.
Como reseña el informe del PNUD, la presencia de mujeres en el Congreso es baja: en 2015 el porcentaje de candidatas fue de 41,8 por ciento y el de electas fue de 37,5 por ciento. Como se señala en el informe, el punto crítico en Argentina no es que la cuota de género no haya favorecido una mayor elegibilidad de las mujeres, sino que se enfrenta un escenario en el cual el salto paritario es improbable bajo el mismo diseño, preocupando que el estancamiento va dejando paso a niveles de retroceso.
Queda demostrado con más nitidez al analizar que las mujeres ejercen escasos cargos legislativos. Por ejemplo, solo representan el 25 por ciento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y, aunque presiden un tercio de las comisiones permanentes -31 por ciento-, la mayoría preside aquellas comisiones que se ocupan de la política social y el cuidado –que son las que están referidas o vinculadas al trabajo de “reproducción”, rol histórico y no retribuido puesto en cabeza de las mujeres- antes que las comisiones que tratan temas económicos e institucionales.
Después de veinticinco años de la aplicación de cuotas en las elecciones nacionales, Argentina descendió posiciones en el ranking internacional de mujeres en el Parlamento de la Unión Interparlamentaria, quedando incluso por detrás de países como Bolivia, Ecuador o México, que han realizado mayores avances en el establecimiento de la paridad política de género.
La infrarrepresentación es aún mayor en los otros dos poderes del Estado de derecho. Es alarmante la escasa presencia de mujeres en gabinetes ministeriales -13,6 por ciento en 2016 y 10 por ciento en 2017-, además de su total ausencia en sectores asociados con temas productivos o económico-financieros.
La subrepresentación se replicó en los cargos viceministeriales, donde las mujeres sólo ejercían el 14,1 por ciento de las Secretarías de Estado.
Detalladamente, el estudio del PNUD señala que sobre un total de 22 carteras ministeriales del Gabinete Nacional en 2016, poco más del 10 por ciento tenía a una mujer como titular. En los tres últimos períodos el porcentaje de ministras descendió más de 10 puntos, pasando de un promedio de 25,8 por ciento (entre 2007/2011) a 16,6 por ciento en 2016. El retroceso no se mide por la rotación de género en la figura presidencial, sino en el orden ministerial, por la presencia de mujeres al frente de carteras ministeriales otrora privativas de hombres; mujeres ministras de Defensa y de Economía representaban no solo un cambio cuantitativamente medido por estadísticas sino que, y de modo aún más determinante, ponían a mujeres en áreas decisionales que rompían con el paradigma patriarcal de solo ser eficientes en áreas asociadas a la tarea social de la reproducción sin incidencia en las áreas de producción y sus derivados.
El análisis del Poder Judicial, ese poder no democrático que se pretende contrahegemónico, determina que existe una presencia mínima de mujeres. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, apenas uno de sus cuatro integrantes actuales es mujer, mientras que la Cámara Nacional Electoral está integrada solamente por hombres y no cuenta con una Unidad de Género que trabaje la transversalización del tema en su interior. La persecución y asedio a la Procuradora General de la Nación culminaron con su renuncia luego de amenazas directas contra sus hijos. En ese falso dilema de meritocracia o representación paritaria hay que decir que la Dra. Alejandra Gils Carbó conjugó palmariamente el género con la meritocracia pues resultó electa para tal cargo por unanimidad de los senadores que la escrutaron en audiencias públicas donde su currículum profesional, académico y personal sumó elogios y adhesiones. Su renuncia es una nueva victoria del patriarcado, amén de una invasión del Poder Ejecutivo sobre la cabeza del órgano que conduce a fiscales que ejercen la investigación penal cuando se defrauda al Estado o se incurre en delitos de corrupción.
Concomitantemente, el proyecto de presupuesto 2018 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso tendrá un recorte en el área de políticas públicas con perspectiva de género del 17 por ciento en términos reales.
Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y la Fundación Siglo 21 presentaron una carta al Congreso manifestando su preocupación, ya que el organismo tendrá una partida presupuestaria 2 millones de pesos menor a la de 2017, ya que de los 163,5 millones de pesos que tenía asignado el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) en 2017, se pasaría a 161,5 millones el año próximo. Esto significa un recorte de 1,2 por ciento en términos absolutos, pero si se compara con la inflación proyectada para 2018 por el gobierno nacional -15,7 por ciento en promedio-, da como resultado un recorte en términos reales de por lo menos 17 por ciento respecto de lo que recibió este año -si es que cumplen o aciertan con la proyección inflacionaria del Ejecutivo, aunque el recorte puede ser más o menos si la inflación es mayor o menor a la proyectada.
Tampoco figuraba explícitamente el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que se anunció en 2016, y la palabra “mujer” es mencionada solo cinco veces en las trescientas fojas del Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Nación para el año próximo.
La derogación tácita de la jubilación del ama de casa es otro retroceso en términos de ingresos y autonomía patrimonial y también retrae del debate público la discusión sobre la forma de afrontar la recarga en las mujeres de las tareas de reproducción enmarcadas en la economía del cuidado, rol histórico femenino de todo núcleo de estereotipos patriarcales.
Es crucial el problema de la organización social del cuidado, puesto que las mujeres participan del trabajo remunerado y los asuntos públicos, pero mantienen la responsabilidad casi exclusiva de las tareas de reproducción social, sin reconocimiento material y simbólico a pesar de su considerable aporte a la economía real.
A ningún legislador varón le preguntan nunca cómo hace para organizarse y armonizar el cuidado de la familia y el funcionamiento del hogar, pregunta que no sólo recibimos las legisladoras mujeres al asumir sino que dicha carga debemos resolver multiplicando esfuerzos y diligencias para sortear el desafío con eficacia. Discusiones de esta índole y calibre necesitan de una fuerte representación de mujeres y, ¿por qué no?, la conformación de una bancada feminista que rompa moldes y estereotipos normativos.
Por otra parte, la incorporación de una mayor representación femenina aporta al debate público. La idea de democracia paritaria parte del reconocimiento del hecho de que las mujeres constituyen el 50 por ciento de la sociedad, la mitad de las inteligencias y capacidades potenciales de la humanidad y, por ello, su infrarrepresentación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad. Por el contrario, una participación equilibrada puede generar ideas, valores y comportamientos, por lo que se reclama un reparto equilibrado del poder.
La paridad pone sobre la mesa el perfil masculino de la política y lo hace proponiendo toda una redefinición del espacio público representativo, consistente en incluir una presencia igualitaria de las realidades y experiencias de vida de mujeres y de varones. La razón es que estamos ante realidades y experiencias de vida que desde los orígenes del Estado se definieron como dicotómicas: mientras a los varones se los vinculó a la ciudadanía activa, a la libertad y a la racionalidad imperantes en lo público, a las mujeres se nos identificó con lo emocional, lo pasivo, la dependencia y su gestión en el espacio privado de lo doméstico. Poner nuestra representación en manos de los varones equivale a otorgarles el poder de hacer valer una realidad y unos intereses, los nuestros, que son divergentes de los suyos propios. Es a esta disfuncionalidad representativa, y al poder sobre las mujeres que otorga a los varones, a lo que la paridad electoral aspira a poner fin, y así lograr una representación más fielmente democrática.
En el siglo XXI la regeneración democrática pasa por la feminización del sistema, en el doble sentido de equiparar la participación de mujeres y varones, y de permitir que florezca un modo nuevo, más femenino, de hacer política. Un modo que sea más incluyente y empático, más responsable y cercano a la realidad social, más volcado hacia el cuidado y la cooperación que hacia el conflicto y la competitividad, un modelo, en fin, donde el patriarcado deje de hacer estragos que afectan en conjunto a la sociedad.
Ante la inminencia del cierre del período de sesiones ordinarias en la próxima semana, lo que conllevará la pérdida de estado parlamentario de la sanción otorgada por el Senado nacional al proyecto autoría de la senadora Riofrío, debemos levantar nuevamente nuestra voz para exigir “Paridad Ya”. No importa si se alarga la sesión un par de horas más, es mucho más lo que hemos esperado las mujeres este reconocimiento que, como tantas otras veces en la historia, debe ser parido por mujeres.
Es aquí y ahora. Nos rebelamos las mujeres y no aceptamos más dilaciones. A la medianoche y los gallos le sucederá una alborada venturosa donde la paridad legislativa será una realidad.
Por Micaela García y todas las mujeres asesinadas por femicidas, decimos que Ni Una Menos se construye mejor con Paridad Ya!