Apoyamos plenamente la desclasificación de toda documentación y archivo que pueda contribuir a esclarecer los atentados contra la embajada de Israel y AMIA.
Tenemos un compromiso con el esclarecimiento y castigo a los culpables pese a los años que se han hecho décadas de impunidad frente a esos atentados que son una herida abierta en la democracia argentina.
Seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia y denunciamos la poca cobertura y difusión para el verdadero juicio por el encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA que se está desarrollando desde hace unos meses ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la CABA y donde los familiares y sobrevivientes acuden a los estrados judiciales prácticamente en soledad.
En la etapa de alegatos del juicio por el encubrimiento de la AMIA surgieron las escandalosas irregularidades cometidas durante toda la investigación del atentado. Los miembros de la Unidad Fiscal actuante sostuvieron que se trata de la “maniobra más escandalosa de la que este Ministerio Público tenga registro”.
En dicho juicio se encuentran imputados desde el expresidente Menem hasta el extitular de la SIDE, Hugo Azorreguy, el exjuez Galeano, el comisario Jorge Fino Palacios, llamativamente nombrado por Mauricio Macri pese a esta acusación como primer jefe de la policía Metropolitana, por recomendación del propio Mossad, conforme lo aclaró públicamente al descubrirse que desde ese cargo había realizado escuchas ilegales a los propios familiares de los asesinados en AMIA.
El propio juez Bonadío, de la recordada servilleta menemista, obtuvo su nombramiento siendo funcionario de alto rango de la Secretaría Legal y Técnica del menemato que tuvo a Carlos Corach de subsecretario antes de su salto a las lides mayores de la política. Desde su cargo de juez, Bonadío no para de favorecer a los que impulsaron su nombramiento judicial. Primero fue el sobreseimiento fraguado para funcionarios menemistas investigados por delitos de corrupción. Luego fue separado de la causa referida a la investigación por el encubrimiento del atentado a AMIA, donde desde el año 2000 hasta su apartamiento en el año 2005 no movió el expediente ni realizó ninguna investigación sobre las pistas falsas plantadas con alevosía y su cómplice desinterés.
Con toda la celeridad de la que careció en la investigación sobre las secuelas del verdadero atentado de la AMIA dispuso la apertura de causa penal por la aprobación del Memorándum con Irán, resultado de una votación aprobada conforme lo manda la Constitución y las mayorías democráticas que informan el proceso de sanción de leyes. Dicho memorándum contó con el conocimiento y previa consulta con el entonces fiscal Nisman, cuyo magnicidio va camino a seguir la misma traza de impunidad.
No lleva mejor destino investigativo la causa del atentado contra la sede de la Embajada de Israel, la que también hace mucho superó con largueza la mayoría de edad bajo el manto de una atroz impunidad. Pese a ser declarado el carácter de delito de lesa humanidad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, órgano a cargo de la investigación, declaró todo lo contrario al sostener que ya existía sentencia con autoridad de cosa juzgada.
En 2015 el Poder Ejecutivo nacional dispuso la apertura y desclasificación de todo archivo que pudiera contribuir al esclarecimiento de tan brutal crimen. Pese al tiempo transcurrido siguen sin realizarse actos de investigación judicial conducentes, por lo que resulta oportuno este paso que desde la esfera de nuestras competencias realiza el Poder Legislativo abriendo los archivos de la Bicameral ad hoc.
Frente a las fuerzas que desde lo oculto quieren robarnos la verdad y la justicia, seguimos sumando nuestra voz para denunciar tamaña impunidad y exigir ahora y siempre, el juicio y castigo a todos los culpables, poniendo especial énfasis en que resulta primordial determinar los partícipes y cómplices locales porque son los que anidan su perversa criminalidad entre nosotros cada día.