14. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GIORDANO

Establecimiento de paridad de género en ámbitos de representación política.

Desde nuestra bancada presentamos esta inserción para fundamentar nuestro rechazo a la votación del proyecto de ley que viene con sanción del Senado y que propone una reforma del Código Electoral, sosteniendo que las listas que se presenten a las elecciones estén conformadas por una mujer y un varón intercalados, lo que sería paridad de género.
El gobierno de Macri UCR, PRO y CC , con el aval de los demás partidos patronales peronistas, kirchneristas y massistas, presentó este proyecto de ley para que en las listas a legisladores haya un 5 por ciento de mujeres. Consideramos que el debate es muy importante porque seguramente muchas mujeres podrán ver con simpatía que haya un Parlamento con más diputadas. Y otras creerán que esto se traducirá en leyes que favorezcan a las mujeres o al #NiUnaMenos. Lamentablemente no será así.
En primer lugar, queremos denunciar que esta reforma del Código Electoral es más restrictiva que la ley actual. Hoy se pueden presentar listas electorales con hasta un 70 por ciento de mujeres, mientras que el cupo actual es de un mínimo de 30 por ciento. Es lo que hace el Frente de Izquierda. Pero, de ahora en más, el techo será del 50 por ciento en vez del 70 por ciento actual. Quiere decir que si el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el peronismo en sus distintas variantes no ponen más mujeres de candidatas es porque no quieren, no porque una ley se los impida.
Repudiamos entonces la hipocresía de los partidos tradicionales que usan la nueva ley para simular que se amplían los derechos políticos o democráticos de las mujeres, cuando es todo lo contrario. Con esto, por ejemplo, el FIT se verá impedido a poner en sus listas una mayor cantidad de compañeras luchadoras como lo vino haciendo hasta ahora. Presentar esto como un avance es una fantochada total.
Repudiamos el uso electoral que hace Macri y demás políticos patronales para montar una trampa al servicio de mantener sus políticas antimujeres. Hablan de que con eso se lograría una igualdad política y se estaría avanzando en los derechos de las mujeres. Esconden con este discurso su negativa a implementar verdaderas políticas que terminen con la opresión que padecen millones de mujeres, como la violencia de género, la criminalización del aborto y la desigualdad salarial y laboral respecto de los varones, que son los reclamos que las mujeres están demandando en las calles.
Es falso que un Congreso bajo control de partidos patronales con un 50 por ciento o más de composición femenina vaya a hacer lugar a las reivindicaciones por las que luchan las mujeres. Esos mismos partidos son los que, de la mano de las multinacionales y grandes empresarios, defienden la desigualdad salarial para las mujeres; son cómplices de los femicidios -al no destinar el presupuesto necesario para enfrentar la violencia de género- y, de la mano de la iglesia católica, se niegan a frenar las muertes de mujeres por abortos clandestinos al negarse a otorgar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Luego de las enormes movilizaciones de mujeres bajo la consigna #NiUnaMenos, la visibilidad de las luchas de las mujeres ha aumentado, y los de arriba tratan de sacar provecho de este fenómeno para, al mismo tiempo, desviarlo del terreno de la movilización, creando falsas expectativas en el Parlamento y los partidos patronales.
Pero el Parlamento es una institución del sistema capitalista que no está para dar soluciones a las mujeres ni a los trabajadores ni demás sectores populares, sino para votar leyes al servicio de los de arriba, de las patronales, de los ricos. Los partidos tradicionales, incluidas sus parlamentarias mujeres, siempre han defendido al capitalismo patriarcal, más allá de la proporción femenina en sus listas. Por eso, para avanzar en la lucha por los derechos de las mujeres no planteamos cupos de candidaturas de los sectores oprimidos y explotados en las listas de los partidos patronales.
Existe desde hace doce años la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que presentó el año pasado por sexta vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué el proyecto no se aprobó? Si hasta fue presidenta durante ocho años una mujer, Cristina Fernández de Kirchner. ¿No se aprobó porque no hay mayoría parlamentaria de mujeres? No. Porque a quienes dirigen a esos partidos sean mujeres o varones , no les interesa la vida de las mujeres trabajadoras y de los sectores populares, ni sus derechos democráticos. Las mujeres burguesas no corren riesgos al realizarse abortos en clínicas privadas. Son los partidos patronales quienes pactan con la reaccionaria iglesia católica que defiende a los curas abusadores.
Actualmente hay mujeres gobernadoras que podríamos poner a prueba para saber si con ellas han mejorado los derechos de las mujeres. María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, es quien encabezó una campaña de desprestigio a las trabajadoras docentes que reclamaban aumento de salario, afirmando que con las medidas de fuerza “tenían de rehenes a los chicos”. Una campaña siniestra para encubrir la destrucción de la escuela pública en beneficio de los subsidios millonarios al negocio de la privada, que el gobierno nacional y provincial fomenta.
Alicia Kirchner gobierna Santa Cruz con un brutal ajuste contra docentes, enfermeras y jubiladas y de igual manera actúa la gobernadora Roxana Bertone en Tierra del Fuego. Lo mismo podríamos decir de Carrió, Ocaña, Michetti y Camaño. Incluso en el plano internacional tampoco las mujeres que gobiernan son garantía de políticas inclusivas hacia las mujeres. Pruebas al canto son Angela Merkel, Hilary Clinton, Dilma Rousseff o Bachelet, entre otras. Para avanzar hacia una mayor igualdad en el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres, también promovemos reformas, pero que benefician al conjunto de las mujeres y no a un puñado de dirigentes de partidos patronales. Siempre nuestro partido peleó por el cupo femenino en los lugares de trabajo, como lo hacen las ferroviarias del Sarmiento para que las mujeres puedan acceder a puestos mejor calificados; reclamamos en los sindicatos que las representaciones gremiales de las mujeres sean proporcionales a la base y que haya comisiones de mujeres en los sindicatos y centros de estudiantes, y reclamamos el cupo laboral para personas trans, entre otras cuestiones.
Estas demandas son parte de las peleas cotidianas contra la discriminación. Sostenemos que para superar las trabas sociales que el capitalismo patriarcal impone a la participación política de las mujeres, debemos avanzar hacia la verdadera igualdad económica y social.
Los partidos patronales, como buenos representantes del empresariado, avalaron todas las políticas del gobierno actual contra los sectores populares, como la inflación, los tarifazos y demás medidas de ajuste. Todas medidas que afectan mayormente a las mujeres. Según datos del informe del primer trimestre del Indec, del 10 por ciento de la población más pobre de la Argentina, el 70 por ciento son mujeres. Esto es lo que se conoce como feminización de la pobreza, y de este Congreso no salió ninguna ley que modifique esa situación. ¿Es por la cantidad de diputadas que hay? Evidentemente no.
El patriarcado se combina muy bien con el capitalismo, y logra super explotar a las mujeres que, por ejemplo, dedican en promedio 6,4 horas diarias a las tareas domésticas. En cambio, los varones, solo 3,4 horas. Entre las tareas de trabajo no remunerado están los quehaceres domésticos, el apoyo escolar y el cuidado de los niños/as y de las personas adultas. Estas tareas, aunque no sean reconocidas socialmente ni remuneradas, implican una jornada laboral y se suman al trabajo asalariado, aumentando la jornada laboral de las mujeres. En un informe de la ONU se establece que el valor del trabajo de cocina, limpieza, cuidado infantil y atención a las personas mayores tareas de las que dependen las economías representa entre un 10 y un 39 por ciento del PBI de acuerdo del país que se trate. De este Congreso no salió ninguna ley que regule esta situación, ni siquiera son garantizados los jardines maternales para los hijos/as de las trabajadoras. ¿Es por la mayor o menor cantidad de diputadas que hay? Evidentemente no.
En nuestro país contamos con la terrible cifra de un femicidio cada 26 horas. En abril de este año mes en el que mataron a Micaela García y Araceli Fulles hubo un femicidio cada 18 horas. El femicidio es la manifestación más extrema de violencia de género. La ley 26.485 sancionada en 2009 por presión del movimiento de mujeres, no tiene presupuesto acorde y por eso las mujeres víctimas de violencia sufren un calvario cuando hacen las denuncias; e inclusive son maltratadas por los agentes policiales y la justicia.
Las mujeres víctimas de violencia no tienen refugios para irse de la casa en la que conviven con el violento. Tampoco cuentan con asistencia psicológica ni patrocinio legal gratuito. Las mujeres que sufren violencia de género están desamparadas y no hay ninguna política que haya votado este Congreso que las ayude. Ninguna. Por eso ocurren los femicidios, porque la cadena de violencia que sufren las mujeres no se detuvo antes.
Otro tanto pasa con las redes de trata. Miremos las leyes aprobadas aquí que supuestamente combaten la trata. Hoy la ley 26842/12 no tiene todos los artículos reglamentados. Es más, las jóvenes de los sectores más vulnerables desaparecen a diario y este gobierno, con una ministra de seguridad mujer como es Patricia Bullrich, no desmanteló ninguna red de trata. Son todos cómplices. Los jueces, los policías, los gobiernos, todos son parte de las redes.
Por otra parte, este proyecto de paridad de género contiene disposiciones que significan nuevas injerencias de los gobiernos y del régimen político en la vida de los partidos. Por ejemplo, pretende regular las PASO que, tal como venimos denunciando, son un mecanismo para beneficiar a los partidos tradicionales y proscribir a la izquierda, ya que prohíbe presentar candidatos y candidatas en las elecciones generales. Impone el requisito de lograr el 1,5 por ciento de los votantes para poder presentarse a una elección, un filtro extra a todos los requisitos que ya están en curso.
Esta iniciativa, en su artículo 1°, adecúa la paridad de género a este mecanismo –PASO , el cual desde nunca vamos a avalar, sino que desde nuestro partido luchamos para anularlo. El artículo 8° de la presente iniciativa agrega una nueva causal de “caducidad y extinción de los partidos” previsto en el artículo 50 de la ley 23.298, el cual sería violar “la paridad de género en las elecciones de autoridades y de los organismos partidarios”, por el que venimos reclamando la anulación. Es el mismo que mantiene la disposición de que se debe obtener el 2 por ciento de los votos en dos elecciones consecutivas para no perder la personería electoral, obligando a tener que volver a sacarla, teniendo que afiliar nuevamente a miles de personas con requisitos engorrosos.
A su vez, se mantienen los pisos antidemocráticos de vieja data, como por ejemplo el de tener que obtener el 3 por ciento del padrón electoral que asciende al 5 o 6 por ciento de los votantes para lograr un diputado nacional. ¿Por qué, si se quiere “avanzar en derechos democráticos”, como se dice, no se deroga esa disposición para que la izquierda pueda obtener más diputadas y diputados que luchen por más derechos para las mujeres, como lo venimos sosteniendo en cada campaña electoral?
No seremos nosotros, por ende, quienes vamos a avalar la reglamentación de un mecanismo electoral que proscribe a la izquierda.
Nuestro objetivo es llamar la atención sobre la lavada de cara del gobierno de turno y los partidos patronales que apoyan este proyecto. Los denunciamos por sembrar falsas expectativas en el Parlamento, como que con la paridad de género se puede avanzar en conquistar derechos de las mujeres. Todos sabemos que los logros se dan por la lucha y movilización que llamamos a desarrollar y a unificar para seguir arrancándoselos a los gobiernos de turno, en contra de los partidos del sistema capitalista, machista y patriarcal.