Señor presidente: estamos aquí convocados para el tratamiento de este proyecto que envió el Poder Ejecutivo, denominado de financiamiento productivo, al que consideramos una ley fundamental para las PYMES.
La importancia de aprobar esta ley reside en que se establecen varias herramientas para la financiación de las PYMES, se recortan facultades de la Comisión Nacional de Competencia (CNV) para la regulación del mercado y se fortalecen instrumentos para el acceso a créditos hipotecarios.
Por otra parte, esta ley es indispensable para consolidar el proceso de fortalecimiento de la industria local y para promover la creación de empleo de calidad en la pequeña y mediana industria.
Para poder construir un mercado de capitales sólido, que sea un medio a través del cual los ahorristas canalicen sus ahorros hacia la inversión, es necesario que exista seguridad jurídica y confianza en el regulador. Esta confianza, sólo se logrará con un sistema transparente y una regulación institucionalmente fuerte, que tenga las herramientas adecuadas para la protección de los inversores, asegurándose que las empresas funcionen con las mejores prácticas sociales, éticas y ambientales.
Una de las herramientas que la ley establece es que las facturas que emiten las Pymes sean aceptadas o conformadas automáticamente a los 15 días de emitidas, posibilitando que puedan ser vendidas a través de bancos y/o en el mercado de capitales. Esto le permite a las Pymes acceder a crédito a tasas más competitivas, ya que el riesgo de la factura está asociado al deudor de la factura y no a la Pyme. Es un esquema que se ha implementado con mucho éxito en Brasil, Chile y México.
El desarrollo del mercado hipotecario es otro de los objetivos prioritarios del Gobierno para dar una solución al déficit habitacional, así como promover el acceso a la vivienda propia y por lo tanto a la construcción, un motor esencial de la economía. Es por esto que en la ley se introducen una serie de herramientas para facilitar el fondeo de los bancos que otorgan estas líneas. Una se denomina “securitización”, por la cual las entidades venden parte de la cartera de créditos otorgados al mercado de capitales. De esta manera, consiguen fondos frescos para seguir prestando.
Para lograr un crecimiento sostenido de la economía, el Gobierno apuesta a estimular la inversión a largo plazo, fomentado el ahorro, y la mejor manera de hacerlo es potenciando el atractivo de los seguros de vida y de retiro, que permiten a las personas capitalizarse, impulsando a las compañías a invertir en activos de larga duración.
Por último, con la sanción de esta ley se logrará más transparencia fiscal en los fondos cerrados. Estos fondos facilitan el acceso de los ahorristas al mercado de capitales, dándoles la posibilidad de diversificar sus inversiones. Sin embargo, no se encuentran muy desarrollados en la Argentina en comparación con el resto de los países de la región, en parte porque tributan actualmente el Impuesto a las Ganancias como cualquier sociedad anónima. El proyecto de ley propone que los fondos cerrados no estén gravados, sino que sean fiscalmente transparentes y que sea el cuotapartista el que pague impuestos por lo que reciba, en función de cómo está gravado el activo subyacente en el que invirtió dicho fondo. Estos fondos deberán contar con oferta pública, serán autorizados y regulados por la CNV, y se requerirá que tengan un objeto definido y una dispersión mínima de cuotapartistas y activos. Además, tendrán un plazo finito.
Señor Presidente: en suma, se trata de una ley que representa una de las herramientas que desde el gobierno se propone para fomentar la generación de empleos en la industria y sobre todo en las Pymes, por lo que por todo lo expuesto, manifiesto mi total apoyo a esta propuesta del Poder Ejecutivo.