1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BORSANI

Régimen de defensa y fomento de la competencia

Voy a destacar algunos aspectos de la ley que estamos tratando y que en esencia refieren a proteger una parte sustancial de los “nuevos derechos y garantías” incorporados en la reforma constitucional de 1994.

Básicamente estamos legislando sobre la protección del consumidor y de la relación de consumo. El artículo 42 de la C.N. establece que las autoridades proveerán a la “defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados” y “al control de los monopolios naturales y legales”.

Además, en el artículo 43 de la C.N. se habilita incluso la figura de la “acción de amparo” contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que restrinja la competencia.

Hago esta salvedad para que se comprenda que acá estamos protegiendo los derechos de los consumidores y no estamos alivianando regulaciones a las empresas. Estamos exigiendo más responsabilidad a las empresas en el ejercicio de sus derechos en los mercados.

Trabajar por más competencia implica un mayor control de los monopolios y los oligopolios, promover el control de los grandes capitales, de los grandes jugadores de cada mercado.

Estamos trabajando para que los consumidores y los pequeños productores (que son la mayoría), se enfrenten a reglas claras y a precios justos.

Tengamos presente que el objetivo fundamental de nuestro Gobierno es reducir la pobreza, nuestra principal herramienta para lograrlo es crear trabajo formal de calidad y el requisito indispensable para crear trabajo digno y sustentable es aumentar la inversión pública y privada, nacional y extranjera.

En ese camino, agregarle a la producción valor argentino, es agregarle trabajo y “costo argentino”. Las prácticas monopólicas y los abusos de mercado distorsionan precios y costos de producción. No nos permiten ver con claridad las señales de precios que tienen que orientar la inversión. No nos dejan ver con claridad aquellas actividades que son rentables y aquellas que no.

Los mercados más transparentes benefician a los consumidores y dejan que los pequeños productores crezcan de manera legítima y sustentable al amparo de un trato justo. Para nuestro Gobierno, es fundamental el apoyo a los pequeños productores de bienes y servicios, basado en reducir sus costos y mejorar el entorno competitivo en que se desempeñan.

Este proyecto regula los acuerdos y prácticas prohibidas, la posición dominante y las concentraciones y fusiones de empresas.

Creemos que es un gran avance la creación de una Autoridad Nacional de la Competencia, constituida por profesionales concursados y con acuerdo del Senado de la Nación. También es un avance la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia, con sus procedimientos y esquema de sanciones.

La incorporación de la figura del arrepentido combatirá las prácticas monopólicas por parte de las empresas y la creación de un Programa de Clemencia que beneficia a las que adhieran, en la medida en que se aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros de un cartel.

Las sanciones son duras y las personas jurídicas son imputables por las conductas realizadas por las personas humanas que hubiesen actuado en su nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona jurídica, aun cuando el acto que hubiese servido de fundamento a la representación sea ineficaz.

Resulta muy importante para nosotros el informe de situación de la competencia en el país que deberá elaborar anualmente la Secretaría de Comercio. El informe contendrá estadística en materia de libre competencia en los mercados y deberá ser remitido al Congreso de la Nación. Será un insumo de primer orden que nos va a permitir monitorear los avances en esta materia.

Nuestra economía tiene sin dudas mucho que ganar en términos de reparación de daños y perjuicios derivados de actividades contrarias a la competencia y a los derechos de los consumidores. Pero también necesita consolidar estructuras y prácticas de mercado que fomenten la competencia y permitan una asignación más eficiente de los recursos de los consumidores y de las empresas.

Esta ley viene a saldar una deuda pendiente con la transparencia, viene a consolidar derechos de usuarios y pequeños productores y a marcar obligaciones para los jugadores más fuertes y dominantes. Hace años que hay una Ley de Defensa de la Competencia pero la demora en su puesta en práctica plena y los vaivenes regulatorios derivaron en mercados con pocas sanciones.

El control de la inflación depende en gran medida de la consolidación de mercados más transparentes y eficientes en la determinación de los precios, para la protección de los consumidores y de los pequeños productores que son los que generarán la mayor parte de los puestos de trabajo que necesitamos en nuestra lucha contra la pobreza.