Sigo creyendo en la idoneidad, en los méritos, en las trayectorias, en las historias personales, y en las capacidades individuales -y de liderazgo- a la hora de seleccionar candidatos, asignar tareas, promover ascensos, designar funcionarios o asumir responsabilidades. En una sociedad ideal, no harían falta mayores estímulos que los mencionados, porque la meritocracia seria el principal ingrediente de valoración y reconocimiento. En una sociedad idealmente justa, habría igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y ellos accederían con la misma facilidad a iguales desafíos. Pero nuestra sociedad, como muchas otras, no es una sociedad perfecta. Construida desde el machismo, se concibió en un escenario en el que las mujeres ni siquiera votaban.
Coincidencias del calendario, el 23 de septiembre pasado se cumplieron setenta años del acontecimiento legislativo que permitió a las argentinas ser incorporadas a la vida cívica del país de la mano de una líder mujer que abrió otras puertas y entró en la historia. Pero María Eva Duarte, se había inspirada a su vez en la valentía de otra dama argentina, Julieta Lanteri, quien en 1911 aprovechando un vericueto legal logro sufragar –inscribiéndose en un padrón solo de votantes hombres calificados-, siendo el primer sufragio de una mujer en el país y en Sudamérica.
Más contemporáneamente, llegó el cupo femenino -a través de la ley 24.012 sancionada el 6 de noviembre de 1991- que estableció un nuevo paradigma en las listas de representantes elegibles por la ciudadanía, garantizando el 30 % de mujeres en su integración. El tiempo fue demostrando que esa iniciativa generó un modelo en expansión y hasta logramos tener a la primera mujer integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tiempos democráticos, y una primera Presidenta de los argentinos, acompañando un fenómeno que se repetiría en otras naciones de Latinoamérica como Brasil y Chile.
En este sentido, he elogiado el documento ejecutivo de diciembre de 2016 que diera origen a la “Iniciativa de Paridad de Género” (IPG) en Chile, que a través de una alianza público/privada apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial -entre otras organizaciones-, busca cerrar la brecha económica de género que se observa en nuestras sociedades. Es, justamente en esta hermana República, que en las recientes elecciones generales del domingo 19 de noviembre se aplicó por primera vez una nueva legislación electoral por la que se dispuso que las listas de legisladores tuvieran una integración de al menos el 40 % de uno de los géneros, lo que claramente buscaba una mayor participación de mujeres. Tras la elección, la composición de legisladoras paso del 15% al 28% mostrando que ciertas normativas e ideas pueden ser disparadoras para un cambio cultural y una renovación de la política.
“La competitividad de un país u organización, está determinada por su talento humano, las habilidades y la productividad de su fuerza de trabajo y si su población está integrada de manera efectiva en el mercado laboral. Por lo tanto, asegurar el desarrollo y participación del talento disponible de la mitad de la población, compuesta por mujeres, es crítico para determinar qué tan exitoso será un país o empresa en el futuro” (Del documento ejecutivo “Paridad de Género Chile”).
Lo mismo puede decirse en la política. Si más mujeres acceden a las bancas, más colegas con presencia, voz y voto, pugnaremos para que más argentinas accedan al sistema de educación en todos sus niveles, para que reciban la contención y la protección adecuada en el sistema de salud, para que aumente su participación laboral en la vida económica del país, para que aspiren a labores de mejor calidad, para que se reduzca la brecha salarial de género, para que se derriben las barreras que impiden el acceso femenino a puestos decisivos. También, para que entre todos, reordenemos los determinantes legales e institucionales que prevalecen hasta el presente, y podamos generar los estímulos que consoliden la igualdad entre argentinos y argentinas. Esa misma igualdad de la que habla nuestra Carta Magna y que muchas veces la cruda realidad demuestra que solo es una pretensión dogmática a la que aspiramos llegar.
Apoyar esta ley de paridad de género puede parecer a priori un acto meramente feminista, pero no es más que un mecanismo para nivelar injusticias, promover oportunidades, y asegurar derechos. Estoy segura que tendrá efectos e impacto no solo en nuestro ámbito legislativo, sino y por sobre todo en nuestra sociedad. Y hay momentos de la historia en que a las mujeres nos toca ser protagonistas como seguramente dirá el trasfondo de esta votación.
Por eso, señor presidente, voy a votar afirmativamente esta ley de igualdad, que ya cuenta con media sanción del Senado, para que hoy afiancemos el camino de construir juntos una verdadera república de oportunidades sin distinción de género.