23. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MONFORT

Régimen de defensa y fomento de la competencia.

La iniciativa que nos aprestamos a debatir mejora sustancialmente la situación en torno a los derechos de los consumidores, tantas veces opacados por los abusos de las empresas y la falta de control del Estado.
Los proyectos autoría de los Diputados Negri y Carrió terminan con una etapa de sanciones irrisorias y de falta de control que impedían evitar efectos distorsivos sobre la competencia, como la conformación de monopolios, oligopolios y cartelización.
La legislación vigente, del año 1999 ha quedado claramente obsoleta. Resulta necesario para esta nueva etapa de la Argentina debatir un esquema moderno y la aplicación de nuevas herramientas en materia de defensa de la competencia.
Es evidente que cuando no hay competencia o unas pocas empresas concentran la oferta en un rubro, los más perjudicados son los consumidores, volviéndose el sector más vulnerable y frágil si no existe un Estado que proteja sus intereses y derechos. El Estado tiene un rol ineludible para regular y prevenir las conductas anticompetitivas realizadas por personas o cárteles que detentan una posición dominante. Para lo cual debe generar los instrumentos adecuados con apoyo de este Congreso Nacional.
En este sentido son fundamentales cuatro aspectos que esta Ley viene a cubrir.
En primer lugar, la actualización y endurecimiento de las sanciones que actualmente afectan a quienes incurren en prácticas anticompetitivas; a la vista que en la actualidad las empresas prefieren pagar determinadas multas y seguir con sus conductas fuera de la Ley vigente.
En segundo lugar, la creación de un ente imparcial que permita controlar y sancionar a quienes caigan en prácticas monopólicas. Múltiples son las iniciativas en esta Honorable Cámara que coinciden en la necesidad de recuperar un órgano autárquico y con la suficiente independencia e idoneidad para resolver las sanciones administrativas. Este aspecto queda saldado con la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia.
En tercer lugar, la inclusión de un Régimen de Clemencia que, ante la severidad de las penas, motive la denuncia por parte de los involucrados directamente en las conductas entre empresas o individuales prohibidos por la Ley. Es decir, un régimen de oportunidad penal que habilite la eximición de la pena a quienes aporten información o documentación significativa en la investigación, en línea con las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para agilizar la investigación de delitos complejos.
Y finalmente la inclusión de programas de acción directa para el fomento de la competencia en nuestro país. Debemos aspirar a políticas que impliquen un involucramiento activo del Estado en la generación de un clima de competencia, que a las claras favorecerá a los consumidores y las pequeñas y medianas empresas en cada rubro.
Como síntesis, esta ley logra mecanismos que hacen converger el interés de los consumidores, ayuda a desconcentrar la economía, incentiva a la inversión de las pequeñas y medianas empresas, y promueve una sana competencia.
Nos acercamos con este tipo de herramientas normativas a las naciones del mundo, especialmente las que integran la OCDE, que desde hace tiempo cuentan con este tipo de legislaciones en la lucha contra los cárteles.
Por eso manifiesto mi apoyo y adhesión al espíritu de los proyectos de los diputados Negri y Carrió, convencido de que la ejecución de programas que controlen y disuadan los abusos comerciales y el fomento de condiciones más competitivas para las empresas, repercutirá en una mejora que favorecerá especialmente a los consumidores al evitar, entre otras cosas, la suba de pecios injustificada y arbitraria.