El proyecto en cuestión, que viene con media sanción del Senado y que se presenta con moción de sobre tablas, introduce el artículo 60 bis en el Código Nacional Electoral y fija la obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos en las listas de candidatos a legisladores nacionales.
En tal sentido, quiero fundamentar mi acompañamiento al proyecto, no sin antes aclarar las razones por las cuáles minutos antes me opuse a su tratamiento.
Considero que con su sorpresiva presentación, la diputada Victoria Donda buscó eludir el debate de ideas y argumentos en el recinto, igualando hacia abajo y adoptando otra vez la actitud de querer imponer sus valores y creencias individuales por sobre el resto de los diputados.
Como explicaré más adelante, estoy convencido de la necesidad de impulsar una política de paridad de género a la hora de constituir las listas de candidatos, pero el debate era una oportunidad para hacerlo de manera sólida y expresando los matices que me diferencian de las propuestas del feminismo colectivista.
Considero que en lugar del sano debate asistimos a la utilización demagógica por parte de actores políticos de todos los sectores. De esta manera, para las generaciones futuras, esta inserción quedará como el único medio de expresión del que dispuse para expresarme sobre este tema como Diputado de la Nación.
En este contexto, siendo este Congreso el ámbito de discusión de las ideas de las diferentes fuerzas políticas, y perteneciendo a un bloque que respeta y valora la diversidad de las mismas, comenzaré dejando en claro, para saber desde dónde hablo, que personalmente me identifico con las ideas de la libertad en un sentido amplio, lo que se traduce en un liberalismo progresista, republicano y democrático. Ideas que, por otra parte, filosóficamente se presentan enmarcadas en el individualismo ético.
Dicho esto, corresponde comenzar recordando que desde esta perspectiva los liberales afirmamos que los derechos siempre son individuales, no colectivos. Por eso no creo en las causas corporativas, sectoriales, y por lo tanto tampoco de género.
En consecuencia, mi voto no apunta a que las mujeres tengan un determinado derecho colectivo por el hecho de ser mujeres, sino a que cada argentino ejerza el derecho a ser elegido en igualdad de condiciones y oportunidades. Y es un hecho de la realidad que el sistema imperante funciona como una barrera de ingreso difícil de superar para las ciudadanas argentinas cuando no integran el círculo de confianza de los armadores políticos.
Pero en esa misma línea es importante destacar que la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos representativos implica, en primer lugar, terminar con esas viejas prácticas instauradas por los populismos de todos los tiempos. A nadie escapa el hecho de que el armado de las listas de candidatos está lejos de ser un acto de rigurosidad democrática; lo que configura el primer punto que debiera abordarse para evitar que la incorporación de más mujeres en las listas sea una puerta más grande para el accionar machista de los “punteros” y armadores políticos que deciden quiénes serán esas mujeres. Sin democracia interna no hay verdadera equidad de género.
Si de lo que se trata es de mejorar la calidad de la representación parlamentaria es condición fundamental que los partidos establezcan procedimientos electorales internos transparentes y obligatorios, incluso para conformar las listas de precandidatos que luego se presentarán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
No es nada nuevo, para quien se encuadra en este marco de ideas, la lucha por la efectiva participación de los ciudadanos en la vida pública y la mejora de la representación política. Desde la batalla contra el absolutismo, con la creación del parlamentarismo y los sistemas democráticos modernos, el liberalismo ha recorrido un largo camino para mejorar los sistemas de elección de representantes. Por un lado, ampliando el universo de electores, y por otro, reduciendo las barreras que bloqueaban el acceso a los cargos electivos a gran parte de la sociedad.
Cambiar un sistema político viciado por las prácticas populistas, implica también que la representación ciudadana en la Cámara de Diputados sea el fiel reflejo de una sociedad donde más de la mitad de sus integrantes son mujeres. Hoy ya existe una Ley de Cupo Femenino que establece el piso de un tercio para las candidatas mujeres, pero aún sin tener un techo las prácticas políticas lo establecen de hecho. Por eso digo que existiendo una Ley de Cupo Femenino, sólo se trata de hacerla más acorde a la composición porcentual de la sociedad en términos de género.
Hay quienes cuestionan esto en base a lo que expresa el artículo 16 de la Constitución Nacional en cuanto a que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, pero no reparan en que la Constitución hace referencia a los empleos y no a los cargos electivos. Para éstos, ya en 1853 los constitucionalistas establecieron, por ejemplo, que para ser Diputado sólo se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años y tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio. Es decir, que estamos en el ámbito de la representación.
La fortaleza del auténtico liberalismo ha radicado siempre en su innata flexibilidad para adaptarse a los cambios de contexto y poder así enfrentarse a los nuevos desafíos a medida que estos han ido surgiendo. El liberalismo aprovecha la innovación y la creatividad humana, en vez de aferrarse a las tradiciones recibidas del pasado. Y todo en el marco del Estado de Derecho y el sistema representativo republicano federal, según lo establece la Constitución Nacional vigente; la que al respecto, en su artículo 37, expresa claramente que “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.”
Garantizar el derecho a elegir, y garantizar el derecho a ser elegido, son las dos caras de una misma moneda que simboliza una causa permanente para el liberalismo. Una causa que incluye pero no se limita a la paridad de género, sino que aboga además por un sistema electoral más simple y transparente, por una ley de partidos políticos más moderna, y por abrir el debate que nos conduzca a un sistema más representativo y que deje atrás las actuales “listas sábana”.
Con este mandato y estas consideraciones, y advirtiendo una vez más que sin democracia interna no habrá verdadera equidad de género, queda así fundamentado mi voto afirmativo en el tratamiento del Expediente 90-S-2016 - Establecimiento de paridad de género en ámbitos de representación política.