36. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ROSSI

Régimen de Financiamiento Productivo

La finalidad del proyecto se centra en generar las bases para dar un fuerte respaldo al financiamiento pyme; se busca potenciar de modo federal, incluyendo en el mercado de capitales a las mipymes del interior del país,; incrementar la protección a los inversores; potenciar las ofertas públicas de acciones; favorecer el desarrollo del mercado de hipotecas y la inclusión financiera.Se busca también sentar las bases necesarias para la promoción del ahorro a largo plazo; robustecer la infraestructura de los mercados de capitales y mejorar la independencia y capacidad de supervisión de la Comisón Nacional de Valores.
Al incorporar las letras hipotecarias y crear una factura de crédito electrónica para mipymes se permitirá descontar ese documento en el mercado, ya que tendrán un plazo legal como si fuera un cheque, evitándose así las tasas usurarias que afectan a estas pequeñas empresas.
También crea las condiciones legales para el funcionamiento de fondos cerrados de inversión, incluyendo eliminación de impuestos. Se trata de un vehículo clave para captar inversiones, tanto de sector inmobiliario, como de infraestructura.
Este proyecto tiene por objeto, lograr un avance hacia el fortalecimiento financiero de las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente en dos aspectos.
Por un lado,se pretende resolver la asimetría comercial existente entre las mipymes y las grandes empresas, buscando evitar que estas últimas cancelen las facturas en plazos que exceden ampliamente a los acordados entre las partes, tal y como sucede en la actualidad.
Por el otro, se procura brindar a las mipymes una nueva modalidad de financiamiento muy favorable, al permitir la negociación de las facturas de crédito en el mercado de capitales o en el sistema financiero, brindando de este modo una herramienta operatoria que reduciría significativamente los costos de financiamiento.
El gobierno bautizó a la reforma que propone una nueva regulación del mercado de capitales como “la ley de financiamiento productivo".
El objetivo es que se facilite el acceso a créditos para las pymes y que se genere un mayor impulso al mercado de hipotecas.
A partir del régimen propuesto, las mipymes tendrán la obligación de emitir en todas las operaciones comerciales realizadas con empresas grandes un nuevo instrumento de facturación denominado "Factura de Crédito Electrónica mipymes", en reemplazo de las facturas o recibos electrónicos que emiten actualmente.
El comprador deberá aceptar expresamente la factura de crédito electrónica mipymes dentro de los 30 días corridos desde su recepción.
Si durante ese plazo no fueren canceladas o aceptadas expresamente, las Facturas de Crédito se considerarán aceptadas tácitamente por el importe total a pagar, constituyendo a partir de ese momento un título ejecutivo y valor no caratular por el total de su monto.
Asimismo el comprador o locatario podrá rechazar las facturas de crédito electrónicas mipymes dentro de los diez días de su recepción, siempre que se presenten algunas de las causas previstas en el proyecto, entre las cuales se pueden destacar la falta de entrega de las mercaderías, la presencia de daños, defectos o diferencias de calidad en las mercaderías recibidas, incumplimientos en la prestación de los servicios acordados, divergencias en los plazos o precios estipulados, la existencia de vicios formales en las facturas y/o su cancelación total.
Además, se prevé la creación de un Registro de Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes, que funcionará en el ámbito de la AFIP, en el que se asentará la información contenida en las mismas, como así también su cancelación, rechazo o aceptación.
Quedan exceptuados del régimen de facturas de crédito electrónicas mipymes los comprobantes emitidos por los prestadores de servicios públicos, los emitidos a consumidores finales y las operatorias comerciales por intermedio de consignatarios o comisionistas.
También quedan exceptuadas las facturas emitidas a los Estados nacionales, provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipales, y a los organismos públicos estatales, salvo que estos hubieren adoptado una forma societaria.
El debate deja entrever que este proyecto tiene la intención de poner en lugar destacado a la pequeña y mediana empresa permitiendo fortalecer el mercado de capitales argentinos para fomentar la inversión y llevar a nuestro país al lugar productivo y competitivo que merece.