En respuesta a la necesidad de promover el desarrollo, la expansión y el crecimiento de la industria nacional, se han impulsado reformas, tanto desde el Poder Ejecutivo Nacional como desde este Honorable Cuerpo para afianzar el fortalecimiento de las empresas de nuestro país.
En la actualidad, las compras públicas conforman uno de los instrumentos de política de desarrollo productivo más relevantes en los países desarrollados, quienes utilizan la capacidad de compra e inversión de los Estados Nacionales para el desarrollo de proveedores en sectores estratégicos en materia industrial y de servicios de alto valor agregado a través de regímenes especiales que promueven la participación del sector productivo local.
El dictamen conjunto alcanzado tiene por objeto establecer una serie de acciones a favor de la industria nacional en el marco de las compras y contrataciones del Estado. El proyecto de ley en tratamiento busca erigirse como una herramienta fundamental para el desarrollo tecnológico industrial, constituyendo un elemento más dentro de las políticas nacionales de modernización, eficiencia y mejora permanente de la calidad y competitividad en la producción. Se establece la cuantía del margen de preferencia y el contenido nacional para promover la mayor participación de los proveedores nacionales.
La ley 25.551, vigente desde el 31 de diciembre de 2001, que establece el Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos Compre Trabajo Argentino , crea una situación normativa particular ya que retoma la vigencia del decreto ley 5.340/63 y de la ley 18.875. Esto desembocó en una confusión para todos los actores que se vieron afectados por la aplicación de la norma.
Por lo tanto, es menester modificar la legislación con el fin de establecer una herramienta que coadyuve al desarrollo de la matriz productiva local, dado que el actual régimen no tiende a promover la participación del sector productivo nacional de forma activa, así como tampoco el desarrollo tecnológico.
Es de vital relevancia establecer un nuevo régimen de compras públicas, teniendo en cuenta la experiencia internacional, para orientar la política productiva hacia la generación de más y mejor empleo, de mayores capacidades productivas y tecnológicas y la participación de empresas nacionales en cadenas globales de valor, en especial de las MIPyME, es decir de las micro, pequeñas y medianas empresas).
Cabe destacar que se crea el Programa de Desarrollo de Proveedores con el objetivo principal de desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional, la promoción de la competitividad y la transformación productiva.
Es fundamental para el futuro generar una nueva institucionalidad que permita la coordinación interministerial para garantizar la participación adecuada de los proveedores nacionales en las contrataciones de los organismos públicos en compras estratégicas que efectúa el Estado Nacional. Ese es nuestro deber.
Es nuestra responsabilidad legislar en pos de fortalecer la generación de información sobre las capacidades locales de producción, el impulso de la participación de la industria de forma activa y la anticipación de forma planificada de las contrataciones relevantes para fortalecer el entramado productivo. Este proyecto impulsa la transparencia en la gestión y fomenta la participación de las empresas nacionales.