1. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ALONSO

Proyecto Reforma Previsional (Expte. 123-S-17) OD3

El miembro informante de mi bloque y muchos de quienes me han precedido ya se han referido a los aspectos técnicos como al fundamento que inspira la razón de ser del proyecto que estamos debatiendo, por lo que voy a tratar de ser breve en mi discurso.
Me preguntaba cuáles deberían ser las prioridades que como legisladores tenemos que asumir en un escenario tan difícil, complejo y sobre todo preocupante como el que atravesamos.
Habrá quienes estarán pensando que esos adjetivos están fuera de lugar, que se trata de falacias, que en nuestro rol de opositores tenemos que decirlo. Sin embargo, todos saben en el fondo de sus conciencias que desde la asunción de este gobierno lo que se ha desplegado es un plan sistemático de destrucción de derechos.
Por eso, en vez de convocarnos a pensar y consensuar normas que retornen al pueblo los beneficios arrebatados mediante medidas perversas, intentaron burlar y subestimar la madurez alcanzada por ese pueblo en los años de inclusión y nos propusieron una reforma previsional que violenta derechos adquiridos y a la que se quiere aprobar en un santiamén, soslayando la presencia de los actores involucrados, los que serán perjudicados de aprobarse este engendro legal que, bajo el pretexto de una mejora, oculta un brutal saqueo a los fondos de la ANSES, así como un ansiado -por ellos- retorno al régimen de capitalización, aquel que constituyó un despojo para los trabajadores y que en 2001 concluyó con el Estado haciéndose cargo de todo el desmanejo de políticas en las cuales se presuponía que el mercado y la teoría del derrame llegarían a todos.
No extraña que vengan por esos fondos y por nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros niños, niñas y adolescentes. Si en algo se destacan las políticas neoliberales –como las que aplica este gobierno- es en su profundo desprecio por los más vulnerables. Es decir, esa vulnerabilidad social es el resultado de la aplicación de esas políticas, y es por eso que cuando los funcionarios acuden a responder frente a los representantes del pueblo, lo hacen haciendo gala de la soberbia más absoluta; por caso, como el ministro Dujovne, cuando ante la pregunta de una diputada sobre si sabía cómo impactaría en el haber jubilatorio el cálculo de la nueva fórmula contenida en el proyecto en tratamiento, se despachó afirmando que ese dato no lo tenía.
No puede concebirse que estos funcionarios que gustan exhibir su currículum y sus antecedentes académicos, poblados de maestrías y doctorados en prestigiosas universidades extranjeras, sean incapaces de presentarse ante esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación y siquiera precisar un número, un porcentaje, un cálculo matemático. ¿O es que no han tenido tiempo para hacerlo? Sin embargo, pretenden que en un tris aprobemos una reforma de tamaña envergadura, que comprende aproximadamente a 17 millones de personas, beneficiarios de la fórmula de movilidad establecida en la ley 26.417, dentro de los cuales encontramos a jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares, de la asignación universal por hijo, de pensiones no contributivas y veteranos de guerra.
El bochorno que generaron al iniciar el tratamiento del proyecto de ley -impidiendo un debate que debió exigir la presencia de especialistas en materia previsional, así como de sectores académicos que pudieran aportar su visión, entre otros- demuestra que les urge en primer lugar acatar las directivas requeridas por el Fondo Monetario Internacional, en el marco del plan de ajuste que lleva a cabo el gobierno del presidente Macri.
La hoja de ruta de las reformas que propuso el gobierno nacional en la primera visita que realizara el organismo en septiembre de 2016 , y que hoy lleva adelante, cuenta con el aval del Fondo Monetario. En cuanto a la reforma previsional, uno de los ejes planteados por el FMI es la suba de la edad jubilatoria, que el organismo impulsó en su informe de noviembre de 2016. En ese texto, escrito después de la inspección que realizó la misión del Fondo, también se impulsaba un cambio del método de cálculo de la actualización de haberes, con vistas a lograr subas cada vez menores. Asimismo, otro de los ejes propuestos es la eliminación de las cajas provinciales y la equiparación de los haberes, en general a la baja.
El apuro por sancionar esta norma lesiva para nuestros jubilados actuales y los que vayan a serlo forma parte de un plan deliberado cuyo monitoreo es efectuado por el FMI y en el que poco importa el sacrificio al que serán sometidos millones de argentinos.
Como puede advertirse, se cumple a rajatabla con lo comprometido cayendo en la vieja trampa de hacer los deberes vía reformas laboral, tributaria y previsional para que luego de las revisiones de rutina, el organismo multilateral habilite una etapa de endeudamiento con las condiciones y exigencias que ya conocemos.
Vergüenza es lo que tienen que sentir frente a los ojos de nuestros mayores quienes están a favor de esta iniciativa. Muchos jubilados votaron la propuesta electoral del oficialismo confiados en que sus derechos no serían relegados. Sin embargo, se propone una reforma regresiva plagada de inequidades. No hay un solo artículo que establezca mejores derechos para los jubilados y trabajadores en actividad.
Se aumenta la edad jubilatoria, se reduce el haber inicial y se modifica la fórmula de la movilidad jubilatoria. Se trata de medidas que limitan sustancialmente el nivel de derechos sociales ya alcanzados, vulnerando expresos derechos constitucionales y derechos humanos tutelados por los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país.
Este gobierno que se jacta con su muletilla de “volver al mundo” lo hace de la peor manera, no solo deportando periodistas sino también contraviniendo normas internacionales; por caso, la Convención Interamericana que aprobó este Congreso hace pocos meses, instrumento internacional que garantiza el derecho a la seguridad social y que reza en su parte pertinente: “Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna. Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social.”
La iniciativa que estamos debatiendo, además, desfinancia el sistema de la seguridad social transfiriendo recursos en forma discrecional y arbitraria a favor del Estado y los privados. Se vulneran los principios de universalidad, solidaridad y justicia social. Se violan el derecho constitucional a la movilidad jubilatoria y el derecho a la propiedad, establecidos en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. Se viola el artículo 7° del Código Civil y Comercial, el cual establece expresamente que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, no pudiendo afectar derechos amparados por garantías constitucionales, como lo es el derecho a la movilidad jubilatoria. Se viola el principio de solidaridad, igualdad y no discriminación. Se fragmenta el colectivo de jubilados y pensionados. Se contradice el principio de progresividad y se viola la prohibición de retroceso sin justificación seria alguna.
Estamos frente a uno de los momentos bisagra de nuestra historia legislativa. Asistimos a un escenario que nos interpela para expresarnos conforme la representatividad que nos otorgara nuestro pueblo, nada más ni nada menos que para legislar sobre el futuro, pero fundamentalmente sobre la vida futura, que es algo más tangible, algo que nuestros jubilados podrán vivenciar cuando arriben al final de su vida laboral y se dispongan a disfrutar del tiempo libre, los nietos, los amigos, el ocio creativo, en fin, momentos y tiempos que solo implican un obstáculo para el cumplimiento de las metas trazadas por el FMI y que aplica tozudamente el oficialismo.
En este cambalache al que asistimos, en este manoseo de “si pasa, pasa” al que nos tienen acostumbrados, buscan subestimar a los integrantes de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, pero en realidad subestiman al pueblo, porque creen que con debates precarios como el presente, con distracciones inconducentes, van a mantener a su núcleo duro de votantes contentos, como los tienen cuando reprimen a docentes y trabajadores, o como cuando nos quieren convencer con “los brotes verdes de las inversiones” que van a llegar; sí, claro, de la mano de una flexibilización laboral a mansalva. Pero la gente, el pueblo, en su gran mayoría, sabe que no es así, porque además hay que decirlo: los únicos brotes verdes que hemos visto en el año y medio de gobierno del presidente Macri son los uniformes verdes de la Gendarmería y el aumento del dólar.
Y por si esto fuera poco, el pasado jueves asistimos a uno de los hechos más bochornosos de los últimos años: una militarización sin precedentes fue desplegada por el gobierno para amedrentar a quienes se querían manifestar en paz contra la reforma previsional.
En ese operativo intervinieron cuatro fuerzas de seguridad, totalizando más de 1.500 efectivos rodeando el Congreso –que había sido previamente vallado- e impidiendo el ingreso de varios legisladores mientras la Gendarmería disparaba peligrosos proyectiles de goma, sin orden alguna, enfrentando a los propios diputados, periodistas, familiares de tripulantes del ARA San Juan, arrestando, gaseando y golpeando a cuanto manifestante se le pusiera a tiro.
Pero semejante operativo, que luego se convirtió en una cacería indiscriminada de manifestantes, hizo hincapié en los indefensos de siempre, personas en situación de calle o simples transeúntes que terminaron arrestados o golpeados, tal como fuera registrado en las redes sociales. Como siempre, cuando todo concluyó, los extraños encapuchados, los que queman autos y rompen comercios, no aparecieron por ningún lado ni figuraron entre los detenidos.
No se recordaba un hecho de esta gravedad. Ni en 2001 vimos esta parafernalia de camiones de Gendarmería y efectivos pertrechados hasta los dientes. Esta provocación que derivó en un tremendo descontrol fue un exceso del dispositivo de seguridad, cuyo máximo responsable es el presidente de la Nación y su brazo ejecutor, la ministra Bullrich, que luego de este operativo debió haber renunciado.
La protesta del pueblo brutalmente reprimida fue en legítima defensa frente a un gobierno de empresarios dispuesto a saquear el bolsillo de los jubilados.
La imponente movilización popular cambió la lógica de la negociación. El gobierno decidió apretar a un grupo de gobernadores dóciles para asegurarse el voto favorable ante el fracaso de la sesión. Una cuestión que no puedo dejar de mencionar es la magnitud de la presión ejercida sobre los gobernadores que concluyera con la firma de un acuerdo objetable, un instrumento violatorio de la división de poderes.
Al no conseguir el quórum en la fracasada sesión del jueves pasado y dar marcha atrás con la reforma por DNU, apareció el caramelo, porque el bono de compensación que propusieron es un maquillaje que no va a modificar el clima de malestar generalizado que crearon.
El oficialismo propone el no debate. Es de esperar que no cuente para ello con el apoyo de una oposición cómplice, más preocupada en posicionamientos de circunstancia que en fundamentar su voto ante realidades adversas.
No hay refundación de un país nuevo; tampoco lo realizado hasta el momento es “extraordinario”, como afirmó el presidente Macri. Lo cierto es que en el país del cambio, en el país del “sí se puede”, hay presos políticos, desaparecen y/o son asesinadas personas en operativos de las fuerzas de seguridad, aumentan día a día los despidos, desaparece un submarino, se viola la autonomía universitaria y con proyectos como el que estamos tratando se pretende ultrajar los derechos y la dignidad de nuestros jubilados. Es decir, el país real se desmantela sin piedad.
En este apuro que atiza el FMI y que fue hábilmente pautado por la agenda mediática no extraña la desesperación del oficialismo por emitir su dictamen. Esto pudimos observarlo cuando TN emitía un zócalo referido a la firma pese a que aún se estaba debatiendo en comisión. Estaban decididos a firmar con la mayor prontitud para sancionar el proyecto en breve.
Cada diputado sabrá lo que tiene que hacer en este momento crucial, pero no puedo dejar de pensar en la vergüenza y en la degradación moral en la que van a incurrir muchos de mis pares creídos, como están, de que pasarán a la historia.
A la historia se pasará cuando de este Parlamento surjan proyectos que contemplen los intereses de las grandes mayorías y no los de las corporaciones y sus CEOs, encaramados en el actual gobierno, con sus políticas nuevamente bendecidas por el FMI.
El trámite veloz que se le ha impreso a este proyecto desnuda la crueldad de su objetivo. El sistema de la seguridad social no ampara solamente a las personas mayores sino que hay niños, niñas y adolescentes que verán afectados sus ingresos por asignaciones, es decir, se estarían violando derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional y garantiza el derecho de ese grupo etario.
Es por ello que cualquier planteo que vulnere la letra de la Constitución Nacional es el único escándalo real que van a cometer si persisten en esta iniciativa diseñada bajo el influjo del FMI, que persigue generar un default social de magnitud inconmensurable.
Estoy convencida de que ustedes van a jugar su carta sin medir las consecuencias porque lo que quieren es sentar un nuevo precedente, aunque para ello tengan que forzar la letra y el espíritu de la Constitución Nacional.
Es lamentable que no hayan comprendido que tienen que gobernar y dejar de hacer campaña reflotando el trillado cliché de la “pesada herencia”. Se distancian cada vez más del republicanismo que profesan. Los mueve un odio profundo frente a la realidad que los abofetea a diario mostrándoles que eligieron el camino del conflicto social y que el ajuste –como siempre- solo cierra con represión.
Lo reitero: se acabó el verso de la “pesada herencia” del gobierno anterior. Ahora preocupa, y mucho, lo que logró “el mejor equipo de los últimos 50 años”, que nos endeudó en dólares a 100 años. Esa será sin dudas su pesada herencia y, por cierto, nos habilitará a trabajar muy fuerte para desandar tamaña estafa a los argentinos.
Por estos argumentos es que voy a rechazar la iniciativa del oficialismo, en el convencimiento de que su sanción, de conformidad con los argumentos técnicos que se han expresado, provocará una ola de reclamos judiciales contra el Poder Ejecutivo por verse afectadas la intangibilidad de la propiedad y la irretroactividad de derechos.
A su vez, y desde el costado humano -que muchos parecen evitar-, considero que si el gobierno se ha propuesto enviar una señal política a su electorado y cree que con ello lo fidelizará, olvida que muchos jubilados, a quienes sedujo con su canto de sirenas, hoy son náufragos a la deriva y esa situación no lo va a eximir de rendir cuentas ante la historia.
En mi humilde opinión, la capacidad de daño del gobierno nacional es asombrosa. No deja de sorprender la rapidez con la que avanza accediendo a las demandas del FMI, mientras profundiza a pasos agigantados el deterioro de las condiciones de vida de millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo y de pensiones no contributivas.
Para ir concluyendo, quiero manifestar que históricamente los principios de nuestra fuerza política son claros y en ellos creemos: justicia social, independencia económica y soberanía política.
Somos plenamente conscientes de los costos económicos, políticos, sociales y personales que ha tenido para nuestro pueblo tener un Estado al servicio del capital especulativo, que se retira de atender los intereses populares para atender al sector financiero internacional y sus actores locales.
Sabemos que cuando el Estado retrocede, hace ajustes para pagar deuda espuria e ilegítima y eso se paga con la pérdida de calidad en educación, salud, empleo, políticas públicas y sociales. Ya lo vivimos, y lo pagamos con costos sociales altísimos: desocupación, pobreza, exclusión, desnutrición infantil. Estos son algunos ejemplos que nos dejaron las políticas neoliberales de los años 90 y que hoy despliega la alianza “Cambiemos”.
Sabemos también que cualquier iniciativa u oposición desde el campo nacional y popular tendiente a revertir estas políticas precisa ser contrarrestada mediante la destrucción o proscripción de sus liderazgos naturales; es la fórmula que sistemática e históricamente implementaron.
Son tiempos que nos ponen a prueba como representantes del pueblo y nos exigen actuar con profunda responsabilidad histórica y mayor sensibilidad social.
Por todo lo expuesto, y porque creo que el proyecto ultraja los derechos y la dignidad de una parte muy importante y vulnerable de nuestro pueblo, es que voy a votar en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo.