6. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CARRIÓ

Reforma previsional.

En esta oportunidad la Cámara de Diputados de la Nación debe tratar el proyecto de reforma del régimen previsional, por el cual se modifica el índice de movilidad jubilatoria. Su aprobación debe entenderse como parte del grupo de reformas propuesto por el gobierno, que incluye el Consenso Fiscal, la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Reforma Tributaria y la Reforma Laboral. Estas reformas pretenden tener una mirada de futuro y búsqueda de prosperidad que permita hacer sostenible en el tiempo la generación de empleo y la reducción de la pobreza.
En primer término, debemos comprender que nuestro sistema previsional no es sustentable en el largo plazo y esconde desequilibrios. En este sentido, es pertinente recordar mi intervención en esta Cámara en el año 2010, al considerar los proyectos de ley por los que se propiciaba un régimen de recomposición y movilidad de los haberes previsionales.
En dicha oportunidad señalé los problemas de los que adolecía la ANSES debido al arrastre de años de decisiones políticas cortoplacistas y erróneas, que sólo atendían a intereses inmediatos y donde el Estado utilizaba la caja de los jubilados como la caja política de todos los gobiernos. Esta es una responsabilidad de la política argentina que ha atravesado a todos los gobiernos desde hace más de 40 años.
En la década del 90 se utilizaron esos recursos para la construcción de mercados de capitales a través de la creación de las AFJP. Después, los trajeron de nuevo al Estado sin que esas entidades hayan pagado siquiera tres jubilaciones. Así fue, primero les dieron el dinero para que lo administren y después, cuando debían conceder las jubilaciones, los recursos volvieron al Estado sin que existiera la posibilidad de que se otorgaran los beneficios.
La ley que hoy venimos a votar contempla una mirada a futuro que rompe la lógica cortoplacista y aspira a reformar el sistema previsional actual tomando como modelo la fórmula de actualización que utilizan numerosos países desarrollados. Nos debemos el debate de una reforma integral, que se vaya acercando lentamente a un nuevo modelo mundial.
Es justo mencionar que uno de los logros del actual gobierno, es la ley de reparación histórica, que logró recomponer los haberes mal liquidados de 1,1 millones de jubilados; y en esa misma norma está prevista la creación de un consejo de expertos y representantes de la sociedad para diseñar un sistema previsional universal, público y sustentable.
El pasado 11 de diciembre los bloques que integramos Cambiemos en la Cámara de Diputados emitimos un comunicado en el cuál manifestamos nuestro apoyo general al proyecto de reforma previsional. En dicho comunicado reiteramos nuestro apoyo a los acuerdos logrados entre el gobierno nacional, las fuerzas políticas del Senado y los veintitrés gobernadores sobre el proyecto de reforma previsional que tiene media sanción. Y recordamos la amplia cobertura de nuestro sistema, que alcanza al 98 por ciento de los mayores.
La actual propuesta de reforma constituye un primer paso que propone tres correcciones que consideramos necesarias y que tienen el apoyo de los gobernadores y cuenta con media sanción del Senado. Es nuestra responsabilidad como legisladores hacer los cambios necesarios para que el sistema siga siendo universal, público, solidario y de reparto. Nuestro apoyo a la reforma servirá para fortalecer el sistema previsional y hacerlo sostenible en el tiempo.
Estas modificaciones a la ley previsional constituyen un primer paso que propone tres correcciones que consideramos necesarias: la modificación de la fórmula de movilidad; garantizar al menos el 82 por ciento del salario mínimo a los jubilados que hayan hecho sus aportes profundizando de esta manera el carácter solidario del sistema; y en tercer lugar permitir a los trabajadores del sector privado demorar voluntariamente su jubilación y seguir trabajando hasta los 70 años. Estás modificaciones cuentan con el apoyo de los gobernadores y con la media sanción del Senado.
La primera corrección es la modificación de la fórmula de movilidad. La actual es innecesariamente compleja e inestable y no asegura el poder adquisitivo de los jubilados especialmente en épocas de recesión. La nueva fórmula propuesta es similar a la que usan los países desarrollados, estando compuesta en un 70 por ciento por la inflación y un 30 por ciento por el aumento de los salarios. En 2018, con esta fórmula, las jubilaciones le van a ganar por alrededor de 5 puntos a la inflación. Teniendo en cuenta que en marzo de 2018 las jubilaciones subirán 5,7 por ciento y que en junio aumentarán aproximadamente 5,6 por ciento. Las proyecciones del Ministerio de Hacienda indican que en septiembre de 2018 crecerán otro 4,7 por ciento y en diciembre un 4,2 por ciento extra. Estos cuatro aumentos combinados dan un aumento total de las jubilaciones para 2018 de 21,8 por ciento, casi cinco puntos más que la inflación estimada por los analistas privados.
Como durante el debate de la presente reforma, se escucharon diversas críticas, quiero decirles que el problema sustancial no está en la fórmula propuesta sino en el empalme y el cálculo. Es por ello que solicitamos se reconsidere una compensación y en este sentido el Poder Ejecutivo nacional, con el acuerdo de los gobernadores, se comprometió a dictar luego de la sanción de la presente ley un decreto que asegure un beneficio adicional para jubilados y pensionados con haberes inferiores a 10.000 pesos y beneficiarios de la asignación universal por hijo. Este beneficio alcanzará a más del 70 por ciento de jubilados y pensionados y el ciento por ciento de los beneficiarios de la AUH y será abonado en el mes de marzo.
Los cambios mencionados reflejan el compromiso del gobierno con la inclusión y la protección de quienes más lo necesitan. Es por ello que quiero reafirmar mi compromiso con los principios republicanos que atraviesan mi trayectoria en este Congreso y transmitirles a todos los ciudadanos que no se dejen engañar por quienes buscan desestabilizar al gobierno; quiero transmitirles tranquilidad y en caso de que se necesiten hacerse reconsideraciones o existan errores los mismos serán subsanados y reparados. La presente reforma es un primer paso de un debate que nos debemos como sociedad y que implica repensar el rol del Estado en miras de un futuro sostenible y equitativo para todos.