4. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PRETTO

Emergencia Tarifaria

Señor Presidente: nos trae hoy a este recinto el debate por las tarifas de los servicios públicos y su forma de fijar sus montos y su actualización.
Antes de entrar específicamente en el tema, permítame hacer una breve referencia a lo que ha ocurrido en nuestra historia reciente, donde lamentablemente advertimos que hemos retrocedido en muchos indicadores cuando nos comparamos con otros países hermanos latinoamericanos en el aspecto social y económico.
Debemos aceptar esta situación y recordar que en la década de 1970 en la Argentina teníamos cuatro pobres cada cien habitantes, mientras que hoy tenemos treinta pobres cada cien habitantes.
Si aceptamos estos números que no podemos ocultar, el segundo punto que debemos analizar y sobre el cual debemos ponernos a reflexionar es si esto fue casual, si fue obra del Espíritu Santo o si, como en realidad creo yo, fue el fracaso de las políticas públicas implementadas en las últimas décadas, lo que demuestra nuestro fracaso como dirigentes políticos, sociales, gremiales y empresariales.
Ahora bien, estos fracasos nos llevaron a crear una sociedad dual como la que vivimos en la actualidad, en donde la inseguridad no solo tiene que ver con la violencia delictiva sino que también hay violencia por falta de credibilidad y de confianza, que nos rodea y acecha todos los días y nos impide recrear ámbitos para dialogar y crear espacios conversacionales de mayor calidad.
Personalmente estoy convencido de que nuestro desdeño hacia la planificación estratégica nos ha conducido a este estado de situación. Hoy la distorsión de precios en la economía argentina no es casual.
Para referirme ya al tema tarifario, quiero recordarles que durante los años 2002 y 2003 al presidente Duhalde y al ministro de Economía Lavagna, todos, todos los actores sociales, la política, la justicia, los empresarios, la oposición, el defensor del pueblo, todos nosotros, la sociedad en su conjunto, les rechazamos la posibilidad de un aumento del 9 por ciento en la tarifa de energía eléctrica y del 8 por ciento en la tarifa de gas. Ese rechazo a comienzos de 2003 fue el camino con el que empezamos el desabastecimiento energético y la política de subsidios regresiva, en la que los que podíamos no pagábamos ni el costo real del servicio por más de una década.
Empezó un período en el que los entes reguladores fueron cooptados y no pudieron definir ni regular los contratos de los servicios públicos. Esta política irresponsable de subsidios energéticos, en la cual todos debemos asumir una cuota parte de responsabilidad, fue la que nos condujo a pulverizar el superávit fiscal. A partir de allí vino una serie de desaciertos en parches para ocultar la realidad de la distorsión generalizada de los precios de la energía.
Lo más lamentable es que todos, sin ser economistas, sabemos que el déficit fiscal produce inflación, desconfianza y aumento de la pobreza, por más que el INDEC esté intervenido y lleve a decirle a una expresidente que no tenemos pobres.
La inflación es un producto, es la consecuencia de nuestra falta de responsabilidad por el futuro de nuestros hijos. Debemos asumir que si no planificamos nuestro futuro, nuestra sociedad estará cada día más segmentada.
Por otra parte, he escuchado con atención al señor diputado Brugge, de mi provincia, quien planteó que es necesario declarar la emergencia energética por la situación en que estamos. Discrepo totalmente con ese concepto porque esa situación podría haberse planteado al momento que asumió nuestro gobierno, pero no tiene sentido dos años y medio después, cuando a pesar de todas las dificultades se han invertido más de ocho mil millones de dólares en energía convencional y se están invirtiendo más de siete mil millones de dólares en energías alternativas con licitaciones transparentes y consiguiendo excelentes precios para la generación, acercándonos a lo establecido por la ley respectiva.
Tampoco tiene sentido declarar la emergencia energética cuando se ha venido recomponiendo el cuadro tarifario tanto en gas como en energía eléctrica y teniendo en cuenta que con la normalización de los entes reguladores ya se están realizando las inversiones para extender las redes y llevar el servicio a muchos argentinos que aún hoy no tienen servicio.
Por eso creo que sí hay emergencia, pero emergencia política en la oposición, porque les preocupa que estemos ordenando la economía, recuperando las variables económicas, bajando la inflación y generando nuevos puestos de trabajo.
Por eso nuestro presidente Mauricio Macri plantea que hay que analizar en profundidad lo que pasa con los servicios. En este sentido, si observamos una factura de servicio eléctrico como la de nuestra empresa provincial Epec, vemos que entre el 18 y el 23 por ciento de lo facturado corresponde a impuestos, tasas y contribuciones, fondos específicos y leyes especiales, entre el 32 y el 37 por ciento corresponde al costo de generación, y el resto aproximadamente el 43 por ciento corresponde al costo de trasporte y distribución. En este importante porcentaje entran a tallar las provincias, los municipios y las cooperativas, que son las que prestan estos servicios.
En nuestro caso contamos con una empresa que hace más de cinco años que viene aumentando las tarifas, pero no ha aumentado la eficiencia y muchos menos ha invertido. Es más, para extender una simple red domiciliaria en mi provincia, la empresa pide a los particulares que confeccionen el proyecto técnico, inviertan en la red y luego se la donen a la empresa. Sí, tenemos que donar la red. Esto es la inversión para la empresa que nos presta el servicio. Esos son los planes de inversión de la empresa provincial de energía en nuestra provincia. Sus empleados y directivos cobran a fin de año un bono por eficiencia, llevándose cuantiosas sumas de dinero. Es decir que no están para llevarle un simple cable con energía a doña Rosa pero sí están para adjudicarse un extra en concepto de eficiencia al ya exorbitante salario que cobran, condición que solo existe para liquidar este adicional, pero que de eficiencia en la finalidad que tiene la empresa, no tiene nada.
Por eso nuestro presidente ha convocado con toda razón a los gobernadores para que revisen y hagan eficientes sus empresas y contribuyan a que los ciudadanos no sean saqueados con conceptos que nada tienen que ver con la energía y mucho menos con la eficiencia en la prestación de un servicio esencial como es en este caso el eléctrico.
Por estas razones, dejemos que el Poder Ejecutivo asuma la responsabilidad de definir la política energética del país, respetemos las decisiones de los entes reguladores en lo que respecta a la definición de las tarifas y niveles de calidad necesarios y exijamos racionalidad y prudencia a los gobernadores y prestadores de servicios, para que los actores sociales tengan los servicios que necesitan y para que el país pueda ser un poco más homogéneo y justo.
Pensemos en el día de mañana. Basta de egoísmo para con nuestro futuro.