2. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ENRÍQUEZ

Expresión de repudio por los hechos ocurridos en el Estado Plurinacional de Bolivia

En medio de una América Latina convulsionada -en la que la Argentina, pese a sus dificultades económicas, atraviesa afortunadamente una transición pacífica y encarrilada por las vías institucionales-, los sucesos de Bolivia son muy preocupantes.
La renuncia del presidente Evo Morales es el resultado de una situación muy conflictiva. La "sugerencia" que en tal sentido le formularon las Fuerzas Armadas es inadmisible, aunque se la funde técnicamente en una previsión de una ley. Más allá de la determinación acerca de si esa presión constituyó un golpe de Estado, lo cierto es que cualquier intervención militar -u omisión de intervenir cuando lo requiere el presidente- que influya en procesos que solo deben ser resueltos por el funcionamiento de las instituciones democráticas no puede ser avalada de ninguna forma.
Ahora bien, si a esa presión la llamamos golpe de Estado, también deberíamos señalar que el primer golpista es Evo Morales. No se trata de conductas de igual valor; la suya es infinitamente peor. En efecto, fue él quien con su desmesurado apetito de conservar el poder se puso al margen de la Constitución. Primero, cuando consiguió que se interpretara que su segundo mandato era el primero -de la nueva Constitución- y le permitía una tercera elección.
Luego, al desobedecer el pronunciamiento del pueblo en el referéndum que convocó para lograr otra habilitación, que la Constitución le niega, a los efectos de presentarse como candidato a una cuarta elección consecutiva. Ignorando el rechazo popular en esa consulta, logró que el Tribunal Constitucional adicto resolviera que la prohibición constitucional de su reelección implicaba una violación a su derecho humano a ser reelecto. Un verdadero disparate, no solo porque no existe tal derecho humano a la reelección indefinida, sino también porque precisamente la idea de los derechos humanos nació como límite al poder absoluto.
Morales era, por lo tanto, un candidato ilegítimo. Pero su ilegitimidad se potenció, no solo como candidato sino también como gobernante, cuando no vaciló en recurrir al fraude para obtener una victoria que las urnas le negaban. No es una mera conjetura. El gobierno se había proclamado vencedor en las elecciones del 20 de octubre pese a la existencia de notorias irregularidades. Esa noche el conteo rápido fue suspendido sin ningún fundamento. La empresa privada que lo realizaba denunció que la orden provenía del Tribunal Supremo Electoral. Se lo reanudó muchas horas después dando un resultado matemáticamente imposible en función de las mesas no escrutadas.
Ante las graves protestas ciudadanas, Morales se vio obligado a solicitar una auditoría de la OEA, la que determinó que no se podían validar los resultados de la esa elección. Cercado por las manifestaciones, que ordenó reprimir duramente –lo que se tradujo en una masiva ola de indignación popular-, el presidente primero señaló que llamaría a nuevas elecciones y pocas horas más tarde renunció, denunciando un golpe de Estado.
Morales ha tratado de exhibir a los manifestantes como pequeños grupos de la ultraderecha. Pero es una descripción falsa. Hay personas de todas las clases sociales, incluidos la central obrera y los pueblos indígenas, que expresan su hartazgo por el creciente autoritarismo del Poder Ejecutivo y, sobre todo, por su descarado desprecio de la voluntad popular.
En este contexto es necesario que la región no se embarque en declaraciones que se vinculen con la mayor o menor simpatía que le despierte a cada uno la figura de Evo Morales. Quienes con gran irresponsabilidad piden alegremente la renuncia de Piñera y alientan los hechos de violencia en Chile, sin dudar un segundo hablan de golpe de Estado en Bolivia cuando renuncia su presidente. El signo ideológico que gobierne en Bolivia lo deberán decidir los bolivianos. Es imprescindible que se convoque en forma urgente a elecciones limpias y transparentes.
Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas deben mantenerse dentro del cauce constitucional, absolutamente subordinadas al poder político. Las presiones, los planteos, las sugerencias, son gestos de un pasado de inestabilidad institucional y democracia tutelada que los latinoamericanos ya no queremos revivir. Como tampoco admitimos que gobiernos surgidos de la voluntad popular se mantengan en el poder por mecanismos que violan la Constitución y el Estado de Derecho.
Lo ha dicho el secretario General de la OEA: Evo Morales es el golpista. La democracia se funda en la voluntad popular expresada en los comicios. Es ese el método que otorga legitimidad de origen a los gobiernos democráticos. No es la opinión que cada uno de nosotros tengamos sobre sus políticas. Cuando se vacía ese fundamento porque se viola groseramente la Constitución para perpetuarse en el poder o se apela al fraude electoral más burdo, entonces la democracia se convierte en una dictadura. Es lo que ocurrió en Venezuela y lo que hubiera pasado en Bolivia si el pueblo no se hubiese manifestado con indignación ante esa afrenta.
Es deplorable la doble vara con que se juzgan los acontecimientos en la región. Parecería que para algunos solo hay gobiernos legítimos si pertenecen a su mismo sector ideológico. No es así. En democracia podemos discutir casi todo; lo único en lo que es esencial estar de acuerdo es en que los gobiernos deben surgir de elecciones limpias y transparentes. Los que ponen el acento en una opinión -que considero fuera de lugar- de unos jefes militares, pero omiten las barbaridades antidemocráticas cometidas por Evo Morales están aceptando, aunque sea por omisión, el fraude. ¡Curiosos progresistas estos que resucitan el "fraude patriótico" de Manuel Fresco!
Yo les pediría que se sacaran la careta y dijeran lisa y llanamente que prefieren una dictadura de su signo ideológico a una democracia de otro signo.
Es patético que ahora se llenen la boca con frases de Raúl Alfonsín, justo aquellos que combatieron duramente su gobierno y le pusieron mil palos en la rueda. Nadie se puede imaginar a Alfonsín como cómplice de una dictadura.
No echemos más nafta al fuego. Apoyemos la normalización institucional del país hermano, que está al borde de una guerra civil. La señora Añez ha asumido la presidencia porque luego de las renuncias de Morales y de García Linera y del abandono del país por parte de ambos, es la que debía hacerlo por la línea sucesoria. Esperemos que pueda llamarse a la brevedad a elecciones que no merezcan ninguna objeción y que gane quien quieran los bolivianos.
Durante gran parte de la historia latinoamericana los gobiernos democráticos eran interrumpidos por golpes de Estado que colocaban en su lugar a gobiernos militares. Hoy esa escenografía de tanques y de proclamas castrenses por suerte quedó atrás. Pero acecha otro peligro: el vaciamiento democrático e institucional realizado por los propios gobiernos. Cuando este alcanza una magnitud considerable, como en el caso de Bolivia, no hay mayor diferencia respecto de los golpes clásicos. En ambos casos el resultado es un gobierno de facto que se aparta de la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia.
No toleremos estos autogolpes, que vulneran tanto la Carta Democrática regional como aquellos otros. Defendamos la democracia. Ella no garantiza por sí sola que viviremos bien, pero sin ella solo hay barbarie, arbitrariedad, violencia y muerte.