11. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RIZZOTTI

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2021

lo hallamos en las “Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, que tienen un abultado presupuesto de 2.190.396.256 pesos para CABA y cero pesos para Jujuy.
Ingresando a otros ámbitos, preocupa que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tiene a cargo políticas muy sensibles, no tenga ningún presupuesto a ser ejecutado en Jujuy, más allá de las trasferencias pertinentes a servicios sociales.
También es violentado el federalismo en casos como el del impuesto PAIS, cuya recaudación se incrementaría en un 89 por ciento respecto a 2020 por el aumento del tipo de cambio y la reactivación del turismo. Este impuesto, que representa un 18 por ciento de lo recaudado por ganancias y un 57 por ciento de lo recaudado por las retenciones, no se coparticipa. Es decir que se asigna discrecionalmente. ¿Cómo podemos lograr un federalismo auténtico si no hay reglas claras a la hora de distribuir los recursos?
Estos ejemplos no se dirigen a establecer comparaciones odiosas o a enfrentar jurisdicciones. Ese tipo de discusión carece de sentido. Por el contrario, la necesidad de que el desarrollo federal sea equilibrado es un interés común de la totalidad de las provincias, ya que eso impulsa a cada jurisdicción.
El federalismo, entonces, no solo se basa en el respeto de las autonomías preexistentes o en la distribución equitativa de los recursos, sino que también implica sinergia, es decir, la potenciación de un conjunto que es más que la suma de sus partes. Cuando construimos un país más federal salimos todos beneficiados.
Por eso hay que ver más allá de las negociaciones puntuales, del tironeo por la obra pública, de las comparaciones con ejercicios anteriores que muchas veces no toman en cuenta lo efectivamente ejecutado, e ingresar en un estudio más profundo del modo en que los programas nacionales impactan sobre nuestras provincias.
Es esa mi preocupación, ya que estos programas pueden significar la diferencia entre una educación más o menos robusta, entre una política social más contundente o más endeble, entre un desarrollo más equitativo o más asimétrico. Son cuestiones que merecen un análisis detenido, especialmente en el contexto actual de pandemia que atravesamos, un contexto que ha puesto en crisis muchas de las funciones esenciales del Estado.
Creo que ese análisis, acompañado de una discusión honesta sobre los recursos y las prioridades, puede ser el punto de partida para un consenso político que supere las chicanas y las pujas miserables. La crisis nos ha puesto frente a un abismo y ello requiere la máxima de las responsabilidades por parte de toda la dirigencia política. Es en línea con ese sentido de responsabilidad que acompañaré el presente proyecto de ley.