12. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ENRIQUEZ

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2021

El aumento total del gasto en el Presupuesto 2021 es del 34.3% respecto del 2020. Sin embargo, del análisis de los gastos por jurisdicción se desprende que, en algunas de las jurisdicciones, el aumento proyectado del gasto se encuentra por debajo de la inflación proyectada.

En ese sentido, el presupuesto proyecta, para diciembre de 2021, una inflación interanual de 29%3 y el promedio de aumento de los gastos para los Ministerios de Justicia, Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, la UIF, entre otros, que son precisamente muchas de las funciones indelegables del Estado y que hacen al bienestar común: Justicia; Defensa e Inteligencia Nacional y Lucha contra la corrupción en la administración del Estado, el aumento nominal del gasto proyectado es del 17.6%, 11,4 % por debajo de la inflación estimada.

Respecto del presupuesto para la justicia, el presupuesto del Poder Judicial de la Nación está un 50% por debajo del promedio de aumento para todas las reparticiones, pero los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa se encuentran en línea con el promedio de aumento.

Respecto de la Unidad de Información Financiera, la misma no ha sido favorecida en el presupuesto del año 2021. El aumento nominal de sólo un 4.3% del presupuesto lo que significa un grave perjuicio económico en términos reales.

Se destaca que la UIF proyecta una significativa baja en materia de personal permanente, ítem para el cual se calcula un ahorro de $16.376.248 (-4% respecto del 2020, nominales, si aplicamos la inflación estimada en el Presupuesto la merma es del 33 %). Sin embargo, es significativo que los capítulos que aumentan son “Servicios Técnicos y Profesionales” (un 318%) y “Servicios Comerciales y Financieros” (un 109%), aumentando el gasto en $20.599.459 en tanto la planta de Gabinete de autoridades superiores se reduce en $370.999. ¿Se trata de eliminar cargos de funcionarios de planta (que además de contar con la experiencia, tienen responsabilidades administrativas y penales) y contratar profesionales bajo modalidades de trabajo precario (sin responsabilidad alguna) para luego transferirlos a la planta del organismo?

En otras palabras, disminuyen el personal técnico dependiente del organismo y con mayores responsabilidades legales en beneficio de personal contratado. Cabría preguntarse si las contrataciones del personal se ordenan, por lo menos, para preparar la evaluación del GAFI.

Respecto de la AFI, el gobierno anunció que los gastos dejarían de ser reservados. Sin embargo, no se encuentran en la página de la oficina nacional de presupuesto.