13. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA JOURY

Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2021

En esta sesión en la cual estamos debatiendo el proyecto de ley de presupuesto para el año 2021, voy a hacer hincapié en un tema que no ha tenido la relevancia que amerita en el debate en las comisiones, pero que es central si queremos apostar verdaderamente por el futuro y el desarrollo de nuestro país.
Me estoy refiriendo al presupuesto destinado a la niñez y la adolescencia.
Hoy, en esta sesión, vamos a votar un presupuesto que prevé preocupantes recortes en programas sensibles destinados a la niñez y que son fundamentales en el contexto de grave crisis social y económica que estamos atravesando.
Se trata de un recorte presupuestario que advertimos desde la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de esta Honorable Cámara ante el pleno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda antes de que se firmara el dictamen del Presupuesto, pero que lamentablemente no fue escuchado ni receptado por el oficialismo, y que hoy, en esta sesión, tenemos la obligación de revertir si queremos que niños, niñas y adolescentes tengan un presente y un futuro sin derechos vulnerados.
Permítaseme contextualizar brevemente la terrible situación de la niñez. En las últimas semanas, UNICEF Argentina actualizó las estimaciones de pobreza infantil para fines de 2020 e indicó que el 63 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina van a estar bajo la línea de pobreza. Esto quiere decir que iniciaremos el año 2021 con 8,3 millones de niñas, niños y adolescentes pobres, lo que significa que 6 de cada 10 estarán bajo la línea de pobreza.
Además, la pobreza extrema alcanzaría al 18,7 por ciento de los niños, es decir, a 2,4 millones, cifra que se mantendría en todo el primer semestre de 2021.
En este duro contexto, estamos tratando un presupuesto que parte de la premisa de que la pandemia y las consecuencias económicas de la cuarentena van a terminar en diciembre y, por lo tanto, no van a ser necesarias todas las acciones destinadas a mitigar sus efectos.
En este escenario que plantea el Poder Ejecutivo, en que la economía se va a recuperar de manera asombrosa en 2021, no va a ser necesario ni el Ingreso Familiar de Emergencia ni el Programa ATP para los sectores que seguirán afectados por la destrucción económica, y que en muchos casos no van a poder trabajar; ni tampoco será necesario fortalecer los programas de transferencias de ingresos a los hogares donde viven niñas niños y adolescentes.
Cuesta mucho creer en este escenario en un país en el cual 6 de cada 10 niños son pobres.
Ver la situación que están atravesando muchos países europeos en la actualidad nos alcanza para tener una real dimensión de lo que vamos a atravesar el próximo año y para confirmar que los pronósticos efectuados en este presupuesto están muy lejos de la realidad.
Por eso, vemos con profunda preocupación estos recortes en programas sumamente sensibles y advertimos que tendrán un fuerte impacto negativo sobre la situación social de los hogares con niños y adolescentes.
En este sentido, debo comenzar citando el esclarecedor informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que analizó las políticas transversales del presupuesto 2021, en donde revela un ajuste del 2,7 por ciento en el gasto total destinado a la niñez y la adolescencia para el año próximo, lo que se explica en gran medida por las reducciones previstas en la Asignación Universal por Hijo -AUH- y en las políticas alimentarias.
Por ejemplo, para 2021 las partidas previstas para AUH aumentan en términos nominales un 23 por ciento, cuando la inflación proyectada es del 29 por ciento. Esto implica un ajuste de 6 puntos porcentuales respecto del presupuesto vigente.
Además, de acuerdo a las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, si se toma en consideración el cierre del ejercicio 2020, el ajuste de la AUH en términos reales para el año próximo roza el 12 por ciento. Es una curiosa manera de pretender bajar la pobreza infantil.
Asimismo, todos sabemos que las políticas alimentarias son un pilar fundamental para la protección social de niños y niñas y sus familias, y que en este contexto de crisis es necesario fortalecerlas y reforzarlas. Todos vamos a estar de acuerdo con esto.
Sin embargo, también hay un ajuste en las partidas previstas para las políticas alimentarias, que ronda el 16 por ciento, lo que significa una inexplicable y lamentable reducción de 22.000 millones de pesos.
El caso de la Tarjeta Alimentar es paradigmático, porque se trata del principal componente del programa de políticas alimentarias. Allí, vemos una reducción presupuestaria del 34,8 por ciento en términos reales para 2021. Se trata de una tarjeta que desde un principio cuestionamos, considerando que eran montos que directamente podían ser destinados a fortalecer y ampliar la Asignación Universal por Hijo en lugar de distribuir nuevos plásticos, pero que contribuían a fortalecer el poder adquisitivo de la AUH, que el año próximo no alcanzará ni el 50 por ciento del valor de la canasta básica alimentaria.
A esto se suma el ajuste previsto en los montos destinados a la asistencia de los comedores escolares, que en 2021 tendrán una reducción en términos reales del 27 por ciento. Del mismo modo, el programa destinado a brindar un complemento alimentario para personas en situación de vulnerabilidad social tendrá una reducción nominal del 41 por ciento y real del 55 por ciento.
El ajuste llega incluso a las transferencias que el Estado nacional efectúa al Hospital Garrahan, que se reducen un 11,7 por ciento para el próximo año respecto del presupuesto vigente, y se extiende a los programas destinados a fortalecer los espacios de primera infancia. En este caso, el programa de apoyo a dichos espacios tiene una reducción de casi el 60 por ciento en términos reales para 2021, un claro desfinanciamiento para un programa esencial para el fortalecimiento de los espacios de primera infancia en todo el país.
Estos recortes que estoy detallando son inadmisibles en un escenario de profundización de la pobreza infantil, y en el cual el Estado tiene el deber de maximizar sus esfuerzos para garantizar un piso mínimo de protección social para niñas y niños.
Con todos estos datos y previsiones oficiales, me gustaría que los representantes del gobierno en esta Honorable Cámara me puedan responder de dónde sale ese optimismo en el futuro inmediato como para no prever nuevas ayudas como el IFE o el ATP. ¿De dónde saldrán los fondos para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes con los recortes presupuestarios que van a implementar para este sector?
También me pregunto qué opinarán los expertos del Consejo Contra el Hambre sobre este ajuste brutal a la niñez y la adolescencia, y tamaña reducción presupuestaria a los programas sociales y alimentarios.
Quizás no se trate de optimismo por el futuro. Quizás, tristemente, entre las prioridades del gobierno no están ni la infancia ni la adolescencia. Quizás es más importante destinar fondos a observatorios para censurar medios de comunicación y restringir la libertad de expresión.
Espero que el gobierno recapacite y reconozca que la protección de la niñez y la adolescencia debe ser prioridad, porque un país dónde la niñez y la adolescencia son relegados es un país con escasas perspectivas de éxito en el futuro.
Un país donde el gobierno decide de manera arbitraria ajustar a los sectores vulnerables es un país indiferente con el presente y despreocupado con el futuro, con profundas deudas sociales. Y las deudas sociales se pagan muy caro.