14. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA SAPAG

Estrategia integral para fortalecer las trayectorias educativas afectadas por la pandemia por COVID-19

Adelanto mi voto positivo al proyecto de ley en tratamiento que propone la creación del Programa Integral de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares post Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
No obstante, debo señalar que la llegada de la pandemia a nuestro país no generó la problemática que hoy estamos tratando de mitigar. En todo caso, profundizó las desigualdades ya existentes, en especial las de las trayectorias escolares de nuestros estudiantes.
La deserción escolar ya venía mostrando índices preocupantes, en íntima relación con las condiciones de desigualdad socioeconómicas de nuestro país en sus distintas regiones y provincias.
Esta situación de desigualdad sin dudas va a manifestarse en el momento en el que se regrese al sistema presencial, ya que muchos niños y adolescentes no tuvieron las mismas posibilidades y oportunidades de acceso a las clases vía telemática.
La brecha que existe con respecto al acceso a las nuevas tecnologías y a Internet es ineludible, por lo que los sectores de mayor vulnerabilidad social que ya venían recibiendo una deficiente educación en forma presencial, directamente no pudieron tener clases en este período de aislamiento social.
Seguramente también nuestros docentes se encontrarán con chicos y chicas con entornos familiares afectados por diversas situaciones que deberán atender en la urgencia para evitar mayores perjuicios en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Cabe destacar que el proyecto enumera una serie de acciones para garantizar el acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todos los estudiantes, objetivo loable con el que todos vamos a coincidir.
Pero debo señalar una vez más que el Ministerio de Educación de la Nación no posee establecimientos educativos a su cargo. Son entonces las jurisdicciones provinciales las que deben llevar a cabo la implementación de las políticas acordadas en el Consejo Federal de Educación, en el marco de lo establecido en esta ley.
En este punto, no podemos desconocer que se trata de un objetivo muy difícil de cumplir, al menos en forma acabada, para las alicaídas arcas provinciales, que padecen una menor recaudación por las consecuencias de la pandemia y que siguen sufriendo inequidades en cuanto a la coparticipación.
Para que este proyecto no se transforme en una de las tantas expresiones legislativas de buenas intenciones, para el programa que estamos creando debemos incluir una partida específica en el presupuesto 2021 y que la misma sea coparticipada de una manera justa y equitativa con todas las provincias.
De esta manera podremos hacer un aporte para disminuir la desigualdad en el acceso al conocimiento de forma federal, en todos los rincones de nuestra patria.
Solo así nos estaremos encaminando a construir una sociedad más justa que garantice el derecho a la educación para todos y todas en igualdad de oportunidades.