10. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FERNÁNDEZ LANGAN

Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia

Estamos hoy acá para tratar un proyecto que, por el nombre que le han puesto, parece ser la solución a todos o a muchos de los problemas que nos dejó la cuarentena. Pero sabemos que los libros no se juzgan por su tapa. Este proyecto tiene una buena tapa: "Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.
¿Quién podría estar en contra de esta tapa o de un aporte solidario? Pero, como les decía, no nos quedemos con el título y hablemos claro: estamos frente a un nuevo impuesto. Quieren hacernos creer que es un “aporte”, cuando a las claras se configuran todos los requisitos de un impuesto. Por empezar, es obligatorio. Y permítanme dudar sobre que sea "por única vez"; ya tenemos antecedentes de impuestos que también eran por única vez y que hoy seguimos pagando.
Nuestro país necesita crecer, desarrollarse, generar puestos de trabajo, atraer inversiones, equilibrar la balanza de pagos, generar riqueza y que cada vez más empresas encuentren condiciones para radicarse en esta tierra.
De sancionarse este proyecto, se va a generar todo lo contrario: van a ser cada vez más las empresas que se van del país, que eligen países vecinos para radicarse. Estamos frente a un impuesto que propicia los efectos contrarios a los deseados.

Este es un impuesto extraordinario, que grava el patrimonio de manera directa y progresiva. Hablemos con la verdad: se pretende gravar nuevamente a quienes producen e invierten en nuestro país. Con este proyecto no se grava a las grandes fortunas -más allá del nombre- sino a las pymes agroindustriales, agroalimentarias, fábricas e industrias de servicio. Son las mismas pymes que transitan una crisis económica sin comparación producto de más de 200 días de cuarentena; las mismas pymes que invierten y que generan empleo genuino, a las que necesitamos produciendo y funcionando para que nuestro país salga adelante.
No nos equivoquemos: este impuesto no grava a los ricos, grava de forma directa el capital de trabajo, las herramientas de trabajo, los bienes de cambio, la maquinaria y equipos, y todos los demás activos que pueda tener una pyme, que en su conjunto no son otra cosa que base de la producción, el desarrollo y la exportación que tanto necesita nuestro país.
Es tan deficiente la estructura tributaria que plantea este proyecto que ni siquiera considera el pasivo al momento de su liquidación. Este impuesto vulnera varias garantías y principios constitucionales que imperan en materia tributaria que están destinados a proteger a los contribuyentes del poder estatal, como la no confiscatoriedad, el principio de igualdad, proporcionalidad, la prohibición de doble tributación.
Los bienes que pretende gravar este proyecto son los mismos que considera el impuesto sobre los bienes personales; y eso sin mencionar los tributos provinciales y municipales.
La incidencia de este impuesto extraordinario junto con el impuesto sobre los bienes personales situados en el país y en el exterior- implica que ambos gravámenes tornen manifiestamente confiscatoria la aplicación de tales tributos. En ambos tributos se toman como base de cálculo los mismos bienes, pero esta vez sin tener ningunas excepciones o mínimos no imponibles.
Y acá quiero ser claro: todo patrimonio con bienes superiores a 200.000.000 se va a encontrar afectado por este nuevo impuesto. Sin distinguir si es parte del capital de trabajo de una PYME, una máquina agraria de un pequeño productor o bienes de cambio de alguna empresa. Este impuesto grava de forma directa los activos que son la base de producción y el desarrollo del país.
Gobernar no es gravar la riqueza, sino generarla mediante incentivos para la inversión y la producción.
Es importante también decir que el presidente Fernández necesita generar confianza, consensos y diálogos. Los inversionistas y empresarios deben confiar en que las reglas de juego no van a cambiar cada cuatro años y que invertir en nuestro país es una oportunidad y no un riesgo. Se deben generar consensos con todas las fuerzas políticas de la Argentina como señal de gobernabilidad, y se debe dialogar con todos los sectores sociales.
El gobierno busca recaudar 300 mil millones de pesos con este impuesto, sin considerar los fallos judiciales en contra, la evasión. Solamente con esta suma, sin contar con un plan económico a largo plazo y con un presupuesto deficitario, no van a solucionar el problema del déficit fiscal ni solventar indefinidamente el IFE o el ATP ni equipar los hospitales.
A las claras, este proyecto redundará en menos empleo en blanco, disminución de la actividad económica, menos inversión, menos exportaciones y, por sobre todo, otro nuevo golpe a la seguridad jurídica, otro cambio de reglas de juego. Cada día estamos más lejos de recuperarnos de los efectos devastadores que ha tenido esta pandemia.
Teniendo en claro, entonces, que este proyecto significa una doble imposición tributaria y que no hace más que gravar bienes de capital sin distinción alguna, que son en gran medida, los grandes impulsores del trabajo de nuestro país y de la exportación por ende, del ingreso de divisas que tanto necesitamos , no puedo más que votar en contra.