Si alguna señal clara nos han dejado las turbulencias de la economía, particularmente del mercado cambiario, en las últimas semanas es que para afrontar esta situación de crisis terminal que atraviesa el país hace falta mucho poder político, decisión, planes claros y, por sobre todo, una gran dosis de confianza.
Está demostrado que el descreimiento de los actores económicos de todo orden y nivel hace fracasar hasta el mejor plan, si es que lo hubiere hoy. El gobierno implementa medidas y el mercado le dice, una y otra vez, “no te creo”. Pero, igualmente repiten e insisten con la misma receta del fracaso.
Así, quienes deben tomar decisiones de inversión, de generación de empleo, de apostar por el país, ¿cómo le van a creer a un Estado que todo el tiempo cambia las reglas de juego, que saca nuevos impuestos de la galera, que asfixia a los que producen, que genera un palpable sentimiento anti inversión?
Cabe señalar que esta enorme desconfianza se ve robustecida aún más por proyectos como el que estamos tratando hoy, que pretende gravar las grandes fortunas con un nuevo impuesto convenientemente disfrazado de “contribución solidaria” y por supuesta “única vez”, bajo el argumento de la pandemia de COVID-19. Con una dosis de generosidad y predisposición, nadie podría cuestionar el declarado objetivo de este impuesto y hasta quizás su hipotético sentido progresista: que quienes más tienen ayuden a sobrellevar mejor la situación a los que menos tienen. Pero todos sabemos que no es así, sino que lo que se recaudará con este nuevo impuesto no alcanzará para proteger a quienes lo necesitan. Sería más atinado que el gobierno gastara mejor lo que ya hoy recauda.
El problema es otro y tiene que ver con la concepción de fondo, con el mensaje que enviamos a la sociedad toda. Otra vez erramos al poner el eje en repartir lo poquísimo que hay, aún a costa de que haya cada vez menos. Es el círculo vicioso en el que estamos encerrados hace décadas, que nos muestra una economía cada vez más chica e ineficiente y cada vez más compatriotas en condiciones de pobreza e indigencia.
Por la pandemia y por su eterna crisis económica, la Argentina necesita crecer como nunca, recuperar la actividad productiva y generar inversión y empleo. No hay otra forma de salir de este pozo. Pero no lo vamos a lograr creando nuevos impuestos, esta vez orientados específicamente a quienes toman o no la decisión de poner su dinero a producir, a mover la maquinaria de la economía real. Sin achicar el déficit fiscal, sin bajar impuestos, sin recrear condiciones para la inversión y la actividad privada, la Argentina no tiene futuro.
Si es cierto aquello de que cada crisis puede tomarse como una oportunidad, encaremos entonces el reto de iniciar un camino diferente: generemos un clima favorable para la inversión, incentivemos a los que producen y protejamos al que genera empleo. La Argentina no puede seguir funcionando con el Estado como proveedor de todo, y menos este Estado deficitario y fundido, que recurrentemente nos lleva al endeudamiento o la inflación para financiar su despilfarro.
La actividad privada no es el enemigo. Es parte de la solución. No la ahoguemos aún más con nuevos impuestos. No es este el camino, insisto. No es con más impuestos, sino con menos; no es con más burocracia estatal, sino con menos. Tenemos que animarnos a pensar distinto, a intentar algo distinto de lo que históricamente los diferentes gobiernos han intentado. Solo así podremos salir adelante y, como dice el señor presidente, con todos los argentinos incluidos.
Por todo lo expuesto, adelanto mi voto negativo al proyecto en tratamiento.