19. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ORMACHEA

Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia

Quisiera comenzar manifestando que me resulta curioso que el bloque de la oposición al que hoy escuchamos oponerse con vehemencia al aporte extraordinario es el mismo que, siendo oficialismo, impulsó la reducción de las alícuotas de bienes personales, impuesto a la riqueza patrimonial por excelencia. Esa política le costó al Estado, solo en 2019, 90.000 millones de pesos. Sí, 90.000 millones de pesos, un monto muy similar a lo que costó cada uno de los ingresos familiares de emergencia (IFE) entregados por este gobierno para sostener a los hogares más vulnerables en el contexto de la pandemia. En realidad, es aún más, dado que son precios de 2019, y los del IFE, de 2020.
Entonces, lo que vemos es que la actual oposición, cuando le tocó ser gobierno, les entregó un IFE a los sectores más acomodados. Mientras los trabajadores perdían más del 20 por ciento de poder adquisitivo, mientras nuestros jubilados perdían el 20 por ciento de poder adquisitivo por la reforma de la movilidad jubilatoria, y mientras la política monetaria llevaba la inflación por encima del 50 por ciento y las tasas de interés convertían a cualquier actividad productiva en una verdadera odisea, el gobierno de Cambiemos premiaba con 90.000 millones de pesos a quienes ya tenían millones en sus patrimonios. Por supuesto, ellos tenían una excusa para semejante despropósito: decían que de esta forma se estimulaba la inversión, que así vendrían las famosas inversiones, que los empresarios estarían más dispuestos a invertir. Pero nada de eso pasó; por el contrario, la inversión se desplomó junto con el resto de los indicadores económicos.
Todas y todos sabemos que el discurso liberal conservador en nuestro país siempre se esconde bajo el pretexto del déficit público, que opera como un verdadero comodín para justificar cualquier tipo de políticas, casi siempre opuestas al interés de los sectores populares y, además, como coartada ideológica para reducir siempre al Estado a su mínima expresión. ¿Mejorar los ingresos de jubiladas y jubilados? No se puede, afecta al déficit público. ¿Mejorar la cobertura de PAMI asegurando medicamentos gratuitos? ¡De ninguna manera! afecta al déficit público. ¿Otorgar créditos blandos a PyMES? ¿Garantizar tarifas de servicios públicos y transportes justas y accesibles para la población? ¡Imposible!, el déficit público nos lo impide. Para ellos, cualquier política a favor del pueblo choca invariablemente contra la muralla del déficit público.
¿Pero qué es el déficit público? El déficit público no es más que la diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado. Pero entonces, ¿las políticas de reducción de bienes personales y de las contribuciones patronales no provocan acaso un aumento del déficit público? ¡Por supuesto! ¿Acaso el feroz endeudamiento externo impulsado por el gobierno de Mauricio Macri no aumentó el déficit al incrementar el peso de los servicios de deuda? ¡Por supuesto!
Sin embargo, nuestros liberales conservadores, siempre tan obsesionados con el déficit, en estos casos parecieran no preocuparse demasiado. Y es que en realidad allí se manifiesta su verdadera intención, que claramente no es reducir el déficit público sino velar por mejorar las condiciones de acumulación de los sectores más concentrados, incluso a costa del déficit si es necesario. Creo que allí reside una diferencia sustancial entre nuestros proyectos políticos, que no es más que la expresión política de distintas visiones de país. Nosotros apostamos al fortalecimiento del Estado, porque es la principal herramienta, no solo para defender a las y los trabajadores sino para orientar el desarrollo nacional, y de allí deriva su sentido estratégico.
Hoy estamos discutiendo un proyecto de aporte extraordinario en un contexto sumamente particular. En diciembre de 2019 recibimos un país devastado, endeudado y con fuertes desequilibrios macroeconómicos y cuentas pendientes en materia social. A poco de andar, la pandemia golpeó a nuestro país como al resto del mundo. Sin embargo, el Estado argentino, bajo la conducción de nuestro presidente Alberto Fernández, desarrolló rápidamente programas de mitigación de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Creo que a veces no tomamos dimensión del esfuerzo realizado por el Estado argentino. Se implementaron programas de alcance universal en muy poco tiempo, con el esfuerzo asociado en términos de desarrollo de capacidades estatales. La implementación del IFE y del ATP lo demuestran, así como también el programa Alimentar, el refuerzo de las AUH, el auxilio a monotributistas, los créditos subsidiados a PyMES y tantos otros. Y no solo se trabajó para mitigar sino que también se trabajó en la perspectiva del crecimiento post pandemia, impulsando programas de fomento al consumo y la producción, como el Ahora 12 y el Ahora 18 y los programas Potenciar Trabajo, Previaje, el relanzamiento del Procrear, y así podría continuar.
Lo que quiero transmitir es que todas estas políticas permitieron sostener a muchísimas argentinas y argentinos, permitiéndoles transitar esta pandemia en mejores condiciones, o en condiciones menos malas si así lo prefieren. Sabemos que no ha sido fácil para nadie. Por eso es necesario un aporte extraordinario de las grandes fortunas, como propone el proyecto del diputado Kirchner que estamos tratando.
Estamos proponiendo un aporte por única vez de las personas con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, lo cual representa el 0,02 por ciento del país, menos de 10.000 personas. Pero como las escalas de las alícuotas son progresivas, el 50 por ciento del aporte provendrá de cerca de 250 personas. Creo que queda claro que no es un aporte que recaerá sobre las mayorías populares sino sobre muy pocas personas: las personas con mayores fortunas de nuestro país.
No quisiera finalizar mi intervención sin dejar de mencionar algo que considero de una importancia trascendental, que es la pertinencia de una reforma tributaria progresiva en nuestro país para reducir el peso de los impuestos al consumo y la producción, que son evidentemente impuestos injustos ya que recaen sobre la gran mayoría de la población. Pero, además, tienen el problema de ser procíclicos, es decir, que un país que tiene una estructura tributaria basada en tributos a la producción y el consumo reduce su recaudación en las fases recesivas, justamente cuando el Estado más necesita esos ingresos para desarrollar política contracíclica. Es evidente entonces que una correcta reforma tributaria servirá, además, para fortalecer la herramienta estatal e incrementar los grados de libertad de la política pública. Espero que esta casa pueda darse este debate estratégico para nuestro país.