1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ALUME SBODIO

Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud -OMS-, declaró el brote del nuevo coronavirus como pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554 y el número de muertes a 4281, afectando hasta ese momento a 110 países. Estas cifras lamentablemente han quedado ya atrasadas ante el avance de la pandemia en numerosos países de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país.
La velocidad del agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia.
Debemos tener en cuenta que lo que sucede en nuestro país se enmarca en un contexto de pandemia mundial que podía provocar consecuencias serias si no se adoptaban medidas adecuadas ante una crisis sanitaria y social sin precedentes.
Ante esta situación y a partir del estudio de experiencias mundiales, el gobierno nacional decidió avanzar con medidas que buscaban frenar el contagio, seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud y salvar vidas, impulsando numerosas medidas tempranas para la contención de la epidemia, las cuales han tenido un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario, lo que constituye una obligación indeclinable del Estado Nacional.
Tal como explican los expertos a nivel mundial, al no contarse con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el avance del coronavirus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social revistieron un rol de vital importancia frente a la pandemia. Resultando las medidas adoptadas por el gobierno nacional imprescindibles, razonables y proporcionadas en relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos.
La medida de aislamiento social, de vital importancia para preservar la salud pública, transformó significativamente la rutina social y afectó la dinámica de la economía en su conjunto y de gran parte de las actividades productivas, ya que al limitar la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas produjo un impacto económico negativo y no deseado sobre empresas y familias.
Los derechos y políticas que se encontraban vigentes en el sistema de seguridad social argentino, aun encontrándose a la cabeza de los sistemas de seguridad social en América Latina, resultaron insuficientes para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre los ingresos de los hogares cuya subsistencia inmediata depende de lo que día a día obtienen con el fruto de su trabajo, afectando notablemente el bienestar de sus hogares debido a la situación de vulnerabilidad económica que mayoritariamente enfrentan estos grupos poblacionales.
A raíz de la emergencia, el gobierno Nacional ha procurado adoptar medidas tendientes a la protección de la salud y también a coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo.
De esta manera, y concibiendo la necesidad de un Estado presente, es que el gobierno nacional asumió el doble compromiso de garantizar la integridad de la salud de sus habitantes y mitigar el impacto económico que la pandemia produce. Por ello se desplegó la tarea de todo el Estado para cuidar la salud, la economía de las familias, el trabajo y la producción nacional.
Dentro del conjunto de medidas llevadas adelante por el gobierno nacional en el marco del citado doble compromiso, resulta de importancia resaltar: la construcción de hospitales modulares de emergencia; el pago extraordinario tanto para el personal sanitario como para el personal de seguridad y de defensa; el programa de estímulo al desarrollo y producción de insumos y equipamiento médico; el congelamiento de alquileres, cuotas hipotecarias y suspensión de desalojos y ejecuciones; la suspensión del corte de servicios públicos; el Ingreso Familiar de Emergencia; el relanzamiento del Plan PROCREAR; la renovación del Plan Ahora 12; el bono para personas de menores recursos; la extensión del período de gracia para el pago de los créditos de ANSES; la prohibición de despidos; el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción; la creación del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; la asignación de recursos para garantizar la producción y el abastecimiento; los créditos MiPyme para el pago de sueldos; la ampliación del Programa REPRO; el incremento del presupuesto de obra pública cuando se utilice mano de obra intensiva; la asistencia a argentinos en el exterior y la asistencia a comedores, entre otras tantas medidas.
A dichas medidas debemos sumar la asistencia económica a las provincias y municipios de nuestro país que el gobierno nacional está llevando adelante ante la delicada situación fiscal y de capacidad de respuesta que afrontan los mismos frente a la paralización económica y, por ende, a la disminución de su coparticipación y capacidad recaudatoria.
Cada una de las medidas tomadas nos demuestra que una sociedad es mucho más que una suma de individuos y por ello es muy importante no solo la presencia estatal sino su capacidad de dar respuestas eficaces en tiempo y espacio, capacidad que está estrechamente vinculada a la disponibilidad de recursos económicos para llevar adelante dichas respuestas.
No solo debemos tener en cuenta la necesidad de recursos económicos para afrontar la etapa de emergencia sanitaria, social y económica, sino también para desarrollar el conjunto de medidas que deberán tomarse para la recuperación sanitaria, productiva y social que deberemos llevar adelante como país mediante la reconstrucción de los diferentes sectores afectados por la crisis.
Para hacer frente a esta crisis mundial, el Estado Nacional no solo debió profundizar y ampliar sus funciones, sino que debió y deberá asumir nuevas , lo que conlleva la expansión del gasto público, teniendo en cuenta que la pandemia profundizó la recesión económica, reduciendo aún más los ingresos del Estado Nacional, desembocando en una merma fiscal donde se conjugan mayores gastos y menores ingresos.
Ningún Estado puede llevar adelante tan difícil tarea si no cuenta con los recursos necesarios. Por ello es que nos encontramos frente al deber del Congreso de la Nación de ejercer su mandato constitucional ante la emergencia, ya que es el único poder del Estado investido de la atribución para el establecimiento de un aporte extraordinario, debiendo el mismo decidir sobre la necesidad y equidad del aporte, así como las ventajas e inconvenientes.
Por ello es que llevamos adelante la presentación del presente proyecto de ley que tiene como objeto la creación de un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Teniendo como finalidad dotar al Estado Nacional de mayores recursos con los que enfrentar una situación compleja, en donde debemos atravesar una crisis minimizando los daños, permitiendo que el camino de la reconstrucción de los sectores afectados tenga mayores posibilidades de ser logrado en el menor tiempo posible.
El aporte solidario y extraordinario proyectado en el presente, tiene la naturaleza de ser progresivo a la riqueza, limitado en el tiempo y evaluado sobre el patrimonio de las personas con mayor riqueza de nuestro país. Si las medidas para enfrentar la pandemia requieren una ampliación del gasto fiscal, un aporte progresivo sobre el patrimonio de los sectores más ricos de nuestra sociedad es una herramienta apropiada para aumentar la disponibilidad de recursos del Estado nacional, se trata de una forma eficiente de coadyuvar a la implementación de las políticas necesarias para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica.
La característica que define a este aporte extraordinario como progresivo está dada en que la riqueza al estar concentrada, más que el ingreso y el consumo, hace que esta herramienta sea más progresista.
El aporte proyectado recaerá sobre una mínima parte de personas en nuestro país que poseen un importante porcentaje de la riqueza total del mismo.
Al tratarse de un aporte por tiempo limitado, la capacidad de los sujetos obligados se manifiesta a través de la acumulación pasada, siendo visible la aptitud económica para hacer frente a la obligación. Se debe tener presente que el deber de los individuos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos tiene que corresponder a la capacidad económica de aquellos, lo que hace a la legitimidad propia del aporte.
Frente a la emergencia que está atravesando nuestro país, la equidad, principio fundamental de todo sistema, está plasmada en la tipificación del aporte proyectado, transformándose a la vez en un sinónimo de justicia con la finalidad propia de salvaguardar el bienestar general, dotándolo de razonabilidad ante la necesidad de encarar la crisis social y económica que estamos atravesando.
Es por ello que el aporte proyectado se configura teniendo en cuenta la situación de emergencia y las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país ante la necesidad de la intervención del Estado para amparar intereses vitales de nuestra comunidad, estableciendo una obligación extraordinaria en virtud de causas excepcionales.
De esta manera el aporte proyectado resulta un medio razonable para dotar al Estado Nacional de recursos a fin de hacer frente a la crisis económica y social que atraviesa nuestro país, cumpliendo con la justicia como característica esencial de nuestro sistema a través de la máxima equidad en la distribución de la carga.
Por los motivos expuesto anteriormente,acompañamos el proyecto de ley sobre aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.