23. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RAUSCHENBERGER

Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia

“Si los pobres supieran lo ricos que son los ricos habría disturbios en las calles todos los días”.
Esa expresión no fue de un político o de un líder social de izquierda, sino que fue pronunciada por un actor cómico americano en una entrevista publicada en el año 2014 en la revista «New York».
De esta manera, tan simple pero no menos contundente, venía a poner en escena uno de los mayores desafíos con el que deben enfrentarse las sociedades contemporáneas, el abismo cada vez mayor entre ricos y pobres.
La historia económica reciente de la Argentina ha demostrado que, en los períodos signados por el capitalismo financiero, los niveles de concentración de la riqueza y de polarización social coincidieron con los momentos en que los niveles de inversión se desmoronaron.
Por lo tanto, la concentración se tradujo únicamente en un incremento patrimonial desmedido por parte de un pequeño número de personas que, bajo ningún concepto, se revirtió en mayor actividad económica, producción o generación de empleo.
Los niveles de concentración del ingreso en favor del 10 por ciento de la población que percibe los ingresos más altos, que había logrado reducirse al 28,2 por ciento en 2014, volvieron al 32,5 por ciento durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.
Nuevamente, esta notable e injusta desproporción en la distribución de la riqueza vino a converger con una caída estrepitosa de los niveles de actividad económica y productiva y con una destrucción inédita en el empleo.
El gran reto que nos interpela y sobre el cual deben concentrarse las mayores energías sociales, políticas, éticas e intelectuales es el de la lucha contra la desigualdad en la distribución de la riqueza.
¿Alguien duda de que la riqueza de las personas está estrechamente ligada a la calidad de vida y a la generación de oportunidades?
¿Alguien puede sostener honestamente que la riqueza emergente de un acervo patrimonial no determina la capacidad de invertir en bienes, servicios, en activos físicos o financieros o en conquistar mayores niveles de bienestar, comodidad y seguridad hacia el futuro?
Congruentemente con ello, ¿alguien puede afirmar sin sonrojarse que quienes titularizan las más grandes fortunas del país son los que están en las mejores condiciones para hacer un aporte o contribución de base solidaria en esta especial coyuntura crítica del devenir nacional?
La solidaridad como concepto político también es un gran punto de análisis. Estamos queriendo poner a nuestra Argentina de pie, tenemos propuestas y pensamos acciones para lograr este gran paso pospandemia. Es desde ese enfoque que entendemos al Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas de la Argentina como una medida de necesidad evidente, de absoluta equidad y de pragmatismo fiscal.
La propuesta de aporte solidario de las grandes riquezas no es exclusividad argentina: en distintos países de Europa y de América Latina existen propuestas que avanzan en una búsqueda de justicia tributaria, apuntando a recaudar más de parte de quienes más poseen.
Otros casos donde los oficialismos han planteado el tributo a los grandes patrimonios son España y Rusia. Ambos casos serían asimilables a nuestro país, donde nuestro presidente Alberto Fernández y también el ministro Guzmán se manifestaron a favor de la iniciativa, que a su vez fue propuesta en un comienzo por el jefe de nuestro bloque en Diputados, Máximo Kirchner.
Este aporte de las grandes fortunas alcanzaría a personas humanas con patrimonio declarado por 200 millones de pesos o más. Serían aproximadamente poco más de 9.200 argentinos y argentinas a quienes estamos pidiendo este pequeño esfuerzo.
Frente a la catástrofe humanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, que inevitablemente ha conducido al Estado a erogaciones impensadas en el marco de la emergencia, cualquier resistencia a la realización de un aporte solidario de carácter extraordinario que recaerá en un grupo muy reducido de personas resulta intolerable y se encuentra desprovista de los mínimos umbrales éticos.
Los valores comprometidos en el aporte de ninguna manera tienen entidad suficiente como para conmover la fortuna personal de nadie, y se encuentran alejados de cualquier atisbo de confiscatoriedad.
Las compras de insumos médicos, el montaje de hospitales de campaña, la realización de gastos en investigación y desarrollo, las transferencias hacia trabajadores de la economía informal, los subsidios para pequeñas y medianas empresas, los créditos a tasas subsidiadas de todo tipo, han sido parte de la respuesta estructurada por el Estado nacional para salvar vidas, pero también para salvar la economía.
¿Cómo financiar este caudal extraordinario e imprevisible de gastos?
¿Es posible pensar en reforzar la capacidad tributaria sin tener en cuenta un aporte o contribución solidaria de las grandes fortunas? No.
Si eso es populismo tributario, bienvenido sea.
Una vez más, el populismo se convierte en arma arrojadiza para intentar deslegitimar dispositivos y herramientas de política pública direccionados a la construcción de mayores niveles de justicia social.
Para quienes siguen pensando que los impuestos a la riqueza o al patrimonio deben ser desterrados y que apenas tres países de América Latina los han ensayado, les recomiendo que lean los últimos trabajos de CEPAL sobre la potencia recaudatoria de los gravámenes a las grandes fortunas.
Las primeras estimaciones de los organismos internacionales indicaban que América Latina necesitaría implementar políticas fiscales de hasta un 7 por ciento del PBI a fines de abril 2020. Las grandes fortunas podrían contribuir con una recaudación adicional estimada -de acuerdo a los abordajes presentados-, entre 0,5 y 1 por ciento del PIB, es decir, entre 25 mil y 50 mil millones de dólares, aproximadamente una séptima parte de lo necesario.
La CEPAL ha estimado que la pobreza y la extrema pobreza podrían alcanzar a 214,7 millones de personas en la región -un tercio de la población-, colocando en especial estado de vulnerabilidad a trabajadores informales de ambos sexos, mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y migrantes.
Frente a ese contexto, se han dado a conocer importantes trabajos de investigación patrocinados por esa organización, en los que se ponderan diferentes escenarios de recaudación para modelos de imposición sobre las grandes fortunas.
Seguir sosteniendo que únicamente Argentina, Colombia y Uruguay han pensado en gravar a los patrimonios constituye hoy un acto de pereza intelectual, cuando no de miserabilidad política.
A esta altura no pueden llamarnos la atención estas retóricas de la reacción, que pretenden encubrir su oposición a cualquier estrategia de transformación a través de estrategias argumentativas que no son sino “huidas hacia adelante".
Se oponen a la aprobación de un aporte a las grandes fortunas porque dicen que es un cambio tibio frente a la necesidad de reformular las bases del sistema tributario.
¿Es posible dar crédito a esa afirmación luego de cuatro años de reforzamiento de un esquema de imposición absolutamente regresivo que nos llevó a niveles históricamente inéditos de desigualdad y de polarización social?
¿Qué idea de equidad tributaria y ciudadanía fiscal se puede esperar de quienes anticipan riesgos de confiscatoriedad frente a una propuesta que afecta con alícuotas mínimas y progresivas a un elenco muy reducido de personas que han adquirido notoriedad a partir de las publicaciones de Forbes?
¿Cómo puede creerse en la honestidad política de quienes irresponsablemente pretenden poner en duda que el proyecto en análisis resulta contrario al principio de legalidad o de reserva de ley?
La obligación que se consagra está definida perfectamente en todos sus elementos, y el instrumento que estamos debatiendo no es sino una ley en sentido formal.
La gramática que exhibe la norma es precisa en cuanto a la definición de la plataforma fáctica, en cuanto a la precisión de los sujetos pasivos, y en todo lo concerniente a los elementos cuantitativos de la prestación.
Por lo tanto, se hacen presentes en el cuerpo dispositivo todos y cada uno de los elementos estructurantes de la obligación, como asimismo las estipulaciones del marco procedimental al que se encontrará sometida.
Hay una clara definición del presupuesto normativo abstracto indicativo de capacidad económica y que acaecido dará lugar al aporte.
Del mismo modo, se han recortado los perfiles del hecho o supuesto fáctico que como realidad social hacen al objeto material del Aporte.
Este presupuesto de hecho está conformado por el conjunto de presupuestos abstractos contenidos en la norma, de cuya concreta existencia derivarán las consecuencias jurídicas en ella previstas.
La iniciativa legal en debate ha delineado los elementos objetivos, subjetivos, espaciales y temporales que configuran las bases del Aporte a partir de criterios que indiscutiblemente son reveladores de capacidad económica.
No hay duda de que las bases que dan lugar al Aporte encuadran perfectamente dentro de los postulados de proporcionalidad que garantiza nuestra Constitución, toda vez que se está planteando una aportación solidaria para dar cobertura a gastos públicos excepcionales en una medida adecuada o acorde a la capacidad contributiva que refleja la riqueza del individuo alcanzado.
Igualmente incontrastable es el carácter profundamente equitativo del Aporte, tomando como base de equidad el criterio reiteradamente expuesto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ha sentenciado que habrá equidad en tanto no se viole el derecho de propiedad individual o, lo que es lo mismo, siempre que no se acarree un desapoderamiento significativo de la riqueza de los particulares alcanzados, relacionando directamente dicho principio con el de no confiscatoriedad.
La categorización que contempla el proyecto resulta plenamente consistente con la garantía de igualdad concebida en la forma en que la Corte Suprema de Justicia lo ha hecho en numerosos pronunciamientos: “Igualdad de tratamiento para todos los iguales y en iguales condiciones”.
La igualdad ante la ley, impuesta por el precepto del artículo 16 de la Constitución, comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación sean tratadas del mismo modo, siempre que se hallen en idénticas circunstancias y condiciones.
El proyecto atiende el principio de igualdad en sus dos requisitos fundamentales:
a) confiere igual trato a quienes se encuentran en iguales circunstancias y
b) otorga trato diferencial a quienes exhiben circunstancias desiguales.
Como dice nuestro Papa Francisco, a quien también se ha acusado de hacer populismo teológico, “Debemos evitar las formas de ocultar la realidad: los populismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los eticismos sin bondad y los intelectualismos sin sabiduría».
“Las reivindicaciones sociales que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocados con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz.
La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. (Evangelii Gadium)
Desde el Frente de Todos hemos venido diciendo, en varias oportunidades, que con lo recaudado se podrán llevar adelante acciones tendientes a estabilizar la situación económica deficitaria provocada por el COVID-19. Los argentinos y argentinas hemos decidido cuidarnos entre todos, hemos decidido priorizar la salud del conjunto de la población. La sociedad debe moverse de una manera estratégica para que el virus circule de manera controlada en nuestro país. Este es un gran desafío que no puede quedar solamente sobre los hombros de nuestro presidente, es un gran desafío para todo el pueblo argentino. Y sobre este gran esfuerzo es que venimos trabajando todos estos meses.
Lo más importante es que de esta situación vamos a haber aprendido a trabajar todos juntos para sacar a nuestro país adelante. Por esto es que digo que hoy estamos preparados para dar un gran paso, es nuestra oportunidad, la de dar un gran salto de humanidad y empatía en la historia de nuestro país.
Esperamos sellar una nueva medida que permita organizarnos mejor como sociedad. Una medida que nos permita seguir creciendo, en estos escenarios que hoy se nos presentan de cara a la pandemia y pospandemia, pero que además nos permita seguir evolucionando como una comunidad organizada. Una comunidad organizada que trabaja codo a codo para poder cuidarnos. Una comunidad organizada que demuestra capacidad de reacción para resolver entre todos una emergencia de una magnitud inconmensurable. Un país que puede mirar la desgracia como oportunidad para dar un paso más en la grandeza de su pueblo.
Y ese paso de reconstrucción y salida de la crisis del país, debemos darlo en el marco de un Estado absolutamente presente, como lo ha sido en cada administración justicialista, debemos darlo en el marco de la unidad nacional que necesita nuestra Argentina, en una acción y gestión conjunta de trabajadores, empresarios y gobierno, y donde este aporte extraordinario tiene un rol preponderante como expresión de solidaridad y redistribución de la riqueza.
¿Por qué es necesario este aporte? Porque además de la situación económica que ha generado la pandemia, y de brutal hostilidad en los sectores más vulnerables de nuestra Argentina, seguimos paliando las medidas tomadas por el expresidente Mauricio Macri. Recordemos que durante su gobierno se dejaron de cobrar impuestos a personas y empresas con patrimonios mayores por el equivalente a 7 puntos del PBI. Este aporte nos permitirá recuperar 1 de esos 7 puntos que fueron rifados.

¿Cómo vamos a ver traducido ese aporte en las políticas públicas? Vamos a poder invertir en equipamiento, insumos y medicamentos para el sistema sanitario, podremos mejorar la infraestructura y la calidad de vida en barrios populares, podremos seguir brindando apoyo a las Pymes, podremos aumentar la producción y distribución de gas natural con el beneficio consecuente para la balanza de pagos y para la dinamización de la economía argentina, y seguiremos aportando al Programa que brinda respaldo a nuestros estudiantes -Progresar- para mantener a las juventudes dentro del sistema educativo.
Este proyecto debería ser un punto de encuentro entre todos los argentinos y argentinas. ¿Quién podría oponerse a esto? ¿Qué clase de argentino, sea o no dirigente, podría pensar que no es momento para pensar en salidas que nos permitan crecer y ayudar a quienes más lo necesitan?
Somos plenamente conscientes de que esta medida es “reparadora de carácter excepcional”.
Esta experiencia profundamente traumática debe servirnos para sentar las bases que hagan posible estructurar un nuevo contrato social y político que nos permita avanzar hacia un modelo de mayor igualdad y fraternidad. Para ello será imprescindible edificar instituciones sociales, económicas y políticas más redistributivas y con mayor sensibilidad hacia los más desfavorecidos y marginados. Una economía regenerativa para el afianzamiento de un nuevo estado de bienestar y de justicia supone inexcusablemente de una fiscalidad más justa que suprima las expresiones más obscenas de la desigualdad social que padecemos.
Cuando el sistema económico no funciona, en la misma medida y proporción está fallando el sistema político, y lo peor que nos puede pasar es que se pierda la fe en la institucionalidad democrática. Podemos demorar y estacionar temporariamente algunos de nuestros sueños, pero no podemos olvidarnos de ellos, el sistema político tiene la palabra.
Sabemos que reconstruir la Argentina pospandemia será una tarea ardua; sin embargo, estamos convencidos de que el único camino es trabajando juntos, y también sabemos que los que más tienen pueden, con muy poco, ayudar mucho y a muchos.