28. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA STILMAN

Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia

Quisiera explicar las razones fundamentales de por qué no voy a acompañar el mal llamado “Aporte solidario y extraordinario”, que según reza el proyecto en tratamiento, tendría la finalidad de “ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

La primera porque no es un aporte solidario sino un impuesto, con serias violaciones a la Constitución Nacional, que por lo mismo me resulta imposible votar afirmativamente.

En efecto, contiene las características propias de los tributos: resulta una prestación pecuniaria, coercitiva, impuesta por el Estado mediante la sanción de una ley, que además está destinado a contribuir a financiar el gasto público.

Y está claro que con el nombre de “fantasía” con el que el oficialismo titula su proyecto, pretende eludir el cumplimiento de las garantías y principios constitucionales propios de los tributos como la irretroactividad y no confiscatoriedad, que como ha quedado expuesto, se ven comprometidos.

Por otro lado, además de la falta de oportunidad, mérito y conveniencia del proyecto -en tanto desincentiva y provoca un efecto expulsor contrario al que se necesita en este momento, cuando es fundamental generar trabajo y reactivar la producción-; entiendo que es un acto de gobierno arbitrario, al aumentar la carga impositiva sobre un sector de la población cuando el Estado no posee una eficiencia (ni mínima) en el gasto público, extrayendo recursos al sector privado para financiar la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, además de las malversaciones y demás desmanejos ligados a la corrupción de los funcionarios de los gobiernos de turno.

Así, un debate real y sincero no debiera versar sobre la medida que promueve este proyecto, sino sobre cómo buscar la eficiencia del gasto de un Estado, presidido hoy por una coalición de gobierno que en su mayoría desprecia la ley y saquea a la ciudadanía para compensar el altísimo grado de ineficiencia y corrupción que ha presentado históricamente al administrar el patrimonio público.

Sumado a esa ineficiencia y corrupción en el manejo de los recursos, es el mismo Estado el que genera condiciones macroeconómicas que tornan inviable la generación de riqueza en el país: déficit fiscal récord financiado con emisión monetaria, inflación constante y ascendente, brecha del tipo de cambio de más del 100%, condiciones impositivas que hacen económicamente inviable cualquier emprendimiento, y una cuarentena record mundial por su extensión y su mala planificación. Todo lo cual impide la generación de riqueza para nuestro país, para beneficio de todos.

Es así que la legitimación de los representantes del pueblo para imponer nuevos tributos existe si el Estado presenta eficiencia en el manejo de dichos fondos y aun así, se necesitaran más recursos para hacer frente a fines loables.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama “Mejor gasto para mejores vidas”, en su Capítulo 3 estudia la (in)eficiencia en el gasto público en América Latina y el Caribe grafica claramente esta situación, en tanto, en términos absolutos, el organismo calcula en 220.000 millones de dólares el costo de la ineficiencia en toda la región (4,4% del PBI).

Argentina es el país que obtuvo peores resultados, ya que la ineficiencia del gasto público como porcentaje del PBI alcanza el 7,2%, o sea casi el doble del promedio de la región.

El dato negativo de Argentina se agrava si tenemos en cuenta que es el país con mayor gasto total con relación al PBI, casi un 50% vs. el promedio de un 30% de la región.

El cálculo de la ineficiencia tiene 3 componentes: 1°) transferencias realizadas: el informe explica que, en promedio, el 28,4% del gasto público en la región abarca transferencias: allí se incluyen programas sociales, pensiones no contributivas, subsidios a empresas y pensiones contributivas. El estudio señala que los errores, el fraude o la corrupción reducen la eficiencia económica de estas intervenciones disminuyendo la cantidad de dinero destinada a los beneficiarios focalizados. 2° y 3°) Malgastos en compras públicas y en remuneraciones a empleados.

El BID señala que la corrección de estas ineficiencias bastaría para eliminar la indigencia e incluso reducir la pobreza en buena parte de la región: por ejemplo, se podrían construir 1225 hospitales con 200 camas, a razón de 47 hospitales por país.

Algunos números rápidos: si tomamos el PBI de Argentina es de aproximadamente de 450 billones de dólares (450 millones de millones); el 7,2% (ineficiencia) es 32,4 billones de dólares. Transformado por el tipo de cambio a aproximadamente $150 por dólar, arroja 4.860 billones de pesos. Lo que se pretendería recaudar con este impuesto sería 300.000 millones de pesos, es decir, un porcentaje irrisorio del monto señalado anteriormente [6,17 x (10 ^ - 6) aprox. = 0,0000067%] en comparación al monto de ineficiencia en el gasto público. Sumado a lo cual, no debemos perder de vista las falencias del Presupuesto General para el 2021, en contra del cual he votado por partir de estimaciones que desconocen la realidad del país, ser poco transparente y contener claras delegaciones inconstitucionales; lo que nos indica que dicha ineficiencia en la aplicación de recursos públicos continuará para el año siguiente.

Sin dejar de advertir la falta absoluta del federalismo y concentración absoluta del poder de decisión que se pone en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, en la aplicación de los fondos a percibir por ese impuesto, que provienen de todas las provincias.

Por las razones expuestas, y considerando las inconstitucionalidades explicadas por mis compañeros de bloque en sus alocuciones, a las que me remito en honor a la brevedad, en tanto desde la Coalición Cívica históricamente no hemos votado normas violatorias de la Constitución Nacional, es que motivo mi voto negativo respecto de esta iniciativa.