29. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA VESSVESSIAN

Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia

En este debate tan intenso, a veces me ha dado la impresión de que se pierde la perspectiva. Por una parte, me gustaría recordar que desde los inicios de la pandemia en la Argentina surgieron iniciativas de similar tenor desde todos los espacios políticos. Tal vez por eso a muchas argentinas y argentinos nos esté costando tanto entender la discusión que estamos dando hoy.
También me gustaría recordar que se trata de solo una de todas las decisiones, dentro de la multiplicidad que hemos venido tomando y que deberemos tomar para afrontar circunstancias verdaderamente extraordinarias en la historia de la Argentina y de la Humanidad, como es la de sostener la integración de una sociedad asolada por un virus mortal, que debió hacer frente a la pandemia desde una macroeconomía cuyos descalabros eran monumentales y que arrastraba una dinámica de desempleo y pobreza crecientes.
Entre toda esa batería de medidas tomadas y por tomar, hoy estamos debatiendo este aporte extraordinario sobre grandes fortunas. Quiero puntualizar muy bien qué significa cada uno de los términos, porque hay quienes por ignorancia o con intenciones aviesas tratan de presentar esta iniciativa como la creación de un nuevo impuesto.

Pocas veces el título de un proyecto de ley ha sido tan preciso como en esta oportunidad. Se trata de un aporte, por única vez, que harán sólo las más grandes fortunas personales, aquellas que son tan grandes que se estima que no llegarán a diez mil las personas alcanzadas.
Quiero insistir en la consideración del contexto para poder dar racionalidad a esta discusión. Porque de ninguna manera estamos poniendo en duda la legitimidad del patrimonio, sea ganado con sacrificio o heredado, haya sido obtenido con transparencia o sin ella.
Entiendo perfectamente que esta decisión sea vista como un sacrificio para quienes tienen que realizar el aporte, porque es sin duda un esfuerzo. Pero atravesamos un momento en el que son millones y millones quienes están también haciendo enormes sacrificios.
Para no repetir argumentos ya desarrollados por otras y otros colegas, prefiero no abundar en los aspectos relativos a las alícuotas ni la afectación a destinos específicos que resultan de prioridades indiscutibles, para reflexionar sobre el principio de la solidaridad, basamento de las convicciones religiosas y marcos ideológicos de la mayoría de quienes estamos aquí presentes.
Vivir en sociedad implica recibir los beneficios de la vida en comunidad y también, por supuesto, obligaciones. Evita nos decía que donde hay una necesidad hay un derecho. En una sociedad como la nuestra está muy claro que las necesidades no son idénticas. Millones de familias están recibiendo hoy asistencia para cubrir un derecho tan básico como el de la alimentación.
Como sociedad, no solamente tenemos la obligación de no abandonar a quienes más sufren, a quienes tienen menos herramientas, sino también la de generar las condiciones para que todos podamos desarrollarnos en nuestro máximo potencial.
Por otra parte, en la vida en sociedad, también lo justo que cada uno aporte de acuerdo con sus posibilidades. Como dije, en este contexto son millones y millones quienes están aportando. En las barriadas más empobrecidas hemos visto cómo miles de militantes, organizados o individualmente, han asistido en forma voluntaria a compatriotas en los momentos más críticos y lo siguen haciendo. A la mayoría de ellos no les sobra nada y entregan lo único que tienen y que a la vez es lo único que no se puede comprar: horas de sus vidas. Tan importante es este aporte, que en esta misma Cámara hemos reconocido esa vital e insustituible contribución.
Otras personas, a quienes hemos dado en llamar trabajadores esenciales, aportaron sostenidamente su esfuerzo para que el conjunto de la sociedad pudiera cuidarse, arriesgando su salud y su vida. Me refiero a quienes garantizaron todas las cadenas de valor que permitieron que hubiera alimentos, agua potable y electricidad, por poner solo algunos ejemplos, y, esencialmente a quienes nos cuidaron desde el sistema de salud y las fuerzas de seguridad. Entre ellas, han sido demasiadas las que aportaron lo que ninguna fortuna puede pagar, porque sencillamente no tiene precio su vida.
Bajo este prisma, el de las necesidades y aportes a la vida en sociedad, debemos analizar este proyecto de ley. Estoy convencida de que una gran parte de quienes quedarán obligados por esta norma comparten los valores solidarios que la fundan y no serán tan renuentes, como lo están siendo algunos de los diputados y las diputadas que aquí se oponen.
Llamo a mis colegas a apoyar este proyecto de ley, pensando en esos millones de personas que tienen cara, nombres y apellidos, pero que necesitan tener también mejores servicios de salud, mejores posibilidades de educarse, mejor calidad de su hábitat y, sobre todo, mejores condiciones productivas.